TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO No 700

Sucre, 02 de octubre de 2015

Expediente: 206/2015-A

Demandante: Servicio de Impuestos Nacionales

Demandado: Álvaro Fernando Tapia Claros

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: Los recursos de casación en el fondo interpuesto por Ana Carolina Bustillo Espinosa en representación de Álvaro Fernando Tapia Claros de fs. 801 a 811 vta. y por Fernando Aliaga Palma de fs. 815 a 821, contra el Auto de Vista Nº 205/2014-SSA-I de 7 de noviembre, cursante a fs. 793 a 794 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra los recurrentes, la respuesta de fs. 827 a 831 vta.; el Auto No 171/15 de fs. 834 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1. Sentencia

Tramitado el proceso coactivo fiscal, la Juez Segundo de Partido Administrativo Coactivo, Fiscal y Tributario de La Paz, emitió la Sentencia Nº 38/2010 de 9 de abril, cursante de fs. 704 a 714, declarando improbada la demanda y probada la Excepción de Prescripción interpuesta por los coactivados.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la entidad coactivante, luego de que en casación se hubo anulado el primer Auto de Vista Nº 137/2013 de 19 de junio, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista Nº 205/2014 SSA-I de 7 de noviembre, revocando la Sentencia Nº 38/2010 de 9 de abril y declarando probada la demanda e improbada la Excepción de Prescripción.

I.2. Motivos de los recursos de casación

La indicada determinación, motivó los recursos de casación identificadas al exordio, en los que a su turno se acusan:

I.2.1. Recurrente Ana Carolina Bustillo Espinosa en representación de Álvaro Fernando Tapia Claros

1.- Bajo el rótulo de fundamentos de hecho inserta una narrativa en la que alega que se le atribuyó responsabilidad sin haberse demostrado que haya incurrido en acción culposa, así como que no se encontraba bajo su responsabilidad el seguimiento de los procesos coactivos ni de la custodia de los documentos.

2.- Acusa violación del art. 40 de la Ley No 1178 y arts. 1503 y 1504 del Código Civil (CC), así como los arts. 130 y 236 del Código de Procedimiento Civil, alegando que conforme a dicha normativa el cómputo de la prescripción para la supuesta responsabilidad civil comenzó a correr el 19 de septiembre de 1997 que es la fecha del último registro del Pliego de Cargo Nº 1660/97 y habría fenecido el 19 de septiembre de 2007 y que sólo interrumpe la prescripción por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aspecto que, señala, no fueron considerados por el Tribunal de apelación para declarar improbada la excepción de prescripción.

Agrega que al declarar probada la demanda se alejó de los puntos resueltos por la Sentencia de primer grado, toda vez que en la misma se pronunció sobre la procedencia de la excepción sin ingresar al fondo de la demanda, por lo que el auto de vista no podía entrar a resolver el fondo de la demanda, toda vez que el recurso de apelación fue interpuesto únicamente sobre lo resuelto que es la excepción de prescripción.

3.- Interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1503 del Código de Procedimiento Civil (CPC), debido a que, además de los motivos expuestos supra, alega que el SIN no tiene facultades para emitir y notificar Requerimientos de Pago, ya que según los arts. 3 y 4 de la Ley No 2166, tiene como función principal administrar el sistema de impuestos lo que supone cobrar obligaciones tributarias conforme a lo previsto por la Ley No 2492 así como la Ley No 843, por lo que siendo ilegal no tuvo efecto alguno y que en ese marco no constituye un acto que interrumpa la prescripción.

4.- Error de Derecho en la apreciación de las pruebas, por haberse otorgado calidad de acto que constituye en mora a los informes de auditoría interna emitidos por el SIN y al Requerimiento de Pago cuya emisión y notificación adolece de vicios de nulidad.

Agrega que en la fallida intención de sentar una diligencia de notificación, la Notario de Fe Pública Dolly Martínez elabora el informe de fs. 625 en el que se tacha el texto “Con lo que la suscrita Notario da por notificado”, invalidan dicho documento, aspecto que el Auto de Vista no lo menciona.

Asimismo señala que la notificación personal de fs. 624 valorada en el Auto de Vista como documento adecuado para constituir en mora informa que fue entregado a una tercera persona, por lo que se habría incurrido en desconocimiento de los arts. 120 y 121 del CPC.

I.4.2. Recurrente Fernando Aliaga Palma

1.- Alega que el Tribunal de apelación no consideró los amplios fundamentos expuestos en el otrosí 2º del memorial de fs. 584 a 590 a los que se habría adherido, negando la demanda.

2.- Que incurrió en error de derecho en la revisión y valoración de los antecedentes, por no haber  expuesto fundamentos jurídicos sobre el fondo de la demanda y otros aspectos que los reitera más adelante, bajo el rótulo de violación de las leyes, los que serán considerados en tales puntos.

3.-  Denuncia violación del art. 40 de la Ley No 1178 y arts. 1503 y 1504 del CC, así como los arts. 130 y 236 del CPC, alegando los mismo aspectos traídos por el recurrente Álvaro Fernando Tapia Claros, esto es, que conforme a dicha normativa el cómputo de la prescripción para la supuesta responsabilidad civil comenzó a correr el 19 de septiembre de 1997 que es la fecha del último registro del Pliego de Cargo Nº 1660/97 y habría fenecido el 19 de septiembre de 2007 y que sólo interrumpe la prescripción por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aspecto que, señala, no fueron considerados por el Tribunal de apelación para declarar improbada la excepción de prescripción.

Agrega que al declarar probada la demanda se alejó de los puntos resueltos por la Sentencia de primer grado, toda vez que en la misma se pronunció sobre la procedencia de la excepción sin ingresar al fondo de la demanda, por lo que el Auto de Vista no podía entrar a resolver el fondo de la demanda, toda vez que el recurso de apelación fue interpuesto únicamente sobre lo resuelto que es la excepción de prescripción.

4.- Del mismo modo acusa interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1503 del CPC, debido a que, además de los motivos expuestos supra, alega que el SIN no tiene facultades para emitir y notificar Requerimientos de Pago, ya que según los arts. 3 y 4 de la Ley No 2166, tiene como función principal administrar el sistema de impuestos lo que supone cobrar obligaciones tributarias conforme a lo previsto por la Ley No 2492 así como la Ley No 843, por lo que siendo ilegal no tuvo efecto alguno y que en ese marco no constituye un acto que interrumpa la prescripción.

5.- Error de Derecho en la apreciación de las pruebas, por haberse otorgado calidad de acto que constituye en mora a los informes de auditoría interna emitidos por el SIN y al Requerimiento de Pago cuya emisión y notificación adolece de vicios de nulidad.

CONSIDERANDO II:

Fundamentos Jurídicos del Fallo

De revisión de ambos recurso, se advierte que los mismos comparten los mismos fundamentos, por lo que en la presente resolución se considerarán ambos recursos como una unidad.

1.- Sobre la violación del art. 40 de la Ley No 1178 y arts. 1503 y 1504 del CC, así como los arts. 130 y 236 del CPC, alegando que conforme a dicha normativa el cómputo de la prescripción para la supuesta responsabilidad civil comenzó a correr el 19 de septiembre de 1997 que es la fecha del último registro del Pliego de Cargo Nº 1660/97 y habría fenecido el 19 de septiembre de 2007 y que sólo interrumpe la prescripción por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aspecto que, señala, no fueron considerados por el Tribunal de apelación para declarar improbada la excepción de prescripción.

El Tribunal de apelación concluyó que se interrumpió con la notificación con los Informes de Auditoría No 02/2007, certificado a fs. 107 y 108 de obrados.

En Materia de prescripción en procesos coactivos fiscales, el Tribunal de casación tiene establecido en su amplia jurisprudencia que su interrupción se produce con la notificación con la demanda judicial.

Así, en el Auto Supremo No 034/2014, de 3 de septiembre, sobre la materia se estableció:

“De lo que se deduce que a través de estas normas se establece el régimen de prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, el cual establece un término de diez años, computables a partir de día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal, definiendo asimismo los casos de suspensión o interrupción de dicha prescripción, a las formas establecidas en el CC.

Razón, por la cual se evidencia que la responsabilidad civil atribuida a los coactivados como se indicó en el resultado de la Auditoria Especial de Ingresos y Egresos practicada en el consejo Municipal de la Paz por la Contraloría General de la República de las gestiones de 1994 y 1995 que a partir de esta fecha se inicia el cómputo del término de la prescripción extendiéndose hasta el 2004 a 2005, teniendo en cuenta que la citación y el emplazamiento con la demanda se efectuó el 8 de agosto de 2007…”.

Al respecto es importante precisar que el instituto de la prescripción, se encuentra establecida en el art. 1492 del CC que establece: “Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece”. Asimismo el régimen de la prescripción es de orden público y por ello inmodificable instituye el art. 1495 del referido cuerpo normativo. Esta normativa legal nos sitúa frente a la prescripción extintiva; es decir, el modo de liberarse de un obligación por el transcurso del tiempo en las condiciones determinadas por la Ley.

Según el tratadista Capitant, la prescripción opera como excepción cuando el deudor lo opone a la acción del acreedor que se ha descuidado ejercerla dentro del plazo determinado por la Ley. Para Messineo la prescripción no afecta el derecho, durante el tiempo que está fijado en la Ley. Por lo que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al acreedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, quedando claro que dos son los elementos que requiere la Ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y b) la inacción o silencio voluntario, del acreedor durante ese plazo. A través de la prescripción se extingue el derecho a ejercitar la acción legal para extinguir el cumplimiento de la obligación.

El propósito de este instituto reposa en la exigencia del orden y la paz social y se atribuye a la prescripción una presunción de pago, por el cual se supone pagado el acreedor que durante cierto lapso no dirige reclamación a su deudor (Mazeaud).

Si bien la Ley protege los derechos subjetivos; sin embargo no ampara la desidia, la negligencia, el abandono. Los derechos no pueden mantener su vigencia indefinidamente en el tiempo, no obstante el interés del titular, porque ello conspira el orden y la seguridad. Transcurridos ciertos plazos legales, mediando petición de parte interesada, la Ley declara prescritos los derechos no ejercidos. Estos son los fundamentos sobre los que descansa el instituto jurídico de la prescripción, es decir; debe haber un total desinterés por parte del acreedor para reclamar su acreencia y no activar judicialmente su cobro.

Así entonces y teniendo en cuenta que conforme a los informes de auditoría interna de la entidad coactivante, la responsabilidad civil atribuida a Luis Fernando Aliaga palma y Álvaro Fernando Tapia Claros tiene origen en al pérdida del Pliego de Cargo No 1660/97 de 19 de septiembre de 1997 y, advirtiendo que del cargo cursante a fs. 512 vta., la demanda coactiva fiscal se instauró en fecha 18 de septiembre de 2007, girándose la Nota de Cargo No 64/07 contra los coactivados el 26 de septiembre de 2007 (fs. 249); habiéndose notificado expresamente el coactivado Luis Fernando Aliaga Palma en fecha 7 de noviembre de 2007 y apersonado el coactivado Álvaro Fernando Tapia Claros en 18 de enero de 2008, se puede establecer que a partir del día del hecho que dio lugar a la acción (19 de septiembre de 1997), transcurrieron más de 10 años, consiguientemente resulta claro que no se produjo la alegada interrupción del término de la prescripción conforme establece el art. 1503 de CC, que señala: “I. La prescripción se interrumpe por un demanda por una demanda judicial, un decreto a un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”.   

Por lo expuesto, se advierte que el Tribunal de apelación al revocar la Sentencia de primer grado y declara IMPROBADA la excepción de prescripción incurrió en las infracciones legales acusadas en el recurso de los coactivados, por lo que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, resolver el recurso conforme a las previsiones contenidas en los arts. 271.4 y 274 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 1 de la LPCF.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, CASA el Auto de Vista No 205/2014-SSA-I de 7 de noviembre, cursante a fs. 793 a 794 vta. y mantiene firme y subsistente la Sentencia de primera instancia No 38/2010 de 9 de abril, cursante de fs. 704 a 714.

Sin responsabilidad por ser excusable.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera