TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 725

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 508/2011-S

Demandante: María Antonieta Pareja Taborga

Demandada: Universidad Privada Abierta Latinoamericano

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Gustavo Jorge Octavio Deheza Ugarte, en representación de la Universidad Abierta Privada Latinoamericana (UPAL) de fs. 739 a 741, contra el Auto de Vista N° 107/2011 de 18 de mayo,  cursante de fs. 732 a 734 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso laboral por cobro de Beneficios Sociales seguido por María Antonieta Pareja Taborga, contra la UPAL, el Auto de fs. 743 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Planteada la demanda de pago de beneficios sociales, tramitado el proceso, el Juez de Partido Primero de Trabajo  y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia de 24 de mayo de 2005 de fs. 679 a 682 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 16 a 17, en lo que respecta al pago de indemnización, desahucio, duodécimas de aguinaldo, sueldo por 14 días del mes de marzo de 2005, 1 subsidio prenatal, 12 subsidios de lactancia, incremento del 3% por el periodo comprendido de enero a agosto de 2004, devolución de gastos médicos; e, improbada en los demás puntos demandados; en consecuencia se conminó a la entidad demandada que mediante su representante cancele en favor de María Antonieta Pareja Taborga la suma de Bs.40.372,15.-, con los reajustes establecidos por el Decreto Supremo (DS) Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado de fs. 686 a 688 vta. es resuelto por Auto de Vista N° 107/2011 de 18 de mayo, cursante de fs. 732 a 734 vta., por el cual la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada.

I.2. Motivos del recurso de casación

En conocimiento del anterior Auto de Vista, Gustavo Jorge Octavio Deheza Ugarte, a la sazón Rector y representante de la UPAL, por memorial saliente de fs. 739 a 741, opone recurso de casación, en el que previa reminiscencia de antecedentes procesales, aludiendo el cabal cumplimiento de la inversión de la prueba y calificando la Sentencia de grado como parcializada, plantea:

  1. Refuta la aseveración del Auto de Vista sobre el incumplimiento de los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por cuanto las literales  de fs. 49 a 655, evidencian las faltas cometidas por la actora, sin que aquellas hayan sido valoradas por los de instancia.

En ese ámbito, manifiesta que la actora comenzó a cumplir funciones de Responsable de Registro y Seguimiento (señala fs. 361), luego Secretaria Académica Nacional y posteriormente Secretaria Académica Cochabamba, sin que tales cambios hayan implicado modificación en sus funciones, variando solamente los denominativos para mejor funcionalidad; sobre este aspecto, aduce que por lo inmerso a fs. 156 a 203, constasen faltas de firma en libretas de internos en las carreras de Medicina para su habilitación al examen de grado de la gestión 2004, en la que la actora se encontraba a cargo con lo cual la decisión de desvinculación quedaría justificada.

Asimismo, precisa que no se tomó en cuenta el contenido de fs. 53, a través del que se evidencia las observaciones realizadas por el Viceministerio de Educación a la UPAL; como tampoco lo visto de fs. 357 a 360, sobre el  inadecuado llenado del cuadro resumen de los estudiantes habilitados para rendir examen de grado, “lo cual no se puede alegar que no se acreditó prueba alguna y que no estaba a cargo de dichas funciones como lo entiende la Sala Social” (sic).

Cuestiona la validez de las conclusiones del Auto de Vista que se habría basado en una declaración testifical por encima de las pruebas documentales de fs. 666, 510, 511 y 513; más aún -dice- “demostrando falta de conocimiento de que funciones cumple una secretaria académica” (sic).

Una posición similar es planteada sobre la conclusión del Tribunal de Alzada en torno a que las funciones de la actora no habrían sido el llenado de libretas de los internos y el traspaso de notas al kárdex físico, sin tener presente que tal hecho se acreditaría por fs. 361 a 364, y el manual de funciones de fs. 587, 590 y 595.

  1. En relación al descuento salario de 14 días del mes de marzo de 2005, el recurrente califica de curioso el haber establecido el descuento de los aportes al seguro social de largo plazo, aduciendo no se tratase de un proceso ejecutivo, ya que no se insta recuperación de aportes sino aplicar el descuento respectivo por constituir el empleador agente de retención por mandato del art. 21 de la Ley 065 y el art. 6.II del DS Nº 0822. Incluso, tal extremo fue solicitado en el recurso de apelación en sentido que se disponga el pago de ese salario y sobre él se aplique la retención para pago de aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

Con lo anterior solicita se revoque en parte el monto del salario de los días y mes dispuestos en Sentencia descontando el 12.21%, que es la sumatoria del 10% de aporte del seguro de vejez, 1,71% del seguro de riesgo común y el 0,5 de la comisión de dicho monto.

  1. Señala que el Tribunal de Alzada no resolvió en forma clara el ítem de devolución de gastos médicos expuestos en apelación, ya que las facturas corrientes de fs. 439 y 453, son facturas emitidas por un médico por concepto de vacunas, sin que se haya tenido presente que las vacunas solo pueden ser dispensadas por un centro de salud, correspondiendo se tomen en cuenta un monto a pagar a favor de la actora de Bs.943,40.-, extremo que sería respaldado por las documentales de fs. 435 a 452.

I.2.1. Petitorio

El recurrente finaliza su recurso solicitando que ante la interpretación errónea de las leyes denunciadas y la no apreciación de las pruebas al sentir del art. 253.1 y 3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la Corte Suprema de Justicia case el Auto de Vista Nº 107/2011

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1 El recurrente refiere que cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 66 y 150 del CPT en lo concerniente a la inversión de la prueba, contrario a lo concluido por el Auto de Vista que dispuso que no logró desvirtuar lo concluido en Sentencia.

Sobre el particular la Sala considera que la valoración de la prueba en materia laboral se inscribe en lo que doctrinalmente se denomina el sistema de libre apreciación, dentro de los parámetros de la sana crítica, que a decir de Heberto Amilcar Baños, "no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (...) se trata de criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad". Así pues el art. 158 del CPT ordena que "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes...".

La uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia establece que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los Jueces y Tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que el recurso acuse y se pruebe la existencia del error de hecho o de derecho, de acuerdo a la regla establecida en el art. 253.3 del CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

Conforme a las pruebas que cursan en el expediente, el Tribunal de apelación confirmó adecuadamente la valoración probatoria realizada por la Juez de Instancia; evidenciándose que valoró la documental de fs. 655, en conjunto con la corriente a fs. 525; del mismo modo efectuó una valoración de fs. 360, arribando a la conclusión que no existió perjuicio en los estudiantes, si bien es cierto no menciona las literales de fs. 156 a 203, señalar que éstas son únicamente planillas de registros, y al ser el de apelación un Tribunal de valoración de hecho, tiene para sí la facultad de desplazar la prueba que considere no sea pertinente a su decisión o bien desestimar aquella que no posea suficiencia sobre el derecho controvertido.

Aquello ocurrió también con la literal de fs. 53, pues es evidente que con dichas documentales no se advierte perjuicio a la institución recurrente o que se haya ocasionado un daño, lo mismo ocurre con las literales señaladas de fs. 357 a 360, que orientan más a impulsar el funcionamiento de la Universidad y no evidencian alguna falta, incumplimiento o perjuicio que hubiera podido generar la actora; asimismo, la prueba de fs. 666, consistente en una declaración por la cual la deponente expresa no tener conocimiento del manual de funciones de la actora; la de fs. 510, que es sólo una comunicación interna a la demandante; la de fs. 511, consistente en una comunicación a la UPAL y no a la actora, no pudiendo ser tomado en cuenta pues no impone obligación alguna a ésta; por último en lo concerniente a la literal de fs. 513, refiere esta una comunicación a efectos únicamente de poner en conocimiento la documentación emitida por el Ministerio de Educación.

En cuanto a las literales de fs. 361 a 364, decir que son un inventario, que si bien es entregado a la demandante; sin embargo, no denota obligación alguna; idéntica situación ocurre con las literales de fs. 587, 590 y 595 que constituyen un manual de procedimientos y no un manual de funciones como lo acusa la parte recurrente, cuyos objetivos son: “ Establecer el proceso que el estudiante debe seguir durante su Programación de Internado Rotatorio”, “ Establecer el proceso que al alumno debe seguir para optar al título en Provisión Nacional” y “ La emisión de Documentación legal por parte de la UPAL, a solicitud de los interesados, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento”, respectivamente, donde se advierte que impone un procedimiento, pero al estudiante de la UPAL, no advirtiéndose en todo caso errada valoración de la prueba.

II.1.2. Sobre el reclamo que sobre el monto dispuesto para cancelar salarios de 14 días del mes de marzo de 2005, se opere el descuento para hacer efectivo la cancelación a la AFP, la Sala puntualiza, que por disposición expresa del art. 59 “…el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial y con este criterio se interpretará las disposiciones del presente Código”; es decir, el medio y fin mismo del proceso en materia laboral, estriba en el establecimiento los derechos de los trabajadores, lo que implica que tal estructura procesal, no puede servir de plataforma para que el ente encargado de retener aportes ejerza tal aspecto dentro la singular tramitación en el derecho del trabajo; en consecuencia no corresponde a este órgano manifestarse respecto a la obligación que tiene el demandado a efectos de hacer efectivo sus obligaciones al seguro social a largo plazo, siendo que como se ha reitera el objeto del proceso social es el reconocimiento de los derechos laborales del trabajador, máxime si, conforme al art. 65 del CPT en proceso de ésta índole “No se admite la reconvención o mutua petición  (…)  salvo cuando excepcionalmente el demandante es el empleador”, ergo, mal podría imponerse obligación alguna al trabajador en su condición de demandante.

II.1.3 En torno al cuestionamiento de que las facturas de fs. 439 y 453 por vacunas, son emitidas por un médico y no por un centro de salud, motivo por el cual el monto cancelado no pueden ser objeto de devolución; es necesario puntualizar que no existe normativa que imponga la necesidad que las vacunas deben ser suministradas necesariamente por un Centro de Salud, pues hay que tomarse en cuenta que el objetivo de precautelar la salud no puede ser limitativo a que las personas no puedan optar por otra alternativa médica a efectos de procurar las vacunas en favor del paciente, por lo que no resulta evidente la denunciado por el recurrente.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de la parte demandante, al carecer de sustento legal, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gustavo Jorge Octavio Deheza Ugarte en representación legal de la UPAL de fs. 739 a 741.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera