TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 718

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 510/2011-S

Demandante Víctor Valentín Flores Herrera

Demandado: Comercial La Elegancia

Distrito        : Tarija

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: Los recursos de casación de fs. 344 a 346 vta., y 352 a 355, interpuestos por Ismael Maldonado Acebo y Remedios Martínez Tejerina de Maldonado propietarios de Comercial La Elegancia; y por Víctor Valentín Flores Herrera, contra el Auto de Vista Nº 151/2011 de 30 de septiembre, de fs. 337 a 340 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Tarija, dentro del proceso laboral seguido por Víctor Valentín Flores Herrera, contra Comercial La Elegancia; las respuestas de fs. 352 a 355 y 359 a 362; el Auto de 29 de octubre de 2011, de fs. 362 vta., que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1.        Sentencia

Que tramitado el proceso por reliquidación de beneficios sociales y otros, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, emitió Sentencia de 21 de noviembre de 2007, de fs. 232 a 233 vta., por la que declaró improbada la demanda de fs. 6 a 7 vta., sin costas.

I.1.2.        Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación por ambas partes del proceso (fs. 245 a 247 y 261 y vta., respectivamente), mediante Auto de Vista Nº 151/2011 de 30 de septiembre, de fs. 337 a 340 vta., la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Tarija, revocó totalmente la Sentencia apelada, declarando probada en parte la demanda de fs. 6 a 7 vta., ordenando a la parte demandada cancele a favor del actor, por concepto de indemnización, bono de antigüedad, aguinaldo, vacación, prima anual y horas extras, menos el pago a cuenta, la suma de Bs.24.048,18.- (veinticuatro mil cuarenta y ocho 18/100 bolivianos); Sin haber lugar a la multa del 30% prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Sin costas.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó los recursos de casación de fs. 344 a 346 vta., y 352 a 355, interpuestos por ambas partes del proceso, que en lo substancial, acusaron:

I.2.1. Recurso de casación en el fondo, interpuesto por la parte demandada (fs. 344 a 346 vta.)

Que, el Auto de Vista incurrió en error de hecho y de derecho al realizar el cálculo del salario promedio indemnizable en base a lo establecido por el DS Nº 23474, cuando la Empresa demandada es netamente comercial y no así productiva, conforme se encontraría demostrado en el presente proceso, siendo de aplicación el DS Nº 21137, por lo que a momento de realizar el pago de los beneficios sociales mediante finiquito el sueldo promedio indemnizable contemplaba e incluía el bono de antigüedad, aspecto reconocido a momento de plantear la demanda, siendo el sueldo promedio indemnizable la suma de Bs.-1.400,00.- y que en cuanto al bono de antigüedad fue acreditado mediante pago desde el 12 de enero de 2004 al 18 de octubre de 2006, como el pago de las gestiones anteriores conforme a la cláusula segunda del finiquito de fs. 5, además de ello conforme el art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) el pago de dicho derecho prescribió.

Que, del tenor del finiquito de fs. 5, se advierte que el actor recibió el pago de las vacaciones correspondientes a las gestiones 1994 a la 2006 inclusive, incurriendo en error al disponer el pago de vacaciones por las gestiones 1994, 1995 y duodécimas de la gestión 1996, además de ello por disposición expresa del art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), las vacaciones no son acumulables, prescripción que fue reclamada en el proceso.

Que, se incurrió en error de derecho al disponer el pago por concepto de prima anual, pues no se habría considerado lo establecido por el art. 51 del DR-LGT, ya que la causal de desvinculación fue el abandono injustificado del trabajador y su posterior retiro voluntario.

I.2.1.1. Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista de 30 de septiembre de 2011 de fs. 232 a 233 vta., y deliberando en el fondo deje firme y subsistente la Sentencia de fs. 232 a 233 vta., con la única modificación de la expresa condenación de costas al demandante en ambas instancias.

I.2.2. Recurso de casación en el fondo, interpuesto por la parte actora (fs. 352 a 355)

Acusó violación del art. 162 de la Constitución Política del Estado (CPE) abrogada y art. 4 de la LGT, ya que no obstante de estar acreditados sus derechos y beneficios conforme las declaraciones testificales de fs. 109 a 111, donde refirieron el trabajo de horas 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:30 de lunes a sábado, acumulándose 9.312 horas extraordinarias, no es correcto el monto consignado en el finiquito, incurriéndose en error de hecho y derecho a momento de valorar la prueba testifical, por no darle la eficacia probatoria señalada en los arts. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y art. 1330 del Código Civil (CC), aspecto corroborado por la confesión presunta efectuada por la co-demandada, extremo que tampoco fue considerado, quebrantándose las disposiciones contenidas en los arts. 166 y 158 del CPT y art. 1321 del CC.

Acusó también que se incurrió en error de hecho y derecho, al señalarse que su persona hubiere tenido la calidad de empleado de confianza, basado en la documental de fs. 54 a 94, documentos que solo acreditarían la relación de trabajo, pero ninguno de ellos evidencia inequívocamente el pago de horas extraordinarias, no pudiéndose considerar su función como un empleado de confianza, violándose el art. 169 y 158 del CPT, además la segunda parte del art. 46 de la LGT y art. 3.g) y 150 del CPT, así mismo se debió tener presente que por disposición del art. 330 del CPC la prueba debe ser presentada conjuntamente con la demanda o contestación, empero la documental señalada fue extemporáneamente ofrecida.

Señaló también que, tampoco se dio mérito al pago de la prima, otorgándose solo de las dos últimas gestiones, no obstante de existir una confesión espontanea realizada por el demandado mediante memorial de fs. 30, incurriéndose nuevamente en error de hecho y derecho, incurriéndose nuevamente en error de hecho y derecho, quebrantándose las disposiciones contenidas en los arts. 158 del CPT, 404.II del CPC y 1321 del CC.

Que, el Tribunal de Alzada estableció que la prescripción se puede formular vía excepción o como defensa de fondo, sin embargo el art. 128, señala que las excepciones deben ser presentadas antes de contestar a la demanda o a tiempo de contestar concordante con los arts. 337 y 342 del CPC, advirtiéndose que los demandantes no interpusieron excepción de prescripción, violándose el art. 134 del CPT por cuanto el Tribunal ad quem aplico de oficio la prescripción y en cuanto a la vacación se demostró que su persona presentó a la parte demandada solicitudes de otorgación de vacaciones, que no fueron consideradas por lo que no se aplicaría la prescripción, debiendo aplicarse el art. 48.IV de la nueva CPE por cuanto no está regida por el principio de irretroactividad.

Finalmente, en cuanto a la multa del 30%, estableció que si bien no se pidió el pago de dicho concepto al tratarse de una reliquidación de beneficios sociales, empero ello no hace improcedente el pago de la misma.

I.2.2.1. Petitorio

Solicitó que el Tribunal Supremo de Justicia, case en todas sus partes la Sentencia y el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare probada la demanda de fs. 6 a 7.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulados ambos recursos de casación en el fondo, se ingresa a considerar los mismos en relación a lo resuelto por la resolución impugnada, correspondiendo a tal efecto, esgrimir los razonamientos y fundamentos siguientes:

II.1.1. Resolviendo el recurso de casación de la parte demandada (fs. 344 a 346 vta.)

Que, se tiene como un primer aspecto el relacionado al cálculo del salario promedio indemnizable en base a lo establecido por el DS Nº 23474, que establece la ampliación de la base de cálculo del bono de antigüedad, establecida por el DS Nº 23113 de 10 de abril de 1992, a tres salarios mínimos nacionales para los trabajadores de empresa productivas del sector público y privado.

Al respecto, ésta Sala considera que la definición de Empresa productiva incluye a toda actividad empresarial que produzca bienes o servicios, debiendo asimilarse el término producción como sinónimo de rendimiento, ya que la productividad se mide en función de los resultados de la actividad empresarial. Así entonces, la producción constituirá toda actividad económica que no se limita a la elaboración o la fabricación de los objetos físicos, sino también a la provisión de servicios, ergo, toda actividad dedicada a la prestación de servicios, entran en la definición de empresas productivas.

De tal cuenta, la Empresa demandada, ahora recurrente, debe ser considerada como una empresa productiva a los fines del cálculo del bono de antigüedad.

Ahora bien, en cuanto al bono de antigüedad, se advierte de la liquidación efectuada por el Tribunal de segunda instancia, que al concluirse en sentido de que el bono de antigüedad debe ser considerado en base a tres salarios mínimos nacionales, es correcta, por lo que es correcta la decisión de reliquidar dicho concepto al haberse considerado en el finiquito de fs. 4 a 5 solo sobre un mínimo nacional, sin que ello signifique desconocimiento de la mencionada literal, aspecto que fue considerado adecuadamente por el Ad quem, debiendo descontarse del monto total, el pago realizado en fecha 3 de noviembre de 2006.

En cuanto a las vacaciones, es necesario inicialmente referirnos que, el Tribunal de Alzada dispuso para la parte demandante la compensación económica por vacación por las gestiones 1994 1995 y duodécimas de 1996, en ese marco el art. 1 del DS Nº 3150 de 19 de agosto de 1952, regula el derecho al descanso anual que tienen todos los trabajadores, conforme a la escala señalada en la última disposición supra citada y aclarada por Resolución Ministerial (RM) Nº 421/52 de 4 de septiembre; bajo ese marco, el art. 33 del DR-LGT señala que: “La vacación anual no será compensable en dinero, salvo el caso de terminación del contrato de trabajo. No podrá ser acumulada, salvo acuerdo mutuo por escrito, y será ejercitada conforme al rol de turnos que formule el patrono”.

Finalmente el DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, establece: “Después del primer año de antigüedad, los que sean retirados o se acojan al retiro voluntario, tendrán derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécimas”.

De donde se infiere, que por disposición del art. 44 de la LGT, constituye un derecho del que gozan todos los trabajadores al año trabajado ininterrumpido, por cuanto, el descanso es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades; consiguientemente, las vacaciones no constituyen un sobre sueldo, sino un derecho al descanso remunerado y no acumulable, salvo acuerdo mutuo y por escrito; por ello, la compensación de las vacaciones está prohibida por Ley, salvo algunas excepciones previstas expresamente; tal el caso por ejemplo, cuando un trabajador se desvincula del servicio o de su fuente de trabajo dentro del período en que debiera concedérselas (anual), por causas ajenas a su voluntad, sin haber gozado de su derecho a la vacación remunerada, correspondiendo compensar económicamente las vacaciones no disfrutadas.

En el caso de análisis, se advierte de los medios probatorios, que el Tribunal ad quem al haber considerado otorgar la compensación económica de gestiones anteriores no observó adecuadamente lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, toda vez que si bien se advierte el reclamo efectuado mediante notas cursantes de fs. 1 a 3, empero dicho reclamo fue cuando el cómputo de los 2 años a los que hacen referencia los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, ya había sido superado, correspondiendo en consecuencia, enmendar por este Tribunal dicho concepto.

En cuanto al reclamo en sentido de que no correspondería la prima anual, al existir abandono injustificado del trabajador y su posterior retiro voluntario, cabe señalar que el art. 51 establece: “No son acreedores al beneficio que acuerda la Ley (aguinaldo y primas), los trabajadores que hubiesen sido retirados por las faltas previstas en el art. 16 de la LGT, con excepción de los incisos d) y f) derogados por la Ley de 23 de noviembre de 1994.”, incisos que justamente pretende sean aplicados por la parte recurrente, que refieren a la inasistencia injustificada de más de tres días continuos y al retiro voluntario del trabajador, cuando dichas disposiciones fueron eliminadas de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual no merece mayor análisis al respecto.

Consecuentemente, y al ser parcialmente ciertas las infracciones acusadas por la parte recurrente, conforme lo expuesto, corresponde dar aplicación a los arts. 271.4 y 274.II del CPC, aplicables por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

II.1.2. Resolviendo el recurso de casación de la parte actora (fs. 352 a 355)

Se tiene como un primer punto, el referido al trabajo extraordinario, por lo que debemos partir de lo reglado por el art. 46 de la LGT, que establece la jornada máxima de 8 horas de trabajo diario y de 48 horas semanales, con excepción de aquellos empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo, casos en los que es posible el trabajo continuado de hasta doce horas diarias, con el derecho al descanso de una hora dentro del día.

En ese sentido, el art. 14 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, dispone: "Horas Extraordinarias.- Las Empresas y entidades reguladas por la LGT, se sujetarán a sus disposiciones para el pago de horas extraordinarias por trabajos efectivamente realizados en exceso de la jornada mensual completa en estricta aplicación del art. 46 de la misma Ley y del art. 36 de su Reglamento. Se suprime el pago de horas fijas de sobretiempo".

Bajo el marco normativo señalado, en el caso de autos se establece que el actor ocupaba el cargo de chofer, sin control de horario al realizar viajes tanto nacionales como internacionales, siendo un personal de confianza además de que por la naturaleza del servicio que prestaba no puede someterse a una jornada de trabajo, toda vez que al ser un cargo de confianza, y que fue desarrollado de manera discontinua por la naturaleza de sus funciones al realizar viajes tanto nacionales como internacionales no pudo someterse a una jornada de trabajo, y si bien las declaraciones testificales acusadas de no haber sido valoradas correctamente establecen un trabajo que supera la jornada de trabajo establecida en los artículos señalados precedentemente, empero por el trabajo realizado y al haberse determinado ser un personal de confianza no corresponde reconocer dicho derecho.

Ahora bien el Auto de Vista estableció que al no existir el libro de registro correspondiente, para verificar la cantidad de horas extraordinarias, además de que el actor realizaba viajes, determinó, mantener las horas extras que fueron consideradas en el finiquito acordado entre las partes, aspecto que no fue recurrido de casación por la parte demandada, por lo que no merece modificar la Resolución recurrida en cuanto a este aspecto.

Debe recordarse que, conforme a la naturaleza propia del proceso laboral y su distinción con otras ramas del Derecho, así como su concepción desde la CPE, en materia social debe existir una inexcusable valoración conjunta del elenco probatorio, en el marco de la libre valoración de la prueba, de acuerdo a los principios que informan la sana crítica, la lógica y la experiencia del juzgador, sin encontrarse sujeto a la tarifa legal de las pruebas, atendiendo las circunstancias relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes, conforme a lo prescrito por los arts. 3.j) y 158 del Código Adjetivo Laboral, de modo que, sólo ante la circunstancia de que el empleador desvirtúe con suficiencia lo acusado por el trabajador, tenga que negarse el reconocimiento de los derechos o beneficios que las Leyes sustantivas le reconocen; así es la guía que emana de los principios protectivos establecidos constitucionalmente a favor de toda trabajadora o trabajador, conforme lo dispone el art. 48 de la CPE; criterios que el juzgador debe considerar a momento de fallar en un caso concreto.

Es oportuno mencionar que, el Tribunal ad quem también se constituye en un Tribunal de conocimiento que no presenta las limitaciones legales impuestas al Tribunal de casación, por ser este último de puro derecho, de tal forma el Tribunal de Alzada no solo se encuentra reatado a circunscribir su resolución únicamente sobre los puntos resueltos por el inferior y que fueron motivo de la apelación, sino que también asume competencias, en tanto le es permitido reconstruir los hechos, en la medida que juzga como ex novo, resguardando de tal forma el derecho a la defensa y al debido proceso.

En ese sentido, se advierte además que las literales de fs. 54 a 94 que ayudaron a determinar la función del actor como la naturaleza del trabajo, fueron consideradas en merito a lo dispuesto por el art. 157 del CPT que al respecto prevé: “Aún vencido el término probatorio y dentro el plazo para dictar Sentencia, el Juez podrá acordar para mejor proveer la práctica de cuantas pruebas estime necesarias.

Si la diligencia consiste en la confesión judicial o en pedir algún documento a una parte y esta no comparece o no lo presenta en el plazo que se haya fijado, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada.”, no siendo por tanto evidente su reclamo en cuanto a este aspecto.

En cuanto a las vacaciones y prima, cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del art. 48 de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009 “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”; es decir, que por mandato de la Ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, empero al existir contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la CPE; siendo necesario aclarar que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la CPE de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE en cuanto a la retroactividad de la Ley.

Por lo anotado, corresponde definir también a la prescripción liberatoria como la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular durante el lapso señalado por Ley. Por lo que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al merecedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, quedando claro que son dos los elementos que requiere la Ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante ese plazo.

En base a dichas conceptualizaciones precedentemente anotadas, se establece con absoluta claridad que en la especie, en cuanto al pago de prima de anteriores gestiones como de la vacación, el primer referente que da inicio a la acción es el memorial que fue recepcionado el 21 de agosto de 2007, conforme consta a fs. 7 vta., (sello del juzgado) a través del cual el recurrente pretende la reliquidación de dichos conceptos; es decir por el periodo de ejercicio de labores comprendido entre el 12 de enero de 1994 hasta el 18 de octubre de 2006. Tal petición, expuesta motivó que la parte demandada a momento de contestar a la demanda acusó que dichos derechos no le correspondía al actor en virtud al art. 120 de la LGT, aspecto de fondo que fue dilucidado por los de instancia.

Por lo que compulsados los antecedentes, es evidente que al demandante le corresponden únicamente las primas por las dos últimas gestiones puesto que por las anteriores gestiones dicho derecho ya prescribió al no contar en obrados con ninguna nota o solicitud que interrumpa dicho cómputo; y, en cuanto a la vacación conforme se advierte de fs. 4 a 5 correspondiente al documento de pago de finiquito fue reconocido las vacaciones por dos vacaciones más duodécimas de la última gestión, empero al tratarse de una demanda de reliquidación, al haberse advertido por los de instancia un salario promedio indemnizable distinto al establecido en dicho documento corresponde ser nuevamente considerado.

Correspondiendo puntualizar que la prescripción, se interrumpe por la interposición de la demanda o por la presentación de un reclamo por escrito al empleador, del cual debe quedar un recibido, para poder comprobar tal aspecto.

Siendo que el fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, por lo se concluye que la Ley no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo, siendo así que los efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, aspecto también establecido en el art. 123 de la CPE.

Finalmente en cuanto a la multa del 30%, establecida en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, amerita establecer que el DS Nº 28699 en su art. 9 establece: I. "En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.”  Mientras que el parágrafo II prevé: "En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor".

Advirtiéndose que, el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos, mas no en razón de las causas de la desvinculación laboral.

Bajo lo señalado, no cabe efectuar interpretaciones sesgadas de dicha normativa, puesto que el resguardo del pago oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, no solo se sujeta al despido o retiro voluntario del trabajador, toda vez que ampliando su entendimiento, se aplica al resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo que garantice su subsistencia y la de su familia, una vez producida la desvinculación laboral, concluyéndose que en la actualidad la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad.

En consecuencia se evidencia, que la multa del 30% es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días calendario establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales que se reconozcan a favor de una trabajadora o un trabajador, por lo que al evidenciarse que al actor le correspondía los conceptos concedidos en el Auto de Vista, mismos que no le fueron cancelados oportunamente corresponde otorgar dicho concepto, de conformidad al art. 64 del CPT, máxime si se advierte que el Tribunal de Alzada negó dicho concepto señalando que al tratarse de un retiro voluntario y cancelado oportunamente el pago mediante finiquito.

Consecuentemente, al ser parcialmente evidentes las infracciones acusadas, conforme lo expuesto, corresponde dar aplicación a los arts. 271.4 y 274.II del CPC, aplicables por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm., Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, y en atención a los dos recursos interpuestos, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 151/2011 de 30 de septiembre de fs. 337 a 340 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Tarija, determinando que Comercial La Elegancia, cancele a favor de Víctor Valentín Flores Herrera la suma establecida en la siguiente liquidación.

Liquidación:

Indemnización                                                        Bs. 22.254,46

Bono de antigüedad                                                Bs. 24.289,20

Aguinaldo                                                                Bs.   1.350,38

Vacación                                                                Bs.   4.822,46

Prima                                                                        Bs.   3.486,40

Horas extras                                                                Bs.   6.349,66

Sub total                                                                 Bs. 62.552,36

Menos pago a cuenta según finiquito                                    Bs. 38.504,18

TOTAL                                                                 Bs. 24.048,18

Más la multa del 30% y actualización a liquidarse en ejecución de fallos, conforme dispone el art. 9 del DS Nº 28699 sobre el monto de Bs. 24.048,18.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera