TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 778

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 268/2011-A

Demandante: Municipio de Ingavi

Demandado: Rafael Siviora Ortiz y Robert Quiroga Gómez    

Distrito: Pando

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Robert Quiroga Gómez de fs. 268 vta.; contra el Auto de Vista de fecha 10 de agosto de 2011 de fs. 263 a 264, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Pando, dentro del proceso Coactivo Fiscal seguido por el Municipio de Ingavi, contra Rafael Siviora Ortiz y Robert Quiroga Gómez, el Auto que concedió el recurso de fs. 272 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, en la tramitación del proceso coactivo fiscal, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Pando, pronuncio la Sentencia N° 06/2011 de fecha 29 de marzo, que corre de fs. 248 a 249, declarando probada la demanda de fs. 76 a 77.

I.1.2. Auto de vista

Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Penal y Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Pando, dictó el Auto de Vista de fecha 10 de agosto de 2011 de fs. 263 a 264, que confirmó la Sentencia N° 06/2011.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha resolución, motivó el recurso de casación interpuesto por el recurrente Robert Quiroga Gómez de fs. 268 y vta., con los siguientes argumentos:

Señala que el Auto de Vista no refiere a los descargos presentados en su memorial de respuesta de fecha 11 de noviembre de 2010, respecto a la observación del cheque Nº 3 por Bs.2599.-, adjuntando convenio suscrito con la clínica 4 de diciembre con el Municipio de Ingavi, y recibo Nº 001342 de Bs.2599.- para su respectiva revisión y aprobación. A la observación del cheque Nº 96 de Bs.10.535.-, señala que adjunto regularización de la planilla de pago  de Bs.2100.-, orden de pago de fecha 7 de febrero, firmada por Cristina Merlín Taborga (secretaria) por el importe de Bs.1200.- y Miguel Ángel Robledo (chofer de Bs.900.-) y factura Nº 001886 de Import-Export Cochabamba, por la compra de una llanta de Bs.736.-, orden de pago de fecha 01 de marzo del 2000, comprobante de contabilidad No. 09 y 07 de fecha 03 de marzo de 2000. Señala que no resolvieron la violación a sus derechos, como ser a la defensa en la omisión de nombrar un perito neutro para que realice una nueva auditoría de acuerdo a la amplia prueba de descargo y justificativo presentado, sin embargo la sentencia fue resuelta violando sus derechos fundamentales a la defensa ratificado en el Auto de Vista.

I.2.1. Petitorio

Concluye solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo de conformidad con el art. 17 de la Ley N° 025, hasta que se convoque a un perito neutro, funda su solicitud en el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

En razón al contenido del recurso que se analiza, corresponde tener presente que el instituto jurídico de la casación, conforme lo preceptúa el Título V, Capítulo VI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil (CPC), es una acción extraordinaria que se asimila a una demanda de puro derecho, a través de la cual se impugna una resolución judicial (en la especie el Auto de Vista) expresamente señalada por el art. 250 de la ya mencionada norma adjetiva; por infracciones a la Ley sustantiva y procesal en el fondo y la forma; por causales previstos en los arts. 253 y 254 del adjetivo civil; correspondiendo que en las diversas causales de procedencia del recurso en las que el recurrente funda su petición, cumpla con la carga legal prevista en el art. 258.2 del ritual civil, que señala: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, (…), la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. (…)…” [sic], es decir, el recurrente debe evidenciar las infracciones y los errores de hecho o de derecho en los cuales pudieron incurrir las autoridades de grado o tribunales de instancia a tiempo de resolver las pretensiones deducidas en el proceso, no siendo suficiente la cita de disposiciones como infringidas sin la debida fundamentación.

El recurso traído a casación que se analiza, omite subsumir sus observaciones al Auto de Vista  en una de las causales de procedencia del recurso, señaladas por los arts. 253 o 254 del CPC, por cuanto el recurrente no fundamenta de manera precisa y específica las causales de procedencia en las que basa la interposición de su recurso ya sea en el fondo o en la forma o en ambos a la vez; omitiendo asimismo observar la exigencia de cumplimiento de los requisitos esenciales que debe reunir el recurso, conforme la provisión normativa establecida en el art. 258.2 del ya señalado CPC, ante lo cual se hace imperativo remarcar que el recurso de casación en el fondo se fundara en las causales de procedencia por errores de derecho referidos a la infracción de normas sustantivas violadas, erróneamente interpretadas o aplicadas indebidamente por los tribunales de instancia o cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, conforme lo señala expresamente el art. 253 del ritual civil, mientras que el recurso de casación en la forma, se debe fundar en errores en la aplicación de la Ley procesal, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas por los tribunales de instancia identificadas expresamente en las causales de procedencia del art. 254 del CPC, causales de procedencia ausentes en el presente recurso.

Por ello al margen de exponer las causales de procedencia en las que se fundaré el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce. El contexto descrito muestra que el recurrente no ha llegado a vislumbrar los reales alcances del recurso extraordinario, recurso que no se constituye en una tercera instancia de revisión del proceso, como se infiere de la exposición del recurrente; debiendo elucidar que la función de la casación no es precisamente analizar las pretensiones de las partes, sino el de comprobar el proceder de las autoridades judiciales de instancia en la aplicación de la Ley sustantiva o de la Ley procesal, en la resolución de la causa; para lo cual es precisamente el recurrente quien debe cumplir con la carga procesal del ya nombrado art. 258.2, que se subsume en su deber de identificar aquellas infracciones o errores de hecho y derecho, en las que se hubiese incurrido en la resolución; y encuadrarlas a las causales de procedencia del recurso catalogados en los arts. 253 y 254 del ya nombrado ritual civil, evidenciándose en el caso de autos la ausencia de causal alguna de procedencia del recurso exigida por Ley para poder ingresar a su resolución, toda vez que le corresponde al recurrente accionar la causal de casación en la cual sustenta su impugnación al Auto de Vista con el objeto de que este Tribunal abra su competencia y proceda a revisar y evidenciar en su caso, los posibles errores de hecho o derecho en los que pudiese haber incurrido el Tribunal de Alzada.

Por todo ello resulta imperativo para este Tribunal aclarar que ante la formalidad y seriedad que reviste la interposición del Recurso Extraordinario de Casación; instituto jurídico instituido para la defensa de las partes en contención, el cual no puede ser interpretado por el accionante como una tercera instancia de debate del proceso o un acto indiscriminado de repetición de fundamentos en las instancias del proceso, como acontece en el caso sub-lite en el cual el recurrente repite en sede casacional los mismos argumento y pruebas esgrimidas en su respuesta a demanda coactiva y en su escrito de apelación, fundamentos que fueron ya ampliamente debatidos y rebatidos en Sentencia, informe técnico emitido por asesor técnico del juzgado y en Auto de Vista, mostrándose que todos los descargos presentados fueron rechazados por inadmisibilidad e impertinencia de la prueba, art. 376 CPC, y que su pedido de perito neutro también fue atendido bajo el entendimiento de que el Juez y del Tribunal de apelación y el informe técnico mostraban con claridad la impertinencia del pedido, pese a que por mandato del art. 375 del CPC la carga de la prueba incumbe al coactivado y era este quien debía ofrecer esa prueba y no la instancia jurisdiccional como pretende endilgar el recurrente.

En el contexto señalado, al no haber cumplido el recurrente con la especificación de causal alguna de procedencia del recurso y tampoco cumplir con la carga procesal prevista en el art. 258.2 del CPC, por desconocimiento de una adecuada técnica jurídica que el recurrente debe imperativamente observar en la formulación de esta acción extraordinaria, y al no poder suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrió el recurrente, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, siendo compelido a obrar conforme al art. 271.1 y 272.2 del CPC, por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 1 y 24 de la Ley de Procesamiento Coactivo Fiscal, aprobado por Decreto Ley Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley 1178.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE, el recurso de casación interpuesto por Robert Quiroga Gómez de fs. 268 y vta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera