TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 807

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 524/2011-S

Demandante: María Teresa Alencar Bejarano

Demandado: Juan Silvestre Saucedo  Azevedo

Distrito        : Pando

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Juan Silvestre Saucedo Azevedo (fs. 55 a 56), contra el Auto de Vista Nº 98 de 8 de octubre de 2011 cursante de fs. 50 a 52, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia de la Niñez y Adolescencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales sigue María Teresa Alencar Bejarano contra el recurrente; el Auto Nº 43 de 31 de octubre de 2011 (fs. 60 y vta.) que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Concluido el proceso del exordio, el Juez del Trabajo y Seguridad Social, Niño Niña y Adolescente de Cobija - Pando, pronunció Sentencia Nº 31/2011 de 26 de mayo, (fs. 27 a 29), mediante la cual, declaró probada la demanda disponiendo que el demandado cancele a la demandante, la suma de Bs.7.536.-  por concepto de beneficios sociales consistentes en indemnización por duodécimas, Desahucio y subsidio de frontera; debiendo efectivizarse la cancelación a tercero día de ejecutoriada la Sentencia. Todo conforme al detalle que consta en la misma Sentencia.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado (fs. 33 y vta.) la Sala Civil, Social, Familia de la Niñez y Adolescencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, emitió el Auto de Vista Nº 98 de 8 de octubre de 2011, confirmando la Sentencia; con costas.

I.2 Motivos del recurso de casación

a) El recurrente denuncia, infracción de los arts. 3 del Decreto Supremo (DS) Nº 0110, 18 de la Ley de Regularización del Trabajo Asalariado del Hogar, 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y 1330 del Código Civil (CC);  señalando que, en la segunda parte del art. 18 de la Ley de Regularización del Trabajo Asalariado del Hogar, refiere que si el trabajador se retira voluntariamente, no tiene derecho a indemnización ni desahucio, expresa que, la trabajadora indicó que se retiraría del trabajo en el mes de febrero dándole 15 días para que contrate a otra persona, y que le canceló la suma de Bs.750.- por 15 días trabajados.

Acusa que, los de Alzada no valoraron la prueba testifical de forma objetiva conforme  a Ley, en tratándose de atestaciones meramente referenciales, aduce que debieron ser valorados bajo prudente criterio o sana crítica, apreciando las circunstancias y los motivos  en los que fueron planteadas.

Señala que, el Tribunal de apelación  también omitió valorar la prueba testifical de descargo  por la cual se demostró que la actora comenzó a trabajar para ella en el mes de octubre de 2010. Indica que, estas apreciaciones vulneran los arts. 397 con relación al art. 476 del CPC y el 1330 del CC tomando en cuenta que al valorarse la prueba testifical no se obró de manera objetiva.

b)  Acusa también,  infracción a los arts. 3.3) del CPC y 12 del DS Nº 21137, al indicar que el salario acordado con la demandante era de Bs. 1.250.- mensuales y que se le cancelaba la suma de Bs. 1500.- incluido el bono de frontera. Situación que por su condición de persona particular, no correspondía realizarlo, tomando en cuenta lo señalado por el art. 12 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, que señala que serán beneficiarios del  subsidio de frontera los trabajadores del sector público y regirá para las empresas privadas y al no ser la familia considerada como empresa privada no corresponde su pago. Resalta que, el Auto de Vista recurrido incurre en contradicciones al indicar que no corresponde pagar el subsidio de frontera pero por otro lado señalan lo contrario, basándose en la igualdad, en la no discriminación vulnerándose el art. 3.3) del CPC., Dice que, los referidos aspectos vulneran lo reglado por el art. 12 del DS Nº 21137.

c) Alega, Infracción de los arts. 203 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y 90 del CPC, respecto a la notificación preferente a la parte perdidosa con la Sentencia, que en este caso le correspondía y no fue observado de esa manera.

d) Acusa, infracción de los arts. 79 del CPT y 90 del CPC., refiriendo que no se observaron las formalidades con las que se desarrollaron los actos procesales previos a la emisión de la Sentencia, lo que le hace presumir que el plazo para dictar Sentencia fue vencido. Y que la omisión  a la observación de esos hechos provocaría vulneración del art. 90 del CPC, tomando en cuenta que las normas son de cumplimiento obligatorio. 

I.2.1 Petitorio

Concluye solicitando se conceda el Recurso “ante el superior en grado, que con seguridad CASARA EL AUTO DE VISTA, con expresa condenación de costas”.(sic).

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1 Sobre la infracción a los arts. 3 del DS Nº 0110, 18 de la Ley de Regularización del Trabajo Asalariado del hogar, arts. 397 y 476 del CPC y 1330 del CC

Sobre el particular, el art. 3 del DS 110 señala:

“Corresponde el pago de desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponden el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se restiren voluntariamente de su fuente laboral”.

Por su parte, el art. 18 de la Ley 2450 dispone “Si el (la) trabajador (a) tuviere cinco o más años de servicios continuos y se retira voluntariamente, tendrá derecho a percibir indemnización por todos los años de servicio.

Si el (la) trabajador (a) se retira voluntariamente, antes de cumplir los cinco años, no tiene derecho a indemnización ni desahucio”.

Por otro lado, corresponde precisar que el art. 9.f) del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), disponía que: “no habrá lugar a desahucio, ni indemnización, cuando exista una de las siguientes causales: f) retiro voluntario del trabajador, antes de los términos fijados en el art. 13 de la Ley o en el contrato”.

En el marco de lo precedentemente expuesto y en cuanto al pago del desahucio, se advierte que los de instancia resolvieron la causa con total sindéresis jurídica, estableciendo los hechos con propiedad y pertinencia, por cuanto conforme advirtieron los de instancia, las declaraciones testificales de descargo, manifiestan conocer la recurrente empezó a trabajar en octubre por referencia del demandado, por consiguiente no se puede considerar como prueba que demuestre el abandono voluntario; en consecuencia el Tribunal de Alzada ha valorado acertadamente la prueba aportada al proceso; aplicando las normas laborales así como los principios rectores del derecho del trabajo.

Así entonces, no habiéndose acreditado el alegado abandono de trabajo, corresponde el pago del desahucio.

En cuanto a la indemnización por año trabajado, el DS Nº 11478 de 16 de mayo de 1974 que establece el art. 1: “si el trabajador tuviera cinco o más años continuos de servicios cumplidos, recibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente. Cualquier contratación posterior de los trabajadores que se acogen a este beneficio sólo procederá previo acuerdo de ambas partes”, en relación con su art. 2 que dispone: “los derechos adquiridos por los trabajadores cada cinco años, sino se acogen al retiro voluntario, serán acumulados, o sea que la pérdida de sus beneficios sociales en aplicación de las causales señaladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento, sólo se aplicará al quinquenio vigente sin afectar a los anteriores”, de donde se concluye que si un empleado se retiraba voluntariamente pasados los 5 años de trabajo continuos, recibí su indemnización, entendiéndose que si se retiraba voluntariamente antes de cumplir esos 5 años no recibía la indemnización, texto último que hoy también se encuentra superado por el DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que establece respecto al retiro voluntario, que aquel empleado que haya cumplido más de 90 días de trabajo continuo tiene derecho al beneficio de indemnización aunque se retire voluntariamente, lo que significa que no es necesario que el trabajador cumpla 5 años de trabajo para poder recibir sus beneficios tal como preveía el DS Nº 11478 antes citado; por lo que se concluye que, aún la vigencia de dicha norma, ésta ya no se encuentra con la sanción de la pérdida de los beneficios sociales de desahucio e indemnización, como originalmente señalaba el art. Anotado de la legislación laboral.

Por lo tanto aún de haberse dado la causal de retiro voluntario, conforme sostiene la parte recurrente, ello no puede conllevar bajo el principio de legalidad que el demandado no proceda al pago del beneficio social de indemnización por tiempo de servicios, peor aún de los derechos laborales que fueron reclamados por la trabajadora y dispuestos para su cancelación por los jueces de instancia, desconociendo en todo caso la parte empleadora, el carácter inembargable e e irrenunciable de los derechos laborales y beneficios sociales, conforme lo establece el art. 48.III y IV de la CPE, ya que en caso de, retiro voluntario, corresponde el pago de indemnización siempre y cuando el trabajador haya trabajado más de 90 días continuos.

Con relación a la falta de objetividad en la apreciación de la prueba testifical, corresponden precisar que, la uniforme jurisprudencia sentada por el Supremo Tribunal de Justicia establece que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los jueces y Tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que el recurso acuse y se pruebe la existencia del error de hecho o de derecho, de acuerdo a la regla establecida en el art, 253.3) del CPC, que textualmente señala: “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”.

Conviene tener presente que el error de derecho en la apreciación de la prueba, doctrinalmente es entendido como una operación racional fallida negatoria del valor o la validez que otorga la Ley a determinada prueba o, en contrario, atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio. “(Auto Supremo 188/2014-Sde 26 de junio).

De la jurisprudencia referida se advierte que en materia laboral, el Juez no se encuentra sujeto a la tasa de la prueba como en materia civil, sino más bien debe formar su criterio en base a la experiencia y a los elementos encontrados en el proceso en virtud del principio pro operario, debiendo ponderar lo más favorable en favor del trabajador, pues la carga de la prueba le corresponde al empleador, máxime si los derechos de los trabajadores se encuentran protegidos por el art. 48.I.II y IV de la CPE y 4 de la LGT.

En el marco de lo precedentemente expuesto, se advierte que los de instancia resolvieron la causa en total sindéresis jurídica, estableciendo los hechos con propiedad y pertinencia.

En ese contexto, las declaraciones testificales de descargo, manifiestan conocer que la recurrente empezó a trabajar en octubre por referencia del demandado, por consiguiente no se puede considerar como prueba que demuestre el abandono voluntario; en consecuencia el Tribunal de Alzada ha valorado acertadamente la prueba aportada al proceso; aplicando las normas laborales así como los principios rectores del derecho del trabajo. En efecto, respecto a las causas de la desvinculación laboral, como bien advierten los de instancia, no tienen el suficiente valor fundante para arribar a la conclusión que pretende el recurrente.

II.1.2 Sobre la infracción de los arts. 3.3) del CPC y 12 del DS Nº 21137

Sobre este motivo señala que, el Ad quem al pronunciar el Auto de Vista infringió los arts. 3.3) del CPC Y 12 del DS Nº 21137, respecto a la otorgación del bono de frontera a la demandante, no obstante que ésta no se constituye en trabajador del sector público o de Empresa privada, sino una trabajadora del hogar; además de cuestionar la aplicación del principio de igualdad.

En relación al pago del bono de frontera, el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de  1985 señala que: “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente losa funcionarios y trabajadores del servicio público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición legal prevé que, el bono de frontera debe ser pagado obligatoriamente a los trabajadores tanto del sector público como privado cuando éstos presten sus servicios en .os 50 kilómetros de la frontera, debiendo precisarse que, la única condición exigible que importe esta norma es que el trabajador preste servicios dentro de los cincuenta kilómetros, sin importar el trabajo que desarrolle. El art. 58 del DS Nº 21060, consolidó al salario básico todos los bonos, tanto en el sector público como en el privado, con excepción de los bonos de antigüedad, de producción y el bono de frontera al igual que el bono de antigüedad no ingresaron a formar parte del salario del trabajador, sino que est6os deben ser pagados en forma independiente al sueldo.

En el caso de Autos, el recurrente denuncia que el Ad quem bajo el pretexto del principio de igualdad aplicó erróneamente el art. 12 del DS Nº 21137, al otorgar a la demandante el bono de frontera, al respecto EL Tribunal de Alzada concluyó que la citada norma.

“….prevé el subsidio de frontera para funcionarios y trabajadores del sector público y de empresas privadas. Es verdad también que una familia no es considerada empresa privada, por lo que una trabajadora del hogar no sería una trabajadora de una empresa privada” (sic).

La conclusión que precede, no se adecua a lo previsto por la citad norma, pues como se concluyó antes en esta resolución, la única condición que exige la norma cuando establece “solamente” se refiere al trabajo realizado dentro de los 50 kilómetros  de la frontera y no así respecto al contexto donde preste servicios el trabajador; ahora bien, no obstante el error en el que incurrió el Tribunal de Alzada, reconoció el pago del subsidio de frontera  a favor de la actora, enmendando así el citado desacierto, por lo que dicho actuar al estar acorde a lo previsto por el art. 48.II de la CPE, que precisa que, las normas laborales se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de la primacía  de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y trabajador.

II.1.3 Respecto a la infracción al art. 203 del CPT y art. 90 del CPC

Respecto a la inobservancia del art. 203 del CPT, que dispone que la Sentencia será notificada primero a la parte afectada en el fallo, para  que en los términos legales pueda hacer usos de los recursos que le franquea la Ley. Esta disposición precautela el derecho de la impugnación, que en el caso no ha sido vulnerado, pues si bien la Empresa recurrente fue notificado en forma posterior porque previa la representación de no haber sido habido en el domicilio señalado la Jueza dispuso su notificación por cédula, no le impidió impugnar la Sentencia mediante el recurso de apelación que cursa de fs. 49 a 50 vta., en consecuencia no se advierte atentado alguno al orden público.

Para ello al principio de Trascendencia que rige la institución de la nulidad procesal exige la demostración del perjuicio ocasionado con el acto procesal viciado para hacerlo viable. El perjuicio pues debe ser cierto e irreparable, pero además es necesario precisar cuál es la defensa que no se pudo realizar como consecuencia  del acto procesal viciado y en el caso no se ha demostrado el perjuicio, es más el recurrente pudo hacer uso del derecho a la impugnación, por lo que no se encuentra en estado de indefensión mucho menos, prueba de ello es que se está resolviendo en esta instancia.

Siendo así y no habiéndose motivo en que consistió el perjuicio ocasionado a la parte recurrente como consecuencia del supuesto vicio acusado, la pretensión de nulidad por este motivo no tiene asidero legal.

II.1.4 Respecto a la infracción al art. 79 del CPT y art. 90 del CPC

Con relación a la aseveración que la Sentencia ha sido dictada fuera de término, no obstante que el plazo máximo conforme el art. 201 con relación al art. 79 del CPT es de diez días, deduciendo el recurrente que al no figurar la Nota de ingreso a despacho del Juez hace presumir que el plazo para dictar Sentencia fue vencido; corresponde verificar que de la revisión del cuaderno procesal se establece que, si bien no existe cargo de ingreso a despacho para la emisión de la resolución, se observa que la última prueba deducida, consistente en la declaración confesoria de la demandante, se produjo el 19 de mayo (fs. 26). Por consiguiente, se verifica que el A quo, pronunció Sentencia en fecha 26 de mayo de 2011, es decir en el séptimo día que ingresó a su despacho, dentro del plazo establecido por el CPT, que en su art. 79 establece el plazo máximo de 10 días para dictarse la Sentencia y el art. 80 del mismo cuerpo legal, señala: “Para el efectivo cómputo de los plazos de dictación de las resoluciones atendidas, el Secretario entregará el expediente al Juez, inscribiendo nota expresa del día y hora en que lo hace”. Por consiguiente se establece claramente, que la nombrada Resolución fue dictada dentro de plazo previsto por Ley, con plena competencia del Juez A quo, no correspondiendo considerar la aplicación del art. 208 del CPC, que prevé la perdida de competencia del Juez, invocado por la parte recurrente. En ese sentido se evidencia que los juzgadores de instancia no incurrieron en la causal de nulidad acusada por la parte recurrente.

Por lo expuesto corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Silvestre Saucedo Azevedo (fs. 55 a 56); con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera