TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTECIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 732

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 192/2011-A

Demandante: Roberto Seoane Hurtado

Demandado: Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales

Distrito: Beni

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en al fondo de fs. 264 a 270, interpuesto por Roberto Seoane Hurtado, contra el Auto de Vista de 28 de marzo 2011 de fs.252 a 257 vta., y Auto Complementario de 7 de abril de 2011 fs.261, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido contra la Gerencia Distrital del Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); el Auto por el ahora recurrente de fs. 237 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. 1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributaria de Trinidad, emitió la Sentencia Nº 10/2010 de 26 de agosto de fs. 220 a 225 vta., por la que declaró probada la demanda de fs. 53 a 58 interpuesto por Roberto Seoane Hurtado, en consecuencia declara y sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-00204-09UTJ. 105/2009 de 30 de noviembre, de fs. 11 a 16, por la errónea liquidación de la deuda tributaria contenida en la misma.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Ernesto Natusch Serrano, Gerente Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales, cursante de fs. 231 a 232 vta., resuelto mediante el Auto de Vista Nº 19/2011 de 28 de marzo, por el cual la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, revocó en su totalidad la Sentencia Nº 10/2010 de 26 de agosto, manteniendo firme la Resolución Determinativa Nº 17-00204-09 de 30 de noviembre de 2009

I.2 Motivos del recurso de casación

De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

I.2.1  En la forma

a)“Violación del art. 254 . 1) y 2) del Código de  Procedimiento Civil.”

Amparado en lo dispuesto por el art. 254.1) y 2) del CPC, señala que, el Auto de Vista fue emitido por un Tribunal conformado por la Vocal de la Sala Civil, impedida legalmente fs. 248, por no habérsele notificado con la convocatoria a conformar Sala, todo ello en relación de haberse vulnerado el debido proceso y derecho a la defensa efectiva en juicio, previsto por el art. 10 del CPC, en relación al art. 13 de la Ley Nº 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar cayendo dicha omisión en la esfera recursiva prevista en el art. 154 .1) y 2) del CPC.

b) Violación del art. 254. 4) del CPC.

Acusa que, el Auto de Vista otorgó más de lo pedido por las partes, y además, sin haberse pronunciado sobre una de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamado oportunamente ante el tribunal inferior, basado en los siguientes aspectos:

a) La demanda sostenía en un primer postulado la pretensión de nulidad de la RD Nº 17-00204-09 de 30 de noviembre de 2009, al adolecer la misma en vicios estructurales.

b) En concordancia con la demanda, la Sentencia de grado ha declarado la nulidad  de la R.D. demandada, puesto que en el CONSIDERANDO 1. in fine (fs. 224 y vta.) el juez a quo concluye: “…por lo que puede evidenciar que el SIN omitió fundamentar en derecho la determinación del tributo omitido, limitándose…” (sic).

c) Se ha demostrado que el postulado de nulidad fue considerado y valorado por la A quo, al haber sido acogido en la sentencia, y determinar la nulidad de la RD Nº 17-00204-09, por vicio estructural de falta de fundamentación.

d) El SIN no recurrió de este tópico de la nulidad de la RD, sino limitado en la fundamentación su alzada en la aplicación preferente del numeral 22 sobre el 82 de la RND Nº 05-0043-99.

e) A tiempo de responder la apelación de contario, se remarcó para que el Tribunal ad-quem valore este extremo que no forma parte de la expresión de agravios el hecho admitido de que la RD fue también declarada nula por falta de fundamentación jurídica.

f) Estos aspectos impedían al Tribunal de alzada otorgar en su parte resolutiva del Auto de Vista una REVOCATORIA TOTAL, por cuanto uno de los aspectos del contencioso, no había sido objeto de recurso alguno, por lo que jamás la revocatoria podía ser total, por lo que el Auto de Vista otorgó más de lo pedido o ultra petita; y  no se pronunció sobre el aspecto denotado en la contestación a la apelación.

       c) Violación del art. 254.4) del CPC, en relación con los arts. 236 y 182. 3) del CPC.

       Señaló que, el Auto de Vista y Auto Complementario, no aplicaron la previsión del art. 236 del CPC, al no haber motivado el fallo, ya que no emerge de un análisis razonado de los fundamentos de la apelación formulada por las partes, vulnerando el deber de pertinencia de los fallos judiciales, por cuanto tanto el Auto de Vista como el Auto complementario, no son exhaustivos ni congruentes, mucho menos dotados de motivación con relación a lo resuelto por el A quo y que fue objeto de apelación por el SIN, cayendo de esta forma dentro de la falencia estructural que refiere el art. 192 .3) del CPC, referido a la forma de Sentencia, lo cual sitúa el fallo dentro de la esfera recursiva prevista por el art. 254. 4) del citado CPC. Precisó que el numeral 2) del art. 192 del CPC, establece como forma de Sentencia la exposición sumaria no solo del hecho o del derecho que se liga, sino el análisis y evaluación fundamentada de la prueba y citada de las leyes en que se funda, de cuyos presupuestos adolece el Auto de Vista y Auto Complementario respectivamente, como se tiene de las siguientes precisiones:

  1. El Auto de Vista y Auto de Complementación carece de una análisis jurídico de la determinación asumida, omitiendo el deber de pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en el proceso y reclamada de forma expresa en la contestación a la apelación del SIN.
  2. Ante el pedido de explicación y complementación que resulta un deber de la autoridad efectuarla, incurre en “silencio infractor”, constituyéndose en una limitación del derecho a la Alzada, cayendo el Auto de Vista  28 de marzo, y Auto Complementario de 7 abril, en la falla estructural del art. 192.3) del CPC.

En resumen, expresó que tanto el Auto de Vista y Auto complementario caen dentro de las previsiones del art. 254. 1), 2) y 4) del CPC, por: A) Haberse dictado sin que se hubiera notificado con la convocatoria a conformar Sala de una Vocal de otra, lo que habría privado de ejercer el derecho contenido en el art. 10 del CPC y art. 13 de la Ley 1760; Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar B)por haberse pronunciado más allá de lo pedido y por haberse omitido pronunciamiento en otra vertiente denotada en la contestación a la alzada de contrario, y C) Por no haberse motivado los Autos de Vista y Complementario, conforme a lo litigado, resuelto y que fuera objeto de apelación, tanto por el SIN y contestación del ahora recurrente.

I.2.2  En el Fondo

Este motivo lo funda en la causal prevista por el art. 253 del CPC, por un error indicando, al acusar que el Auto de Vista y Auto Complementario, en base a los siguientes fundamentos de orden legal:

a) Violación del art. 253.1) por contener violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley.-

a).- Existe violación cuando imposibilitan el derecho del contribuyente a la compensación del Crédito Fiscal previsto por el art. 8 de la Ley Nº 843, al aplicar el numeral 22 de la RND que: a) ni puede en vía de reglamentación vulnerar el derecho del sujeto pasivo; b) desde otra vertiente, no puede aducirse sea obligatoria por cuanto nadie la conoce, por adolecer del requisito de publicidad para que sea obligatoria, siendo estas resoluciones de carácter interno y no puede anteponerse a una Ley Nº 843, referido al art. 8, emergente de las compras efectuadas a la (CBN) Cervecería Boliviana Nacional y que el A-quo, había reconocido en sindéresis jurídica, colocándose el Auto de Vista recurrido en la esfera del art. 253.1) del CPC.

b).- De igual forma, los Autos de Vista y Auto Complementario, en una interpretación mezquina y por consiguiente errónea del numeral 82 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, en contradicción con lo analizado y resuelto por el A-quo en la Sentencia Nº 10/2010 que confiere prevalencia a este numeral, por ser de aplicación preferente al contribuyente inscrito como persona natural según la prueba de fs. 49-50 en relación con la de fs. 51,52, el Tribunal Ad-quo sin mayor fundamentación jurídica, determinan que el aplicable es el numeral 22 de dicha resolución normativa, sin efectuar una concatenación de la prueba del recurrente, sin aplicar el adagio  de aceptación universal de “ampliar lo favorable y restringir lo odioso”, con lo que también efectúan una aplicación indebida de la Ley.

c).- El Auto de Vista incurre en la figura contenida en el numeral 3) del art. 253 del CPC, en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba de parte como sujeto pasivo inscrito como persona natural y no como empresa, fs. 49-52 sin que la misma haya sido enervada o desconocida de parte de la entidad demandada conforme manda el art. 346.2) del CPC, y que el A quo valoró correctamente, contrariamente al del Tribunal de Alzada, que determina que la calidad de sujeto pasivo es el de la empresa, y por ello le corresponde la aplicación del numeral 22 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99.

d).- El Auto de Vista y Auto Complementario incurren en la aplicación indebida prevista por el art. 253.1), por no explicar de manera fundada y razonada en el marco del principio de la verdad material, en oposición a la verdad formal, de aplicación preferente por mandato del art. 410 de la CPE.

En ningún momento el SIN alegó que las facturas sean falsas, y que no hayan sido emitidas por la Cervecería Boliviana Nacional CBN y que en su condición de contribuyente no sea el comprador, argumentando la Administración Tributaria por una cuestión formal, pretenda que el derecho al crédito fiscal establecido en el art. 8 de la Ley Nº 843 se vea denegado en contraposición a la verdad material, cayendo por tanto el Auto de Vista y Auto Complementario en esfera recursiva prevista por el art. 253 n. 1) y 3) del CPC..

II.3 Petitorio

Pide a éste Tribunal Supremo de Justicia, dicte Auto Supremo ANULANDO obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que el Tribunal de Alzada notifique legalmente con la convocatoria a conformar Sala a Vocal de la Sala Civil; o dicte Auto de Vista con la debida motivación, pertinencia, exhaustividad y congruencia y/o CASANDO el Auto de Vista y Auto Complementario, por consiguiente se confirme la Sentencia que declara probada la demanda contencioso tributario.

I.3 Responde al recurso de casación

La entidad demandada a través del memorial cursante de fs. 275 a 277, solicitó que el recurso de casación sea declarado improcedente por el incumplimiento del art. 258.2) del CPC, o infundado porque el Auto de Vista interpretó correctamente el art. 8 de la Ley No 843, y Numeral 22 inc. c) y 82 de la R.A. Nº 05-0043-99, referido al beneficio del cómputo del crédito fiscal, y los requisitos que debe contener las facturas, notas fiscales o documento equivalente para comprador (cliente) cuando este sea sujeto pasivo del IVA, y sea beneficiario del cómputo del crédito fiscal IVA.

CONSIDERANDO II:

          II 1.Fundamentos Jurídicos del fallo

II.1.1 Sobre el recurso de casación en la forma

II.1.1 Con relación a la nulidad del Auto de Vista invocada por no haberse notificado al recurrente con la convocatoria de conformación de Sala a la Dra. Marlene Arteaga Vaca Vocal de la Sala Civil saliente a fs. 248, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, éste Tribunal tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si son evidentes las irregularidades denunciadas en la tramitación de los procesos, conforme establece el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar lo que por ley correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del CPC.

En materia procesal en general las nulidades se rigen por tres principios básicos, que no sólo configuran los requisitos y las formas para reclamar nulidad dentro del proceso, sino, constituyen el mecanismo de protección de derechos sustantivos y adjetivos de las partes; tal es así que: a) El principio de legalidad, exige que tanto la nulidad como su sanción se hallen expresamente previstas en la ley en aquellas situaciones en que no se haya cumplido alguna de las formalidades que impone para su celebración; b) El principio de trascendencia, que obliga a la parte que denuncia nulidad haga manifiesto el daño o perjuicio concreto que la irregularidad o falencia del acto jurídico que repute nulo le haya causado, no pudiendo basar su pretensión solamente en simples supuestos, dicho de otro modo, no hay nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre las garantías esenciales del proceso, no pudiendo hacerse valer la nulidad cuando las partes no han sufrido un gravamen con la infracción; y, c) El principio de convalidación, que señala que toda nulidad procesal reviste siempre como peculiaridad su carácter relativo pues, no obstante de existir un vicio que afecte las formas o el contenido de un acto jurídico eventualmente nulo, al ser éste admitido por quien considera vulnerable su derecho, no operará la nulidad, salvo una grave y patente conculcación de un derecho o garantía constitucionalmente protegido. En el mismo sentido el debido proceso y el derecho a la defensa, que aseguran la igualdad jurídica entre las partes, a fin de que ejerzan ese su derecho en el marco de la seguridad jurídica que gozan y que debe ser garantizado de manera obligatoria por las autoridades jurisdiccionales, en observancia a lo dispuesto en el art. 115.II de la CPE, de lo contrario, al no haberse cumplido el acto procesal por su inobservancia, es castigada con la nulidad de obrados, prevista por el art. 247 de la LOJ, toda vez, que tal como ha desarrollado la Sentencia Constitucional (SC) 0896/2010 de 10 de agosto el debido proceso se encuentra "concebido como un derecho fundamental, destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originados no sólo en actuaciones u omisiones procesales...", y el derecho a la defensa por su importancia es entendida como "...la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo..."(SC 1534/2003 de 30 de octubre).

En este contexto, en el caso de autos se advierte que en virtud a la disidencia suscitada entre el Dr. Orlando Antonio Álvarez Parada Vocal de la Sala Social y Administrativa, manifestada por decreto a fs. 247 de obrados, y el proyecto de Resolución del Dr. Pazzis Grover Vega Méndez Vocal de la Sala Social y Administrativa de fs. 244 a 246, y con el objeto de conformar Sala y resolver la disidencia, por proveído a fs. 248 de obrados, de acuerdo a turno se convocó a la Dra. Marlene Arteaga Vaca Vocal de la Sala Civil, ordenándose asimismo la notificación personal de la Sra. Vocal, con noticia de partes, extremo último que no ha sido cumplido, conforme se evidencia de la revisión de obrados, habiendo sido citada únicamente la Sra. Vocal de la Sala Civil a fs. 249; consecuentemente el recurrente o demandante no tuvo conocimiento efectivo de la convocatoria de conformación de Sala, subsumiéndose de esta forma con el principio de trascendencia, por cuanto no le permitió manifestarse al respecto, ni ejercer el derecho procesal al ejercicio del procedimiento previsto por el art. 10 del CPC en relación con el art. 13 de la Ley 1760, en su caso contrastándola con los demás elementos del proceso y con los agravios expresados en el recurso de casación de fs. 264 a 270, cuya inobservancia u omisión implica la vulneración del derecho al debido proceso y con ello, a la defensa, consagrado y protegido por el art. 116  de la CPE.

Asimismo, es importante enfatizar que la tutela constitucional del debido proceso, también conlleva una precisa y notificación de la convocatoria a conformación de Sala, ello con la finalidad de hacer prevalecer el principio de legalidad y publicidad que impone la obligación de dar a conocer a las partes toda petición o pretensión formulada en el proceso, así como toda decisión jurisdiccional.

En conclusión, se advierte que el Tribunal de Alzada no dio cabal cumplimiento al proveído de fs. 248, vale decir poniendo conocimiento de las partes con la convocatoria de conformación de Sala, a objeto de que hagan uso del derecho procesal al ejercicio del procedimiento previsto por el art 10 del CPC en relación con el art. 13 de la Ley 1760 de Procedimiento Procesal Civil y de Asistencia Familiar, vulnerándose el art. 116 de la CPE, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC, cuya inobservancia importa la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo e impide que se abra la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia para resolver el fondo del recurso planteado.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271.3), 275 del CPC y 17.I de la LOJ, aplicables en virtud de la norma permisiva contenida en el art. 214 del Código Tributario Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la L.O.J., ANULA obrados hasta fs. 248 inclusive, disponiendo que el Tribunal a quo, de forma inmediata y bajo responsabilidad administrativa, disponga conforme a ley la notificación a las partes con la convocatoria de conformación de Sala dispuesto por proveído de fs. 248.

Sin responsabilidad por ser excusable el error advertido.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente, no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera