TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 747

Sucre, 07 de octubre de 2015

Expediente: 550/2011-S

Demandante: Francisca Calle Alejandro

Demandada: Magaly Castro Claure   

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Antonio Guido Campero Segovia.

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 38 a 40, interpuesto por Magaly Castro Claure contra el Auto de Vista N° 185/2011 de 05 de septiembre,  cursante de fs. 34 a 36, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso laboral de pago de derechos laborales, seguido por Francisca Calle Alejandro contra la recurrente; la respuesta al recurso, cursante a fs.45 vta.; el auto que concedió el recurso, a fs. 46; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Interpuesta la demanda laboral señalada al exordio y tramitada la misma, la Jueza tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia de 18 de junio de 2009 (fs. 19 a 20 vta.), declarando probada la demanda de fs. 2 a 3 en todas sus partes e improbada la contestación negativa, ordenando pagar a la parte demandada a favor de la actora, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, por concepto de sueldos devengados, aguinaldo y vacación, la suma de Bs.14.928,00.- (Catorce mil novecientos veintiocho 00/100 bolivianos); conforme al detalle contemplado en la misma Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada (fs. 23 a 24 vta.), la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº 185/2011 de 05 de septiembre (fs. 34 a 36), confirmando la sentencia apelada. Con costas en ambas instancias.

I.2. Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia, motivó que Magaly Castro Claure, mediante memorial de fs. 38 a 40, interponga recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

Acusó que el Auto de Vista recurrido no cumplió con lo preceptuado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), al no haberse circunscrito a los puntos que fueron objeto de apelación y que se encuentran debidamente fundamentados conforme al art. 227 del Adjetivo Civil citado, lo que constituye una causal de nulidad del fallo, en aplicación del art. 254.1) del CPC.

Afirmó que, la actora, dentro del término de Ley, no presentó ningún medio probatorio que justifique su pretensión, es más, el memorial cursante a fs. 17 sobre ratificatoria de prueba, que ni siquiera es presentado personalmente, fue presentado extemporáneamente, por lo que no puede ser beneficiada con principio alguno frente a su irresponsabilidad y abuso del derecho laboral.

Acusó, que se interpretó de manera errónea el art. 1311 del Código Civil (CC), puesto que la prueba acompañada a la demanda, cursante a fs. 1, para tener valor probatorio, debió ser obtenida con orden judicial, lo que no sucedió, de modo que, al sustentar el Auto de Vista su decisión en la literal mencionada, que además es copia simple, y tampoco prueba la relación laboral, se inobservó lo previsto en el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), no constituyendo justificativo legal, el hecho de que la parte demandada no haya aportado prueba alguna.

Señaló que el juzgador laboral no cumplió con su labor de valorar la prueba en conjunto, dado que no tomó en cuenta inclusive, que la literal de fs. 1, es prueba contra la misma demandante, por lo que acusa vulneración de los arts. 3. j), 150, 158, 200 y 202 del CPT, toda vez que la ponderación de la documental cursante a fs. 1, debió hacerse conforme a la sana lógica, los dictados de la conciencia y la jurisprudencia existente sobre el tema.

Refirió que, si bien en materia laboral los jueces no están sujetos a la tarifa legal de las pruebas, debieron considerar en el caso, que la actora demostró una total irresponsabilidad y desinterés en su demanda, cuando ni siquiera presentó el memorial de fs. 17 sobre ratificación de prueba, además que no existe dicha figura en la legislación; puesto que si bien existe el principio de la inversión de la prueba en materia laboral, ello no libera a la demandante, demostrar sus pretensiones de manera fehaciente, conforme refiere el Auto Supremo Nº 320 de 20 de junio de 2006.

Acuso que el fallo recurrido no fundamentó respecto al cómputo erróneo que se hizo del plazo probatorio, que no fue advertido por el Tribunal de apelación, hecho que vulnera su derecho a la defensa y constituye un vicio de nulidad en el procedimiento en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 236 del CPC.

I.2.1. Petitorio

El recurrente concluyó su memorial solicitando que una vez concedido el recurso, el Tribunal superior en grado, anule obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto case el Auto de Vista recurrido, declarando improbada la demanda, con costas.

       CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación en ambos efectos, y, observando que la recurrente reclama, por una parte, observaciones en cuanto al procedimiento se refiere, es decir, a la forma, bajo la causal de procedencia reglada en el art. 254.4) del CPC, acusando la falta de pronunciamiento sobre alguno de los agravios llevados en apelación por la parte apelante; se hace necesario analizar y resolver en primer término éste reclamo, puesto que, de encontrar evidente la infracción al respecto, haría procedente la nulidad de obrados, de contrario, al ser infundado el reclamo en el punto, se ingresará a analizar y resolver todos los puntos reclamados en la casación de fondo; preámbulo bajo el cual, se ingresa a resolver el recurso, considerando siempre los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia.

II.1.1. En cuanto a la forma

Se tiene, de la revisión del Auto de Vista recurrido y cursante de fs. 81 a 83 de obrados, que dicha resolución contiene, de manera específica y concreta, la respuesta a todos los puntos llevados como agravios ante dicho Tribunal por la parte apelante a través del memorial de recurso cursante de fs. 23 a 24 vta. de obrados, de modo que, el fallo ahora recurrido de casación cumplió con la pertinencia reglada en el art. 236 del CPC, no siendo evidente lo acusado por la parte recurrente en sentido que el fallo de segunda instancia no se habría referido sobre todos los puntos de apelación, cuando de su contenido se advierte lo contrario.

Así, en el memorial de apelación saliente de fs. 23 a 24 vta., se recurre como agravios: por una parte la valoración probatoria desplegada por la Juez A quo para concluir en la existencia de una relación laboral, precisando a la literal de fs. 1; del mismo modo, se acusó la falta de fundamentación de la sentencia de primera instancia conforme la previsión del art. 202 del CPT; finalmente se fundamentó como agravio el cómputo erróneo del plazo probatorio; puntos que fueron respondidos por el Tribunal de apelación, que con mayor o menor fundamentación y motivación analizó los mismos, señalando así para el primero, “que la literal extrañada fue valorada por el Juez a momento de dictar sentencia en base a la sana crítica y el prudente arbitrio, aplicando el principio de la inversión de la prueba a cargo de la demandada conforme lo previsto por los arts. 3.h), 66 y 150 del código Procesal del Trabajo y 48.III de la nueva Constitución Política del Estado, en el entendido que la demandada no desvirtuó los términos de la demanda al no haber presentado prueba, limitándose a manifestar en su memorial de respuesta, que con la actora la liga ningún tipo de relación”, es más, “se refirió con mayor amplitud al principio de la inversión de la prueba, estableciendo que ésta constituye una imposición para el empleador y una posibilidad para el trabajador”, estableciendo luego “que la literal de fs. 1, si bien es una fotocopia, no fue desconocida por la parte contraria a momento de contestar la demanda, or lo que, la consideró válida, conforme la previsión del art. 1311-1 del Código Civil, en el advertido de que el juez laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba”; en ese mismo sentido, estableció, con relación al segundo reclamo, “que al no haber presentado la parte demandada prueba que desvirtúe lo sostenido por la parte actora, pese a la obligación procesal que le imponía la norma adjetiva laboral, entendió que la Sentencia es correcta y que esta fue dictada cumpliendo las exigencias dispuestas en el art. 202 del CPT, siendo irrelevante la ratificación de la prueba de fs. 1 por el memorial de fs. 17 sin firma de la actora”; finalmente, el tercer reclamo, que hace a un probable mal cómputo del plazo de prueba, el Tribunal de Alzada desarrolla todo un apartado cuarto para responder al mismo, y cuya conclusión señala “en mérito a lo dispuesto por los arts. 140 y 142 del código de Procedimiento Civil, el plazo para producir prueba en este caso fenecía a las 18 horas del día 6 de junio de 2009, y como quiera que con el memorial de 5 de junio de 2009, presentado a horas 11, la demandada pidió nuevo día y hora de audiencia para que declaren sus testigos, el juez, correctamente, con el proveído de 6 de junio de 2009, negó la petición”. De modo que, resulta un exceso afirmar que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado respecto a todos los puntos llevados como agravios en apelación, conforme al art. 236 del CPC, cuando por lo anotado, tal afirmación resulta errada.

Debe quedar establecido que, el memorial de apelación comprendía también algunas cuestiones que en carácter de observación refería la parte demandada en su recurso, como es el caso de la no presentación personal de sus memoriales por parte de la demandante, la posibilidad del juez de solicitar mayor prueba a fin de establecer la verdad material, o el carácter no absoluto de la inversión de la prueba; empero, tales cuestiones no pueden constituir agravios y menos que estos se encuentren fundamentados, por lo que no se puede interpretar que tales cuestiones tengan la obligación de ser respondidos por el Tribunal “Ad quem”. 

Por lo anotado, y dado que el Tribunal de Alzada cumplió con emitir un fallo congruente, conforme previene el art. 236 del CPC, al no incurrir en la causal de nulidad prevista en el art. 254.1) del Adjetivo Civil citado, se hace inviable la nulidad de obrados impetrada por la recurrente en esta parte de su recurso de casación.

II.1.2. En relación al fondo 

Que, la crítica jurídica está enfocada, básicamente, a la valoración probatoria desplegada por el Tribunal de apelación y consiguientemente también, del Juez A quo; bajo esa premisa, la parte recurrente sostiene que la actora no acompañó prueba que demuestre la existencia de la relación laboral, y que la prueba cursante a fs. 1, que fue presentada en calidad de preconstituida por la demandante, no demuestra tal circunstancia, por lo que considera que al no existir siquiera indicios que sostengan la existencia de una relación laboral, la demanda debió haber sido improbada; en ese sentido acusa la vulneración de los arts. 3.j), 150, 158, 200 y 202 del CPT, al no haber apreciado la prueba en su conjunto, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, con arreglo a las reglas de la sana crítica.

Para resolver dicha cuestión, debemos partir anotando que la estructura y diseño normativo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), brinda especial y trascendental protección a las trabajadoras y los trabajadores, a quienes se los considera como la principal fuerza productiva de la sociedad; tal es así que, principios procesales inherentes al Derecho Laboral han sido elevados a rango constitucional, así el art. 48.II de la CPE, señala: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Uno de los pilares que componen el núcleo del Derecho Laboral recae en el principio protector, cuyo carácter general es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador; bajo esa premisa, la conclusión lógica arriba al hecho de que el principio protector inherente al Derecho sustantivo laboral, comprende de modo cierto e inevitable al Derecho adjetivo laboral, no pudiendo entenderse una práctica procesal laboral, sino, desde una perspectiva tuitiva, pues un sentido contrario diluiría no sólo los principios generales de la materia, sino, conformaría cauces contrarios a los fines que la propia Constitución señala y persigue.

La anterior aseveración se encuentra apoyada en la desigualdad originaria entre las trabajadoras y los trabajadores frente al empleador, basada no simplemente en una distinta condición económica o distinta condición social existente entre ambos, sino en la posición y rol que los primeros ocupan dentro del trato jurídico que los enlaza, a saber, la relación de subordinación y dependencia. La indicada desigualdad del trabajador se corrige, por tanto, también mediante normas procesales, cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden o reducen la desigualdad material y que no pueden recibir una valoración negativa, en la medida en que la desigualdad procesal establecida aparezca razonablemente ligada a tal finalidad y sea proporcionada a la desigualdad material existente.

Así, se tiene expresamente previsto en los arts. 48.II de la CPE, y 3.h), 66 y 150 del CPT, el principio de la inversión de la prueba, que no es otra cosa que, invertir la regla establecida para el ámbito civil respecto a “quien afirma un hecho, debe probarlo”, de modo que, para el ámbito laboral, la ley establece que “corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción”, por lo que, a través del mencionado principio, se invierte dicha regla del derecho ordinario civil, siendo de interés jurídico del demandado el desvirtuar los fundamentos de la acción, de modo que, tiene la obligación de aportar los elementos probatorios pertinentes, eficaces y suficientes, para desvirtuar los hechos afirmados por la parte demandante, bajo riesgo que, de no hacerlo, éste se perjudica por falta de prueba.

En ese sentido, la acusación que la parte recurrente hace respecto a la valoración de la única prueba cursante a fs. 1, no resulta suficiente para fundar una decisión casatoria, toda vez que si bien dicha literal sólo fue acompañada en fotocopia por la parte demandante, como prueba preconstituida, es claro que la misma no fue objetada en la respuesta de la parte demandada, tampoco en el transcurso del proceso, constando su observación recién en los memoriales recursivos respecto a la decisión de fondo, por lo que resulta plenamente válida a los efectos de su valoración, conforme la previsión del art. 161.a) del CPT, de modo que su presentación en fotocopia simple no afecta su validez, al existir un reconocimiento tácito de la misma debido a su falta de objeción durante todo el curso del proceso de primera instancia.

Ahora bien, su valoración para generar indicio respecto a la existencia de la relación laboral, también este Tribunal considera correcta, dado que, apegados a la experiencia, la lógica y las circunstancias que hacen al juicio, conforme los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, no resulta razonable ni lógico, que una persona con plenas capacidades para obrar, primero acuda ante la instancia administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y luego ante la judicatura laboral, reclamando derechos sociales, y en la que la parte denunciada y ahora recurrente, sólo presenta memorial negando por completo la existencia de una relación, sea esta civil, comercial o laboral; cuando la razón y la experiencia enseñan que, al conocer de una demanda laboral de un supuesto trabajador, probablemente desconocido, es lógico pensar en una reacción inmediata y acudiendo a las autoridades en las que radica el conocimiento de la causa, no sólo para indagar sino y sobre todo para probar que los derechos que se pretenden por la parte demandante, no corresponden, en su propio interés; lo que evidentemente no ocurrió en el caso, limitándose la parte demandada a presentar sólo memoriales de negación de los hechos y afirmación de los suyos (tanto a la instancia administrativa como a la instancia jurisdiccional).

Es más, dadas las circunstancias que hacen al juicio, como es el tipo de trabajo desarrollado por la parte actora “trabajadora del hogar”, no es posible exigir que la misma genere mayores indicios respecto a la existencia de la relación laboral, por cuanto, en tal rubro laboral, regularmente los empleadores no suscriben contratos escritos, tampoco emiten boletas de pago, menos planillas de aportes a los seguros a corto y largo plazo, no manejan formularios de permisos o vacaciones, o libros o tarjetas de control de asistencia, etc., de modo que rige un informalismo laboral, que no hace posible a la parte trabajadora, la generación de mayores elementos probatorios que generen mayores indicios para acreditar lo que se demanda; y pretender que la parte demandante presente -cuando menos- testificales, dado el tipo de servicio que prestó la trabajadora a la demandada (trabajo de hogar), no lleva sino a un desconocimiento absoluto del principio rector antes anotado, como es el principio de la inversión de la prueba, cuando ello no corresponde.

En ese sentido, para el caso es plenamente aplicable el principio de la inversión de la prueba, normado en los artículos 3.h), 66 y 150 del CPT, dado que, en interés propio de la parte demandada, correspondía a la misma desvirtuar los hechos afirmados por la parte actora, que para el caso de reclamo, está relacionado a la relación laboral, y dado que la recurrente (demandada) no presentó ninguna prueba que tienda a desvirtuar los hechos sostenidos en la demanda, y menos las que demuestren sus propias afirmaciones, respecto a que con la demandante no le vincula ninguna relación civil, comercial o laboral, pese a ser legalmente citada con la demanda (fs. 5), y notificada con la apertura del periodo probatorio y los puntos de hecho a probar (fs. 10 y 11), en el que se incluyó como un punto específico a probar por la parte demandada “Que con la actora no le liga ningún tipo de obligación laboral”, de modo que tenía amplias posibilidades de aportar todos los medios de justificación previstos en el art. 151 del CPT, entre los que se puede mencionar a la confesión provocada, declaraciones de terceros, generar indicios, fotografías, videos, reconstrucciones, etc., de modo que genere convicción en el juzgador, respecto a los argumentos de su defensa; por lo que tal omisión y negligencia, no puede menos que acarrear sino un fallo desfavorable para la parte.

No resulta fundado en derecho, argumentar la existencia de una mala valoración probatoria por parte de los jueces de fondo, cuando la recurrente no presentó una sola prueba de su parte a los efectos de demostrar los hechos fijados en el auto de fs. 10 y vta. (Relación procesal y puntos de hecho a probar), por lo que resulta un exceso afirmar que el Tribunal de alzada no habría valorado correctamente la prueba, conforme a las reglas de la sana lógica, los dictados de la conciencia y la jurisprudencia existente sobre el tema, cuando al contrario, la valoración estuvo enmarcada en los arts. 3. j), 158 y 200 del CPT.

Finalmente, en relación a la existencia de un posible cómputo erróneo del plazo probatorio que no habría sido advertido por el Tribunal de apelación; este tribunal no encuentra evidente dicha afirmación, toda vez que el termino de prueba común para ambas partes fenecía el sábado 6 de junio de 2009, siendo ésa la fecha en la que el juez de primera instancia, negó de manera correcta la solicitud de nueva fecha para producción de prueba testifical de descargo, no existiendo vulneración alguna al debido proceso como acusa la recurrente.

Por ello se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 38 a 40, corresponde resolver el recurso en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 38 a 40, interpuesto por Magaly Castro Claure, contra el Auto de Vista N° 185/2011 de 05 de septiembre de 2011 cursante a fs. 34 a 36, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado de la parte demandante en la suma de Bs.500,00.-, que mandara hacer efectivo el juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera