TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 754

Sucre, 09 de octubre de 2015

Expediente: 546/2011-S

Demandante: Mercedes Borda Cadima

Demandado: Limpieza de Ropa en Seco y Vapor KOMAKI

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 101 a 102, interpuesto por Alemania Justiniano Yáñez en su condición de propietaria de la Limpieza de Ropa en Seco y Vapor KOMAKI, contra el Auto de Vista Nº 185/11 de 10 de septiembre de 2011, cursante a fs. 98 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social seguido por Mercedes Borda Cadima contra la empresa recurrente; la respuesta al mencionado recurso a fs. 106 y vta.; el Auto de 16 de noviembre de 2011 a  fs. 107, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Interpuesta la demanda de pago de beneficios sociales y derechos laborales, tramitada la misma, el Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 29/2011 de 30 de marzo, cursante de fs. 81 a 82 vta., declarando probada en parte la demanda, con costas, ordenando a la empresa KOMAKI, a través de su representante legal, cancelar a favor de la actora la suma de Bs.9.923,01.- (nueve mil novecientos veinte tres 01/100 bolivianos) por concepto de indemnización, vacación, bono de antigüedad, horas extras y menos el quinquenio.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Alemania Justiniano Yáñez propietaria de la Limpieza de Ropa en Seco y Vapor KOMAKI, cursante de fs. 85 a 86, mediante Auto de Vista Nº 185/2011 de 10 de septiembre, cursante a fs. 98 y vta., la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó la sentencia apelada. Sin costas.

I.2. Motivos del recurso de casación

El Auto de Vista referido motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 101 a 102, interpuesto por Alemania Justiniano Yáñez propietaria de la Limpieza de Ropa en Seco y Vapor KOMAKI, bajo los siguientes argumentos:

Señala que, el Tribunal de alzada justificó la decisión de la Sentencia Nº 29/2011, por la que supuestamente hubo continuidad en la relación laboral, sin que la parte demandante haya probado que en los 5 meses y 18 días estaba trabajando en busca de otro ambiente para la empresa KOMAKI, aspecto reconocido en la demanda a fs. 8, más aún si conforme el art. 2 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 se basa en la relación de dependencia, trabajo por cuenta ajena y percepción de salarios condición que la demandante no tuvo jamás, demostrando que el Juez no consideró dichos extremos.

Acusa que, en cuanto a las horas extraordinarias el Tribunal de alzada basó su fundamento en las declaraciones testificales de fs. 75 a 76 señalando que las mismas son uniformes, sin embargo la Sentencia no señaló que se basa su accionar en la carga de la prueba establecida mediante testificales, más aún la misma se sujeta a una condición de presunción en el tiempo, haciendo conocer además que la parte demandada no habría demostrado la existencia de regularidad y continuidad o permanencia en el trabajo efectuado, observándose además una contradicción entre la demanda y las declaraciones testificales.

Alega que, el Tribunal ad quem, en cuanto a los quinquenios, sólo tomó en cuenta el recibo de fs. 37 y no los recibos de fs. 36, 38, 39, 40 a 48 y 72, que determinan el pago total del quinquenio, así como tampoco lo hace la Sentencia que solamente asume el pago a fs. 72, condición que muestra la falta de equidad y valoración adecuada de la prueba tanto por el Juez a quo como por el Tribunal ad quem.

Finalmente señala que, los de instancia no asumieron la valoración de la prueba presentada en sobre cerrado a fs. 73, consistente en recibos de pago, misma que no fue abierta demostrándose una afectación a su derecho a un debido proceso establecida en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), en franca contraposición al art. 119 de la CPE.

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido y sea en conformidad a lo dispuesto por ley.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, a mérito de estos antecedentes, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Que, el art. 48.II de la CPE establece el “principio de primacía de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, estableciéndose que la importancia que reviste este principio es de una enorme trascendencia social y jurídica, pues se constituye este en unos de los pilares fundamentales del derecho del trabajo que busca proteger y favorecer al trabajador en las relaciones de trabajo. Por ello, desde sus inicios encontramos que en el Derecho Laboral el trabajador es la parte débil de esta; y por ende que existe una desigualdad en la realidad contractual del trabajo, por lo que el principio en mención trata de amparar a una de las partes para lograr una justicia social en condiciones humanas con el empleador. Así pues que el proteccionismo que se aplica en el derecho laboral lo diferencian del resto de las ramas del derecho.

De esta manera, consiste el principio protector en darle mayor defensa al trabajador frente al poder del empleador, principio protector reconocido también en el art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT). Bajo dicho contexto al ser manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo a la prueba documental, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación.

Al respecto, se visualiza que el Juez a quo, determinó declarar probada en parte la demanda, estableciendo una relación laboral de 8 años, 6 meses y 13 días y en cuanto a la interrupción de 6 meses y 18 días, la parte demandante aclaro que en ese periodo estaba en busca de otro ambiente para la limpieza por orden expresa de la parte empleadora, aspecto confirmado por el Tribunal de alzada.

Ahora bien, cabe indicar que tal apreciación resulta correcta, porque en el caso, se visualiza que la parte recurrente no ha acreditado con prueba fehaciente que la actora no hubiera mantenido una relación laboral desde el 4 de mayo hasta el 22 de octubre de 2003, es decir por 5 meses y 18 días, cuando la empresa demandada hubiese cerrado para buscar otro local en el centro de la ciudad; sin percibir que la obligación de desvirtuar los términos de la demanda era de su incumbencia, debiendo haber adjuntando mayores elementos de prueba que sustente su pretensión, como acertadamente determinaron los de instancia, máxime si la parte demandante aclaró que durante dicho periodo se dedicó a la búsqueda de otro ambiente para la empresa mencionado por orden expresa de la parte empleadora, aspecto que no fue desvirtuado, por lo que los de instancia señalaron la existencia de la relación laboral de forma continua e ininterrumpida, conforme además a las declaraciones testificales de fs. 75 a 76, tornando en un reclamo que resulta hasta contradictorio toda vez que si la parte demandante mantiene una posición en sentido de que por dicho periodo no habría una relación laboral con las características establecidas en el DS Nº 28699, no correspondía le otorgue a la parte actora en fecha 21 de febrero de 2009 un pago a cuenta de su quinquenio, aspecto corroborado por las declaraciones testificales de cargo.

Los mencionados elementos probatorios, en el caso de examen, fueron adecuadamente valorados por los de instancia, conforme a la fundamentación contenida en sus resoluciones cursantes en el cuaderno procesal, evidenciándose en contrario, la efectiva aplicación por los jueces de instancia, del principio de la inversión de la prueba en favor del trabajador contenidos en los arts. 3.h), 66 y 150, del adjetivo laboral, valorando los de instancia adecuadamente la prueba conforme a la fundamentación señalada por el Ad quem. Observándose en consecuencia que la recurrente no acreditó con prueba de descargo suficiente la supuesta interrupción en la relación laboral.

Correspondiendo referir además de lo señalado que, conforme prevé el art. 182.e) del CPT: “Acreditada la existencia del contrato de trabajo en dos fechas distintas dentro de un mismo año, se reconocerá, salvo prueba en contrario, su ininterrupción;”, pues la presunción legal anotada no fue desvirtuada por la parte demandada, como correspondía hacerlo.

Es preciso establecer que, en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados. En el ejercicio de ésta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, en ese sentido Couture señala que: las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, siendo por tanto correcta la valoración realizada por el Tribunal ad quem a tiempo de emitir el fallo objeto del presente recurso.

Por lo que se colige que, la prestación de servicios se materializó bajo una relación obrero patronal al haber concurrido las características esenciales de una relación laboral previstas en el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 de forma ininterrumpida y continua.

Por otro lado, en referencia al pago de horas extraordinarias; se advierte que, dicho aspecto no fue desvirtuado por la empresa demandada, quien como se dijo ut supra, tenía la obligación procesal de otorgar mayores elementos de juicio que corroboren su pretensión a objeto de hacer valer sus derechos, no obstante de ello la parte demandante, obligada por su propio interés, ofreció prueba testifical que cursa a fs. 75 a 76, que coadyuvaron en el esclarecimiento de los hechos, toda vez que en cuanto a este aspecto señalaron de manera uniforme respondiendo a la pregunta tercera del cuestionario ser evidente que la actora trabajaba hasta horas 19:30, todos los días.

Que, conforme establece el art. 46 de la Ley General del Trabajo (LGT), la jornada máxima es de 8 horas de trabajo diario y de 48 horas semanales, con excepción de aquellos empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo, casos en los que es posible el trabajo continuado de hasta doce horas diarias, con el derecho al descanso de una hora dentro del día.

Al respecto, el art. 37 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), dispone: "La jornada ordinaria de trabajo podrá extenderse en la medida de lo indispensable, para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento, para impedir accidentes o ejecutar arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones, o cuando sobrevenga caso fortuito".

En ese sentido, el art. 41 del DR-LGT, impone que para el cómputo de las horas extraordinarias debe llevarse un registro especial, conforme al modelo que apruebe la Inspectoría General del Trabajo, hoy dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; disposición que también fue objeto de reglamentación mediante la Resolución Administrativa Nº 063/99 de 9 de Julio de 1999.

Así, en el caso de autos se observa que ante la falta de prueba que desvirtué la pretensión de la actora correspondía la aplicación de la presunción establecida en el art. 182.i) mismo que prevé: “La falta de presentación del libro a que se refiere el Artículo 41 del reglamento de la Ley General del Trabajo, hará presumir la existencia de horas extraordinarias trabajadas.”, máxime si como se mencionó ut supra las declaraciones testificales fueron claras al establecer el horario de finalización de la parte demandante, razonamiento que permite concluir en sentido que no es evidente lo señalado por la recurrente, demostrándose de ésta manera que la demandante ha trabajado horas extraordinarias sin que la parte empleadora hubiese demostrado el pago de las mismas.

Por lo señalado, no se advierte evidencia sobre la errónea valoración de la prueba saliente de fs. 75 a 76 de obrados, como alegó el demandado; tampoco se aplicó erróneamente normativa alguna; y menos se transgredió derecho alguno de la parte demanda por reconocer los derechos laborales que por ley le corresponden al demandante.

En cuanto a la denuncia referida a que no se habría considerado la prueba que determinaría el pago total del quinquenio, este Tribunal considera que no es evidente tal acusación, por cuanto los de instancia asumieron con buen criterio que conforme los recibos, al no ser un pago total, se entiende como pagos a cuenta, descontando de la liquidación final la suma de Bs.3.000,00.-, monto que comprende la sumatoria de los diferentes recibos adjuntados al proceso, acusados ahora de no haber sido valorados, pues si bien solo se mencionó la literal a fs. 37, empero en la misma solo se observa un pago de Bs.250.- por concepto de una primera cuota de quinquenio realizado en fecha 22 de marzo de 2008, empero -como se mencionó- se descontó de la liquidación final el monto efectivamente certificado de las literales ahora acusadas.

En dicho sentido y para comprender mejor el instituto del quinquenio, se debe partir de la premisa que el pago de la indemnización por tiempo de servicios, ante la eventualidad del distracto laboral, constituye un pago definitivo y consolidado si la misma se encuentra conforme a derecho, cuyo pago, antes de la vigencia del DS Nº 1592, sólo procedía en tanto se hubiese producido la desvinculación laboral y, es recién a partir de la regulación introducida por el art. 3 de dicho Decreto Supremo que nuestra legislación admite el pago de la indemnización por tiempo de servicios garantizando la continuidad laboral.

Asimismo, se debe tener en cuenta que conforme a los fundamentos del DS Nº 11478, el pago del denominado quinquenio tiene la finalidad de garantizar al trabajador la posibilidad de gozar de sus beneficios emergentes, en el plazo más breve posible y compensar de algún modo el costo de vida.

Así entonces, se deberá considerar que, en el espíritu de la norma, cuanto más breve sea el tiempo en que se pague tal beneficio, mayor el beneficio para el trabajador y; siendo así, mal podría concluirse en un pago definitivo si en el presente caso se otorgó dicho beneficio en cuotas mensuales, por lo que se consideró como un despropósito o un acto lesivo a los intereses del trabajador, por cuanto, en el espíritu de la ley, constituye un pago definitivo y consolidado si la misma se encuentra conforme a derecho, es decir en un solo pago a efectos de otorgar dicho beneficio de la manera más rápida. Por lo que los de instancia acertadamente consideraron dicho concepto como pago a cuenta de liquidación final.

Por otra parte, en cuanto al reclamo en sentido de que los de instancia no asumieron la valoración de la prueba presentada en sobre cerrado a fs. 73, cabe señalar que la empresa demandada, al interponer su recurso de apelación de fs. 85 a 86, no expresó como agravio lo ahora señalado, omisión que no permitió al Tribunal ad quem pronunciarse en cuanto a este aspecto, puesto que tiene la obligación de hacerlo con la pertinencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC); es decir, respecto a los agravios que hubiesen sido objeto de apelación, por ello, se colige que ha sido la empresa demandada - recurrente - quién por su descuido no reclamó oportunamente el supuesto agravio que le hubiese causado la Sentencia al no valorar dicha prueba, lo que ahora tardíamente aduce en el recurso de casación, razón por la cual, se activa la preclusión procesal establecida en los arts. 3.e) y 57 del CPT.

Al respecto, según la doctrina el proceso es concebido como la secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión, siendo, un conjunto de actos jurídicos desarrollados de manera sistemática y ordenada con el fin de llegar a la resolución de un conflicto jurídico.

Ahora bien, efectivamente el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden; ese desenvolvimiento ordenado responde al principio de preclusión, establecido en al art. 3.e) concordante con el art. 57 ambos del CPT, señalando que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni otro trámite.

En el marco de lo precedentemente expuesto, es necesario mencionar que, la vulneración alegada por la parte recurrente no fue oportunamente impugnada, de donde resulta inadmisible que en la vía del recurso de casación o nulidad, se pretenda regresar a momentos procesales ya extinguidos y consumados, en franca vulneración al referido principio de preclusión.

Bajo estos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm., Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 101 a 102, interpuesto por Alemania Justiniano Yáñez en su condición de propietaria de la Limpieza de Ropa en Seco y Vapor KOMAKI. Con costas.

Se regula honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500 (Quinientos 00/100 Bolivianos) que mandará pagar la Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera