TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 755

Sucre, 05 de  octubre de 2015

Expediente: 204/2011-A

Demandante: Compañía de Servicios Internacionales Ltda.

Demandado: Gerencia de Grandes Contribuyentes  del Servicio de Impuestos Nacionales

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 199 a 203, interpuesto por Juan Carlos Peralta Chávez en representación legal de Compañía de Servicios Internacionales Ltda. (COSIN LTDA.) contra el Auto de Vista Nº 37/2011-SSA-I de 11 de abril, cursante a fs. 193 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso Contencioso Tributario seguido por la empresa hoy recurrente contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); la respuesta al mencionado recurso de fs. 206 a 208 vta.; el Auto Nº 024/2011-SSA-I de 22 de junio a fs. 209, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez Cuarto Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 011/09 de 1 de diciembre de 2009, cursante de fs. 138 a 155, por la que declaró anular obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta fs. 448 inclusive, y hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, disponiendo que la parte demandada establezca adecuadamente el tipo de determinación desarrollado (base cierta/base presunta), conforme a las características de los métodos utilizados en la determinación del hecho generador y la base imponible, incorporando los fundamentos y orígenes de la determinación del impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión 2003, y discriminar y/o fundamentar sobre la doble fiscalización del periodo fiscal de agosto de 2004, ello en cumplimiento del art. 96 del Código Tributario (CT).

I.1.2. Auto de Vista

Contra esa resolución de primera instancia, la parte demandada interpuso recurso de apelación de fs. 157 a 163 vta., la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante el Auto de Vista N° 37/2011-SSA-I de 11 de abril, cursante a fs. 193 y vta., por el cual anuló obrados hasta fs. 137, disponiendo que el Juez a quo dicte nueva Sentencia encuadrando su actuación a la norma procesal mencionada en el mismo Auto de Vista.

I.2. Motivos del recurso de casación 

Dicha resolución motivó que la parte demandante formule recurso de casación en el fondo de fs. 199 a 203, indicando violación en la forma y en el fondo de las leyes tributarias y procesales en actual vigencia, con los siguientes argumentos:

Que, el Tribunal ad quem al emitir el Auto de Vista impugnado, determinando la nulidad de obrados hasta la Sentencia de primera instancia, interpretó erróneamente y aplicó indebidamente la ley, sin tomar en cuenta que los arts. 190 al 193 del Código de Procedimiento Civil (CPC), no señalan en ninguna de sus partes que el juzgador no pueda anular obrados cuando ha evidenciado la existencia de vicios procesales, pues incluso el art. 90.I del CPC señala que las normas procesales son de orden público y cumplimiento obligatorio, no estableciendo absolutamente nada sobre el principio de congruencia.

Señala que, el Juez a quo valoró adecuadamente los antecedentes del proceso, estableciendo la existencia de vicios procesales susceptibles de nulidad, por lo que tomó correctamente la decisión de anular obrados hasta el vicio más antiguo conforme el art. 90.I del CPC, siendo equivocado lo determinado por el Auto de Vista al indicar que, la Sentencia habría vulnerado el principio de congruencia cuando declaró la nulidad que no habría sido solicitada por las partes.

Refiere que, la Sentencia dispuso la nulidad ante la existencia de un acto administrativo tributario; puesto que, la Administración Tributaria aplicó incorrectamente las normas tributarias por haber realizado el trabajo sobre la base presunta señalando que fue sobre la base cierta; así como por haber, aplicado retroactivamente del Código Tributario Boliviano de 2 de agosto de 2003, por haber negado el ofrecimiento de prueba, por falta de requisitos de especificaciones sobre la deuda tributaria y por una errada notificación con la Resolución Determinativa, teniendo sobre el particular el art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone en qué casos los actos administrativos son nulos.

       I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido y confirme la Sentencia N° 011/09 de 1 de diciembre de 2009.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

De la revisión y compulsa de antecedentes del proceso, lo expuesto en el recurso de casación y las normas aplicables, se tiene que:

El reclamo se concentra en que el Tribunal ad quem anuló incorrectamente la Sentencia, la cual falló anulando obrados, al evidenciar la irregularidad de un acto administrativo realizado por Gerencia de GRACO La Paz del SIN, determinación que a criterio de la parte demandante es correcta, por lo que solicitó se mantenga firme y subsistente la Sentencia de primera instancia.

Para resolver la presente problemática es necesario traer a colación lo señalado por el art. 190 del CPC, que dice: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieran sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”, siendo preciso señalar que, la sentencia es el acto por el cual el juez formula una declaración respecto a un proceso judicial, debiendo dicha resolución (Sentencia) contener la forma que determina el art. 192 del CPC, así como enmarcarse necesariamente en el principio de congruencia; en ese sentido el Auto Supremo 323 de 6 de junio de 1994 entre otros, estableció la siguiente jurisprudencia respecto a la sentencia: “El art. 190 del CPC, al determinar que la sentencia recaiga sobre las cosas litigadas en la manera en que hubiesen sido demandadas, marca la jurisdicción de los jueces en cada proceso estableciendo su competencia en las decisiones, sabida que fuese la verdad por las pruebas producidas por las partes o de oficio, para dictar una conclusión ecuánime, no llegar a ella es desconocer su propia competencia, susceptible de revisión por los tribunales de alzada y casación, si los jueces han observado las leyes que norman la tramitación y conclusión del proceso, conforme determinan los arts. 15 de la LOJ, 90 y 252 del CPC”.

       Por otro lado, sobre el principio de congruencia se tiene la jurisprudencia sentada por el Auto Supremo 239 de 24 de julio de 2002, que dice: “La sentencia como acto más importante del tribunal debe ser congruente, congruencia que es externa e interna, aquella porque debe concordar entre lo resuelto y lo pedido, ésta es la coherencia de las afirmaciones y resoluciones contenidas en la misma. Debe cuidarse que la sentencia debe tener congruencia con la demanda y la contestación, defensa y excepciones formuladas por las partes, y no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, pues, así se colige el art. 190 del CPC”; de lo que se concluye que la Sentencia de primera instancia, debe ser emitida de acuerdo a las peticiones demandadas, guardando congruencia entre la parte del obiter dictum, y la parte de la ratio decidendi, resolviendo la demanda en forma precisa.

       Bajo este contexto, y analizando el presente caso, se tiene que evidentemente la Sentencia 011/09 de 1 de diciembre de 2009 de fs. 138 a 155, fue dictada al margen del principio de congruencia, puesto que en su parte de fundamentación concluyó señalando que existiría un acto administrativo viciado de nulidad, el cual afectaría al debido proceso y al derecho a la defensa; empero incongruentemente, en su parte resolutiva, declaró o falló, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, situación que no se enmarca dentro lo establecido por el art. 190 del CPC, toda vez que en el petitorio del memorial de demanda a fs. 46, la parte demandante solicitó que se declare probada la demanda, así como contrariamente la parte demandada, en el petitorio de su memorial de contestación a fs. 77 y vta., solicitó que se declare improbada la mencionada demanda, por lo que el Juez a quo debió declarar probada o improbada la demanda, siendo preciso aclarar que el juez al declarar probada la demanda, a efecto de determinar lo demandado, tiene la facultad de disponer que se anule, modifique, complemente, repita, etc., cualquier acto que a criterio de este corresponda, situación que no sucedió en el presente caso, siendo correcta la determinación del Tribunal ad quem, al determinar la nulidad de la Sentencia, para que se emita nuevamente bajo la prevención del art. 190 del CPC.

       En ese sentido el art. 3.1 del CPC, dispone: “(Deberes de los Jueces y Tribunales). Son deberes de los jueces y tribunales: 1) Cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, determinación concordante con el art. 90 del mismo cuerpo legal que señala: “(Cumplimiento de Normas Procesales). I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley; II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas”, de lo que este Tribunal concluye que, el Tribunal de apelación emitió su Auto de Vista bajo las normas procesales aplicables al presente proceso, no siendo evidente el reclamo planteado por la parte recurrente.       

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 199 a 203, conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 74.2 del Código Tributario Boliviano.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 199 a 203, interpuesto por Juan Carlos Peralta Chávez en representación legal de COSIN LTDA., contra el Auto de Vista Nº 37/2011-SSA-I de 11 de abril, cursante a fs. 193 y vta. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera