TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

                                      

Auto Supremo Nº 806

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 224/2011-A

Demandante: Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda.

Demandado: Gerencia Distrital del Servicios de Impuestos Nacionales

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: Los recursos de casación en el fondo y la forma, interpuesto por la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS LTDA.), representada por Alfredo Montero Céspedes, de fs. 190 a 205, contra el Auto de Vista Nº 077/2011 de 25 de febrero de fs.160 a 171, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la Cooperativa recurrente contra la Gerencia Distrital de GRACO Santa Cruz del SIN, la respuesta de fs. 208 a 215, el Auto de 29 de julio de 2011 a fs. 216 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 58/2009 del 16 de noviembre, cursante de fs. 122 a 125, declarando improbada la demanda de fs. 32 a 39 vta., de obrados interpuesta por la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS LTDA.), contra la Gerencia Distrital de GRACO Santa Cruz del SIN, en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 025/2008 de 24 de marzo de 2008.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS LTDA.), de fs. 129 a 137, mediante Auto de Vista Nº 077/2011 del 25 de febrero de 2011 fs. 160 a 171, emitido por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial  de Santa Cruz, que confirma en su totalidad la Sentencia Nº 058/2009 del 16 de noviembre de fs. 122 a 125, pronunciada por el Juez Primero en materia Administrativa, Coactiva, Fiscal y tributaria de la capital.

I.2 Motivos del recurso de casación 

De la revisión del recurso de casación en el fondo y en la forma, se extrae como motivos, los siguientes:

En el fondo

I.2.1 Antecedentes normativos y relación de las nulidades denunciadas en el recurso de apelación.

El recurrente hace una descripción de algunos hechos y de la normativa aplicable al efecto, señalando las supuestas causales de nulidad de la Resolución Determinativa y de la Vista de Cargo; menciona que la fiscalización no fue realizada en su domicilio fiscal, constituyéndose en una falta gravísima; asimismo afirma que la autoridad firmante de la Resolución Determinativa y la Vista de Cargo no es la misma que la que realizó el trabajo de fiscalización; asevera también que no se tuvo acceso al expediente administrativo durante el proceso de fiscalización, y por último señala que les fueron devueltos sus descargos sin justificativo alguno.

I.2.2 El Auto de Vista contiene Violación, Interpretación Errónea y Aplicación Indebida de la Ley

El Auto de Vista aseveró sobre la indefensión planteada por el sujeto activo, que éste tuvo conocimiento material del mismo, interviniendo, de manera activa, consiguientemente el Juez A quo en Sentencia, en la parte considerativa cuarta, numeral 6 realizó una correcta apreciación y valoración de la prueba; el recurrente al respecto menciona que el art. 37 del CT., “Para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva”. Aclarando que su domicilio tributario se encuentra en Santa Cruz y que este no fue considerado transgrediéndose el art. 101 del referido Código Tributario, que establece “La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar indistintamente: 1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiera designado. 2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se encuentren los bienes gravados. 3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible. (…)”  en todos los casos asevera que Santa Cruz es su domicilio, faltándose al debido proceso, no existiendo ningún justificativo para que la fiscalización se hubiese realizado en La Paz; afirmando que el problema no se relaciona con las notificaciones, sino con (i) limitaciones de acceso al expediente. (ii) incumplimiento del lugar de la realización de los actos administrativos, (iii) la incompetencia de GRACO Santa Cruz para firmar actos del departamento de Inteligencia Fiscal de La Paz que sustanció el proceso de fiscalización y (iv) la devolución de los documentados presentados como descargos; de modo que el Auto de Vista incurre en graves juicios de apreciación, debido a que no es verdad que se tuvo conocimiento material del proceso de fiscalización, no es cierto que se intervino de manera activa, no es verdad que se intervino en el proceso de fiscalización debido a que las pruebas de descargo nos fueron devueltas, confunde la naturaleza del ejercicio del derecho a defenderse mediante el Recurso Contencioso tributario, al tratar de convalidar este acceso a la justicia con las violaciones cometidas en la etapa de la fiscalización, procesos diferentes, por lo que asevera que jamás quedarán subsanados los vicios de nulidad perpetrados en la etapa administrativa de fiscalización que configuran la nulidad de la Vista de cargo y por ende de la Resolución Determinativa, explica que se acude a la justicia para que se valore los hechos y argumentos y declare la procedencia o no de la nulidad denunciada; al respecto la Sentencia estableció que tanto la NC como la RD  cumplen con los requisitos exigidos en los arts. 96 y 99 del CT, más aun cuando el contribuyente fue notificado con esos actos administrativos, sin representar la nulidad de los mismos en sede administrativa.

El recurrente afirma que la RD impugnada es nula de pleno derecho debido a que nace en base a una VC que carece de requisitos indispensables  para su valides y legalidad, conforme lo establece el art. 96 del CT que señala: “III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”, por consiguiente la RD no puede ser considerada como una Resolución fundamentada, existiendo una amplia jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, mencionando algunas, así como jurisprudencia emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) citando la Resolución Jerárquica STG-RJ/0408 del 25 de junio, por lo anotado asevera el recurrente que la AT ha prescindió del procedimiento establecido por ley, hecho que conlleva la nulidad de la VC y por ende la RD.

I.2.3. El Auto de Vista incurre en evidente contradicción y error de hecho e incorrecta aplicación de las normas respecto a la valoración y apreciación de las pruebas presentadas.

El recurrente hace referencia a que el Auto de Vista impugnado (página 20 y 21) señaló lo siguiente: el art. 331 del CPC, es claro al señalar que después de interpuesta la demanda solo se admitirán documentos de fecha posterior, esto en concordancia con el principio de preclusión y lo dispuesto por el art. 330 del CPC, que habiendo precluido el periodo probatorio en primera instancia, y luego de emitido y notificado el Informe Técnico, el mismo señala que sí procede la Resolución Determinativa  DTJC Nº 025/08 y que éste fue impugnado fuera de plazo, por lo que el A quo rechazó el recurso. Por lo que encontrándose firme y subsistente el Informe técnico  que hace un análisis integral de las pruebas de cargo y descargo aportadas dentro del proceso, (…).

Destaca que el Tribunal de Apelación,señala que no corresponde a ésta instancia, entrar en mayores consideraciones  de análisis por encontrarse  los fundamentos técnicos y jurídicos establecidos en el informe técnico firme y subsistentes”  sic., afirmación que carece de todo sentido legal un informe técnico jamás puede quedar firme y subsistente debido a que no es una Resolución o Sentencia, solo constituye una herramienta de colaboración al juez; el Ad quem está dejando que el Auditor del Juzgado sea quien efectivamente juzgue, pretendiendo justificar su indiscutible omisión de revisión del expediente en sus elementos mínimos independientemente del informe del auditor  del juzgado y de su impugnación o propugnación, la existencia de un Auditor  en el juzgado no suplanta ni libera al Juez de su deber de análisis y valoración de todo el expediente, mucho más cuando el demandante de manera reiterada denunció detalladamente las vulneraciones efectuadas por la AT; los puntos de la Litis que no fueron analizados por tanto su procedencia o improcedencia resulta absurda son los siguientes: Ilegal aplicación del gross up para la determinación de los cargos; Ilegales cargos IUE-BE sobre pagos que ya fueron objeto de retención impositiva 12,5%; Ilegales cargos 12,5% sobre importación de equipos; Ilegales cargos IUE-BE sobre pago a Agencia de Viajes  domiciliadas en el país por servicio de seguro de viajes, alquiler de autos, hoteles y otros, brindados en el exterior; Ilegales cargos IUE-BE sobre remesas no efectuadas; el Informe Técnico no hace referencia a los descargos presentados en el proceso de fiscalización, hecho que nos coloca en indefensión y solo copia los cuadros elaborados por la AT, no efectuó ningún cálculo o ajuste  que demuestre que ha realizado la tarea de revisar cada descargo, por lo que no existe ningún cambio ni modificación.

Los principales puntos de la Litis son aspectos de puro derecho no tienen nada que ver con aspectos contables o técnicos como sostiene el Auto de Vista, aspectos que son de puro derecho relacionados con la interpretación y aplicación de normativa vigente para el efecto; los cargos son: Cargos del 12.5% por IUE-BE sobre actividades parcialmente realizada en el país arts. 42 y 43 DS. 24041, Cargos IUE-BE sobre importación de equipos art. 51 Ley 843, Cargos IUE-BE sobre pagos a Agencias de viajes domiciliadas en el país arts. 42,44 y 51 Ley 843, Cargos IUE-BE sobre remesas no efectuadas, aplicación de GROSS UP para la determinación de cargos; para ambos los arts. 42, 44 y 53 Ley 843 y DS 24051 arts. 4 y 34; los cargos de la RD son sobre el IUE-BE pero ni la sentencia ni el Auto de Vista hicieron el mínimo análisis de las controversia jurídicas, y se limitan a argüir que eran de carácter técnico, por lo que el informe técnico impugnado o no, el juez no puede omitir su propia valoración y justificación viciando de nulidad el Auto de Vista, 

En la forma

I.2.4 El Auto de Vista omitió pronunciarse sobre las pretensiones fundamentales deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales

El recurrente desarrollo los puntos que no merecieron pronunciamiento por parte del Ad quem que fueron denunciados en la demanda y apelación:

       1.2.4.1 la ilegal pretensión del IUE-BEA sobre remesas que fueron objeto de retención impositiva oportunamente.

El recurrente afirma que en apelación se denunció que la Sentencia incurre en error cuando considera como única DDJJ al Formulario 54, que se presenta por retenciones a Beneficiarios del Exterior por el 12.5%, habiendo omitido los pagos por retenciones hechas mediante el Formulario 51 por el 2.5.%; el A quo no hizo una valoración y explicación porqué la prueba aportada no es válida, situación que además de incurrir en error y tomar solo el formulario 54 como único pago, existiendo otro pago formulario 51, implica el incumplimiento del art. 192 del COC respecto a contener en la parte considerativa  con exposición sumaria cada hecho o derecho que se litiga.

       1.2.4.2 Ilegal pretensión de cargos del 12.5% por IUE-BE sobre actividades parcialmente desarrolladas en el país cuya tasa efectiva de retención es únicamente del 2.5%

  El recurrente afirma que durante todo el proceso fundamentó y presentó que los servicios contratados por COTAS corresponden a actividades parcialmente desarrolladas en el país, por lo que la retención realizada oportunamente fue del 2.5% sobre el monto remesado, conforme a lo previsto en el inc. a) y penúltimo párrafo del art. 42  y 43 inc. b) del DS 24051, aspecto que fue distorsionado por la AT, quién omite mencionar la citada normativa,  induciendo en error al A quo, quién al no haber efectuado un análisis de nuestros fundamentos incurre en la misma omisión, por lo que el mencionado cargo no habría sido resuelto.

Asimismo señala que a efectos de probar lo señalado se presentó prueba consistente en comprobantes contables, contratos, y otra documentación que acredita que la contratación al Operador en el extranjero  fue directa cuyo servicio es de servicio satelitales, acceso internacional a internet y servicios de tráfico de telecomunicaciones internacionales; la AT nunca negó la retención del 2.5% efectuada, sin embargo no la consideró lo que implica una doble recaudación, consiguientemente COTAS retuvo el 2.5 % sobre lo remesado, no así el 14.29 (12.5 con gross up) como pretende ilegalmente el fisco. 

       1.2.4.3 Ilegal incremento de la alícuota del IUE-BE  por concepto de retención impositiva sobre remesas al exterior (ilegal aplicación del gross up)

El recurrente señala que éste ilógico cargo fue desvirtuado durante la etapa administrativa, al igual que en el proceso contencioso tributario, basado en lo que establece el art. 51 de la Ley 843, debido a que la presunción de utilidad de fuente boliviana para el beneficiario del exterior constituye el 50% del monto pagado o remesado no correspondiendo ningún incremento de la alícuota impositiva, en la fiscalización efectuada por la AT, consta la aplicación del incremento de la alícuota de IUE-BE mediante el gross up, lo que conlleva la sobrevaloración de la carga fiscal, ingresando a la ilegalidad  toda vez que el  art. 42 del CT establece que “la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos  de acuerdo a las norma legales sobre la cual se aplica la alícuota  para determinar el tributo a pagar”, norma legal que implícitamente establece la prohibición de efectuar cualquier otro tipo de cálculo, en el presente la retención o alícuota impositiva es del 25% de IUE (aplicada directamente) sobre el 50% del total pagado. Se denunció al tribunal de Alzada que en la Sentencia se determinó respecto de la “aplicación del gross up que la AT actuó conforme a ley, tal como indica el art. 51 de la Ley 843, toda vez que existe obligación de retener la tasa porcentual a la remesas es decir el 12.5%  para luego empozarlo al fisco”. De lo descrito asevera el contribuyente que el A quo incurrió en contradicción, señala y ratifica la obligación de retener el 12.5%, pero  en el contradictorio fallo, convalida la pretensión del fisco de la tasa efectiva del 14,29%, denunciado oportunamente; el art. 51 del CT no señala nada sobre tasas porcentuales o incrementos de ninguna naturaleza, demostrando de esta forma que no fueron analizados los fundamentos de la demanda, en flagrante inobservancia del art. 192 del CPC. Por otra parte en el informe técnico no se efectuó el tema del gross up siendo este netamente técnico y que no fue observado por el A quo quién se limitó a copiar de manera incompleta los fundamentos de la AT incurriendo en un fallo contradictorio en sí mismo y contrario a la ley.

       1.2.4.4 Improcedente pretensión de cargos por IUE-BE sobre importaciones.

En la vía administrativa igual que en el proceso contencioso tributario, presentó documentación que acredita que los cargos son sobre importaciones y adquisiciones de equipos, por lo que se pagaron los impuestos de importación, que son más elevados que el IUE-BE; sin embargo la Sentencia con relación al cargo IUE-BE sobre importación de equipos, estableció que fue correctamente aplicado, hecho denunciado en apelación, conclusión contraria a la ley lo que confirma que la pruebas presentadas no fueron compulsadas, y las normas legales tampoco fueron aplicadas correctamente, debido a que los conceptos de instalación y servicios de la venta, conforme el art. 5 de la Ley 843 forman parte del valor de la mercadería importada, que se encuentran incluidos dentro del concepto de precio neto de venta; la AT y el A quo no explican en qué lugar de la póliza u otra parte se habría descontado por estos conceptos; siendo el fallo contrario de manera manifiesta a lo previsto en el art. 43 de la Ley 843 que expresamente dispone: “Las utilidades que obtienen los exportadores del exterior por la simple introducción de sus productos y servicios a la república son de fuente extranjera”, razón por la que ningún servicio de venta de mercaderías para importación están sujetas al IUE-BE toda vez que solo corresponde tal retención a las utilidades de fuente boliviana según lo establecen los arts. 42 y 51 de la Ley 843 y arts. 4 y 34 del DS 24051. Destaca el recurrente que existen dos casos en los que la adquisición de equipos no contempla servicios de venta, omiten pronunciarse sobre los casos que engloban a este cargo, dejando claro solamente que no se adjuntó la póliza de importación, evidenciando que en vez de girar cargos por impuestos de importación, el Fisco determinó cargos por el IUE-BE, como si se tratase de un impuesto alternativo, por lo que correspondía girar cargos por IVA y Gravamen Aduanero, pero nunca IUE-BE; por lo mencionado, los errores de concepto , se evidencia que la Sentencia no resolvió todos los puntos de la Litis , quedando viciada de nulidad, según el art. 192 del CPC. 

       1.2.4.5. Cargo de IUE-BE sobre pago de agencias de viajes  por compras de seguros de viajes con cobertura exclusiva en el exterior.

La Sentencia, consideró que este cargo fue correctamente determinado, el mismo que no es solo contrario a la ley sino es ilegal en su fundamentación  toda vez que de ninguna manera el alquiler de vehículos en el exterior se encuentra gravado por impuestos bolivianos, al igual que el hospedaje y la compra de seguros con cobertura íntegra fuera del país; consiguientemente el fondo de la Litis consiste en establecer si el alquiler de vehículos en el exterior, hospedaje y compra de seguro están sujetos al IUE-BE, es decir si estos conceptos son utilidades de fuente boliviana obtenidos por los proveedores de los servicios citados; lo que correspondía era analizar el concepto y los alcances de los arts. 42 y 51 de la Ley 843, y de los arts. 4 y 34 del DS 24051 Reglamento al IUE, artículos en los que se define la obligación de retención únicamente cuando el hecho que está gravado ocurre en territorio nacional, por lo que no son utilidades de fuente boliviana; el recurrente hizo la transcripción de los artículos relacionados a éste cargo; finalmente aseveró que hay error conceptual en el que incurrió el Fisco y a su vez la Sentencia la misma que omite la cita de las normas legales en las cuales basó su decisión.

       1.2.4.5. Cargo IUE-BE sobre remesas no efectuadas

La Sentencia en su considerando cuarto punto 11 , como único fundamento señaló: “Con relación al IUE-BE sobre remasas no efectuadas, la parte demandante no acredita detalle alguno que especifique, que hubiesen  considerados sin la remesa respectiva” ,  aspecto denunciado en apelación por ser una aseveración ilegal, debido a a que el detalle contable que la AT observó se encuentra cursante en el expediente, confirmando que el A quo no analizó, el falo además de omitir la consideración de la prueba, incurre en error al convalidar el cargo,  por una supuesta falta de descargos, cuando este aspecto debió se probado por el Fisco, debido a que la carga de la prueba no es de COTAS para demostrar que no hizo la remesa sino de la AT, demostrando cuando se efectuó el pago presumido, existiendo una confusión en relación a la carga de la prueba  y a la presunción de buena fe y transparencia a favor del sujeto pasivo conforme lo establece el art. 69 del CT “en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la AT pruebe lo contrario“

       1.2.4.6. El Auto de Vista No emitió ningún pronunciamiento sobre la improcedencia de la sanción.

       El Auto de Vista no se manifiesta sobre la improcedencia de la ilegal sanción por Omisión de Pago a favor del fisco, cuando es evidente no puede configurarse la sanción si no existe la omisión de pago, hecho que fue reclamado ésta ilegal calificación del ilícito de Omisión de Pago, toda vez que COTAS nunca omitió ningún pago, transcribió lo establecido en el art. 165 del CT y, señala que la pretensión no tiene sentido jurídico al amparo del art. 97.II del CT., lo que demuestra que el presunto monto no es un tributo sino la estimación de un pago a cuenta del tributo que el contribuyente o el Fisco determinen el monto real del tributo; consiguientemente aseveró el Sujeto Pasivo que la AT agravia a COTAS, cuando le atribuye un ilícito sin haber incurrido en esa conducta.

Finalmente señala que Las norma invocadas respecto a la impugnación del Informe Técnico arts. 330, 331, 440 del CPC no son aplicables; al margen de Informe Técnico el fondo de la litis de todos los cargos responden a aspectos jurídicos de análisis interpretación y aplicación del principio de fuente del objeto, IUE-BE, sobre actividades parciales   y de aplicación del 2.5% establecida para estas actividades, y que los Informes Técnicos nunca quedan Firmes y Subsistentes.           

Petitorio

Solicitó  al Tribunal Supremo de Justicia la admisión del recurso en la forma y el fondo, pidiendo se case el Auto de Vista, dejando sin efecto la deuda establecida en la Resolución Determinativa GGSC-DTCC Nº 025/2008 de 24 de marzo.

CONSIDERANDO II:

Fundamentos jurídicos del fallo

Analizados los antecedentes del proceso, se concluye que el recurso de casación se circunscribe a los cargos y el ilícito de Omisión de Pago de tributos relacionados con el IUE-BE, en el entendimiento del Tribunal de apelación, los mismos que no se hubiesen configurado, aspecto observado por el recurrente bajo el argumento de: I) El Auto de Vista contiene Violación, Interpretación Errónea y Aplicación Indebida de la Ley, II) El Auto de Vista omitió pronunciarse sobre las pretensiones fundamentales deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los Tribunales

Así expuestos los hechos, corresponde resolver en el caso de Autos, los puntos referidos a la nulidad y la interpretación de la Ley.

       Antecedentes normativos y relación de las nulidades denunciadas en el recurso de apelación.

       El Auto de Vista omitió pronunciarse sobre las pretensiones fundamentales deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los Tribunales

       Antes de ingresar a la resolución del caso de Autos consideramos necesario efectuar la revisión de los antecedentes adjuntos, durante la tramitación del proceso, determinando que, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de GGSC-DJCC/025/2008 de 24 de marzo, cursante a fs. 20 a 30.

       La Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS LTDA.), interpuso la Demanda Contenciosa Tributaria cursante de fs. 32 a 39 vta., contra la citada Resolución Administrativa.

       El juez A quo consideró, a tiempo de emitir la Sentencia Nº 58/2009 de 16 de noviembre, cursante de fs. 122 a 125, todos los antecedentes y pruebas presentadas durante la sustanciación del proceso, efectúo una relación de los hechos y la normativa aplicable; estableciendo que, con relación a la nulidad planteada por el contribuyente la AT habría actuado de conformidad a lo establecido en el art. 21 de la Ley Nº 2493, y el Manual de Organización y Funciones del SIN; El Departamento de Fiscalización del SIN tiene jurisdicción nacional, estableció también que la RD cuenta con todos los requisitos exigidos en el art. 99.II de la Ley Nº 2492; precisó que la AT no coarto el derecho a la defensa del contribuyente, debido a que todas las actuaciones fueron notificada a COTAS.

       Con relación a la excepción planteada por el demandante, aclaró que de conformidad a lo dispuesto en los arts. 335 y 342 del CPC, estas deben ser planteadas por el demandado, siendo ésta improcedente.

       Respecto de la retención impositiva del IUE-BE estableció que la AT actuó conforme lo dispone la Ley puesto que los proveedores extranjeros de COTAS no cumplen con lo establecido en el art. 42 del DS Nº 2405.

       Con relación a la aplicación del gross up para la determinación del impuesto se establece que la AT actuó conforme la Ley , como lo indica el art. 51 de la Ley Nº 843, existiendo la obligación de retener el 12.5 % a favor del Fisco.

       IUE-BE sobre importaciones, el mismo que fue establecido correctamente  se evidenció que corresponden a la adquisición de equipos o la adquisición de Software los que al momento de la importación no fueron valorados.

       IUE-BE, pago de agencias de viajes por compras de seguros de viajes, con cobertura exclusiva en el exterior, toso los pagos provienen de COTAS por lo que el cargo fue correctamente determinado.

       IUE-BE, sobre remesas no efectuadas, la parte demandante no acredita detalle que hubiesen sido considerados sin la remesa respectiva.

       Respecto a la calificación conducta del contribuyente estableció que ésta es correcta, debido a que los hechos se constituyen en Omisión de pago.

       Por su parte el Ad quem estableció lo siguiente: sobre las causas de nulidad mencionada por el recurrente, determinó sobre el domicilio, fundamenta que el art. 33 del DS Nº 27310 establece de forma clara “Cuando los elementos sobre los que se realicen las verificaciones puedan ser examinados en las oficinas de la Administración, éstas se desarrollarán en las mismas oficinas, sin que sea necesaria autorización superior específica. normativa que es aplicable al caso en cuestión, y que la verificación igual puede ser efectuada en la Administración Tributaria; respecto de la competencia afirma el Tribunal de Alzada que el art. 2 de la Ley Nº 2166 de 14 de diciembre de 2001 establece que “El Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad de derecho público, autárquica con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, personería jurídica y patrimonio propio.” de donde colige que la AT tiene jurisdicción y competencia a nivel nacional. Respecto de la indefensión mencionada por el recurrente, refiere el Ad quem, que el contribuyente a tiempo de presentar sus descargos y pruebas para el efecto no observó el tema de la incompetencia y/o jurisdicción, que le pudo haber provocado indefensión  o vulneración al debido proceso, hace mención a las SC. 142/05 de 11 de febrero, 1818/04-R de 25 de noviembre,  287/03-R de 11 de marzo  de la que colige que para que exista indefensión, éste debió estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales administrativas seguidas en su contra; respecto a la falta de requisitos en la VC y RD, actos administrativos que cumplen con los art. 96 y 99 de la Ley 2492.

       En cuanto a los demás agravios, relacionados con los cargos del Impuesto IUE-BE, señala que éstos en sujeción de los arts. 330 y 331 del CPC habría precluido el periodo probatorio en primera instancia, y luego de que fuere emitido el Informe Técnico que la RD si procede y al haber impugnado fuera de plazo éste habría quedado firme y subsistente.

               En este contexto, es menester señalar que conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación, constituye el más importante de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un Tribunal Superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos y de la prueba, ello supone una doble instancia donde el Tribunal debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada, sobre la base del material reunido en primera instancia.

       Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó o confirmó un fallo de instancia.

       Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

       La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

       El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

       A su vez, el art. 190 del adjetivo civil, dispone que: "La Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma de aplicación general, impone además que los Tribunales de Alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil.

       De la revisión del expediente se advierte que el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista Nº 187/2011 del 25 de febrero de 2011 fs. 160 a 171 vta., confirmando la Sentencia Nº 58/2009 del 16 de noviembre, cursante en fs. 122 a 125, emitió una resolución sin la debida motivación y fundamentación, pues, de la lectura de la resolución de Alzada, se advierten criterios simplemente enunciativos e indicativos en cuanto a la prueba se refiere, empero no constan las inferencias exigidas por el caso concreto, que podrían ser razonamientos, sujetos a los cánones de la lógica común o sujetos a las reglas de la lógica jurídica hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular, es decir, no existe un análisis pormenorizado de los presuntos agravios sufridos, de la prueba producida en el proceso, no se dilucida el razonamiento del Tribunal para determinar la confirmación del fallo de primera instancia, concluyendo en definitiva que no se cumplió con el mandato del art. 236 del adjetivo civil.

       A lo indicado, se establece que el Tribunal de apelación, abstrayéndose de las funciones inherentes a su obligación, no resolvió todos los agravios expuestos en el recurso de apelación de la entidad demandante, especialmente el referente a los cargos establecidos en la RD.

       Ahora bien, con relación a los demás puntos, referidos a la omisión de pruebas presentadas de descargo, expresados también como agravios, si bien los menciona, sin embargo es carente de fundamentación, porque se refiere muy escuetamente sobre estos puntos, atentando de esta manera contra el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la legítima defensa y a la seguridad jurídica que no pueden ser soslayados por ese Tribunal, por consiguiente incurrió en las lesiones al debido proceso invocados por el recurrente, cuando en el Auto de Vista recurrido señala sobre los cargos que dieron lugar al presente proceso “…en sujeción de los arts. 330 y 331 del CPC  se tiene que habiendo precluido el periodo probatorio en primera instancia, y luego de que fuere emitido el Informe Técnico que señala que la RD procedeel mismo que fue apelado extemporáneamente”, por lo que asevera el Tribunal de Alzada, “que estando firme y subsistente dicho Informe Técnico que hizo un análisis de las pruebas de cargo y descargo, concluyó que los cargos impositivos  determinados por la AT, sin que dicho informe haya sido desvirtuado  por las partes no corresponde a ésta instancia  entrar en mayores consideraciones de análisis , al encontrarse  los fundamentos técnicos y jurídicos establecidos en el informe técnico firme y subsistente y de igual forma plasmados en la Sentencia”.

       El Tribunal Supremo de Justicia considera pertinente, aclarar que un informe técnico, es la opinión técnica, de alguna persona que goza de tener cierta especialidad y/o pericia en alguna materia técnica, más aún como en el presente caso que se trata de tributos que no todos están obligados a cumplir por la peculiaridad de los mismos, ésta opinión técnica hará que el Juez de instancia pueda entender las cuestiones técnicas de la litis, permitiendo a su sana crítica emitir un fallo justo, sin embargo la opinión técnica plasmada en un Informe, que puede ser propugnado, impugnado o no, continua siendo sólo una opinión y no puede, ni debe ser declarado firme y subsistente, por no constituirse en una Resolución o Sentencia, error en el que evidentemente incurrió el Tribunal de Alzada, cuyo resultado es incongruente.

       En suma, todos estos aspectos demuestran la falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo que este Tribunal pueda analizar los recursos formulados, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el Tribunal de Alzada.

       Asimismo y en cuanto a la decisión del juez de primer grado, se advierte que en relación al reclamo sobre el IUE-BEA que el recurrente alegó fueron objeto de retención impositiva oportunamente, dicho juez considera como única DDJJ al Formulario 54, omitiendo pronunciarse sobre los demás descargos a los que refirió el demandante, tal el caso del Formulario 51 por el 2.5.%.

       En cuanto a los alegatos referidos a los cargos del 12.5% por IUE-BE, el a quo se limita a señalar que la AT actuó conforme a ley, en razón a que los proveedores extranjeros de COTAS no cumplen con lo establecido por el Art. 42 del DS 24051, por no considerarse actividades parcialmente desarrolladas en el país, omitiendo especificar si tal conclusión alcanza al cargo sobre retenciones por servicios prestados parcialmente en el país o por remesas a proveedores extranjeros, mucho menos explica fundadamente las razones por las cuales llegó a la convicción de que aquellas actividades de los proveedores extranjeros no ingresaban en la definición de “actividades parcialmente desarrolladas en el país”.

       Asimismo, sobre la alegada ilegal aplicación del gross up, se limitó a señalar que la AT actuó con forme al art. 51 de la Ley 843, sin llegar a explicar si en los hechos se consideró el 14.29% denunciado por el recurrente o el 12.5% sobre el 50% del total pagado. Mucho menos el fundamento legal que dilucide el alcance normativo sobre tal facticidad.

       Resulta también evidente que no expidió pronunciamiento sobre si correspondía jurídicamente determinarse cargos por el IUE-BE o cargos por IVA y Gravamen Aduanero.

       En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde fallar conforme disponen los arts. 252  del Código de Procedimiento Civil, 271.3 y 275 del mismo cuerpo adjetivo de leyes, aplicables en virtud de la norma permisiva contenida en el art. 214 del Código Tributario Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992.

       POR TANTO: Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en sujeción a lo estipulado por el arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta la Sentencia Nº 58 de 16 de noviembre de 2009, de fs. 122 a 125, disponiendo que el Juez a quo, bajo responsabilidad administrativa, sin espera de turno, pronuncie una nueva Resolución resolviendo con pertinencia y exhaustividad todos los ítems controvertidos sometidos a su conocimiento, en el marco de las previsiones contenidas en los artículos 190, 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

       Se impone multa de Bs. 200 al juez de primera instancia y a los Vocales signatarios del Auto de Vista.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y las recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente, no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera