TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 702

Sucre, 05 de octubre de 2015

Expediente: 482/2011-S

Demandante: Lenny Gómez Vargas

Demandado: Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Abuna

Distrito        : Pando

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 36 y vta., interpuesto por Abner Beltrán en su condición de Alcalde Municipal de Santa Rosa del Abuná, contra el Auto de Vista Nº 93 de 23 de septiembre de 2011, cursante de fs. 32 a 33, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, del Niño, Niña y Adolescente de la entonces Corte Superior de Justicia de Pando; dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales y otros, seguido por Lenny Gómez Vargas, contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 39 vta.; el auto de fs. 39 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales y otros, el Juez de Trabajo y Seguridad Social, Niñez y Adolescencia de Cobija - Pando, emitió Sentencia Nº 39 011 de 20 de julio de 2011, cursante de fs. 15 a 17, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 4, sin costas, ordenando a la parte demandada, cancelar a favor de la actora la suma de Bs.10.300,00.- (Diez mil trecientos 00/100 bolivianos) por concepto de subsidio de frontera y aguinaldo.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Lenny Gómez Vargas (fs. 20), mediante Auto de Vista Nº 93 de 23 de septiembre de 2011, cursante de fs. 32 a 33, la Sala Civil, Familiar, Social, del Niño, Niña y Adolescente de la entonces Corte Superior de Justicia de Pando, confirmó totalmente la Sentencia Nº 39 011 de 20 de julio de 2011.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó el recurso de casación de fs. 36 y vta., interpuesto por Abner Beltrán en su condición de Alcalde Municipal de Santa Rosa del Abuná, quien señaló que si bien en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba conforme el art. 3.h) y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), sin embargo en el caso presente no existiría prueba que acredite que la demandante prestaba sus servicios en zona de frontera, no pudiéndose presumir dicho aspecto, debiendo haberse aplicado el art. 155 del CPT, toda vez que mediante memorial de 13 de septiembre de 2011 se solicitó al Tribunal de Alzada la apertura del término probatorio, para que se ordene al Instituto Geográfico Militar certifique si la comunidad Primero de Mayo se encontraría en zona fronteriza, debiéndose aplicar el principio de lealtad procesal, que exige que la causa esté exenta de dolo y mala fe, toda vez que se demandó el pago de un derecho laboral que no le asistiría a la parte demandante.

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia deje sin efecto tanto la Sentencia como el Auto de Vista recurridos, disponiendo la improcedencia del pago del bono de frontera.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Del mandato establecido por los arts. 87 y 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable en materia laboral por expresa previsión del art. 252 del CPT, los jueces como directores del proceso tienen el deber de cuidar que, en el desarrollo de la causa se cumplan con las normas procesales que son de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio.

El art. 262 del CPC, reconoce al Tribunal ad quem, la competencia para negar la concesión del recurso de casación, cuando: 1) Se hubiere interpuesto el recurso después de vencido el término; 2) pudiendo haber apelado no se hubiera hecho uso de este recurso ordinario; y 3) el recurso no se encuentre previsto en los casos señalados por el art. 255; estas normas procesales son de cumplimiento obligatorio, y su desconocimiento implica la vulneración al debido proceso y a los principios procesales establecidos por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Por su parte, el art. 272 del mismo ritual civil, dispone que se declarará improcedente el recurso: "1) En los casos previstos por el art. 262...".

De la normativa glosada no es difícil concluir que para que el recurso de casación sea admitido y concedido por el Tribunal de Alzada, ha menester que el recurrente haya previamente impugnado la Sentencia, vía recurso de apelación; en su defecto el recurso debe ser negado y, en esa consecuencia, ejecutoriada la Sentencia. Para el caso de no haberse procedido de ese modo y concedido el recurso, la misma Ley impone al Tribunal de casación la obligación de declarar improcedente el recurso.

Abundando en la fundamentación jurídica se tiene que, si bien es cierto que los medios de impugnación configuran instrumentos jurídicos consagrados por las Leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia y que por principio y por naturaleza todo acto jurisdiccional es impugnable, no es menos evidente que en algunos casos la Ley proclama de manera absoluta o relativa la limitación impugnativa.

Ahora bien, en el caso presente y del examen de los antecedentes, se establece que el Juez del Trabajo y Seguridad, Social Niñez y Adolescencia de Cobija - Pando, emitió la Sentencia Nº 39 011 de 20 de julio de 2011, cursante de fs. 15 a 17, que declaró probada en parte la demanda de fs. 4, sin costas, ordenando a la parte demandada Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Abuná, cancelar la suma de Bs.10.300,00.- (Diez mil trecientos 00/100 bolivianos) por concepto de subsidio de frontera y aguinaldo, sin que éste último hubiera hecho uso del recurso de apelación de la Sentencia, interponiéndose recurso de apelación sólo por la parte demandante, mereciendo en consecuencia el Auto de Vista Nº 93 de 23 de septiembre de 2011, que confirmó la Resolución de instancia en todas sus partes.

Continuando con lo anterior, resulta ser que el representante de la entidad demandada, pretende recién hacer valer los derechos que pudo observar en el recurso de apelación, razón por la cual el Tribunal ad quem debió haber rechazado de oficio el recurso de casación interpuesto a fs. 36 y vta., en virtud de la competencia que nace de la aplicación del referido inciso 2 del art. 262 del CPC, situación que impide a este Tribunal Supremo abrir su competencia para la resolución del recurso interpuesto.

Consiguientemente, en el marco de lo expuesto precedentemente, corresponde resolver el recurso de casación según lo previsto por los arts. 271.1 y 272.1 ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm., Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 36 y vta., interpuesto por Abner Beltrán Alcalde Municipal de Santa Rosa del Abuná.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera