TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 768

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 534/2011-S

Demandante: Mario Isaac Antelo Durán y otros

Demandado: Gobierno Municipal de Concepción 

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca 

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Sandra Serrate Justiniano, en representación legal de Mario Isaac Antelo Durán y otros de fs. 176 a 177 vta., contra el Auto de Vista Nº 215 de 9 de abril de 2011 de fs. 172 a 173 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de Santa Cruz; dentro el proceso social por pago de sueldos devengados y otros, seguido por los recurrentes, contra el Gobierno Municipal de Concepción de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz; el Auto que concedió el recurso a fs. 182; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Auto interlocutorio

En conocimiento de la demanda, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció el Auto interlocutorio de 11 de noviembre de 2010 (fs. 156), mediante el cual se declaró incompetente para el conocimiento y resolución de la causa, señalando que: “los ex funcionarios públicos, tienen la Ley del Estatuto del Funcionario Público y la Ley de Municipalidades, el recurso jerárquico y el de apelación ante la Superintendencia Civil, para el justo reclamo de su demanda,…”(sic). 

I.1.2. Auto de Vista

Contra la citada Resolución, los demandantes interpusieron el recurso de apelación de fs. 160 a 161 vta., que fue resuelto por el Ad quem, que pronunció el Auto de Vista hoy impugnado, mediante el cual confirmó la resolución recurrida; sin costas.

I.2. Motivos del recurso de casación

Contra aquel Auto de Vista la parte demandante opone recurso de casación conforme destaca memorial de fs. 176 a 177 vta., en el que previa reseña de antecedentes procesales, se plantea como motivos del recurso:

i) Señala que, el Auto de Vista conculcó los derechos civiles y constitucionales de los demandantes, adecuándose al art. 254.4 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por violar los arts. 46.I y III y 48.IV de la Constitución Política del Estado (CPE), en lo que se refiere al salario, que las disposiciones sociales son de cumplimiento obligatorio aplicables bajo el principio de protección al trabajador.

ii) Manifiesta que, el Auto de Vista interpretó erróneamente el art. 6 del Estatuto del Funcionario Público, con relación a los derechos de los empleados públicos, que son independientes de las obligaciones salariales.

Haciendo mención al contenido del art. 48 de la CPE, señala que, el Auto de Vista aplicó incorrectamente el art. 6 del Estatuto del Funcionario Público, porque violó el Decreto Supremo (DS) Nº 495 de 1 de mayo de 2010 que modificó el parágrafo 3 del art. 10 del DS Nº 28699 que incluye los párrafos IV y V  en el citado artículo, que establece que la conminatoria del Ministerio de Trabajo es obligatoria y podrá ser impugnada en la vía judicial.

Afirmando que, el salario es un derecho humano, dice que, la negatoria de resolver este conflicto no es correcto, al interpretarse erróneamente el art. 59 de la Ley de Municipalidades y art. 233 de la CPE, normas que nada tienen que ver con respecto a la pretensión de cobro de sueldos devengados, pues no se demandó beneficios sociales; por lo que ante la exigencia de un derecho adquirido corresponde al Juez del Trabajo conocer esta demanda.

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando, se case el Auto de Vista impugnado modificando el Auto Nº 973 de 11 de noviembre de 2010, disponiendo que el Juez asuma competencia en el presente caso.

       CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1. Sobre la competencia del Juez del Trabajo para conocer demanda de sueldos devengados de funcionarios públicos  

       Por los motivos descritos en el acápite que precede, los demandantes, en esencia reclaman que el Tribunal de Alzada al haber confirmado el Auto pronunciado por el Juez de Trabajo, desconoció la competencia que tiene éste respecto a conocer y resolver la demanda de pago de sueldos devengados, habiendo ignorado lo dispuesto por los art. 46 y 48 de la CPE e interpretado erróneamente los arts. 233 de la CPE y 59 de la Ley Nº 2028, pues como funcionarios públicos no demandaron beneficios sociales.

       Respecto a la competencia de los jueces del trabajo para conocer y resolver demandas de derechos consolidados interpuesto por funcionarios públicos, ésta Sala Social, a través de varios Autos Supremos asumió el siguiente entendimiento:

“… el Estado Boliviano se sustenta en principios, valores y fines, conforme se tiene establecido en los arts. 7, 8 y 9 de la CPE, siendo una función esencial del mismo, entre otros, constituir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, garantizando el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, garantizando también, el cumplimiento de los principios, valores y derechos, consagrados en la norma fundamental, también entre otros, de modo que, se cumpla aquel postulado fundamental que se encuentra transversalizado a lo largo de todo el texto constitucional, como es el vivir bien.

Así, el poder público del Estado se encuentra organizado y estructurado para su ejercicio en los cuatro órganos, como el legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, como se tiene escrito en el art. 12.I de la CPE; que, en aquello que nos interesa, recogemos lo señalado por la misma norma fundamental en su art. 179.I, cuando señala que la función judicial es única, cuya jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de justicia, los Tribunales de sentencia y los jueces, y su ejercicio se funda en principios procesales como el de accesibilidad, inmediatez, verdad material, igualdad de las partes ante el juez, entre otros, garantizando además el principio de impugnación en los procesos judiciales, sin reconocer fueros, privilegios o tribunales de excepción, así se tiene establecido en el art. 180 de la norma suprema.

Es el Título II de la CPE, el que establece los derechos fundamentales y garantías de las que goza y debe gozar toda persona en el Estado boliviano, derechos que, de inicio, la norma fundamental los cataloga como universales, inviolables, interdependientes, indivisibles y progresivos, otorgando así un mandato al Estado, sobre el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, garantizando a toda persona, el libre y eficaz ejercicio de los mismos, todo conforme lo anotado en los arts. 13 y 14 de la misma constitución. Con mayor precisión, se atribuye al Capítulo quinto del Título II del texto constitucional, la regulación de los derechos sociales y económicos de las personas, entre ellos, el derecho al trabajo y al empleo, conforme se tiene regulado en la Sección III del referido capítulo, en cuyo contenido se exponen una serie de mandatos y consideraciones referidas a los trabajadores, los derechos de los mismos, la obligación del Estado de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, principios de interpretación y aplicación de las normas sociales, el refuerzo de los derechos y beneficios sociales bajo las características de inembargabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.

Conforme lo expuesto, es evidente que el Estado juega un rol preponderante para promover y proteger los derechos de los trabajadores, de modo que éstos no sean simples enunciados, sino por el contrario, adquieran y tengan vivencia y aplicancia plena en el seno social; ahora bien, es cierto que no todos los que trabajan o prestan un servicio por cuenta ajena, lo hacen bajo el manto de la Ley General del Trabajo (LGT) y sus disposiciones complementarias o conexas; pues, es claro que también existen otro tipo de trabajadores, como los servidores públicos, que de igual manera prestan servicios para el Estado, los que innegablemente también cuentan con derechos laborales que deben ser protegidos si aquello corresponde, en el marco de la norma respectiva que los cobija, sea bajo un procedimiento administrativo que puede ser instado por el servidor público, conforme a la RM Nº 014/10 de 18 de enero de 2010, así como puede hacerlo también ante la judicatura laboral ordinaria de manera directa, pues nada impide que aquello pueda ser así, por cuanto es claro que el art. 73 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, otorga a los jueces en materia de trabajo y seguridad social, la competencia para 4. Conocer y decidir acciones individuales o colectivas, tanto por derechos como por beneficios sociales, y en general, conflictos que se susciten como emergencia de la aplicación de las leyes sociales, entre otros; similar contenido se tenía ya establecido en el art. 152.2 de la Ley de Organización Judicial Nº 1455 de 18 de febrero de 1993. Recalcamos, los derechos laborales también son aplicables a los servidores públicos en el marco de la norma específica que les atañe, de modo que, no necesariamente ha de entenderse como el derecho social, aquello que se encuentra regulado en la LGT o sus disposiciones complementarias o conexas, sino también aquellas que correspondan al ámbito del servicio público, en cuanto a los derechos laborales se refiere.

En coherencia con lo referido precedentemente, el art. 1 del Código Procesal del Trabajo (CPT) indica que el Adjetivo Laboral regulará los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y de Seguridad Social, la cual por disposición del art. 6 del mismo cuerpo legal se ejerce por los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social, las Salas Sociales de las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia en su Sala Social y Administrativa”.

Como podrá advertirse el tema de la competencia de los Jueces del Trabajo para conocer la demanda interpuesta por servidores públicos respecto a derechos consolidados se encuentra dilucidado; por lo que corresponde reafirmar que los jueces del Trabajo tienen competencia para asumir y resolver las demandas planteadas por funcionarios púbicos que reclaman el reconocimiento de derechos consolidados, no pudiendo los jueces sustraerse de la obligación de tramitar dichas causas, so pretexto de tratarse de servidores públicos.

II.1.2. Análisis del caso

En autos, presentada la demanda el Juez del Trabajo y Seguridad Social examinando su competencia, citando a Ley Nº 2027, art. 59 de la Ley Nº 2028 y art. 1 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), como normas legales que sustentarían su decisorio, se declaró incompetente para conocer la presente acción porque los demandantes son funcionarios públicos, decisión que fue confirmada por el Ad quem a través del Auto de Vista recurrido; ahora bien, examinando la pretensión de los demandantes, se advierte que éstos impetran el pago de sueldos devengados y otros (derechos consolidados), y no así beneficios sociales, haciendo constar que éstos prestaron servicios en la Alcaldía Municipal de Concepción de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz. Así planteada la demanda, según el entendimiento descrito en el acápite que precede, al constituirse un reclamo sobre un derecho consolidado, merece la tutela establecida por los arts. 46 y 48 de la CPE, en consecuencia el Juez del Trabajo y Seguridad Social de manera excepcional es competente para conocer y resolver dicha acción, misma que será esclarecida y dilucidada conforme a Ley.

Por lo expuesto, se concluye que la infracción denunciada por los recurrentes es evidente, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.4 y 274 del CPC.

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.I de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, CASA el Auto de Vista impugnado, dejando sin efecto el Auto de 11 de noviembre de 2010 (fs. 156), disponiendo que el Juez del Trabajo y Seguridad Social admita la demanda respecto a los derechos consolidados demandados y la tramite conforme a Ley.

Sin multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera