TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 740

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 456/2011-S

Demandante: Manuel Gualberto Vásquez Vásquez  

Demandada: Universidad Pública de El Alto 

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: Los recursos de casación de fs. 462 a 467 y 473 y vta., interpuestos por Manuel Gualberto Vásquez Vásquez y por Wilmer Nicanor Choque Flores, el último en representación legal de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), respectivamente, contra el Auto de Vista No 060/2011 SSA.II de 14 de junio, cursante de fs. 397 a 398, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso Laboral, seguida por Manuel Gualberto Vásquez Vásquez contra la UPEA; la respuesta al mencionado recurso mediante memorial a fs. 477 y vta.; el Auto No 171/2011 de 06 de septiembre, a fs. 478 vta., que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, interpuesta la demanda de reincorporación laboral y tramitado el mismo, la Juez de Primero de Trabajo y Seguridad Social, en suplencia legal, de la ciudad de El Alto, emitió la Sentencia Nº 50/2010 de 26 de noviembre, cursante de fs. 362 a 371, declarando probada en parte la demanda de reincorporación laboral de fs. 17 a 20, subsanada a fs. 22, sin costas, y en consecuencia dispone que la UPEA a través de su representante legal, y en ejecución de sentencia, proceda únicamente a la reincorporación del actor al cargo de docente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, en las materias regentadas por el actor antes de su ilegal despido, con el pago de salarios devengados, hasta la fecha efectiva de su reincorporación con la actualización prevista en el art. 10.III del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006 y no así al cargo administrativo de Secretario General de la UPEA. Sin costas, en aplicación de los arts. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) de 20 de julio de 1990 y 52 del DS N° 23215 de 22 de julio de 1992.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación por ambas partes del proceso mediante memorial a fs. 375 y vta. y 380 a 385 vta., la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 060/2011 de 14 de junio, de fs. 397 a 398, revocó en parte la Sentencia Nº 50/2010 de 26 de noviembre, de fs. 362 a 371 de obrados, disponiendo que el A quo, en ejecución de fallos proceda a efectuar un nuevo cálculo del sueldo promedio indemnizable del actor en función a los tres últimos sueldos que percibía en su condición de docente universitario (los primeros meses de la gestión 2007).

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha resolución motivó que ambas partes del proceso formulen los recursos de casación, que en lo esencial de su contenido, expusieron:

1.2.1. Recurso de casación interpuesto por Manuel Gualberto Vásquez Vásquez

Que, tanto la Sentencia como el Auto de Vista desconocieron el DS N° 0495, al disponer la reincorporación del actor solo como docente, cargo en el que no percibía salarios, y de acuerdo al artículo único del mencionado Decreto Supremo, señala que se dispondrá la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba el trabajador al momento del despido, pero tal aspecto no fue considerado por los Jueces de Instancia al dictar sus respectivos fallos.

Que, el Auto de Vista recurrido dispuso revocar la Sentencia y en ejecución de fallos proceder al cálculo del sueldo promedio indemnizable en base a los últimos tres sueldos que percibía el actor en su condición de docente universitario, indicando además que sea de los primeros meses de la gestión 2007; sin embargo, los Decretos Supremos (DDSS) Nos. 28699 y 0495, y art. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT), establecen que el sueldo promedio indemnizable debe ser calculado en base al promedio de los tres últimos salarios percibidos, y que el actor demostró con boletas de pago que percibió únicamente sueldos como Secretario General desde el 14 de mayo de 2005 al 27 de noviembre de 2007, y no así como docente ordinario, por lo que el Tribunal ad quem aplicó erróneamente las normas legales citadas anteriormente.

Señaló también que, la Sentencia no consideró ni aplicó correctamente los arts. 39 de la LACG y 52 del DS N° 23215, puesto que determinó sin costas en base a las normas legales citadas, cuando debió otorgar las costas toda vez que una demanda social no se constituye en una demanda civil y mucho menos no es un daño, por lo que la aplicación normativa fue erróneamente interpretada, aspecto que no fue valorado ni considerado por el Tribunal de alzada.

Por último, luego de señalar una cita especifica de precedente contradictorio sobre un fallo del mismo juzgado respecto a la reincorporación de un trabajador, en el que resolvió la reincorporación del mismo, precisamente en el cargo que ocupaba al momento de su despido en la UPEA, confirmado tal fallo por el de Alzada, por lo que el Auto de Vista ahora recurrido al disponer la reincorporación a un cargo que no desempeñaba desde más de medio año antes de cesar sus funciones el actor en su puesto de Secretario General fue contraria a la previsión legal de los DDSS Nos. 28699 y 0495 porque intentan reincorporar al actor a un cargo sin salario y pese haber acreditado en sus últimas papeletas de pago de haberes que corresponden a Secretario General.

I.2.1.1. Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista N° 60/2011 de 14 de junio, y deliberando en el fondo de la acción se dicte nueva resolución que reconozca en derecho y en base a los antecedentes, a las funciones como docente ordinario y Secretario General de la Universidad demandada.

I.2.2. Recurso de casación interpuesto por Wilmer Nicanor Choque Flores en representación legal de la UPEA

Acusó que en el Auto de Vista no correspondía disponer la reincorporación como docente de la Universidad, al haber demostrado de manera suficiente en la etapa preparatoria que el actor fue retirado por causal justificada por los actos violentos en contra de la comunidad Universitaria, y que al haber aparejado y demostrado en obrados por la prueba de descargo, demostró que la separación del demandante de la Universidad demandada fue por motivos por demás justificados.

Por último señaló que, se hizo mención a los DDSS Nos. 28699 y 0495, que más allá de fundamentar unas supuesta destitución injustificada, han sido vulnerados por no seguir menos ajustarse a derecho.

I.2.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando:”…revoque la Resolución A.V. N° 060/2011 SSA.II cursante a fs. 397, 398 declarando improbada la demanda intentada y sea con las formalidades de ley” (sic).

       CONSIDERANDO II:

       II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

       Que así formulados ambos recursos de casación en el fondo, se ingresa a resolver los mismos, bajo las consideraciones y razonamientos siguientes:

       II.1.1. En relación al recurso de casación interpuesto por Manuel Gualberto Vásquez Vásquez

Se cuestiona lo resuelto por los Jueces de instancia, acusando que desconocieron el alcance de los DDSS Nos. 28699 y 0495, argumentando que se debió disponer la reincorporación al demandante al cargo que desempeñaba al momento de su retiro, como es el de Secretario General; sin embargo, los Jueces de instancia sólo consideraron la reincorporación del actor a su cargo como docente ordinario, y no así al de Secretario General, y que los Decretos Supremos anotados son concordantes con el art. 19 de la LGT, en sentido que el sueldo promedio indemnizable del actor tenía que ser de los últimos salarios percibidos, es decir de secretario general y no de docente.

Que, es necesario previamente recordar que la UPEA es una institución de educación superior, científica, productiva, autónoma, democrática, pública, laica, gratuita, multinacional y pluricultural que forma parte del Sistema de la Universidad Boliviana en igualdad de derechos, de condiciones y jerarquía con las restantes Universidades estatales autónomas, de conformidad a los arts. 185, 186, 187 y 189 de la antigua Constitución Política del Estado (CPE), y conforme lo establece el Estatuto Orgánico de la UPEA, cursante de fs. 202 a 209 de obrados, concordante con la Resolución N° 3/2004 de 6 de abril cursante a fs. 166, el cual resuelve también que su funcionamiento se enmarca en el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, aprobado en el “X Congreso Nacional de Universidades”.

Respecto a la autonomía universitaria, cabe aclarar que debe ser entendida como la potestad que se les otorga a las Universidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, así como administrar sus recursos, pero de ninguna manera como autorización para que el manejo de los recursos humanos y los derechos con que cuentan sus trabajadores, sea de manera arbitraria o discrecional, en todo caso, además de cumplir con la norma laboral y la que regula a los servidores públicos, no debe contraponerse a los principios laborales plasmados en la Constitución Política del Estado (CPE), contenidos en los arts. 5, 7.j), 156, y 157 de la antigua CPE, ahora contemplados en el art. 46, 48 y 49 de la actual CPE, que dispone:I. Toda persona tiene derecho: 1)  Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; 2) A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”, y “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y el trabajador”, y finalmente, “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones correspondientes”.

En el caso, conforme disponen los arts. 116 al 119 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, y art. 6 y siguientes del Reglamento del Régimen Académico Docente de la Universidad Boliviana, la autonomía de la UPEA se refleja en el libre “nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales”; habiéndose establecido, en cuanto a la contratación de docentes universitarios diversas categorías.

Ahora bien, resulta importante previamente señalar que el sistema normativo de las universidades públicas del país, establece una clasificación de los docentes según la forma de su contratación, que, de acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico Docente de la Universidad Boliviana, la docencia universitaria reconoce a 6 categorías de docentes divididos en tres grupos: Primer grupo de docentes honoríficos: en el que se encuentran los docentes eméritos y los docentes honorarios; Segundo grupo de docentes extraordinarios: en el que se encuentran los docentes interinos y los docentes invitados; y el tercer grupo de docentes ordinarios: en el que se encuentran los docentes contratados y docentes titulares.

Así, se tiene que los docentes ordinarios son los profesionales que ingresan a la carrera universitaria, previa selección por concurso de méritos y examen de competencia u oposición; y los docentes contratados son los profesionales que han aprobado el concurso de méritos y el examen de competencia y firma un contrato de trabajo con la universidad contratante con las características, derechos y obligaciones establecidas en el Capítulo III del Reglamento del Régimen Académico Docente de la Universidad Boliviana, en el que señala que la carrera docente ordinaria empieza con la categoría de docente contratado, y cuyo objetivo del contrato a docentes de esta categoría (contratados) es poner a prueba la capacidad del docente en el campo de la enseñanza, investigación e interacción social, antes de admitirlo en el escalafón como docente titular, y su duración de tales contratos es de un año académico, al cabo del cual el docente debe ser evaluado por el respectivo Consejo de Carrera anualmente, estando a cargo de las respectivas Comisiones paritarias previamente formadas en los respectivos Consejos Facultativos o de Carrera, con la base en el reglamento de evaluación, propio de cada universidad.

En el caso se advierte que, mediante Memorándum Docente N° V.R. 028 de 26 de julio de 2004, la UPEA suscribió contrato laboral con el actor, puesto que mediante Convocatoria Pública por Concurso de Méritos y Examen de Competencia del año 2004, el actor ganó los cargos de docente, en calidad de docente contratado, en las asignaturas de “Sistemas Digitales” y “Arquitectura del Computador” conforme a fs. 1, ingresando a la UPEA inicialmente a la categoría universitaria de docente ordinario; sin embargo, de acuerdo a la fecha de ingreso del actor a la Universidad demandada el 26 de julio de 2004 conforme consta a fs. 1 de obrados; de acuerdo a la nota a fs. 164 de 09 de octubre de 2007 el actor continuaba regentando las materias por las que entró en a la UPEA; y las declaraciones testificales de cargo de fs. 299 a 306 de obrados, las cuales concuerdan en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares, precisando que el actor trabajaba desde el año 2004 a 2007 en la UPEA como docente ordinario, y que también fue designado como Secretario General por el Consejo Universitario propuesto por el Rector, configurándose de tal manera la fe probatoria necesaria dispuesta por el art. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT) que el actor trabajó continuamente como docente académico, y de acuerdo con el art. 27 de la Reglamento del Régimen Académico Docente de la Universidad Boliviano, el demandante gozaba de estabilidad laboral en el cargo de docente académico.

No obstante, y sin perder su condición de docente universitario con estabilidad laboral, el actor fue designado al cargo administrativo de Secretario General de la UPEA, de manera interina, cargo que además, fue considerado por los de instancia como uno de confianza; así, el actor fue designado a dicho cargo administrativo el 13 de mayo de 2005 conforme la Resolución H.C.U. N° 048/2005 de fs. 30 a 31, y por sugerencia del Rector, quien otorgó el nombre del actor para ocupar dicho cargo administrativo “interino”, por ser personal de confianza del mismo, en tal sentido, el art. 2 de la Resolución mencionada, señala: “Se aprueba por aclamación la nominación del Ing. Manuel G. Vásquez Vásquez para el cargo de Secretario General a.i. de la Universidad Pública de El Alto” (sic).

La Sentencia Constitucional 0018/2007 de 9 de mayo de 2007, realizó razonamientos del carácter de interinidad, aplicables al presente caso, por cuanto dejó establecido que: "... el interinato es el desempeño de un cargo de manera provisional, en sustitución de una autoridad o funcionario público...”  (sic). La doctrina también es uniforme en señalar que, el interinato refiere sobre todo a la temporalidad de las funciones, es decir, los funcionarios interinos se tornan en provisorios durante el tiempo que les cabe desempeñar sus funciones con todas las prerrogativas, competencias y potestades inherentes al cargo. Interino es quien suple o sustituye temporalmente la falta de otro en una función, empleo, trabajo o actividad. Interino es provisional; transitorio. (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas)". Entendiéndose entonces por la interinidad, también como la duración de un cargo desempeñado provisionalmente en sustitución o reemplazo de otra autoridad, funcionario u obrero, o como acumulación transitoria con funciones superiores, comprendiendo de las interinidades o sustituciones a toda la escala social, desde la Jefatura de Estado, hasta la más modesta de las ocupaciones, cuando alguien suple o sustituye temporalmente la falta de otro en una función, cargo, empleo, trabajo o actividad.

No cabe duda entonces, que su designación en el cargo de Secretario General de la Universidad fue con carácter interino, por lo tanto provisorio, de modo que no contaba con estabilidad laboral en el mismo, por cuanto podía ser removido de sus funciones cuando así lo dispusiera la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del su ente colegiado, conforme sus procedimientos propios, por lo tanto, no correspondía la reincorporación laboral a dicho puesto, como acertadamente falló el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia, por lo que, en tal determinación, no se encuentra vulneración normativa alguna.

       Lo expuesto anteriormente se respalda también con la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1361/2013 de 16 de agosto, que señaló: “La jurisprudencia de este Tribunal, a partir de la SC N° 0051/2002-R de 18 de enero, respecto a la estabilidad laboral sostuvo que únicamente estaba prevista para los funcionarios de carrera; asimismo, indicó que sólo los funcionarios de carrera pueden ser sometidos a proceso para su destitución, esto porque: …en su condición de funcionario público provisorio, el recurrente no goza del derecho a la estabilidad laboral, prevista sólo para los funcionarios de carrera, de acuerdo al art. 7.II, inc. a) del Estatuto del Funcionario Público, y tampoco es aplicable el caso de retiro por la vía de la destitución, previo proceso disciplinario, pues éste también es un derecho exclusivo de aquellos funcionarios incorporados a la carrera administrativa, según determina el art. 41 de dicho Estatuto. Que, en consecuencia, la destitución del recurrente no constituye un acto ilegal ni una omisión indebida, pues está enmarcada a derecho”.

       No obstante lo señalado, y siendo que el mismo demandante accionó su derecho a la reincorporación laboral al cargo de docente universitario, en el cual contaba con estabilidad, conforme fundamentaron los jueces de fondo, la decisión de reincorporar al actor a dicho cargo, al no encontrar que en su despido de tal puesto, haya concurrido causa legal de despido, hace correcta también la decisión de los juzgadores de instancia.

       No resulta correcta la interpretación hecha por la parte recurrente respecto a lo dispuesto por los DDSS Nros. 28699 y 495, que la reincorporación del trabajador despedido injustificadamente deba ser al mismo puesto del cual fue retirado, cuando las normas mencionadas deben ser interpretadas, en tratándose del caso concreto, al cargo del cual se consideró fue injusta e ilegalmente despedido, como en el caso es el de “Docente Universitario” y no así el cargo de “Secretario General de la Universidad”; por lo que la decisión expresada en el auto de vista recurrido, no contraviene los mencionados Decretos Supremos.

Respecto al salario considerado para efecto de los sueldos devengados, éste Tribunal tampoco encuentra cierta la vulneración normativa acusada, primero porque el art. 19 de la LGT, citado por la parte recurrente, no puede ser aplicado al caso de examen, por cuanto no se está dilucidando el pago de los beneficios sociales y derechos laborales por indemnización, sino los sueldos devengados que derivan de la injusta e ilegal decisión de la entidad demandada, que para el caso de análisis hace al cargo de Docente Universitario, de modo que, reiterando, al encontrarse evidente la ilegal destitución del cargo de docente, lógico es determinar que los sueldos devengados sean pagados por dicho cargo, como correctamente decidió el Tribunal de apelación.

Finalmente en cuanto a las costas procesales, es menester enfatizar que la segunda parte del art. 39 de la LACG, prevé: “Los procesos administrativos y judiciales previstos en esta ley, en ninguno de sus grados e instancias darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales, corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso”; norma legal que posteriormente fue esclarecida por el art. 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992, precisando que: ”Los procesos a que se refiere la Ley en la segunda parte de su art. 39, son todos aquellos en los cuales el Estado, sus instituciones y los organismos en los que tienen participación, intervienen como parte”. Si bien dicha disposición daría a comprender que sólo referiría a los procesos coactivos fiscales, empero, la norma aludida no limita su aplicación a cualquier otro proceso en el cual sea parte el Estado a través de las  instituciones o empresas públicas que forman parte de su estructura. Criterio además ya aclarado por la SC 1295/2001-R de 7 de diciembre.

Por lo tanto, claramente se deduce que no es posible condenar en costas a las entidades del Estado, y siendo que la Universidad demandada se constituye en una institución educativa de carácter público, no puede ser pasible a la imposición de costas procesales, al estar alcanzada por las disposiciones legales ut supra señaladas, por lo que los Jueces de instancia al no haber establecido costas, acomodaron sus actos a las normas precedentemente citadas, no siendo evidente la infracción denunciada por la parte demandante; en consecuencia el reclamo deviene en infundado.

De lo precedentemente expuesto, se advierte que el Tribunal ad quem no vulneró, interpretó erróneamente o aplicó indebidamente los DDSS Nros. 28699 y 0945, al disponer su reincorporación al cargo de docente universitario y no así al cargo de secretario general.

Consiguientemente, al no ser evidentes las infracciones acusadas por el recurrente, éstas devienen en infundadas, correspondiendo resolver el recurso de casación en el fondo de acuerdo a lo establecido por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso presente por la norma permisiva del art. 252 del CPT.

II.1.2. En relación al recurso de casación interpuesto por Wilmer Nicanor Choque Flores

Es preciso señalar que, el principio fundamental del acceso a la justicia que se encuentra plasmado en el art. 180.II de la CPE, se garantiza a todo litigante, el derecho de impugnación en los procesos judiciales, empero, para su procedencia, el recurrente tiene la carga procesal de cumplir con los requisitos de forma y fundamentalmente de fondo establecidos en las normas procesales.

Que, sobre la procedencia del recurso de casación, el art. 258.2) del CPC, exige al recurrente:”…citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso…”; carga procesal que debe ser cumplida con la finalidad de aperturar la competencia del Tribunal de casación, pues su inobservancia es sancionada con la declaración de improcedencia del recurso, conforme previene el art. 272.2) del CPC.

Al respecto, la jurisprudencia estableció que, al equipararse al recurso de casación a una demanda nueva de puro derecho, debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, en ese sentido, debe el recurrente fundamentar por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos. Así, cuando se formula el recurso de casación en el fondo, debe fundarse en errores “in iudicando” en que hubiera incurrido el Tribunal inferior al emitir su resolución, demostrando la violación de leyes  o normas sustantivas en la decisión de la causa, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del CPC; mientras que, si se formula el recurso de casación en la forma, éste se funda en errores “in procedendo”, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto en el art. 254 de la citada norma.

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que:”…La casación es un recurso extraordinario, porque su interposición no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación, sino que se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos esenciales específicamente determinados por ley. Se encuentra prevista por los arts. 250 y sgtes. del CPC, donde dispone que se la concederá para invalidar una sentencia o auto definitivo en aquellos casos señalados expresamente en la norma; pudiendo ser en el fondo y en la forma; ambas que pueden ser interpuestas al mismo tiempo” (sic).

Que, son los arts. 253 y 254 del CPC, que prevén las causas de procedencia del recurso de casación en el fondo y en la forma; respectivamente, teniendo cada una de estas sus propias características y efectos, por lo que el recurrente, en la interposición del recurso, está obligado a precisar si el recurso interpuesto es en una u otra forma o en ambos. El art. 253 del CPC, establece tres motivos de procedencia: i) Cuando las resoluciones del inferior contuvieren violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; ii) Cuando contuviera disposiciones contradictorias; y iii) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o derecho; por su parte el art. 254 del Adjetivo Civil, prevé siete motivos de procedencia, que se fundan esencialmente en errores en el procedimiento en los que se hubiera incurrido. De la glosa de las normas que preceden, se advierte que cada recurso tiene sus propias características, diferencias que tienen incidencia tanto en la apropiación de la causa que se invoca como en la forma de Resolución, pues en el recurso de casación en el fondo lo que se pretende es que el Tribunal resuelva el fondo del conflicto, y en la forma se procurara que se anule obrados.

Ahora bien, en el recurso de casación que es motivo de análisis se advierte que el recurrente omitió cumplir con los requisitos de procedencia exigidos por el art. 258.2) del CPC, pues no existe precisión de la o las causales previstas por el art. 253 del adjetivo citado, en la que sustente su recurso, puesto que no identificó en términos claros, concretos y precisos las leyes posiblemente violadas, interpretadas en forma errónea o aplicadas indebidamente.

Conforme se puede advertir del recurso de apelación cursante a fs. 375 y vta., interpuesto por la Universidad demandada, los argumentos desplegados en el recurso de casación son los mismos a los ya presentados en el recurso de apelación de la sentencia, los que ya merecieron respuesta por parte del Tribunal de alzada a través del Auto de Vista impugnado, pues no existe crítica jurídica alguna respecto a los fundamentos expuestos en el fallo recurrido de casación, en tal sentido, no se tiene certeza de a cuál de las causas previstas en el art. 253 del CPC, es a la que apega su recurso de casación la entidad demandada, pues si bien se cita el Auto de Vista como resolución recurrida, empero los argumentos refutan la sentencia, por lo que no es posible ingresar a considerar el mismo por defectos en su interposición.

Finalmente, queda confirmada la impericia con la que se interpuso el recurso de casación, pues desconociendo las formas de resolución de un recurso de casación establecidas por el art. 271 del CPC, el recurrente pide la revocatoria del Auto de Vista, como si se tratara de un recurso de apelación, cuando por la norma adjetiva citada, la forma de resolución, de ser acogido favorablemente el recurso, corresponde a una casación y no así a la impetrada por la entidad recurrente.

Por lo expuesto, corresponde aplicar lo advertido por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC aplicables al presente por la norma permisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm.; Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 462 a 467 interpuesto por Manuel Gualberto Vásquez Vásquez, e IMPROCEDENTE el recurso de casación a fs. 473 y vta., interpuesto por Wilmer Nicanor Choque Flores en representación legal de la UPEA.

Sin costas por ser doble recurso, y en aplicación de los arts. 39 de la LACG y 52 del DS N° 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera