TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 774

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 562/2011-S

Demandante: Ana María Bonilla Quiroz

Demandado: Fundación Monseñor Julio Terrazas

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 292 a 301 vta., interpuesto por Mauro Cadima Guzmán, en representación de la Fundación Monseñor Julio Terrazas, impugnando el Auto de Vista Nº 134/2011 de 24 de marzo, de fs. 245 a 246 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido por Ana María Bonilla Quiroz contra la Fundación recurrente; la respuesta de fs. 336 a 338, el Auto de 28 de octubre de 2011 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitada la demanda interpuesta, el Juez tercero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió Sentencia Nº 723 de 17 de mayo de 2010, cursante de fs. 216 a 218 vta., de obrados, que declaró improbada la demanda de fs. 15 a 16 vta., con costas, en virtud a que la ruptura del vínculo laboral fue por incumplimiento parcial del contrato de trabajo en relación al Reglamento Interno de la institución demandada, por consiguiente, no correspondía el pago de desahucio ni indemnización; asimismo no correspondía el pago de la última vacación al evidenciarse que la demandante hizo uso de su derecho a la vacación, en cuanto a los años anteriores no correspondía su pago por no ser acumulable el derecho, salvo convenio escrito. Tampoco correspondía el pago de la multa por el despido justificado, en razón de la inexistencia de finiquito por los fundamentos expuestos, lo que hacía inaplicable lo dispuesto por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, máxime si la norma referida no es retroactiva y la ruptura del vínculo laboral fue antes de su vigencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 115. II y 123 de la CPE.

         I.2 Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por Antonio Suarez Aguilar, en representación de Ana Bonilla Quiroz (fs. 233 a 235), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció Auto de Vista Nº 134/2011 de 24 de marzo (fs. 245 a 246 y vta.) que revocó en todas sus partes la Sentencia Nº 30 de 17 de mayo de 2010, sin costas y, pronunciándose en el fondo, declaró probada en todas su partes la demanda de fs. 15 a 16 vta., ordenando a la Fundación Monseñor Julio Terrazas cancele de acuerdo al detalle: desahucio 3 meses, indemnización 4 años y 2 días, vacación 22 días más la multa del 30%  la suma de Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve 00/100 Bolivianos (Bs. 34.859), más actualizaciones y reajustes establecidos por ley en favor de la actora.

I.3  Motivos del recurso de casación

El fallo mencionado, motivó que Mauro Cadima Guzmán, en representación de la Fundación Monseñor Julio Terrazas formule el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 292 a 301 vta., en el que expresa lo siguiente:

       En el fondo

Acusó la violación del art. 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT) porque el ad quem pese a reconocer que el juez a quo no tomó en cuenta la literal de fs. 219 a 227 al dictar Sentencia, y siendo que la misma no fue ofrecida ni producida en segunda instancia le dio valor amparándose en la libre apreciación de la prueba, inobservando los arts. 3. j), 158, 149 y 208  del CPT y los arts. 232, 233 y 396 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que establecen los plazos de ofrecimiento de prueba en primera y segunda instancia y el procedimiento para dicho ofrecimiento, siendo incorporado al proceso por la mera arbitrariedad del Tribunal de apelación.

Añadió que dicha documentación no corresponden a un testimonio como lo afirma el Auto de Vista, son simples fotocopias que no tienen valor de prueba. El ad quem para valorarlas como prueba las aceptó como si fueran testimonio, aceptación vulnera los arts. 106, 400 y 1309 del CPC y 1311 del Código Civil (CC).

Por otra parte, acusó la existencia de error de derecho, pues la valoración de la prueba realizada por el juez a quo se sustentó en prueba legalmente  presentada y producida dentro del plazo legal y ante autoridad competente, sin embargo el Tribunal de apelación negó valor a dicha prueba y en franca violación de los arts. 396 y 233II del  CPC, otorgó valor a la prueba literal de fs. 219 a 227, vulnerando el orden público. Asimismo incurrió en error de hecho al valorar simples papeles cuando los mismos no fueron presentados en la forma y el plazo que establece la ley y no constituyen prueba de reciente obtención, porque la actora fue notificada con el Auto de desestimación de querella el 9 de mayo de 2007 y la pericia data del 1 de febrero de 2007, en consecuencia la época de su conocimiento coincide con el de ofrecimiento y producción de la prueba ante el juez a quo que precluyó el 14 de mayo de 2010, por lo que la demandante perfectamente pudo ofrecer esa prueba y no después de haberse dictado sentencia fuera del plazo legal como ocurrió.

En la forma

El art. 254 del CPC dispone que: procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o Auto recurrido hubieran sido dictadas otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los Tribunales.

En el caso, el Tribunal de apelación fue más allá de lo pedido ya que de la lectura del recurso de apelación puede establecerse que la actora no ofreció ni produjo en apelación las literales de fs. 219 a 228, si bien en cuatro oportunidades protestó hacer llega esa prueba en el marco del art. 231.I del CPC no lo hizo. Por otra parte, si bien de los argumentos de su recurso solicitó la revocatoria de la Sentencia no lo hizo sobre la base de la referida prueba. Es decir que el Tribunal ad quem otorgó más de lo pedido por las partes siendo por lo mismo su determinación ultra petita y, si bien, en materia laboral el juez puede fallar extra y ultrapetita sólo cuando se trate de salario mínimo, básico, vacaciones.

Del mismo modo actuó al ordenar el pago de la multa del 30%, pues dicha multa no ha sido parte del recurso de apelación.

  I.3.1  Petitorio

Por lo expuesto, solicitó al Tribunal de Casación resuelva casando el Auto de Vista Nº 134 de 24 de marzo de 2011, que cursa a fs. 245 a 246 de obrados, sin perjuicio de lo señalado podrá también ser decisión del Supremo anular el Auto de Vista, instruyéndole el de Alzada que con seriedad y apego a las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio dicten nuevo Auto de Vista, sea con costas.

      CONSIDERANDO II:

      II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

El recurrente refiere que,  el Tribunal de alzada no respetó lo previsto  por el art. 57 de CPT,  por que no debió valorar la prueba que cursa en el dossier de fs. 219 a 227 ya que no fue ofrecida oportunamente, aplicando en todo caso erradamente la sana critica, además de tomarla como si fuera un testimonio y que en realidad no lo es, siendo además que no que se encuentra legalizada, continua refiriendo que la prueba en cuestión no fue solicitada por el Juez de grado, asimismo con el sello de decreto de autos para Sentencia no pudo haberse producido más prueba.

A fin de resolver al presente controversia corresponde precisar que, en materia laboral siendo manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo a la prueba documental, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación.

En el caso presente la parte demandante mediante memorial de fs. 228 presenta prueba documental que cursa de fs. 219 a 227, asimismo dicho memorial es  decretado en 15 de julio de 2010, conforme consta a fs. 228 vt.  manifestando “Con la prueba de reciente obtención se la admite con  noticia contraria previo juramento dispuesto por el art. 331 del CPC” (sic) en este caso el juzgador acepta la presentación de la prueba documental e impone la formalidad prevista por el art. 331 del CPC, que  es cumplida el 27 de julio de 2010, conforme se advierte por el acta de  juramento de fs. 231,  ahora bien si bien es cierto las literales de fs. 219 a 227 no fueron ofrecidas durante la proposición del término probatorio o en segunda instancia no es menos cierto que la prueba documental puede ser ofrecida en cualquier momento conforme lo rige el art. 331 del CPC,  lo que en el caso presente ocurrió además de haber sido admitida y su existencia no puede ser negada; asimismo el Juez  de  Primera instancia no tenía la oportunidad de poder valorarla y no existía óbice legal alguno para que dicha tarea sea efectuada por el Tribunal de Alzada como efectivamente lo hizo, debiendo siempre tomarse en cuenta el principio de la primacía de la realidad sobre la formal, por tal motivo el a quo, al concluir que “…dicho peritaje saliente de fs. 221 a 227 realizado dentro del citado proceso penal instaurado por el Delito de Apropiación indebida contra Ana Bonilla Quiroz y en virtud de la cual el señor Juez de Partido y Sentencia de Vallegrande ha desestimado la querella de la parte empleadora tal y como consta a fs. 219 a 220,  vuelta, constituye plena prueba por cumplir con los requisitos previstos por el art. 400 del Código de Procedimiento Civil, por lo que dan convicción de certidumbre sobre la extinción de la  relación laboral por Despido Intempestivo e injustificado en contra de la ex trabajadora y demandante, en atención a lo señalado por los Arts. 158, 182 inciso c)  y d) y 200 todos del CPT “(sic), habiendo otorgado en todo caso el tribunal de alzada una valoración y análisis de los documentos cuestionados, y en consecuencia habiendo cumplido con la facultad que tiene de valorar prueba porque si bien es un tribunal de segunda instancia pero también se constituye en un Tribunal de hecho, no habiéndose demostrar que dicha valoración hubiera sido errada o de qué manera o en qué forma se hubiera  efectuado una incorrecta ponderación de dichas pruebas documentales, por lo que no resulta ser  cierto lo manifestado  por el recurrente, máxime si la valoración de prueba es incensurable en esta instancia casatoria.

Por otro lado la el recurrente sostiene haberse fallado de manera ultra petita porque el Auto de Vista otorgó beneficios que no fueron solicitados en apelación y que al ser considerados merecen la nulidad de la resolución impugnada.

Nuestro ordenamiento procesal no define el concepto jurídico de ultrapetita, pero en su defecto, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado la noción del expresado vicio formal de la sentencia, consistente según ellas en un exceso de jurisdicción del juzgador al decidir cuestiones no planteadas en la litis concediendo generalmente a alguna parte una ventaja no solicitada, en otros términos, dando más, o más allá de lo pedido que es la significación etimológica del vocablo. A los efectos de la nulidad del fallo, los expositores y la jurisprudencia, han asimilado a la ultrapetita propiamente dicha, como vicio de extrapetita que se configura cuando el juez decide sobre materia u objeto extraño.

En el presente caso no existe ninguna causal que determine disponer la nulidad del proceso, y mucho menos lo referido a haber fallado de manera ultra petita, porque si bien es cierto en el recurso de apelación de fs. 233 a 235 el apelante no hace un detalle pormenorizado de los conceptos de desahucio indemnización y vacación, no es menor cierto que el objeto de dicho recurso se encuentra orientado a revocar la Sentencia que declara improbada la demanda, consecuentemente el recurso de apelación se encuentra estrechamente relacionado con el memorial de demanda de fs. 15 a 16 vta., donde, si solicita los derechos resueltos en Segunda Instancia, es por tal motivo que no existe un fallo ultra petita, pues se  resolvió sobre cuestiones que se encontraban en discusión.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de la parte demandante al carecer de sustento legal, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Mauro Cadima Guzmán Ugarte en representación de la Fundación Monseñor Julio Terrazas de fs. 2932 a 301 vta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera