TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 727

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 450/2015-S

Demandante: Julio Cesar Vargas Alcocer

Demandada: Carlos Antezana Ardaya

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Carlos Antezana Ardaya y Julio Cesar Vargas Alcocer de fs. 196 a 197 vta., y 201 a 202 vta., respectivamente, contra el Auto de Vista N° 122/11 de 30 de mayo, cursante de fs. 190 a 192 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso laboral por cancelación de beneficios sociales, gastos médicos e indemnización por accidente de trabajo que sigue Julio Cesar Vargas Alcocer contra Carlos Antezana Ardaya; el Auto de 8 de septiembre de 2011 de fs.206 vta., que concedió los recursos, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda y corrido el trámite, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia  de 21 de abril de 2009 de fs. 108 a 111, declarando probada en parte de demanda de fs. 5 a 6 vta., únicamente respecto a la indemnización por accidente de trabajo e improbada en los demás puntos demandados, debiendo Carlos Antezana Ardaya cancelar en favor del actor, a partir de la determinación como salario promedio indemnizable de Bs.400.-, el total de Bs.2.592.-, en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) más la multa del 30% conforme determina el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006,

I.2 Auto de Vista

Interpuesto los recursos de apelación por el demandado y demandante de fs. 118 a 119 vta., y 170 a 172 vta., respectivamente son resueltos por el Auto de Vista N° 122/11 de 30 de mayo de fs. 190 a 192 vta., por el cual la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada con la modificación de incluir en la liquidación Bs.18.000.-, haciendo un total de Bs.20.592, más la actualización y multa del 30% previstos por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Sin costas por doble apelación.

I.2  Motivos de los recursos de casación

De la revisión de ambos recursos de casación se establecen como motivos de los mismos lo siguiente:

I.2.1 Recurso de casación de Carlos Antezana Ardaya

a) Refiere que, cumplió con las previsiones contenidas en el art. 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT) porque con las testificales de fs. 70 a 72 se demostró que el actor a momento del accidente se encontraba mirando las maquinarias y esperando al propietario para hacerle entrega de sus documentos consecuentemente no era trabajador del demandado, pues no estaba aún contratado.

b) Señala que por la inspección de visu de fs. 65 quedó demostrado que para el manejo de las maquinas se requiere un tiempo mínimo de 3 meses y el actor al haber estado observando el trabajo, debido a su imprudencia manipuló la maquinaria y se lastimó la mano; asimismo, indica el recurrente que ocurrido el accidente fue llevado a un centro hospitalario por razones solamente humanitarias.

c) Manifiesta que, en su confesión provocada, manifestó que para la contratación de personal, siempre requiere los documentos del contratado y que en el caso presente no fue la excepción pues se solicitó al actor lleve sus documentos, y por tal motivo, el demandante le estaba esperando para ser recién contratarlo.

d) Continua señalando que, fue llamado al Ministerio del Trabajo pretendiendo se reconozca la relación laboral que erradamente fue determinada por los tribunales de instancia, pues cumplió a cabalidad con la inversión de la prueba prevista por los arts. 150 y 151 del CPT y en consecuencia el art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

e) Denuncia que la factura por Bs.18.000.- presentada en segunda instancia conforme lo permite el art. 232.I del CPT, no fue cancelada realmente por el demandante porque al haber consultado en el Centro Médico Laser su copia se encuentra en blanco y no es correcto pretender obligar la cancelación de un monto cuando no existe un lazo laboral entre las partes.

f) Finalmente interpone recurso de casación en la forma citando para tal efecto el art. 254.4 del CPC, alegando que el Tribunal de alzada, dispuso un pago exagerado al actor quien se encuentra beneficiado sin que haya sido contratado por el demandado, por otro lado quedó totalmente demostrado que el incidente fue ocasionado por la impudencia del señor Julio Vargas Alcocer quien sin tener conocimiento del manejo de las maquinarias se puso a manipular.

I.2.2 Recurso de casación de  Julio cesar Vargas Alcocer

i) Refiere que, por el accidente de trabajo sufrido,  se amputó sus falanges distales del segundo y tercer dedo de la mano derecha, lo que constituye una incapacidad parcial permanente debiendo ser beneficiario con una indemnización de Bs.7.200 por 18 meses, conforme previene el art. 5.c) de la Ley 19 de enero de 1924, pues por aplicación del principio de la  primacía de la realidad, y tomar en cuenta que dicho monto no le devolverá la perdida de los dedos en el accidente de trabajo, consecuentemente no corresponde que se haya impuesto el monto de Bs.2.592 que resulta ser mínimo.

ii) Señala que debió aplicarse el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE),  y que  la indemnización de accidente de trabajo debió ser calculada en virtud de Bs.647.- por 18 meses, pues el demandado se encuentra acostumbrado a celebrar contratos con remuneración inferior al salario mínimo nacional.

iii) Con relación a no pedir su reincorporación refiere que no la solicito por que de seguro tendría un escenario laboral adverso más aun si hasta el presente se niega en reconocer la relación laboral, asimismo  al manifestar que no se hizo abandono del trabajo, se advierte que existió un retiro indirecto correspondiendo en todo caso todos los beneficios demandados en virtud del principio pro operario.

iv) Refiere también que el art. 23 del DS de 21 de julio de 1924 concordante con los arts. 103,106, 107 y 111 y siguientes del Decreto Reglamentario a la LGT,  impone al empleador los gastos emergentes de un accidente de trabajo, así como su tratamiento, medicamentos y accesorios necesarios para cubrir la lesión, lo que no ocurrió en el caso presente, pues si bien es cierto que el día del accidente fue llevado a un centro hospitalario, el empleador sólo cubrió los gastos iniciales olvidando su obligación posteriormente; señala también que tampoco se cubrió con las prótesis que ocasiono el accidente, que por lo menos le daría un aspecto normal, continua señalando que la sentencia debió dispone que se cubran con dichos gastos.

v) Finalmente refiere que, no se otorgó proteccionismo al trabajador y no se falló conforme a los principios del derecho laboral, incumpliendo en todo caso con el art. 202 del CPT.

       II.2 Petitorios

El demandado solicita que el Tribunal Supremo anule y /o case la Resolución Impugnada.

Por su parte el demandante solicita que se case el Auto de Vista cuestionado y se otorgue una indemnización por accidente de trabajo acorde a las consecuencias del accidente.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1 Sobre el recurso de casación de Carlos Antezana Ardaya

Dentro de los incisos a) al d) señalados en el acápite I.2.1 de esta Resolución, es claro que el reclamo central se encuentra orientado a enervar la aseveración de inexistencia de relación laboral con el actor, pues refiere con todo ello errada valoración probatoria por haber cumplido con la inversión de la prueba establecido en el art. 150 del CPT, de ahí que en el inc. a) señala que con las declaraciones de fs. 70 a 72 se demuestra que el demandante se encontraba esperando al propietario para hacerle entrega de sus documentos mientras observaba las maquinas; el inc. b) que por la inspección de visu de fs. 65 se evidencia la imprudencia del actor por manipular la maquinaria mientras observaba siendo que se requiere por lo menos 3 meses de entrenamiento; el inc. c) que para la contratación de personal siempre requiere de los documentos personales del trabajador, conforme lo señalo en su confesión provocada y finalmente en el inc. d) refiere que si bien fue citado al Ministerio del Trabajo, solamente se pretendió hacerle reconocer una relación de trabajo que no existió, siendo mal interpretada por los tribunales de instancia.

En el caso presente se denunció la inexistencia de relación laboral lo que excluiría al demandado de pagar los beneficios por accidente de trabajo; sin embargo, con los elementos referidos el recurrente no logra desvirtuar lo determinado por los tribunales de instancia, pues queda demostrado mediante la literal de fs. 4 la relación laboral, por la cual es el Inspector del Trabajo quien en su certificado refiere: “La parte empleadora indicó, que el Sr. Julio Cesar Vargas trabajo solo un momento….”, demostrándose la existencia de relación laboral y es así como lo entendió también el Tribunal de alzada; asimismo, el recurrente a pesar de citar las declaraciones testificales de fs. 70 a 72, inspección de visu de fs. 65 y su propia confesión provocada, no señala en qué forma o de qué manera se hubiera incurrido en errada valoración probatoria o el por qué se hubiera incurrido en error cuando se concluyó que, existió relación laboral, por lo que no se advierte errada valoración probatoria, por otro lado es el mismo recurrente quien en su confesión provocada acepta dicho extremo al manifestar a fs. 56 vta., en la respuesta 4 “cerca del medio día mi esposa me llamo para comunicarle que había un accidente  del nuevo trabajador…”;  no resulta en consecuencia evidente lo denunciado por el recurrente.

       En el inc. e)  del recurso se cuestionó la validez de la factura por Bs.18.000.- presentado en segunda instancia, pues refiere que dicho monto no hubiera sido cancelado efectivamente por el actor ya que la copia del talonario se encontraría en blanco, y por ende no debió ser tomado en cuenta a momento de imponer ese pago en la Resolución Impugnada.

       La factura constituye en “Nota de contabilidad  en la que se indica el detalle de las mercaderías entregadas, así como los trabajos ejecutados, con indicación de los precios de aquellas o de estos” (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales MANUEL OSSORIO), ahora bien la factura de fs. 183 denota claramente el monto erogado por Bs.18.000.- y en todo el proceso no existe evidencia ni otro documento que desvirtué que dicho monto no haya sido cancelado o que dicha literal sea falsa, nula o anulada, consecuentemente al ser un documento original corresponde sea tomado en cuenta como acertadamente lo hizo el Tribunal de alzada.

       En relación al argumento con base al art. 254.4 del CPC, y en relación a que el pago impuesto es exagerado y que quedó demostrado que el accidente fue ocasionado por la imprudencia del demandante, quien se puso a manipular la maquinaria sin tener conocimiento, debe referirse que el art. 254.4) del CPC refiere “procederá el recurso de casación por haberse violado las formulas esenciales del proceso, cuando la sentencias o auto recurrido hubiere sido dictado…4) Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente  ante los tribunales inferiores”. El error in procedendo denunciado es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma; es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público.

En el caso presente el recurrente no refiere de qué forma o de qué manera se hubiera otorgado más de lo pedido por el demandante, asimismo cuales son las pretensiones sobre las cuales no hubiese existido pronunciamiento, lo que no permite establecer esa relación de causalidad entre lo resuelto y lo denunciado, lo que impide que este motivo en particular sea analizado en esta instancia casatoria.

II.1.2 Sobre el recurso de Julio Cesar Vargas Alcocer

Debido a que los puntos i), ii) y iii) identificados en el apartado I.2.2 del presente Auto Supremo se encuentran relacionados entre sí corresponde sean analizados de manera conjunta. Es así que el recurrente denuncia que debido a la perdida de sus falanges distales del segundo y tercer dedo de la mano derecho se encuentra con una incapacidad parcial permanente mereciendo en todo caso ser indemnizado con 18 haberes conforme lo señala el art.  5 inc. c)  de la Ley de 19 de enero de 1924 y calcularse el monto en virtud de Bs.647.- porque el empleador se encuentra acostumbrado a celebrar contratos con montos inferiores al mínimo nacional, debiendo en todo caso aplicarse lo dispuesto por el art. 48 de la CPE y la primacía de la realidad, y concluye manifestando que si no solicito su reincorporación fue porque se verá frente un ambiente hostil pues hasta ahora el demandado niega la relación laboral.

II.1.2.1 El art. 91 del Decreto Reglamentario a la LGT refiere “Son incapacidades parciales y permanentes las que determinan una disminución parcial pero definitiva, de la capacidad de trabajo. Son las siguientes, con determinación de las indemnizaciones correspondientes: a) La pérdida o inutilización de la extremidad superior derecha, en su totalidad o en sus partes esenciales, considerándose como tales: la mano, la totalidad de los dedos de la mano, aunque subsista el pulgar; y la pérdida de todas las segundas falanges 100%. Este porcentaje se aplicará a la pérdida o inutilización de la extremidad superior izquierda, cuando la víctima sea zurda. b) La pérdida o inutilización de la extremidad superior izquierda, en su totalidad o en sus partes esenciales, la mano y la totalidad de los dedos 80% c) Inutilización total de los dedos de la mano: Pulgar derecho 40%; Pulgar izquierdo 30%; Indicé derecho 25%; Medio 9%; Anular 9%; Meñique 13%; d) La Pérdida e inutilización de una de las extremidades interiores, en su totalidad o en sus partes esenciales, conceptuándose parte esencial el pie y en éste los elementos indispensables para la sustentación y progresión 100%; e) Pérdida o inutilización total de un pie 90%; f) La pérdida de un ojo o de la visión 50%; g) Sordera total 50%; h) Hernia simple 15%; i) Hernia doble 30%

De la norma citada se advierte que a fin de calificar una incapacidad parcial y permanente es fundamental establecer el porcentaje de incapacidad que determina el impedimento del trabajador para realizar una actividad laboral.

Ahora bien, en el caso presente los tribunales de instancia adecuadamente determinaron establecer el pago de indemnización por 18 meses no existiendo discusión respecto a la aplicación del art. 5 inc. c) de la Ley de 19 de enero de 1924; asimismo, resulta innegable el dictamen médico que cursa de fs. 16 a 21 por el cual se establece una incapacidad laboral del 36% (fs. 21), en tal sentido corresponde calcular el monto de la indemnización por accidente de trabajo en virtud de dicho porcentaje en relación al salario de Bs.400.- (que por cierto correspondió únicamente a media jornada), consecuentemente no se advierte que el Tribunal de apelación haya aplicado erradamente la Ley de 19 de enero de 1924, menos haya efectuado un cálculo errado sobre la determinación del monto de indemnización por accidente de trabajo máxime si en 2008 el salario mínimo nacional era de Bs.577,50.- conforme lo determinó el DS 29473 de 5 de marzo de 2008 en su art. 2.

II.1.2.2 En lo que concierne al retiro indirecto que pretende sea considerado el recurrente cabe manifestar que esta forma de desvinculación encuentra su origen en la decisión del trabajador, como en la renuncia esto debido a que el trabajador se ha visto forzado a poner término a su contrato de trabajo por culpa de su empleador. En el caso presente la desvinculación laboral obedece a un hecho fortuito ocasionado por un accidente de trabajo, donde no se puede atribuir al empleador la culpabilidad sobre la desvinculación laboral, consecuentemente no puede interpretarse como un despido indirecto pues el empleador no ejerció presión ni acoso laboral en contra del trabajador quien estuvo en la fuente laboral únicamente por unas horas.

II.1.2.3 Siendo que los incs. iv) y v) de los motivos del recurso encuentran un vínculo en su pretensión también corresponde sean analizados en conjunto, es así que la denuncia en este acápite versa sobre la obligatoriedad que tiene el empleador de correr con los gastos posteriores al accidente para procurar la recuperación del demandante aspecto que no se lo hubiera realizado el empleador, señalando que existe transgresión a los arts. 23 del DS  de 21 de julio de 1924, 103, 106, 107, 111 y siguientes del DR a la LGT, asimismo refiere no haberse fallado conforme a los principios del derecho laboral infringiendo así el art. 202 del CPT.

Al respecto manifestar que, los articulados anteriormente referidos imponen al empleador el deber de procurar atención médica al accidentado así como de correr con los gastos para su recuperación posterior al hecho fortuito, ahora bien en el caso presente es el mismo recurrente quien declara haber recibido atención de su empleador quien le llevo a un centro hospitalario (declaración de fs. 99 vta.), y corrió con los gastos de curación, asimismo cabe señalar que en primera instancia no se dispuso el pago de los gastos posteriores a dicha curación por falta de presentación de factura por parte del demandante, sin embargo este extremo es corregido por el Tribunal de segunda instancia en su último considerando punto 6) al señalar

en sentencia se ha negado el pago de Bs. 18.000 que solicita el actor por las cirugías y curaciones que realizó el Dr. Carlos Milán, bajo el argumento de que no consta en antecedentes la factura fiscal, extremo que es evidente. Sin embargo la factura aducida fue incorporada al expediente en segunda instancia en el término establecido por el art. 232-I del Código de procedimiento Civil debiendo el demandado hacer la devolución correspondiente..” (sic) 

De la glosa precedente, es evidente que los gastos que debe efectuar el empleador para la recuperación del accidente corre a su cargo, consecuentemente no existe vulneración de la normativa referida, pues es la misma Resolución Impugnada la que dispone el cumplimiento de dicha obligación al disponer la devolución del monto erogado que sirvió para la curación del actor.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de la parte demandante al carecer de sustento legal, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS ambos recursos de casación interpuesto por Carlos Antezana Ardaya y Julio Cesar Vargas Alcocer de fs. 196 a 197 vta., y 201 a 202 vta., contra el Auto de Vista Nº 122/2011 de fs. 190 a 192 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera