TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 738

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 516/2011-S

Demandante: Santiago Luis Alcázar Riveros

Demandado: Escuela Militar de Ingeniería

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 181 a 183 vta., interpuesto por Jaime Fabián Chávez Cuevas, en representación legal de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), contra el Auto de Vista N° 171/11 de 9 de junio de fs. 139 y vta., pronunciado por la Sala Social Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral que por pago de beneficios sociales sigue Santiago Luis Alcázar Riveros, contra la entidad recurrente, la respuesta al recurso de fs. 186 a 188; el Auto que concedió el recurso a fs. 189; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Tramitado el proceso laboral, el Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 21/2011 de 25 de febrero de fs. 99 a 101 vta., declarando probada la demanda, sin costas, disponiendo que la parte demandada a través de su representante legal cancele la suma de Bs.134.600,2.-, por concepto de beneficios sociales consistentes en indemnización, vacación más la multa del 30% prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, conforme al detalle que se tiene asentado en el citado Fallo, además de disponerse que en ejecución de fallos se proceda a la actualización del concepto de indemnización conforme al antes mencionado DS. 

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Rodrigo Oscar Loma Fuentes en representación legal de la EMI, la Sala Social Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista N° 171/11 de 9 de junio de fs. 139 y vta., confirmó la Sentencia Nº 21/2011 de 25 de febrero, sin costas.

I.2. Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia motivo que Jaime Fabián Chávez Cuevas en representación de la EMI mediante memorial de fs. 181 a 183 vta., interponga recurso de casación o bajo los siguientes fundamentos:

  1. Arguye que se declaró rebelde contumaz a la EMI por presunta irregularidad en la notificación y representaciones realizadas por el Oficial de Diligencias que al ser una institución pública descentralizada con dependencia orgánica de las Fuerzas Armadas permanece abierta las 24 horas del día que tiene una prevención de guardia.     
  2. Refiere que el Juez de Primera instancia sin valorar las pruebas de descargo ha señalado que el actor es un trabajador comprendido en el ámbito de la Ley General del Trabajo (LGT), sin tener presente que el propio demandante, reconoce su condición de servidor público al suscribir una declaración jurada de compatibilidad con el servicio público, declarando haber leído con atención el párrafo sexto de los arts. 10 y 11 de la Ley N° 2027 y 17 del Reglamento al Estatuto del Funcionario Público.

Si bien la EMI forma parte del sistema de la Universidad Pública boliviana, esa participación en el sistema, se centra en el ámbito académico. En ese sentido, toda actividad administrativa se debería enmarcar en lo establecido en la Ley del Estatuto del Funcionario Público al estar reconocida la EMI como entidad Pública descentralizada con tuición del Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo a lo estipulado en el DS N° 28633 de 9 de marzo de 2006 Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

Sobre lo anterior, asevera el recurrente que las pruebas de cargo y descargo, (Resoluciones N° 01-A/2008 de fecha 2 de enero de 2008 y 46/2010 de 08 de febrero de 2010), que aprueban el pago de refrigerio a los Servidores Públicos de la EMI, beneficiaron al demandante en su condición de servidor público de las Fuerzas Armadas, con grado militar, encontrándose por lo tanto en situación militar, según el art. 84 y 85 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación (LOFA), demostrándose que el demandante se encontraba dentro del régimen de las Fuerzas Armadas razón por el que inclusive solicitó Licencia Máxima de la Fuerza Naval Boliviana, documentos que hacen plena prueba de que el demandante no se encontraba dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, sino bajo la normativa dispuesta por la LOFA y al mismo tiempo con la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público.

  1. La Juez de Primera Instancia, señala que el tiempo de servicios fue de 14 años, 9 meses y 6 días; empero, por la prueba de descargo, el Informe del departamento de Recursos Humanos DIR.NAL.RR.HH. N° 010/10, da cuenta que el demandante habría prestado servicios en la institución un total de 13 años con cuatro meses desde agosto de 2005, tiempo de trabajo refrendado por el informe de Años de Servicio emitido por el Ministerio de Hacienda; es decir, el actor desempeñó diferentes funciones dentro del Sector Público, como Teniente de Fragata de Servicio de la Fuerza Naval y como Asesor Personal del Comandante General de la Fuerza  Naval Boliviana y como Auditor en la EMI.
  2. Agrega que al margen de lo legal se fijó el pago de vacaciones, sin tener presente que la EMI cumple con lo establecido en la Ley 2027, que en su art. 50 impide la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones consecutivas, por lo que sus funcionarios hacen uso de su vacación oportunamente, situación que es evidente en el caso de autos por lo visto en las “pruebas 13 a 21”.  
  3. Añade que no se consideró el DS N°  02226 de fecha 26 de octubre de 1950, elevado a rango de Ley en fecha 10 de noviembre de 1951 por Ley 286, en su art. 1 prevé que la EMI depende administrativamente del Ministerio de Defensa Nacional; asimismo haciendo mención al art. 50 del DS N° 28631 de 8 de marzo de 2006 y el art. 1 DS N° 21295 de 6 de junio de 1986, refirió que la EMI es una institución pública descentralizada, con autonomía de gestión, con personería jurídica sin fines de lucro, con las características de Institución Superior Universitaria para desarrollar funciones formativas a nivel profesional en el marco de la Reglamentación Militar; por su parte indicó que la Ley Nº 2938 de 20 de diciembre de 2004 en su art. 3 autoriza la incorporación de la EMI en el presupuesto del Ministerio de Defensa como entidad pública descentralizada bajo su tuición, normativa de no fue valorada por los de instancia.

Que el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, en su Título I, Constitución, Capítulo único, Deposiciones Generales, art. 3, dispone que: "Forman parte de la Universidad Pública Boliviana, aquellas Casas de Estudios Superiores de Nivel Universitario que, habiendo sido creadas por disposiciones legales superiores y siendo de carácter público, pero de gobierno no autónomo, se rigen por estatutos especiales. Su participación en el Sistema, se centra en actividades relacionadas con el ámbito académico"; por lo que se corrobora que la EMI, se rige por las normas legales superiores y de carácter público, sus estatutos especiales, centrándose su participado en el Sistema Universitario, en el ámbito académico; empero sin que esta situación de manera alguna signifique sujeción al ámbito de la LGT y su DSR, como pretende el demandante.

I.2.1. Petitorio

Finaliza el mismo manifestando interponer recurso de casación, amparado en los arts. 210 del CPT, 250 y 253.1 del CPC, solicitando sea declarada la improcedencia de la demanda y en aplicación de normas procesales y de orden público se anule la Sentencia emitida, toda vez que se viola lo establecido en la Ley N° 1178 art. 3 y la Ley N° 2027, debido que el demandado es funcionario público y no se encuentran dentro del alcance de la LGT.

I.2.2. Respuesta al recurso

Santiago Luis Alcázar Riveros en la contestación al recurso manifiesta que su citación por cedula cumple lo establecido por el art. 121 del CPC, que nunca estuvo ligado a una condición de funcionario público, habiendo existido dependencia exclusividad y subordinación de su persona hacia el empleador, que la EMI está reconocida por el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana, como universidad de carácter público y que la prestación de sus servicios se regula por la LGT, que el recurso puede plantearse alternativamente en la forma y en el fondo, empero el mismo es incoherente por que no discrimina, correspondiendo ser declarado improcedente.     

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Conforme el recurso de casación interpuesto, se advierte que el mismo versa principalmente sobre la calidad de institución pública de la EMI y la consecuente condición de funcionario público del demandante, de tal forma corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

La Escuela Militar de Ingenieros "Mariscal Antonio José de Sucre", posteriormente EMI, fue creada por DS N° 2226 de 26 de octubre de 1950, elevado a rango por Ley Nº 286 de 10 de noviembre del mismo año, estableciendo de tal manera sus fines y funciones, normativa complementada por el DS N° 2397 de 13 de febrero de 1951.

Dicha institución nace en 1950 con el DS Nº  2226 de 26 de octubre, como Instituto Militar de Enseñanza Técnico Profesional Superior, dependiente en lo administrativo del Ministerio de Defensa Nacional y en lo técnico del Comando en Jefe de las FFAA; asimismo, mediante DS Nº 21295 de 6 de junio de 1986, dispone en su art. 1, que la EMI tiene carácter de institución de educación superior universitaria; siendo reconocida su Personería Jurídica mediante Resolución Suprema (RS) Nº 212879 de 19 de julio de 1993; institución, que conforme al art. 16 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana forma parte del Sistema de la Universidad Pública Boliviana.

En sujeción al art. 3 de la Ley Nº 2938 de 20 de diciembre de 2004: "...Se autoriza la incorporación de la Escuela Militar de Ingeniería en el Presupuesto, como entidad pública descentralizada, bajo la tuición del Ministerio de Defensa Nacional, la misma que no demandará ninguna asignación directa o indirecta de recursos del Tesoro General de la Nación y debe cubrir todas sus obligaciones y pasivos con los recursos generados por su actividad...".

Así también, conforme el art. único del DS Nº 08162 de 28 de noviembre de 1967, prescribe: "...Aclárese expresamente que las Universidades del país, al amparo de su régimen autónomo quedan excluidas de las disposiciones contenidas en el DS Nº 8125 de 31 de octubre de 1967...", que establece en su art. 2: "...Todo funcionario que reciba sus remuneraciones con fondos provenientes del Tesoro Nacional (Gobierno Central), cualquiera sea la Institución en la que preste servicios será considerado, para fines de derechos de orden social como funcionario público y por lo tanto sujeto al régimen establecido por el Decreto Ley (DL) N° 07375 de 5 de noviembre de 1965...".

Por otra parte, la Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de 27 de octubre de 1999, que entró en vigencia a partir del 21 de junio de 2001, conforme establece el art. 69. I): "...Los Servidores Públicos dependientes de las entidades públicas, autárquicas y descentralizadas, cuyas actividades se regulen por disposiciones legales o estatutarias singulares amparadas por la LGT, que estuviesen prestando servicios en las mencionadas entidades hasta la fecha de vigencia de la presente Ley, seguirán sujetos a dicho régimen laboral...".

       De tal manera, siendo que la EMI al constituirse en una institución de educación superior universitaria y descentralizada, que genera sus propios recursos, queda excluida de las disposiciones contenidas en el DS Nº 08125 y siendo que el demandante fue contratado desde el 2 de junio de 1997, fecha anterior a la vigencia del Estatuto del Funcionario Público y que posteriormente le fue asignado el ITEM 023, no siendo contemplado como personal militar sino civil y dadas las características de relación laboral establecidas en instancia, como la dependencia, subordinación y prestación de trabajo por cuenta ajena, así como la percepción de un sueldo o salario, conforme lo establecen los arts. 1 y 2 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, en relación con el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, no corresponde reconocerle la calidad de servidor público, estando sujeto a lo dispuesto por el LGT, debiendo aplicarse en la especie el principio de primacía de la realidad en cuya virtud, para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores debiendo tomar en cuenta, lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente; sino, la demostración de la realidad que impera sobre la relación laboral; de tal forma, si bien el empleador y trabajador pueden acordar determinada acción; sin embargo, en la realidad se configura otra distinta, es ésta última la que tiene efectos jurídicos; es decir, que son los hechos los que determinan la naturaleza de la relación y no así su denominación.

En lo argüido a la irregularidad en la notificación y representaciones realizadas por el Oficial de Diligencias, corresponde referir al efecto que tal aseveración no es evidente menos cierta, puesto que de la revisión de obrados se tiene que a fs. 27 cursa el aviso judicial que fue dejado en la EMI ubicado en la calle Arce N° 2642, a fs. 28 cursa el informe del Oficial de Diligencias, donde textualmente manifiesta que el representante legal de la Escuela Militar de Ingeniería Cnl. Luis Castellanos Sasamoto  no pudo ser habido para su legal notificación por lo que se dejó el aviso judicial; en mérito al mencionado informe el Juez de la causa ordena la citación de la entidad demandada mediante cedula, conforme el art. 76 del CPT concordante con el art. 121 del CPC; a fs. 30 cursa la citación al Cnl. Luis Castellanos Sasamoto efectivizada mediante cédula en fecha 06 de septiembre de 2010  en presencia del testigo de actuación; todo ello implica que la citación al representante legal de la entidad demandada mediante cedula, cumple a cabalidad los arts. 121 y 122 del CPC; por otro lado la entidad recurrente pretende activar la nulidad de la citación en etapa casacional de manera extemporánea, cuando su derecho al reclamado a precluido conforme manifiestan los arts. 251 del CPC, y 16.II de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, que señala, “la preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”.

Con referencia a la invocación de la multa del 30% establecida por el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, corresponde señalar que, el art. 9. I del DS Nº 28699 establece: “…En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito...”, disponiendo en su parágrafo II, ante el incumplimiento de lo previamente preceptuado: “…En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente art., pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor…”; de tal manera, se advierte que, la normativa señalada sanciona el incumplimiento del pago oportuno tanto de los beneficios sociales, como de los derechos laborales reconocidos a favor del trabajador, correspondiendo frente a dicha inobservancia la aplicación de la multa del 30%.

Es en ese sentido, que ante las aseveraciones de la institución recurrente; cabe señalar que, el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o más aún para burlar obligaciones laborales; en ese sentido, una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos.

A ello, resulta pertinente enfatizar que la normativa en mención, respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que esta prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo -sin causa justificada-,  más no cuando ocurría un retiro indirecto o voluntario, apreciación que resultaba indebida, toda vez que el citado art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o de los trabajadores, disponiendo la multa del monto resultante del finiquito; es decir, que en esencia no hace excepción en caso de un despido indirecto, directo o voluntario, ya que pensar en contrario incidiría en la dilación del pago de los conceptos demandados.

En lo referente a la observación del tiempo de trabajo del demandante en la EMI, con meridiana claridad se establece que el tiempo de servicio que presto el actor en la entidad demandada fue de 14 años, 9 meses y 6 días, conforme al contrato de trabajo de fs. 2 y la renuncia irrevocable del actor a la institución de fecha 08 de marzo de 2010 de fs. 7, no mereciendo el mismo mayor comentario.

Sobre la solicitud de considerar la documentación de fs. 141 a 142 adjunta al memorial de casación, la entidad demandada no establece de forma específica, que norma fue vulnerada, interpretada erróneamente o aplicada indebidamente, o si se habría incurrido en error de hecho o de derecho en la valoración de dicha prueba, incumpliendo de tal forma con lo establecido por el art. 258.2 y 3 del CPC; en tal virtud en el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público para los efectos del art. 252, tomar en cuenta además que el recurso de casación es una demanda nueva de puro derecho.

En el caso presente, el recurrente pretende que en casación se ingrese a la censura de las resoluciones de grado acusando que las mismas habrían formado convicción sobre prueba insuficiente, desconociendo que en tales casos la Ley autoriza fallar con sustento en el principio in dubio pro operario, de tal modo que, de existir duda sobre los hechos, se estará a lo que más favorezca al trabajador, lo que no sería posible en caso de que el demandado hubiese desvirtuado con prueba fundante las pretensiones del demandante, lo que no ocurrió en autos.

Por otro lado, siendo la legislación laboral de cumplimiento obligatorio, debiendo sus normas ser interpretadas y aplicadas bajo principios protectores de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad y tomando en cuenta que es labor del Estado el proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, conforme lo señalan los arts. 48.I, II y 46.II de la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que los criterios asumidos por los Juzgadores de Instancia fueron correctos en cuanto a la relación laboral existente y consiguientemente el derecho al pago de beneficios sociales del trabajador.

Por los fundamentos expuestos, corresponde resolver el recurso conforme a la previsión de los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jaime Fabián Chávez Cuevas en representación legal de la EMI. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera