TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 775

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 552/2011-S

Demandante: Jorge Rey Paredes Grageda  

Demandado: Samuel Quilca Cusuhui

Distrito        : Cochabamba 

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 103 a 109 vta., interpuesto por Samuel Quilca Cusuhui contra el Auto de Vista N° 205/2011 de 22 de septiembre, de (fs. 97 a 98 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Jorge Rey Paredes Grageda contra el recurrente, la contestación al recurso de (fs. 112 vta.), el Auto de 15 de noviembre de 2011 que concedió el recurso de (fs. 113), los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Presentada la demanda de fs. 3 a 4 y tramitada la causa, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió la Sentencia de 18 de julio de 2009 a fs. 61 a 64, declarando probada la demanda, ordenando que Samuel Quilca Cusuhui cancele a favor del actor dentro de tercero día de ejecutoriado ese Fallo la suma de Bs.6.683,33.- por concepto de beneficios sociales consistentes en reintegro de salarios noviembre 2008, (aguinaldo 2008 11 meses doble por su incumplimiento), vacación 2008 (15 días), todo conforme al detalle que se tiene inmerso en la Sentencia.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandante Samuel Quilca Cusuhui, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista N° 205/2011 de 22 de septiembre de fs. 97 a 98 vta., confirmó la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

I.2  Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia, motivó que Samuel Quilca Cusuhui, mediante memorial de fs. 103 a 109 vta., interponga recurso de casación, bajo los siguientes argumentos:

       Arguye que el actor realizaba trabajos temporales por porcentajes como centajista, situación que era como una "sociedad", que no se tomó en cuenta la sana crítica, por cuanto el actor indica que es tornero (fs. 2), empero en su propia confesión provocada manifiesta que fuera técnico en máquinas, dato que no coincide con lo contenido en su cédula pues señala que es estudiante.

       Dando un bosquejo sobre la diferencia entre Tornero y Maestro tornero, dice el recurrente, que si bien es cierto que la razón social se denomina "Tornería Kanata", no refiere a que se realizara trabajos en el lapso de 8 horas diarias, pudiendo este tiempo fluctuar, tal como se acredita a fs. 1, que da cuenta el tipo de trabajos realizados en el lugar, y que no se enfocan exclusivamente en faenas de tornería; más cuando por la habilidad manual del actor era requerido en otros talleres para realizar también trabajos de tornería; agregando, que el personal de planta para los trabajadores de reconstrucción de muñones y otros es aquel que tiene “conocimiento en la materia como ser los ayudantes de mecánica; pues un maestro tornero simplemente…elabora la pieza que se le solicita” (sic)

       Sobre la certificación de fs. 51, señala que no fue considerada por no provenir de una institución pública, cuando "Tornería Kanata" tampoco es una institución pública, calificando tal extremo como un acto discriminatorio al no haberse tomado en cuenta una prueba tan importante para su defensa.

Sobre las declaraciones cursantes a fs. 31, 53, 54, 55, 57, precisa que ellas solo corroborasen que el actor no probó que prestó servicios en la “Tornería Kanata” desde el 1 de noviembre de 2007 al 1 de diciembre de 2008, añadiendo que el demandado no pudo entablar relación laboral con el actor al ser éste una persona “tan conocida en el medio debido a su profesionalidad y ocupación…menos pagar un sueldo menor a lo que vale su conocimiento” (sic)

En relación al salario de Bs.2.800.- pretendido por el actor, extrayendo porciones de las testaciones de fs. 31, 53, 53 vta., 54, 55, 57 vta., concluye que no se probó que el actor recibiese tal monto como sueldo, enfatizando que “ninguna persona trabaja por menos siendo que gana más” (sic), incluso de tenerse presente que el propio actor manifestó ganar una cifra superior; agregando que no se adeuda un reintegro de salario pues en las testificales no se declaró nada.

       Mencionando la confesión provocada del demandante y las declaraciones testificales de descargo alega que probó que el actor trabajó bajo la modalidad de centajista, puesto que los testigos manifestaron que se lo veía algunas veces, que algunas semanas trabajaba y otros sólo dos días, que se lo veía raras veces y que trabajaba porcentaje, asimismo, se desprende el hecho que el actor vendía repuestos y accesorios del taller, realizaba cobros extras a cuenta propia, que peleó con varios trabajadores del taller, y se le cancelaba por el trabajo realizado o en forma diaria o cuando concluía el trabajo realizado.

       Señala que, conforme el art. 4 inc. b) del Reglamento de la Ley general del Trabajo (DR-LGT) no se consideran empleados a aquellos cuyos servicios sean discontinuos; situación que -dice- fue probada por sus testigos y no tomada en cuenta por los de instancia, tal es así prosigue- el Auto de Vista realizó una errónea aplicación toda vez que los hechos no se encierran en las características de una relación laboral dispuesta en el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 28699. La Sentencia y Auto de Vista se limitan a la genérica de los caracteres de la relación laboral y no explican o determinan en qué consisten cada una de ellas o los alcances de dichos caracteres, lo que determina una absoluta falta de sindéresis al emitir el Auto de Vista.

Indica además que el art. 47 de la LGT estatuye como jornada efectiva de trabajo al tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono y el art. 35 del DR-LGT dispone que ese tiempo es aquel durante el cual el trabajador permanezca a disposición del patrono en el lugar de la faena, sin poder disponer libremente de su tiempo, concluyendo que la persona que asuma la calidad  de trabajador debe permanecer a disposición plena o total del empleador durante la jornada de trabajo que corresponda, es decir de lunes a sábado, durante 8 horas diarias, en el horario establecido por la empresa y obligado a cumplir el sistema de control del horario; implicando también que con esos elementos es presente una relación de dependencia y subordinación, lo que constituye la generalidad en una relación laboral, extremos que los juzgadores no pueden identificar en esta descontinúa construcción de piezas en el torno, sin efectuar un mayor examen laboral.

Precisa que un factor en la determinación de la existencia de la relación laboral es la libre disposición del tiempo durante la jornada laboral, así como la prestación de trabajo, elemento sobre el cual el Auto de Vista limita su pronunciamiento a una simple alusión o mención genérica inapropiada.

Al amparo del art. 4 del DR-LGT, en el caso de los empleados, independientemente de la existencia de subordinación o dependencia, prestación de trabajo por cuenta ajena y el pago de salario o remuneración, necesariamente los servicios deben ser prestados en el lugar designado del empleador y deben ser de forma continua, para que sean considerados empleados o considerar la existencia de una relación laboral. Ante la evidencia que la construcción de piezas en el torno por el actor de forma discontinua, implica la inexistencia de una relación laboral.

Asimismo en el orden del art. 52 de la LGT, el sueldo o salario o remuneración que perciba un trabajador debe responder a la naturaleza jurídica de carácter permanente, de modo que la característica esencial de la remuneración o salario laboral exige que el mismo sea permanente y no discontinuo  o  con interferencias   en cuanto al tiempo, normativos inherentes al carácter esencial de ser permanente, tampoco han sido examinados en el Auto de Vista.

En relación al principio laboral supremo en material laboral, el art. 4 del DS N° 28699 inc. d), se advierte con claridad el principio vital en este caso el cual es el principio de la primacía de la realidad laboral en este caso en concreto es base fundamental para poner en evidencia que los actos no son propios de una relación laboral que tenga que tener como resultado los antojadizos beneficios que pretende ilegalmente el actor.

Sin embargo, el pago en dinero que concierne a una obra construcción de piezas en torno o la elaboración de un producto no reúne las condiciones de una relación laboral y  tampoco los caracteres que conciernen al salario o remuneración, lo que lleva a la conclusión que un contrato de obra, servicios o de producción, en tanto, no reúna las condiciones propias de una relación laboral y los caracteres inherentes a la remuneración o salario no se acomoda al tipo o no se adecúa a la disposición del art. 5 del DS N° 28699, como tampoco a la disposición del art. 4 de la L. G. T.

I.2.1. Petitorio

Finaliza el mismo manifestando interponer el recurso de casación de fondo, al amparo del art. 253.1) y 3 del Código de Procedimiento Civil (CPC) solicitando en aplicación a lo dispuesto por el art. 271 inc. 4) del CPC, case el Auto de Vista y a su vez la Sentencia.

I.2.2. Contestación al recurso

Jorge Rey Paredes Grageda en la contestación al recurso de casación manifiesta que las pruebas acompañadas en a lo largo del proceso, desemboco en la correcta emisión de la Sentencia; que el Tribunal de apelación realizo también un estudio minucioso de todo lo obrado como se explica en el Auto de Vista confirmando la Sentencia; que el demandado va esgrimiendo todos los recursos necesarios, sin tener base legal ni fundamento jurídico que desvirtué la demanda, por lo que se debe de imponer costas.    

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Planteado el recurso de casación en el fondo, se advierte que la controversia principal se circunscribe a cuestionar la relación de dependencia laboral establecida por los de instancia, reputando la misma como de inexistente, en razón al trabajo de tornero que ejercía el actor durante algunos días en calidad de centajista; por lo cual, encontrándose en cuestionamiento la relación de dependencia laboral como punto principal del recurso, conviene previamente, realizar las siguientes precisiones:

II.1.1 La LGT y su Decreto Reglamentario DR-LGT coincidentemente en su art. 5, establecen que el contrato de trabajo es el medio por el cual una o más personas se obligan a prestar servicios manuales o intelectuales a favor de otra u otras personas, de ello se comprende claramente que la fuente de la relación laboral y consecuente amparo de la LGT emerge precisamente del denominado contrato de trabajo, que puede pactarse de manera verbal o escrita; ahora bien, en el Derecho Laboral boliviano, es cuestión firme, que con el fin de distinguir y determinar la relación laboral propiamente dicha de la gama de negocios jurídicos emergentes de la práctica contractual, se reconozcan condiciones y características materiales, plasmadas en hechos concretos más no en la literalidad gramatical de los documentos, que denoten la existencia de aquella relación.

En esencia todo trabajo, más allá al grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio, constituye una prestación a favor de otro, existiendo siempre la realización de un acto, la prestación de un servicio o bien la ejecución de una obra; en tal marco, el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, anuncia las características esenciales de la relación laboral, consistentes en: a) La relación de dependencia y subordinación  del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Sobre este particular, en similar entendimiento el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que en las relaciones laborales dónde concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación  de la LGT.

En el marco de lo señalado, se deberá tener en cuenta que:

a) La subordinación y dependencia, componen el elemento principal para la identificación de la existencia del contrato de trabajo y consecuente relación laboral; la doctrina en la materia reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando detentado por el empleador, al que le es correspondiente un deber de obediencia por parte del trabajador, quien presta la labor o el servicio.

En este elemento, el poder jurídico al que refiere el párrafo precedente implica la facultad del empleador en dirigir e imponer reglas en la actividad laboral; este elemento lleva implícito al denominado poder disciplinario del empleador que es ejercido por éste sobre la trabajadora o el trabajador, en relación a normas o parámetros sobre el desempeño de la labor o servicio, esta facultad, obviamente, se circunscribe únicamente a la actividad laboral, gravitando en torno a los efectos propios de esa relación laboral en el marco del respeto por la dignidad, la intimidad y los derechos de la o el trabajador.

Ciertamente, la subordinación puede ser explicada, a partir de la percepción de una dependencia que conecte al empleador con el trabajador. En sentido amplio se identifican como: i) La dependencia técnica, consiste en la subordinación, como la obligación del trabajador de someterse a instrucciones sobre las formas, métodos o técnicas de realizar y elaborar el trabajo; ii) La dependencia económica, que significa que las labores prestadas por el trabajador tiene como fin el obtener una remuneración por parte del empleador; iii) Por dependencia jurídica, se entiende a la potestad de orden jurídico que tiene el empleador, para dar órdenes e instrucciones en cualquier momento de la vigencia de la relación laboral, y en la obligación equidistante del trabajador para acatar su cumplimiento.

Lo anterior conlleva una descripción del significado clásico de la subordinación o dependencia donde se la relaciona, con el sometimiento del trabajador a la potestad jurídica del patrono; por ello basado en ese entendimiento, dado que las profusas manifestaciones de las relaciones de y del trabajo, hacen aquella comprensión, en algunos casos, insuficiente para la determinación precisa de la existencia de la relación laboral; en esa lógica la Sala considera necesario hacer mención a la ajenidad como fuente esclarecedora para determinar esa relación, en tal sentido, se tiene que “existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal -trabajador- se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueña de los factores de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto -ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida -remuneración-, por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro” (Sentencia N° 788 de 26 de septiembre de 2013, Sala de Casación Social, Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela)

b) El trabajo por cuenta ajena, representado en una labor personal ya sea física o intelectual que conlleva la realización de actos materiales, ejecutados por el trabajador con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador, ya sea una persona natural o jurídica, indistintamente. Tanto el costo del trabajo, producto, como los resultados son destinados al empleador,  que corre con todos los riesgos, y aprovecha de los resultados; recibiendo el trabajador en tal tipo de relación solamente una remuneración por su labor, sin que se vea afectado por el resultado económico de esa operación. Desde esta perspectiva, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres características esenciales: a) Que el costo del trabajo corra a cargo del empleador; b) Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio de aquél; y, c) Que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo.

c) Remuneración o salario, como otro elemento de la relación de trabajo, es la contraprestación por el trabajo desarrollado, es decir el pago de un salario. En términos generales “salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar” (C095 - Convenio sobre la protección del salario; 1949, Organización internacional del Trabajo).

Asimismo, como se tiene anticipado supra, por determinación de la Legislación boliviana, el contrato de trabajo puede ser pactado por tiempo indefinido, cierto tiempo o la realización de obra o servicio, conforme señala el art. 12 de la LGT; a su turno el art. 1 del Decreto Ley (DL) Nº 16187, en su segundo párrafo expresa que "...A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario...".

Un último aspecto que se debe considerar en la materia constituye el Principio de primacía de la realidad, constitucionalizado en el país en razón a la trascendental protección que la Constitución Política del Estado (CPE) brinda a las y los trabajadores, considerados como principal fuerza productiva de la sociedad; así el art. 48.II de la Norma Cúspide, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

II.1.2 Dadas las especiales características que rigen y dan luces al Derecho Laboral, que no son otra cosa que el propio resultado de las especiales circunstancias que se manifiestan en el universo de las relaciones laborales, el principio de primacía de la realidad, es entendido como, la valoración preferente de las condiciones reales que presentasen en los hechos, los cuales se superponen a los contenidos que consten documentalmente. Dicho principio establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo”). En análoga dirección se ha dicho que "...Conforme a [este principio], cuando no hay correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se pactó o se documentó, hay que dar primacía a los primeros. Prima la verdad de los hechos (no la forma) por sobre la apariencia". (VIALARD VÁSQUEZ, Antonio; citado en el Auto Supremo Nº 007 de 28 de marzo de 2012)

En el ordenamiento jurídico nacional, el art. 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, señala que por el principio de primacía de la realidad, prevalecerá la veracidad de los hechos a lo determinado por el acuerdo de partes; de ello se comprende que tal principio se constituye en un parámetro sobre el cual el juzgador laboral, estimará la resolución del conflicto que le fue puesto en conocimiento, a la necesaria identificación previa de la existencia de un contrato de trabajo bajo un análisis que sobreponga lo acontecido en los hechos sobre el contenido de los documentos.

II.1.3 Analizando el caso presente con base en lo anterior expuesto, éste Tribunal coincide con los de instancia en relación a que entre las partes existió una verdadera relación de dependencia laboral, por cuanto en los hechos, el demandante se encontraba incorporado en la estructura organizativa de la empresa, percibía un sueldo mensual y se encontraba subordinado a las órdenes y directrices del empleador, así como en los días que le correspondía trabajar se encontraba sometido a la jornada laboral establecida por el empleador, amén de que todos los gastos de operación o costo del trabajo, así como el suministro de material, equipos e instrumentos para el desarrollo de trabajo corría a cuenta del empleador, existiendo las características propias de la relación laboral, conforme los arts. 1.a) y 2.a) de los DDSS Nos. 23570 y 28699.

Asimismo las afirmaciones del recurrente en sentido que el actor realizaba trabajos en su taller de forma esporádica en condición de centajero; de ello en obrados no existe fundamento alguno que acredite dicha situación, habiendo negando inclusive que él no era el propietario del taller tratando de eludir su responsabilidad, considerando que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, como nulas las convenciones en contrario o que tienda a burlar o desvirtuar sus efectos al tenor de los art. 162 parágrafo II de la CPE de 1967 (abrogado), y expresado por el DS Nº 28699 de 1 de mayo del 2006,  De la misma forma tampoco existe memorándums de llama de atención por el que se acredite el carácter irreverente, e irresponsable o negligente que presento el trabajador dentro su fuente laboral como aduce el recurrente, es decir no llegó a desvirtuar la relación de dependencia laboral existente con el actor, a más de certificaciones y las declaraciones tanto testificales como de confesión provocada, que no resultan suficientes para enervar lo que en los hechos se puede constatar (primacía de la realidad) y, siendo así, mal podría someterse a censura la decisión de Alzada.

Es importante tener presente que las disposiciones sociales son de orden público y se encuentran al margen de las convenciones o de acuerdos a los que pudieran arribar los particulares, de donde emerge la obligatoriedad, a objeto de evitar que los derechos del trabajador sean burlados, constituyéndose en derechos irrenunciables.

En la especie, el recurrente pretende que en casación se ingrese a la censura de las resoluciones de grado acusando que las mismas habrían formado convicción sobre prueba insuficiente, desconociendo que en tales casos la ley autoriza fallar con sustento en el principio in dubio pro operario, de tal modo que, de existir duda sobre los hechos, se estará a lo que más favorezca al trabajador, lo que no sería posible en caso de que el demandado hubiese desvirtuado con prueba fundante las pretensiones del demandante, lo que no ocurrió en autos.

Por los fundamentos expuestos se concluye no ser evidentes las infracciones acusadas por el recurrente, correspondiendo resolver el recurso conforme a la previsión de los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Samuel Quilca Cusuhui. Con costas.

Se regula el honorario profesional del Abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 500.-, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera