TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 728

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 444/2011-S

Demandante: Epifanio Copa Agudo y otros.

Demandado: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

======================================================================

VISTOS: El recurso de casación de fs. 90  a 91 vta., interpuesto por Nativo Reyes Dorado y Paola Ximena Morales Oporto en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra el Auto de Vista N° 137/11 de 21 de abril, cursante a fs. 84 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso Social por reliquidación de beneficios sociales seguido por Epifanio copa Agudo y otros en contra de YPFB; el Auto Nº 417/11 de 12 de agosto, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda de pago de beneficios sociales por reliquidación, tramitado el proceso, el Juez Cuarto de Trabajo  y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció Sentencia N° 5/2011 de 19 de enero de fs. 65 a 67, declarando probada la demanda principal sin costas debiendo la institución demandada pagar en favor de los demandantes por concepto de multa del 30% por incumplimiento, de la siguiente forma: Epifanio Copa Agudo Bs.10.907,18, Juan Rafael Miranda Ríos Bs. 3.757,34, Wilfredo Gregorio Flores Quispe Bs.2.397,91 , María Ángela Sánchez Flores Bs.8.376,00 , Wendy Esther Aliaga Ortega Bs.24.812,14 y Arlethe Sirley Eguivar del Castillo Bs.16.201,90. Todo conforme al detalle que se tiene asentado en el Fallo de referencia.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado (fs. 72 y vta.) es resuelto por el Auto de Vista N° 137/11 de 21 de abril, por el cual la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó la Sentencia apelada.

I.2 Motivos del recurso de casación

La parte recurrente plantea como motivos del mismo lo siguiente:

a) Denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en interpretación y aplicación errada de la Ley a momento de confirmar la Sentencia, pues esta resolución contiene errores a momento de calcular el monto de la multa del 30% como ser: “Caso Epifanio Copa Agudo, en la equivocada Sentencia de fs. 65 a 67 señala una indemnización por tiempo de trabajo la suma de Bs. 25.821,74 Bs.  Cuando el realidad el finiquito que cursa a fs. 5 del expediente el monto de la indemnización es de 19.851,68 Bs.; 2) Caso Wendy Esther Aliaga Ortega,  en la equivocada Sentencia de fs. 65-67 señala una indemnización por tiempo de trabajo la suma de 62.040,00 Bs.,  cuando en realidad el finiquito que cursa a fs. 24 del expediente el monto de la indemnización es de Bs. 49.409,80 Bs. Y así solo para señalar dos casos al azar, porque todas las liquidaciones de los demandantes  en que se basa para el cálculo  de la multa del 30 % se encuentran igualmente con este mismo error…”( sic),  continua señalando que los montos de los finiquitos fueron inflados y ficticios y que este error debe ser corregido.

b) Refiere que no se tomó en cuenta los argumentos expuestos por el demandado, pues el retraso en el pago de beneficios sociales obedece a motivos de fuerza mayor como ser los actos de corrupción sucedidos en administraciones anteriores, hecho que es conocido por la opinión pública y que generó incluso la intervención del Ministerio de Transparencia y la Fiscalía. Cita además el Auto Supremo 111 de 6 de abril de 1988 referente a que “Es improcedente la indexación cuando la tardanza  en el pago de beneficios sociales  es imputable al trabajador”.

c) Finalmente refiere haberse incurrido en las previsiones insertas en el art. 254.1 y 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC), porque el co-demandante Wilfredo Gregorio  Flores Quispe, antes de notificarse al ahora recurrente con la demanda, mediante memorial cursante a fs. 41 solicita ser excluido del presente proceso, solicitud que es aceptada mediante resolución que cursa a fs. 42 sin embargo tanto en Sentencia como en el Auto de Vista  se lo consigan como beneficiario  con la suma de Bs. 2.993,05, habiendo en consecuencia  contravenido la Ley pues se otorgó  más de lo pedido.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia,  CASE el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1 Sobre el errado cálculo de la multa

El recurrente denuncia que los montos otorgados en calidad de beneficios sociales, son irreales y ficticios, consecuentemente el cálculo que se efectuó sobre los mismos no son correctos debiendo ellos ser corregidos.

Sobre el particular, de la revisión del expediente se advierte que dicho motivo no se planteó a momento de interponer el recurso de apelación que cursa a fs. 72 y vta., existiendo en consecuencia una convalidación respecto de los montos de los finiquitos que fueron tomados en la Sentencia; asimismo, tampoco se interpuso el recurso de complementación y aclaración a la Sentencia previsto por el art. 196 del CPC, habiendo en todo caso convalidado dichos finiquitos, así como sus montos, y es por tal motivo que no corresponde ingresar al análisis de dicho motivo en esta instancia casatoria en virtud del art. 236 del CPC.

II.1.2 Respecto a los motivos de fuerza mayor para no cancelar los beneficios sociales

Refiere la entidad recurrente que el retraso en el pago de beneficios sociales al demandante, obedece a situaciones de fuerza mayor, como ser los hechos de corrupción de anteriores administraciones que desencadeno en intervención de YPFB por parte del Ministerio de Transparencia y Fiscalía.

En principio recordar que, el art. 9.I del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 establece: “…En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito...”, disponiendo en su parágrafo II, ante el incumplimiento de lo previamente preceptuado: “…En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor…” (Las negrillas son nuestras); de tal manera se advierte que, dicha normativa sanciona el incumplimiento del pago oportuno tanto de los beneficios sociales, como de los derechos laborales reconocidos a favor del trabajador, correspondiendo frente a su incumplimiento la aplicación de la multa del 30%.

Cabe señalar que, el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o más aún para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos.

Ante ello, el empleador en cumplimiento de lo que la Ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de tal manera su subsistencia y la de su familia; de tal forma, queda facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que  considere necesarias, salvaguardando además con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido de la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, toda vez que al dar cumplimiento al amparo que la Ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador, a la vez se precautela los derechos del empleador.

De tal manera, no corresponde invocar la existencia por motivos de fuerza mayor y la intervención de YPFB por el Ministerio de Transparencia y la Fiscalía, para el pago oportuno de los beneficios sociales y derechos laborales, toda vez que no se constituye en óbice para precautelar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, al ser de cumplimiento obligatorio, conforme lo establece el art. 48.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

Es así que en la especie, advirtiéndose que producida la desvinculación laboral de los actores de la institución demandada, la parte empleadora debió cumplir con el pago de los beneficios sociales y derechos laborales del trabajador dentro los 15 días posteriores, y al no hacerlo, resulta pasible al pago del 30% del monto cancelado a destiempo.

II.1.3  Sobre la transgresión del art. 254.1 y 4 del CPC

       Finalmente el recurrente denuncia que los tribunales de instancia consignan en sus planillas de beneficiarios a Wilfredo Gregorio  Flores Quispe sin tomar en cuenta que éste retiro su demanda dentro del proceso conforme se acreditan mediante el memorial que cursa a fs. 41 y aceptado por resolución cursante a fs. 42, por lo que se ha otorgado más de lo pedido.

       De la revisión de obrados se evidencia que Wilfredo Gregorio Flores Quispe mediante memorial que cursa a fs. 41 solicita que su demanda se la tenga por no presentada, solicitud que es aceptada mediante Auto cursante a fs. 42 que dispone “… al amparo del art. 303 del CPC acepta el RETIRO DE DEMANDA formulado por  Wilfredo Gregorio  Flores Quispe únicamente en cuanto a su pretensión, manteniendo firmes y subsistentes las actuaciones realizadas por los demás codemandantes…” (sic); a pesar de este retiro la Sentencia de fs. 65 a 67, así como el Auto de Vista cursante a fs. 84 y vta. ahora impugnado es consignado como beneficiario; sin embargo este hecho no constituye de vital trascendencia pues resulta evidente que al no ser parte del proceso no puede ser beneficiario del monto asignado a momento de hacerse efectivo el pago en ejecución de Sentencia, pues no hay que perder de vista el principio de celeridad con que deben tramitarse los procesos, además que es pertinente destacar que la exclusión de uno de los demandantes no tiene por qué afectar el derecho de los demás codemandantes, quienes no pueden estar postergados en el cobro de sus beneficios laborales, en consecuencia corresponde que en ejecución de Sentencia no se consigne a Wilfredo Gregorio  Flores Quispe como beneficiario para gozar del monto establecido en los tribunales de instancia, pues ya no es parte del proceso.

Bajo esos fundamentos se concluye que, al ser evidente parcialmente las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 90 a 91 vta., corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.4) y 274.II del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista N° 137/11 de 21 de abril, cursante a fs. 84 y vta. y, se dispone que, en ejecución de Sentencia no se haga efectivo el pago de beneficios sociales a Wilfredo Gregorio  Flores Quispe, por no ser parte del proceso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera