TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSO ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 773

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 250/2011-A

Demandante: Club The Strongest

Demandada: Gobierno Municipal de La Paz

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de Casación interpuesto por Kurt Emmil Reintsch San Martin en representación legal del Club The Strongest de fs. 319 a 322 vta., contra el Auto de Vista  N° 74/2011 SSA-I de 16 de junio, cursante en fs. 315 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por la El Club The Strongest, en contra del Gobierno Municipal de La Paz, el Auto que concedió el recurso a fs. 335; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, planteada la demanda Contencioso Tributario, tramitado el proceso, la Jueza Segundo de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, pronunció Sentencia Nº 17/2010 de 9 de diciembre (fs. 257 a 262), declarando probada en parte la demanda de fs. 51 a 54, por consiguiente anula obrados hasta el vicio más antiguo disponiéndose: PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución Determinativa (RD) Nº 2323/2007 de 25 de julio de 2008 hasta que la Administración Tributaria Municipal regularice procedimiento conforme al fundamento jurídico expresado. SEGUNDO.- Se abstiene de emitir criterio jurídico sobre la jurisdicción a la que pertenece la Empresa demandante por las consideraciones del numeral 8 de dicha Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la entidad demandada de fs. 267 a 274, es resuelto por Auto de Vista  N° 74/2011 SSA-I de 16 de junio, cursante en fs. 315 y vta., por la cual la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, revoca la Sentencia Nº 17/2010 de 9 de diciembre y deliberando en el fondo declara firme y subsistente la RD impugnada Nº 2323/2007de 25 de julio de 2008.

I.2. Motivos del recurso de casación

       En conocimiento de aquel Auto de Vista el Club The Strongest, a través de sus representantes, opone recurso de casación en la forma y en el fondo, como se destaca del memorial corriente de fs. 319 a 322 vta., en el que previa reseña de antecedentes administrativos y jurisdiccionales, plantea como motivos de su recurso:

El Auto de Vista impugnado no analizó los antecedentes del proceso ya que basa su decisión únicamente en el contenido de la apelación de la Municipalidad de La Paz, alegando que la notificación practicada habría sido efectuada en el domicilio en razón de que esa entidad no tomó conocimiento de la existencia de otra entidad dentro del Club The Strongest.

Añade que, el hecho de haber interpuesto la demanda contencioso tributario tuvo como fin la protección de sus derechos en relación a las notificaciones de la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo, y RD, pues éstas fueron practicadas en una persona que no corresponde y en un domicilio diferente al instituido, tal cual constase en antecedentes los administrativos remitidos por esa Municipalidad.

Añade que, lo erróneo de aquellas diligencias fueron puestas a conocimiento de la entidad edil, señalando además el porqué de ese equívoco, por cuanto “…la determinación asumida por Asamblea de Socios de 4 de marzo de 1976 concordante con el Acta de Asamblea Extraordinaria de 18 de noviembre de 1996, todo inmerso en la Resolución No. 05/06 de 18 de noviembre de 2006 mediante las cuales se establece…que el Club Deportivo es propietario legítimo del Complejo deportivo, en sujeción a lo determinado por los actos señalados, se establece una representación legal y gestión propia e independiente por delegación del Directorio Central del Club…siendo presidido y representado por una comisión especial de administración con atribución y funciones distintas al Club deportivo y contando ambos entes para efectos impositivos y de representación legal con números de identificación tributaria distintos” (sic).

Refuta la conclusión del Tribunal de Alzada sobre el incumplimiento del art. 1311 del Código Civil (CC) en relación a las documentales de fs. 150, sin embrago prosigue- lo relativo a la Resolución Nº 05/06 se halla debidamente legalizado (a fs. 31 a 33 y 119 a 121), además de contarse en antecedentes con otros documentos también debidamente legalizados sin que este aspecto haya sido valorado correctamente por el Auto de Vista impugnado.

El Tribunal de Alzada revoca la Sentencia de grado, bajo el argumento de no haberse aclarado aquella circunstancia al ente municipal, situación que -reitera- es vista a fs. 126 a 128 de los antecedentes administrativos y da a conocer la situación jurídica del Club The Strongest, siendo diferente que la Municipalidad “no haya hecho caso a lo señalado en dicha nota y proseguir los trámites cuando tenían toda la alternativa legal de sanear lo que se advirtió y volver a notificar los actuados previos con la finalidad de que el Club se ponga  a derecho” (sic).

       I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que la entonces Corte Suprema de Justicia, CASE el Auto de Vista recurrido y confirme la Sentencia de primer grado.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Con carácter previo, es pertinente establecer que, por mandato del art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y art. 17.I, II y III de la actual LOJ Ley 025, la nulidad de actos procesales sólo puede ser declarada, si la nulidad está expresamente determinada por Ley, en ese entendido se tiene que éste Tribunal de Casación puede disponer la nulidad en dos casos:

a) De oficio. En aplicación del art. art. 15 de la LOJ, contemplada actualmente también en el art. 17. I de la LOJ y 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por el cual la nulidad de oficio del proceso procede cuando el Tribunal de casación advierte la existencia de   infracciones que interesan al orden público, cuando: i) Las partes no hubiesen convalidado o consentido un defecto u omisión de procedimiento, siempre y cuando dicho consentimiento o convalidación no vulneren derechos, garantías y principios constitucionales; y  ii) Los actos irregulares de procedimiento dentro de un proceso social, conlleven la inobservancia y transgresión de derechos, garantías y principios consagrados en la CPE.

Se debe precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, por lo que el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación, y celeridad.

b) A solicitud de parte. En los casos en que la parte afectada, hubiese reclamado oportunamente ante los tribunales inferiores y no hubiese consentido o convalidado el acto procesal supuestamente irregular.

En ese contexto, en el caso concreto, existe la solicitud de parte sobre la nulidad de obrados; por ello, este Tribunal está facultado para revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, con el objeto de advertir si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, imponiendo si el caso amerita, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de obrados, según prevé la normativa antes señalada, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso y los principios anulatorios, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo.

Partiendo de dichos principios y conceptos, debe precisarse que no todo vicio procesal por sí mismo constituye un defecto que necesariamente tenga como efecto la declaración de la nulidad de obrados; por el ello, debe realizarse un análisis de relevancia, partiendo no precisamente desde la perspectiva sólo del defecto advertido, sino esencialmente examinar si en el acto procesal concurre un alejamiento ostensible de las formalidades procesales previstas por Ley que como efecto tenga la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Por su parte, el art. 252 del CPC, establece que “el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público”; por esa facultad, el Tribunal de casación está en la obligación incluso de oficio a revisar los actos procesales que se desarrollaron en el proceso judicial y que en los mismos no concurran actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa.

En el caso presente, se advierte que la demanda principal versa sobre dos aspectos, el primero respecto al reclamo de haberse efectuado una notificación deficiente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria así como con sus antecedentes y en segundo lugar sobre la Jurisdicción a la que pertenece el demandante, ahora bien en primera instancia la jueza se abstiene de  emitir criterio respecto a este segundo reclamo argumentando que “ 8. en cuanto a la nulidad por jurisdicción no es posible valorarla cuando una cuestión de forma como las notificaciones no fueron realizadas de modo efectivo que asegure el estado de indefensión” (sic), posteriormente el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista Nº 74/2011 SSA-I de 16 de junio, si bien revoca la Sentencia de primer grado y declara firme y subsistente la RD Nº  2323/2007 de 25 de julio, sin embargo no se pronunció respecto a la segunda petición efectuada en la demanda principal es decir sobre la Jurisdicción a la que pertenece el demandante, en consecuencia al revocar la Sentencia en lo que concierne a la notificación en cuestión, quedó sin respuesta efectiva en lo concerniente a la pertenencia de jurisdicción, pronunciamiento que debió de haberlo efectuado el Tribunal de Alzada por ser un Tribunal de revisión de hecho, y al no hacerlo no le permitió al actor obtener una respuesta razonada y razonable respecto a su petición de pertenencia de jurisdicción puesto que en Sentencia no hubo valoración al respecto,  este hecho es de vital trascendencia y afecta el derecho a obtener una respuesta oportuna conforme lo establece el art. 24 de la CPE y por consiguiente se ve afectado el derecho a la defesa prescrito por el art. 115.II de la norma citada.

Tal situación en consideración de la Sala es con certeza contraria al deber de motivación y fundamentación en las decisiones judiciales, pues este tópico adquiere vital trascendencia por ser la materialización de un mandato otorgado por el pueblo como potestad de impartir justicia a la jurisdicción ordinaria, cual se lee del art. 178.I de la CPE y el art. 11 de la LOJ; y del que, se vislumbra un doble plano, el primero visto desde del Estado, dónde las decisiones judiciales son el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las valoraciones sociales reconocidas en la Ley; y, el segundo desde el punto de vista de los justiciables vinculado con la función garantista del proceso, es decir, el interés de las partes en un juicio justo realizado por un Tribunal independiente e imparcial. Por ello, las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser desembocaduras de un razonamiento explicitado y verificable. Aspectos que como se concluyen no fueron consignados ni fundamentados en la resolución de vista.

Por los argumentos expuestos, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271.3 y 275 del CPC, aplicables por la norma permisiva de los arts. 1 y 24 de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal aprobado por DL Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley No 1178.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el Sello de sorteo de fs. 313 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo Auto de Vista con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del CPC.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV  de la LOJ póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA, HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera