TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 791

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 302/2011-A

Demandante: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Demandada: Roberto Peña Saldías y otro

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 753 a 757, interpuesto por Juan Carlos Costas Salmon, contra el Auto de Vista Nº 260/10 de 20 de noviembre de 2010 a fs. 750 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso Coactivo Fiscal seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, contra Roberto Peña Saldías y Juan Carlos Costas Salmon; la respuesta al mencionado recurso de fs. 761 a 763, el Auto Nº 460/11 de 23 de septiembre de 2011 a fs. 765, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, interpuesto la demanda Coactiva Fiscal y tramitado el mismo, el Juez Cuarto Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 014/2010 de 4 de marzo, cursante de fs. 726 a 728, declarando probada la demanda coactiva fiscal incoada de fs. 322 a 324 y subsanado a fs. 662, disponiendo mantener la Nota de Cargo Nº 069/2004, girada en contra de Roberto Peña Saldias y Juan Carlos Costas Salmon, por la suma de Bs. 11.550.- (once mil quinientos cincuenta 00/100 bolivianos), equivalente a $us.2.473.- (dos mil cuatrocientos setenta y tres 00/100 dólares americanos) más intereses legales debiendo girarse el correspondiente pliego  de cargo de conformidad al art. 17 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal (LPCF); mantener las medidas precautorias adoptadas contra los coactivados en las instituciones respectivas hasta que haga el efectivo el pago.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuestos el recurso de apelación por Juan Carlos Costas Salmón, mediante Auto de Vista Nº 260/10 de 20 de noviembre de 2010 a fs. 750 y vta., emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó la Sentencia apelada, manteniendo firme y subsistente la Nota de Cargo Nº 69/04 de 19 de agosto de 2004 a fs. 666.

I.2. Motivos de los recursos de casación 

Dicha resolución motivó el recurso de casación en la forma interpuesto por Juna Carlos Costas  Salmon, extrayéndose de su contenido lo siguiente:

Bajo el epígrafe NULIDAD EN LA FORMA señala que, de la revisión del Auto de Vista, en el considerando segundo, se determinó que la responsabilidad civil atribuida a los coactivados en razón de la existencia de la percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos del Estado a favor de Roberto Peña Saldías, apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del estado para Juan Carlos Costas Salmon; ante lo cual indica que, los informes de auditoría base de la presente acción, resultan incompletos por cuanto no cuentan con un cuaderno de documentación de respaldo tal como las normas de administración determinan. En consecuencia los informes de auditoría al no hallarse respaldados con la documentación pertinente, con los libros de control de asistencia, planillas mensuales de los asesores, talonarios de viaje y otros, con firma y nombre por parte de Roberto Peña y el recurrente, transgrediendo lo determinado por el art. 43 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG).

Por otro lado señala que en el considerando tercero del Auto de Vista recurrido; se señaló que, su persona tras haber sido legalmente notificado el 29 de enero de 2009 a fs. 689, presentó justificativos respecto al Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR-1/D-063/200; sin embargo, estos no habrían sido tomados en cuenta por haber sido supuestamente presentados de manera extemporánea. En consecuencia manifiesta que, en desarrollo del presente caso, desde un inicio, han sucedido una serie de irregularidades que han restringido a mi persona, la posibilidad de asumir defensa de manera oportuna, garantizando el debido proceso, exponiendo: i) Que el Juez a quo, omitió dar cumplimiento a lo establecido por los arts. 39 y 40 del Decreto Supremo (DS) Nº 23275 de 22 de julio de 1992 que señala el contenido del informe preliminar debe ser de conocimiento de cada uno de los involucrados a efectos de que los mismos presenten las debidas aclaraciones y justificativos en forma escrita, anexando la documentación respaldatoria correspondiente respecto a los indicios establecidos. Sin embargo,  en el informe complementario Nº GL/EPP22/L96C2, pese a que a fs. 10 se señala. ”… que los indicios de responsabilidad fueron puestos a conocimiento de los presuntos involucrados …”, no existe evidencia alguna de que esa notificación hubiese sido practicada, puesto que no cursa diligencia alguna individualizada en domicilio de ninguno de los dos coactivados, constituyendo esta una grave irregularidad que atenta contra su derecho a la defensa; ii) Conforme se tiene de las diligencias de notificación supuestamente efectuadas a los coactivados, indica que éstas no cuentan con los requisitos establecidos en el art. 120 del Código de Procedimiento Civil (CPC), puesto que se efectúan por cédula, pero no cuentan con la identificación del testigo de actuación, ni tampoco identifica a la persona que hubiere recibido el cedulón. Que sin embargo, a fin de no dilatar la causa, tomaron conocimiento de la demanda interpuesta, presentando los justificativos de descargo, en cumplimiento a lo establecido en el art. 14 del LPCF.

Continua señalando que el párrafo cuarto del segundo considerando del Auto de Vista, dispone “…Por lo que se concluye que los argumentos vertidos por el coactivado, respecto a que el Juez a quo no consideró lo expuesto en su memorial de justificativos, ni la solicitud de remisión de pruebas por parte de la institución coactivante, carecen de sustento legal, al haber presentado aquellos fuera de término que establece la ley… Por lo expuesto cabe señalar que el apelante no ha formulado justificativo dentro del término legal, ni ha presentado elementos probatorios que enerven la demanda en su contra…”, al respecto indica que si bien el art. 11 del LPCF establece como plazo de presentación de justificativos y descargos, 20 días a partir de la notificación personal del demandado, el art. 14 del mismo cuerpo legal, establece que en los casos de notificación por cedulón o por edictos, el plazo para la presentación de los descargos a que hace referencia el art. 11 será de 40 días; sin embargo, el Juez Cuarto Administrativo Coactivo, Fiscal y Tributario de La Paz emitió Sentencia olvidando esta previsión legal y lo dispuesto a fs. 672, donde mediante Decreto de 14 de noviembre de 2007, ordena la notificación del demandado por cédula, a efectos de que presente sus descargos en el plazo de 40 días, computándose dicho plazo a partir del día 29 de enero de 2009, feneciendo este en fecha 10 de marzo de 2009. Sería evidente que el escrito presentado, con sello de cargo de 9 de marzo de 2009, se hallaba dentro del plazo legalmente establecido y otorgado por el Juez; sin embargo, pese a la explicación dada respecto a la vulneración de derechos que implicaba el desconocimiento de los justificativos presentados y la solicitud de remisión de pruebas por parte de la institución coactivante, el Auto de Vista ahora recurrido de nulidad, confirmó las ilegalidades contenidas en la Sentencia Nº 14/2010, teniendo por no presentado los justificativos, vulnerando el art. 14 de la LPCF, que le otorga la posibilidad de presentar descargos en el plazo de 40 días, negando el derecho a la defensa y debido proceso, reconocidos en la Constitución Política del Estado los arts. 114, 116 y 118.

De igual manera se señaló que su persona no acompaño prueba alguna para desvirtuar los Informes de Auditoría y el Dictamen de Responsabilidad Civil, tiene a bien aclarar que conforme establece el art. 330 del CPC, supletoriamente aplicable al caso, con la contestación a la demanda debe acompañarse la prueba documental que estuviera en poder de las partes; sin embargo, la norma prevé, que para el caso en que las partes no tuviesen la prueba a su disposición, la podrán individualizar indicando el contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encontrare. Empero pese a haber sido advertido del actuar del Juez a quo, quién no valoró los justificativos presentados, ni considerar los descargos ofrecidos; a fin de solicitar al Gobierno Autónomo Municipal, para su correspondiente análisis y consiguiente emisión de Sentencia; que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, afectó directamente sus derechos, negándole toda posibilidad de defensa y condenándole al pago de una suma que en legalidad no le corresponde honrar.

Acota a lo alegado, que si las partes no ofrecen suficiente prueba necesaria a fin de formar convicción en el Juez para emitir Sentencia, éste conforme a la facultad que le reconoce el art. 378 del CPC, en caso de considerarlo necesario pudo hasta antes de la Sentencia ordenar toda prueba que considerare y juzgare pertinente; y que le sorprende que los de instancia no hayan tomado los justificativos presentados.

Que ahora el Auto de Vista no refiere ni desvirtúa los fundamentos expuestos en su recurso, refiriendo sólo que no se tomaran en cuenta los justificativos presentados por ser extemporáneos, omitiendo el deber de fundamentación y pronunciamiento claro de los puntos apelados.

Con otro subtitulo acusa NULIDAD DE FONDO; precisando que se remite in extenso a los fundamentos ampliamente manifestados en el escrito de apelación cursante de fs. 730 a 735, a fin de demostrar la inexistencia de responsabilidad civil, solicitando se sirvan dar correcta valoración de la prueba aportada, puesto que el Auto de Vista recurrido omitió pronunciarse sobre toda la prueba ofrecida colocándole en estado de indefensión y desigualdad frente a la parte coactivante.

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia “se sirvan dictar Auto Supremo, declarando la nulidad del Auto de Vista en cuestión, con costas …” (sic).

       CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

La problemática central traída a casación en la forma conforme a lo previsto en los arts. 250.I y 254.4 del CPC, está referida a que el Tribunal ad quem, erróneamente concluyó que el Juez a quo no consideró lo expuesto en el memorial de justificativos del recurrente, ni la solicitud de pruebas por parte de la institución coactivante, por carecer de sustento legal, al haber presentado aquellos fuera de término establecido por ley, señalando que no se hubiese formulado justificativo dentro del término legal, ni presentado elementos probatorios que enerven la demanda en su contra. Alegando al respecto en su recurso, que el memorial de justificativos y descargo fue presentado dentro del plazo previsto por ley conforme el art. 14 de la LPCF, negando como consecuencia su derecho a la defensa y al debido proceso, reconocidos en la CPE arts. 114, 116 y 118; por lo que, solicitaron la anulación del Auto de Vista Nº 260/10 de 20 de noviembre.

Con carácter previo al análisis y consideración del recurso de casación en la forma y en observancia a las normas legales, es pertinente establecer que, por mandato del art. 15 de la Ley de Organización Judicial y art. 17.I.II y III de la actual Ley del Órgano Judicial (LOJ), la nulidad de actos procesales sólo puede ser declarada, si la nulidad está expresamente determinada por ley, en ese entendido se tiene que éste Tribunal de casación puede disponer la nulidad en dos casos:

a) De oficio. En aplicación del art. art. 15 de la Ley de Organización Judicial, contemplada actualmente también en el art. 17. I de la LOJ y 252 del CPC, por el cual la nulidad de oficio del proceso procede cuando el Tribunal de casación advierte la existencia de infracciones que interesan al orden público, cuando: i) Las partes no hubiesen convalidado o consentido un defecto u omisión de procedimiento, siempre y cuando dicho consentimiento o convalidación no vulneren derechos, garantías y principios constitucionales; y  ii) Los actos irregulares de procedimiento dentro de un proceso social, conlleven la inobservancia y transgresión de derechos, garantías y principios consagrados en la Constitución Política del Estado.

Se debe precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, por lo que el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación, y celeridad.

b) A solicitud de parte. En los casos en que la parte afectada, hubiese reclamado oportunamente ante los tribunales inferiores y no hubiese consentido o convalidado el acto procesal supuestamente irregular.

En ese contexto; en el caso concreto, existe la solicitud de parte sobre la nulidad de obrados; por ello, este Tribunal está facultado para revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, con el objeto de advertir si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, imponiendo si el caso amerita, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de obrados, según prevé la normativa antes señalada, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso y los principios anulatorios, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo.

Partiendo de dichos principios y conceptos, debe precisarse que no todo vicio procesal por sí mismo constituye un defecto que necesariamente tenga como efecto la declaración de la nulidad de obrados; por el ello, debe realizarse un análisis de relevancia, partiendo no precisamente desde la perspectiva sólo del defecto advertido, sino esencialmente examinar si en el acto procesal concurre un alejamiento ostensible de las formalidades procesales previstas por ley que como efecto tenga la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Por su parte, el art. 252 del CPC, establece que “el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público”; por esa facultad, el Tribunal de casación está en la obligación incluso de oficio a revisar los actos procesales que se desarrollaron en el proceso judicial y que en los mismos no concurran actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa.

En ese entendido y sobre el deber que tienen las autoridades jurisdiccionales de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales el art. 236 del CPC, establece: ”el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación…”; esta previsión establece que, el Tribunal de alzada que se constituye en la instancia de segundo grado, al resolver el recurso de apelación debe cumplir con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, ciñéndose a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo el Tribunal de alzada disponer cuestiones que no han sido pedidos, ni omitir el análisis y resolución de ningún agravio expuesto en el recurso, debiendo enmarcar su decisión a las formas previstas por el art. 237 del Adjetivo Civil.

Por otra parte, el Tribunal de alzada al constituirse en un juez de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tiene la potestad y obligación de analizar y resolver todos los agravios expuestos en los recursos de Alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayar esta responsabilidad en la resolución de la causa, máxime si en el contenido del recurso de apelación constan agravios que deben ser considerados y resueltos sin discriminación alguna.

En ese mismo entendimiento; es menester, recordar que esta Sala en diferentes resoluciones como son los Autos Supremos 86 de 10 abril de 2008 y 228 de 3 de julio de 2012, ha establecido que: “la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la CPE”.

En ese entendimiento jurisprudencial, analizada la problemática en el caso concreto y de la revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene que el recurrente; alega que, se le hubiese vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso, reconocidos en los arts. 114,115 y 118 de la Constitución; al no haber sido considerado los justificativos presentados y la solicitud de remisión de pruebas por parte de la institución coactivante, por considerarse que se presentó fuera de plazo.

Al respecto, el art. 11 del LPCF, establece como plazo de presentación de justificativos y descargos, 20 días a partir de la notificación personal del demandado, el art. 14 del mismo cuerpo legal, establece que en los casos de notificación por cedulón o por edictos, el plazo para la presentación de los descargos a que hace referencia el art. 11 será de 40 días; que en autos, conforme al decreto de 19 de noviembre de 2008, el Juez de instancia, dispone que: “ante la falta de notificación de forma personal por no ser encontrado por segunda vez, en cumplimiento del art. 121 del Código de Procedimiento Civil y 12 del Código de Procedimiento Coactivo Fiscal, se ordena su notificación por cédula a efectos de que  presente sus descargos y/o justificativos dentro del plazo dispuesto por el art. 14 del cuerpo de leyes adjetiva coactiva fiscal…”(sic); notificado a Juan Carlos Costas Salmon por cédula, el 29 de enero de 2009, transcurrieron a partir de dicha actuación 40 días, hasta el 10 de marzo de 2009, por lo que el escrito presentado el 09 de marzo de 2009, se encontraba dentro del plazo legalmente establecido por ley; sin embargo, la Sentencia Nº 14/2010 de 04 de marzo, respecto a este memorial el Juez señala que: “JUAN CARLOS COSTAS SALMON se apersona presentando justificativos el mismo que no acompaña prueba alguna para desvirtuar los informes de auditoría y el Dictamen de Responsabilidad Civil en su contra, mucho menos ha presentado descargos y justificativos…”(sic).

Esta situación hace que el coactivado, recurra en Alzada y que al amparo del art. 16 de la LPCF, precise que se cometió infracción por el Juez, al no valorar correctamente la prueba y la que debió producirse bajo responsabilidad del juzgador, puesto que la misma fue oportuna y debidamente solicitada al amparo del art. 330 del CPC, para que se oficie a la Gobierno Autónomo Municipal de La Paz la remisión de la documentación relativa a la Comisión de Deporte Niñez y Juventud, de las gestiones 1994 y 1995.

Ahora en casación refiere, que pese a la explicación dada respecto a la vulneración de derechos que implicaba el desconocimiento de los justificativos presentados y la solicitud de remisión de pruebas por parte de la institución coactivante, el Auto de Vista recurrido, confirmó las ilegalidades contenidas en la Sentencia Nº 14/2010, teniendo por no presentado los justificativos, vulnerando el art. 14 de la LPCF, que le otorga la posibilidad de presentar descargos en el plazo de 40 días, negando el derecho a la defensa y debido proceso, reconocidos en los arts. 114, 116 y 118 de la CPE.

De lo precedente, los antecedentes del proceso y de la lectura de la resolución recurrida y el recurso de casación o nulidad, se puede colegir que, el Auto de Vista Nº 260/2010, al haber determinado confirmar la Sentencia, convalida la resolución de primera instancia a favor de la entidad coactivante; la cual erróneamente considera que no existe prueba de descargo, cuando el coactivante por memorial cursante de fs. 691 a 696 vta., solicita se disponga que por la sección de Archivos y Registro de Personal, remita a ese despacho judicial toda la documentación y correspondencia emitida por la Comisión de Deporte, Niñez y Juventud, relativa a las gestiones 1994 y 1995; consecuentemente los fundamentos del fallo debieron haberse fundado en medios de pruebas de cargo y de descargo existentes en el proceso, de modo que hagan concluir de forma fehaciente y contundente que la entidad coactivante efectivamente habría probada la demanda interpuesta en contra de los coactivados; esta situación demuestra que no existió  valoración probatoria, dejando en indefensión a Juan Carlos Costas Salmón.

Hechos que vulneran el debido proceso y el derecho a la defensa, reconocido como derecho y garantía en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución vigente, art. 16.IV de la CPE abrogado, y como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “constituido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a los establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”. (Sentencia Constitucional (SC) 1786/2011-R).

La SC 1534/2003-R de 30 de octubre, cuyo entendimiento fue recogido por la SC 0375/2010-R de 22 de junio, señaló: “El debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa, previsto por el art. 16.II de la CPE, como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley franquea. Asimismo implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

En ese entendido, el Juez de instancia, como garantista de los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado reconoce, debió requerir a la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, que por la sección de archivos y registro de personal, remita a su despacho, toda la documentación y correspondencia emitida por la Comisión de Deporte, Niñez y Juventud, relativa a las gestiones 1994 y 1995, a objeto de evaluar esos descargos, considerando las atenuantes que pudieran ser esgrimidas en la argumentación expuesta en el memorial de fs. 691 a 696 vta., conforme al art. 16 de la LPCF.

De lo precedente, finalmente se debe añadir que, los vicios procesales evidenciados constituyen un defecto procesal que no puede ser convalidado ni subsanado, porque se encuentra comprometido con los derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y derecho a la defensa; pues el Tribunal de alzada al confirmar la Sentencia, eludió lo solicitado por el coactivado,  de considerar los justificativos respecto al Dictamen de Responsabilidad Civil, al establecer erróneamente que fue presentado de manera extemporánea; y que en Sentencia no se tomó en cuenta, por considerar que no se acompañó prueba alguna, cuando el Sr. Costas, solicitó al Juez que se requiera la documentación pertinente a las gestiones 1194 y 1195; por ello, habiéndose infringido el orden público corresponde en previsión de los arts. 17 de la LOJ, anular obrados hasta la providencia a fs. 697, de 10 de marzo de 2009, debiendo el Juez de primera instancia pronunciarse con respecto a la solicitud en el otrosí segundo del memorial cursante a fs. 696.

Por los argumentos expuestos, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271.3) y 275 del CPC, aplicables por la norma permisiva de los arts. 1 y 24 de la LPCF aprobado por Decreto Ley (DL) Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de ley por disposición del art. 52 de la LACG y 17 de la LOJ.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta la providencia de fs. 697, disponiendo que el Juez de instancia sin espera de turno se pronuncie con respecto a la solicitud del memorial a fs. 696.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera