TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 758

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 212/2011-A

Demandante: Línea Sindical Trans Azul

Demandado: Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales

Distrito        : Oruro

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 180 a 181 vta., interpuesto por Walter Morante Navarro en representación legal de la Línea Sindical Trans Azul, contra el Auto de Vista Nº AV-SSA-87/2011 de 25 de julio, de fs. 175 a 177 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por la empresa hoy recurrente contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); la respuesta al mencionado recurso, de fs. 186 a 187; el Auto Nº 94/2011 de 25 de agosto, a fs. 188, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, interpuesta la demanda contencioso tributaria y tramitada la misma, el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 007/2010 de 12 de abril, cursante de fs. 141 a 145, declarando improbada la demanda de fs. 16 a 17, y desestimando la pretensión de declarar nulas las Resoluciones Sancionatorias Nros. 805/2008, 806/2008, 807/2008, 808/2008, 809/2008 y 810/2008, todas del 25 de agosto de 2008, manteniéndolas firmes y subsistentes las mismas, en todos sus efectos jurídicos.

I.1.2. Auto de Vista

Contra esa resolución de primera instancia, Walter Morante Navarro en representación de la Línea Sindical Trans Azul, por memorial de fs. 148 a 149, interpuso recurso de apelación, que tramitado por ante la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, hoy Tribunal Departamental de Justicia, mereció el Auto de Vista N° AV-SSA-87/2011 de 25 de julio de fs. 175 a 177 vta., que confirmó la Sentencia N° 007/2010 de 12 de abril, cursante de fs. 141 a 145, con costas.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha resolución motivó que la parte demandante formule recurso de casación en el fondo de fs. 180 a 181 vta., indicando interpretación errónea de la ley, con los siguientes argumentos:

Que, el Tribunal ad quem incurrió en interpretación errónea del art. 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), y del art. 85.III del Código Tributario Boliviano (CTB), indicando que el Servicio de Impuestos Nacionales, al realizar las notificaciones, cumplió a cabalidad con los mismos, puesto que las diligencias por cédula se las habría entregado al Sr. Marco Cautín con C.I. 5069418 Or., en su condición de encargado, con la intervención de un testigo de actuación debidamente identificado.

Refirió que, las Sentencias Constitucionales (SSCC) N° 1262/2005-R de 14 de octubre, 757/2003-R de 4 de junio, 1845/2004-R de 29 de noviembre, 119/2005-R de 2 de febrero y 1512/2005-R de 23 de noviembre, señalan las modalidades para hacer conocer a las partes las providencias o resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos (emplazamientos, citaciones y notificaciones), y que en el presente caso dicha jurisprudencia no fue aplicada, toda vez que el Sr. Marco Cautín con C.I. 5069418 Or., es ajeno y nada tiene que ver con la Línea Sindical Trans Azul, siendo necesario resaltar también que el testigo de actuación que señaló el Tribunal de alzada, no era imparcial y ajeno al problema, debiendo por norma y jurisprudencia ser imparcial, empero según averiguaciones dicho testigo llegaría a ser una persona dependiente del Servicio de Impuestos Nacionales de Oruro, por lo que de acuerdo al principio de favorabilidad corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo.

       I.2.1. Petitorio

Concluyó impetrando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto impugnado determinando la revocatoria del mismo y consecuentemente, de la Sentencia N° 007/2010 de 12 de abril.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación, se ingresa a resolver el mismo, bajo los razonamientos y fundamentos que se tienen expuestos a continuación:

Que, en general cuando se habla del instituto de las nulidades, sea en el ámbito administrativo o en el ámbito jurisdiccional, su tratamiento y resolución siempre está regulado por principios que deben ser observados por las autoridades a quienes se confía la solución de la controversia jurídica o en quien recaiga legalmente el poder de decisión sobre la nulidad misma; y en ese sentido, este Tribunal Supremo de Justicia, en su amplia jurisprudencia, ha establecido que la nulidad procesal no sólo constituye una decisión de última ratio, sino que, además procede por razones expresamente señaladas en la ley, debiendo cumplir el principio de especificidad, o cuando se ha evidenciado una flagrante vulneración de determinados derechos que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, a la defensa y otros, así como también, conforme al principio de trascendencia, el vicio procesal haya causado perjuicio a una de las partes, de tal modo que, sin la existencia de ese vicio, los resultados del fallo habrían sido diferentes.

Así podemos citar al principio de finalidad del acto, que a manera de aclaración no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido sólo al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto, de modo que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado el objeto o la finalidad a la que estaba destinada.

También se tiene al principio de trascendencia, que establece la no admisibilidad de la nulidad para satisfacer pruritos formales, de modo que, el que solicita la nulidad del acto debe probar con suficiencia que el vicio reclamado u observado le ocasionó perjuicio cierto o irreparable y que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir, demostrar cuál es el agravio o perjuicio que le causa el acto irregularmente cumplido y si este es cierto e irreparable.

Con el mismo enfoque, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia Constitucional (SC) Nº 1845/2004 de 30 de noviembre, estableció también que: "... los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son la modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio), dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16:II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión ), es válida".

Bajo ese contexto, y considerando el ámbito del Derecho Tributario, recordamos también lo dispuesto por el art. 85.III del CTB, que señala: “La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia”.

Que, bajo ese marco normativo, jurisprudencial y doctrinario, en el caso se advierte, de la revisión de los cuadernillos administrativos de las Resoluciones Sancionatorias Nros. 805, 806, 807, 808, 809 y 810, correspondientes a la gestión 2008, que el SIN-Oruro, procedió a notificar a la empresa demandante con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales GDO/DF/CP N° 168, 169, 170, 171, 172 y 173 de la gestión 2008, diligencias realizadas mediante cédulas, que fueron recibidas por el Sr. Marco Cautín con cédula de identidad N° 5069418 Or., en presencia de un testigo presencial como es la Sra. Selene Saavedra T., con cédula de identidad N° 4078590 Or., como se advierte en las notificaciones cursantes de fs. 33 vta., 49 vta., 65 vta., 84 vta., 100 vta. y 117 vta., evidenciándose también que antes de realizar cada una de estas notificaciones mediante cédula, el SIN Oruro entregó un primer aviso de visita y un segundo aviso de visita al Sr. Marco Cautín (fs. 32, 48, 64, 83, 99, 115 y 116), en fecha 22 y 23 de julio de 2008, donde se comunicó a la empresa demandante que sería notificada con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales.

Por lo tanto, se advierte que el SIN Oruro notificó a la empresa demandante, aplicando correctamente lo dispuesto por el art. 85.III del CTB, toda vez que, conforme a la máxima jurídica que enseña que la ley especial precede a la ley general, y siendo que en materia tributaria es la ley la que dispone el procedimiento a aplicar, no es pertinente recurrir a la ley general como es la Ley de Procedimiento Administrativo; dicha máxima se encuentra contenida en el art. 15.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece: “…La Ley especial será aplicada con preferencia a la Ley general”.

Que, bajo tales antecedentes se concluye que las notificaciones observadas por la empresa recurrente cumplieron su finalidad, al hacer conocer al contribuyente los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, toda vez que el Sr. Marco Cautín anteriormente a recibir estas resoluciones, ya había recepcionado avisos de visita (fs. 25, 41, 57, 73, 92 y 108), los cuales generaron precisamente que el representante legal de la empresa demandante presente la solicitud de prórroga de presentación de documentos (fs. 27, 43, 59, 75, 94 y 110), lo que hace ver con claridad que el contribuyente tomó conocimiento de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, y por lo tanto no se advierte que se haya generado la indefensión del mismo, lo que también hace débil el argumento expuesto por el recurrente, respecto a que el Sr. Marco Cautín no tiene ninguna vinculación con la empresa, que al margen de no ser el objeto de la demanda, hace ver que dicha persona puso en conocimiento del contribuyente las actuaciones llevadas adelante por el SIN Oruro.

Lo señalado en los párrafos precedentes hace ver que el Tribunal de alzada no incurrió en interpretación errónea del art. 33 de la LPA y art. 88.III del CTB, como erróneamente sostiene la parte recurrente.

Por otra parte, se acusa también que el testigo presencial de las notificaciones por cédula, era dependiente del SIN Oruro, por lo que no cumpliría la condición de ser una persona imparcial y ajena a las partes del proceso; no obstante que tal aseveración no cuenta con medio probatorio alguno que demuestre lo afirmado por la parte, lo cierto es que tampoco tiene asidero jurídico alguno, debido a que nada hay que prohíba a que un dependiente o allegado a alguna de las partes, no pueda dar fe de la realización de una determinada actuación llevada adelante por la autoridad o funcionario correspondiente; de modo que, tal aseveración no puede conllevar la nulidad de obrados como pretende insistentemente la parte recurrente, más cuando se advirtió líneas arriba, que el contribuyente tomó efectivo conocimiento de las actuaciones administrativas que la Administración Tributaria llevaba adelante en su empresa, a ello obedece las mismas solicitudes presentadas por el administrado, para solicitar prorroga de plazos para presentar descargos, de modo que no se advierte que se le hubiere generado un estado de indefensión, ya que las notificaciones acusadas cumplieron con el principio de finalidad del acto, estando correctamente consideradas como válidas.

Cabe señalar que, no es posible disponer la nulidad de obrados basados en la simple duda sobre la veracidad o no de una determinada actuación, como pretende la parte recurrente, pues se presume la licitud de los actos administrativos llevados adelante por todo servidor público, de modo que, sólo ante la existencia de prueba suficiente que demuestre el apartamiento evidente de las formas procesales y ello haya generado en algunas de las partes un estado de indefensión, será posible disponer la reposición del acto, pues el procedimiento no tiene un fin en sí mismo y las formas en él previstos, no tiene sino una finalidad, que es la que al final prevalece, en aras de una justicia pronta y oportuna, conforme es el postulado que la norma fundamental ahora anota en su art. 180.I.

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo, conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los artículos 214 y 297. II del Código Tributario (CT) (sin vigencia) y 74.2 del CTB.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 180 a 181 vta., interpuesto por Walter Morante Navarro en representación legal de la Línea Sindical Trans Azul, contra el Auto de Vista Nº AV-SSA-87/2011 de 25 de julio de fs. 175 a 177 vta. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera