TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 733

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 504/2011-S

Demandante: Jaime Villalta Olmos

Demandada: Universidad Mayor Real y Pontificia  San Francisco Xavier

Distrito: Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 220 a 222, interpuesto por Lilian Giovana Gonzales Soto y Angélica Frías rez en representación de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, contra el Auto de Vista Nº 294/2011 de 10 de septiembre de fs. 215 a 217 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso por Social, seguido por Jaime Villalta Olmos contra la universidad hoy recurrente; la respuesta al mencionado recurso de fs. 230 a 232; el Auto 31 de octubre de 2011 a fs. 233, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

       I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Interpuesta la demanda de reliquidación de beneficios sociales y tramitado el proceso, la Jueza Primero de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Sucre, emitió la Sentencia Nº 026/2011 de 04 de junio de fs. 191 a 193 vta., y Auto de 22 de junio de 2011 a fs. 202 y vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 32 a 34, sin costas, ordenando a la universidad demandada, cancele al actor la suma de Bs.189.226,99.-, deduciéndose lo recibido por el demandante de Bs.188.164,80.- una vez realizada la planilla de actualización y multa del 30% de pago de liquidación de beneficios sociales, todo conforme al detalle que se tiene contenido en la Sentencia y su complementación.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandante Jaime Villalta Olmos, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca mediante el Auto de Vista Nº 294/2011 de 10 de septiembre de fs. 215 a 217 vta., y Auto de 11 de octubre de 2011 a fs. 227, revoca en parte la Sentencia 026/2011 de 4 de junio de fs. 191 a 193 vta., sin costas, ordenando a la universidad demandada, cancele al actor la suma de Bs.112.810.- y una vez adquiera ejecutoria el Auto de Vista debe de incrementarse el 30% del total del monto condenado en cumplimiento al art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.2. Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia motivó que Lilian Giovana Gonzales Soto y Angélica Frías Pérez en representación legal de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca mediante memorial de fs. 220 a 222, interpongan recurso de casación en el fondo bajo los siguientes fundamentos:

Manifiestan que, no existe fundamento legal para que el Auto de Vista revoque en parte la Sentencia que reconoce los beneficios del actor de los años trabajados y no del periodo de la suspensión de la relación laboral por causas políticas, debido a que no presentó en el periodo probatorio la Resolución Ministerial de reincorporación emitido por el Ministerio de Trabajo, conforme el DS N° 16167 de 13 de febrero de 1979 art. 5 y 19039 de 8 de julio de 1982 art. 2, disposiciones legales que se encuentran en vigencia, que fueron ofrecidas y producidas en calidad de prueba y no fueron valoradas por el Tribunal de alzada, vulnerando el principio de verdad material, el principio de la inversión de la prueba  previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), y el art. 3.h) del digo Procesal del Trabajo (CPT), respectivamente; agregando que el art. 5 del DS N° 16167 de 13 de febrero 1979 y el DS 19039 de 8 de julio de 1982, disponen que en supuestos como los del actor, éste debe contar con la Resolución Ministerial de reincorporación, con el objeto de que se considere los años de cesantía por causas políticas para acceder al beneficio social invocado por el recurrente.

Refieren que, la Jueza de grado en el Auto de relación procesal, dispuso que uno de los puntos de hecho a probar por la institución demandada es que el demandante no tiene la Resolución Ministerial de reincorporación por lo que no le corresponde los derechos solicitados, extremo acreditado durante el proceso probatorio, a través de una certificación emitida por la Dirección Departamental del Trabajo que certifica que el actor no cuenta con la Resolución Ministerial de Reincorporación, requisito que es exigido por los Decretos Supremos previamente mencionados y que fueron ofrecidos en calidad de prueba documental durante el periodo probatorio, que el Tribunal de apelación no valoró correctamente pese a que cumplieron con lo ordenado por el inc. h) del art. 3 del CPT, desvirtuando a través de la prueba producida las pretensiones del actor.

Arguyen que, el Auto de Vista en la parte del considerando en el inc. b) reconoce expresamente una antigüedad de 28 años, 2 meses y 11 días a favor del demandante, indicando que la Jueza de grado, incurre en error ya que el demandante ingresó a trabajar el 1 de octubre de 1968 habiendo desarrollado actividades docentes hasta el 31 de agosto de 1971 y desde el 6 de octubre de 1983 trabajó ininterrumpidamente hasta el 16 de enero de 2009, advirtiendo que reconocen el tiempo de trabajo y la interrupción que existió en la relación laboral del recurrente con la universidad demandada, empero contradictoriamente en el inc. c) del mismo considerando disponen que la universidad demandada cancele el beneficio de indemnización a favor del recurrente por 41 años, 3 meses y 16 días, pese a que el recurrente no cuenta con el requisito imprescindible de la Resolución Ministerial de reincorporación que debe contar toda persona que aduce haber sido suspendido por causas político sindicales, conforme dispone el DS N° 16167, de 13 de febrero de 1979 art. 5 y el DS N° 19039, de 08 de julio de 1982.

Refieren que, el Auto de Vista, no se halla correctamente fundamentado en disposiciones legales, ya que no contiene cita referencia de normas que sustenten la parte resolutiva, no posee un análisis de descargo, tampoco incluyó los razonamientos doctrinales y jurisprudenciales que debe contener todo fallo, violando los arts. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 102 del CPT.

Arguye que el Tribunal de apelación, no puede premiar la actitud pasiva del recurrente quien no tramitó su Resolución Ministerial de Reincorporación de manera oportuna ante las instancias correspondientes conforme dispone los Decretos Supremos mencionados, reconociendo al recurrente el periodo de cesantía por causas políticas sindicales, para la cancelación del beneficio de indemnización, sin que cuente con la respectiva Resolución Ministerial de Reincorporación violando dichas disposiciones legales y causando un daño económico a la Universidad que al ser una institución pública se encuentra sometida a las normas de administración y control que dispone la Ley de Administración y Control Gubernamentales, extremo que será de pleno conocimiento de la Contraloría General del Estado a efectos de establecer responsabilidades futuras, de las autoridades que ordenaron un pago indebido.

I.2.1. Petitorio

Finaliza solicitando a la Corte Suprema de Justicia, dictar Auto Supremo casando el Auto de Vista N° 294/2011, de conformidad a lo dispuesto en el art. 210 y siguientes del CPT en concordancia con el art. 271.4) y 274 del CPC.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

La controversia del recurso de casación se centra en el reconocimiento del tiempo de servicios de los periodos de cesantía por causas político sindicales a efectos del pago de la indemnización, que fue reconocido por el Tribunal de apelación; por lo que pasamos a resolver el mismo de acuerdo con las siguientes consideraciones.

Para nadie es desconocido que nuestra democracia en su incipiente construcción estuvo con frecuencia interrumpida por gobiernos de facto que en su instauración no dejaban de considerar el sistema universitario a mérito de constituir uno de los estamentos sociales con mayor raigambre en los principios democráticos, por lo que entre las medidas a tomarse no descuidaban la intervención de las universidades, tal y como efectivamente ocurrió en 1965, así  como en 1971 y 1980.

Luego de recuperada la democracia después de las intervenciones arbitrarias, los trabajadores, ya sea en negociación colectiva o  por intermedio de su ente matriz o con intervención de la oficina del trabajo, lograban su reincorporación.

Así como se procedía a la reincorporación de aquellos que probadamente habían sido despedidos por causas político sindicales, también existían otros cuya realidad se presentaba dudosa a mérito de la oportunidad del despido o las circunstancias de la misma, pues no debemos olvidar que la reincorporación no operaba, entre otros casos: por haber permanecido prestando servicios en los gobiernos de facto o por que la desvinculación tuvo origen en causales de ley.

Así entonces y toda vez que recuperada la democracia se procedían a las reincorporaciones de unos, otros quedaban irresolutos por las circunstancias  antes señaladas; y fue a efectos de resolver esos casos especiales que se emiten disposiciones que regulaban aquella situación, tal el caso del art. 6.e) del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949, porque las interrupciones en la prestación de servicios del actor se debieron a causas que le eran absolutamente ajenas la voluntad del actor, es decir que dicha normativa determina que comprenden como tiempo de servicios "las interrupciones de trabajo originadas por causas ajenas a la voluntad del trabajador", razonamiento que fue ampliado y explicado por el art. 1.j) del DS Nº 17286 de 18 de marzo de 1980, que amplía los alcances del referido art. 6 del DS Nº 1592, referido al tiempo de servicios, estableciendo que constituye también tiempo de servicios: "El tiempo de cesantía ocasionados por motivos político-sindicales debidamente comprobados conforme al DS Nº 17167 de 16 de febrero de 1979". Asimismo, el art. 2 del último Decreto Supremo mencionado, determina que: "Los alcances jurídicos referidos al inc. j), tendrán carácter retroactivo al 3 de diciembre de 1970, fecha en que se reconoce legalmente la antigüedad de servicios a favor de los trabajadores despedidos por causas político - sindicales"; bajo ese contexto, no solo los Decretos Supremos Nros. 9061 de 13 de enero de 1970, 9175 de 13 de abril de 1970, 16167 de 09 de febrero 1979, 17286 de 18 de marzo de 1980 y 19039 de 7 de julio de 1982,  sino  también  otros  como el Voto Resolutivo N° 18 del V Congreso Nacional de Universidades de Bolivia de 16 de diciembre de 1978.

La realidad  anterior,  se encuentra  también  certificada  por las pruebas aparejadas, tal el caso del Voto Resolutivo N° 18 del V Congreso Nacional de Universidades de Bolivia de 16 de diciembre  de 1978 (ver fs. 7) en el que existe  constancia que con anterioridad a dicho documento, se procedió a la  reincorporación de los desvinculados por causas político sindicales, de tal modo que la conferencia, en dicho Voto Resolutivo, se limita a ratificar y efectivizar  aquellas reincorporaciones a efectos de que a  los reincorporados  se  les  asigne  el  cargo que ocupaban antes de  la  intervención, conforme se había dispuesto también en la Conferencia Extraordinaria de Rectores y Dirigentes, verificada con anterioridad.

Y sobre la improcedencia de las reincorporaciones por haber participado en los gobiernos de facto o por que la desvinculación laboral se hubiese producido por las causales contenidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), son explícitos, los arts. 3 del DS Nº 9061 de 13 de enero de 1970 y 4 del DS Nº 19039 de 7 de julio de 1982.

Así entonces y toda vez que recuperada la democracia se procedían a las reincorporaciones de unos, otros quedaban irresolutos por las circunstancias  antes señaladas; y fue a efectos de resolver esos casos especiales que se  emiten no solo los Decretos Supremos Nros. 9061 de 13 de enero de 1970, 9175 de 13 de abril de 1970, 16167 de 09 de febrero 1979, 17286 de 18 de marzo de 1980 y 19039 de 7 de julio de 1982,  sino  también  otros  como el Voto Resolutivo  N° 18 del V Congreso  Nacional de Universidades de Bolivia de 16 de diciembre de 1978 a fs. 6 o la Resolución N° 006/82 de 1 de junio de 1982 expedida por la X Conferencia de Rectores y Dirigentes Universitarios a fs. 8.

Por último, conviene aclarar que la necesidad de comprobar que la desvinculación laboral se produjo por causas político sindicales expresado en el DS 19039 de 07 de julio de 1982, no tiene otra finalidad que la de resolver precisamente aquellos casos especiales por su carácter dudoso, mas no así aquellos casos evidentes como el de las universidades en que la cesación resultó colectiva por la intervención material de la institución, realidad que precisamente motivó el Voto Resolutivo N° 18 del V Congreso Nacional de Universidades de Bolivia de 16 de diciembre de 1978 y la Resolución N° 006/82 de 1 de junio de 1982 expedida por la X Conferencia de Rectores y Dirigentes Universitarios, entre otros, en cuyo cumplimiento se expidieron los Memorándums 199/83 de 6 de octubre de 1983 y Nº 237/84 de 14 de septiembre de 1984 de fs. 5 y 6, en el que se reincorpora al actor, por haber obedecido su cesantía a causas político sindicales, de tal modo que la entidad demandada, el año 1984 reconoció que la cesantía del actor obedeció a causas político sindicales, por lo que no resulta útil ni imprescindible una reconocimiento expreso del Ministerio del Trabajo, por cuanto, como se tiene expuesto supra, tal reconocimiento se estableció para garantizar la reincorporación de aquellos trabajadores que habiendo sido cesados por causas político sindicales, el empleador se resistía a su reincorporación, aspecto que no ocurrió con la Universidad demandada, a mérito que, se reitera ésta reconoció tal condición, en el caso en particular, el año 1984.

Consiguientemente, el Tribunal de apelación, al considerar como tiempo de servicios los periodos de cesantía por causas político sindicales a efectos del pago de la indemnización obró en el marco de la corrección, no observando la infracción de norma legal alguna en resolución del Auto de Vista.

Por los fundamentos expuestos se concluye no ser evidentes las infracciones acusadas por la entidad recurrente, correspondiendo resolver el recurso conforme a la previsión de los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lilian Giovana Gonzales Soto y Angélica Frías Pérez en representación legal de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera