TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 692

Sucre, 28 de septiembre de 2015

Expediente: 424/2011-S

Demandante: Héctor Segaline Ríos

Demandada: Empresa de Seguridad y Vigilancia “FORTALEZA”

Distrito        : Santa Cruz  

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 93 a 94 vta., interpuesto por María Luz Fagalde de Veizaga en representación legal de la Empresa de Seguridad y Vigilancia FORTALEZA contra el Auto de Vista N° 088 de 22 de marzo de 2011 de fs. 90 a 91, emitido por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, seguido por Héctor Segaline Ríos, contra la entidad recurrente; el Auto de 18 de julio de 2011 de fs. 341; que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1  Sentencia

Tramitada la causa, el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia N° 42 de 29 de mayo de 2010 de fs. 77 a 78 vta., declarando probado la demanda, con costas; ordenado a la Empresa de Seguridad y Vigilancia “FORTALEZA” representada por María Luz Fagalde de Veizaga pague a tercero día de su notificación, los beneficios sociales del demandante por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo devengado, horas extras, feriados, más la multa 30% prevista por el art. 9.II del DS Nº 28699, el monto que asciende a Bs.16.604,80.-, todo conforme al detalle que se tiene asentado en tal fallo.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por María Luz Fagalde de Veizaga en representación de la Empresa de Seguridad y Vigilancia “FORTALEZA”, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista N° 088 de 22 de marzo de 2011 de fs. 90 a 91, confirmó en todas sus partes la Sentencia N° 42 de 29 de mayo de 2010, con costas.

I.2  Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia, motivó que María Luz Fagalde de Veizaga en representación legal de la Empresa de Seguridad y Vigilancia “FORTALEZA” interponga recurso de casación en el fondo y en la forma, bajo los siguientes argumentos:

       a) Acusa la violación de los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que el Tribunal de Apelación no tomó en cuenta la vulneración a sus derechos fundamentales, puesto que su persona formuló el incidente nulidad, ya que no fue notificada con la demanda conforme lo dispone el art.  76 del C.P.T., que el juzgador no tomó en cuenta que no se le dio la oportunidad de asumir defensa en el término oportuno, y tenga  la  oportunidad de ofrecer pruebas.

b) Arguye que la sentencia sólo se basa en relación a lo peticionado en la demanda, estableciendo horas extras, sin tener conocimiento si la naturaleza del trabajo determinaba dichos aspectos, determinando el pago de feriados, situación totalmente falso, puesto que el trabajador no cumplió a cabalidad su función, por su impuntualidad, menos trabajo horas extras y feriados.

c) Que el Tribunal de Alzada, de igual forma, no vincula la fundamentación realizada vulnerando su derecho al debido proceso y a la defensa, ya que no se le dio la oportunidad de impugnar y presentar su defensa en el momento oportuno, que el tribunal indica de que no fundamente los agravios en el recurso de apelación, cuando los mismos están aparejados al incidente, lo que conlleva a que el tribunal debe revisar de oficio y verificar las vulneraciones de derechos fundamentales indicados, aspecto que no cumple y sólo ve las formalidades legales, sin verificar el sentido del art. 180 de la CPE que refiere a la verdad material, principio constitucional que el Tribunal de Alzada no aplico impidiendo que sea escuchada en sus pretensiones, bajo el argumento, que no existe fundamentación en el recurso de apelación.

I.2.1 Petitorio

Señala la recurrente que existiendo vicios de nulidad en la tramitación de la causa  que, vulneran normas constitucionales y procesales, formula recurso de casación en el fondo y en la forma solicitando  al  Tribunal  Supremo  de Justicia dicte Auto Supremo anulando obrados, hasta que se notifique con la demanda a su persona tal como lo establece el art. 237.4) del C.P.C., lo que implica revisar tal como lo faculta el art. 251 del CPC.

CONSIDERANDO II

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

De la lectura del recurso puede advertirse que la recurrente ha planteado dos cuestiones a) y c)  que hacen al recurso de casación en la forma y un punto b) que hace al fondo del recurso, dicho ello se pasa a resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones.

1.- Conforme lo reconoce la doctrina autorizada, las nulidades procesales, tienen una aplicación restrictiva en principios que emergen de los sistemas francés e italiano y que se hallan recogidos por nuestro legislador. Estos principios son el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

En mérito al principio de legalidad o especificidad, la nulidad se sanciona sólo en los casos previstos por ley expresa (pas de nullité sans texte); se encuentra  recogido por el art. 251.I del CPC y ahora en el párrafo I. del art. 105 del Código Procesal Civil. Sin embargo este principio se torna relativo por la inserción de las llamadas nulidades implícitas o  virtuales a las que abre camino el art. 90.I) del CPC y que ahora el párrafo II del art. 105 del  Código Procesal Civil.

En virtud al  principio de trascendencia  no existe nulidad sin perjuicio (pas de nullité sans grief). Este principio se configura por tres condiciones: 1) alegación del perjuicio sufrido; 2) acreditación del perjuicio y 3) interés jurídico que se intenta subsanar. “No puede pedir la nulidad quien ha contribuido con su conducta a la producción del vicio” (Lino E. Palacio). Este Principio se encuentra recogido en el art. 106-II del Código Procesal Civil.

El principio de convalidación.- No prosperará la nulidad cuando medie consentimiento expreso o tácito de la parte perjudicada. Este principio tiene su fundamento en el carácter dispositivo del proceso civil. El consentimiento es expreso cuando la parte perjudicada realiza el acto procesal ratificando el acto viciado. Es tácito cuando la parte interesada no efectúa el reclamo en la primera oportunidad, deja pasar el tiempo, permitiendo que operando la preclusión de su derecho impugnaticio. Este principio se encuentra recogido en el art. 258.3) del CPC y de manera más amplia en  el párrafo II del  art. 107 Código Procesal Civil, dispone: “No podrá pedirse la nulidad de un acto, por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita”, y en el mismo sentido el art. 17.III de la LOJ, señala “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En atención al principio de protección no se puede alegar la propia torpeza como fundamento del pedido de nulidad (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Se encuentra recogido ahora en el párrafo II del art. 106 del Código Procesal Civil.

Además de los señalados principios, también se rige por el principio de finalidad de las formas o de instrumentalidad de las nulidades procesales, en cuya virtud las nulidades no tienen como objetivo comprobar y declarar el incumplimiento de las formas procesales, pues los actos procesales son válidos si han cumplido sus efectos, no obstante que hubiese algún defecto formal; este principio de alguna manera se encuentra recogido en el art. 91 del CPC, y  ahora en el art. 107.I) del Código Procesal Civil.

En Autos, resolviendo el recurso de casación, la recurrente por memorial de fs. 35, manifiesta que la citación con la demanda de fs. 16  y auto de admisión de fs. 21, mediante cedula carece de validez, por lo tanto es nula, además que su persona formuló el incidente de nulidad, ya que no fue notificada con la demanda conforme lo dispone el art. 76 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que el juzgador,  no  tomó en cuenta que no se le dio la oportunidad de asumir defensa en el término oportuno, y tenga  la  oportunidad de ofrecer pruebas.

Al respecto, del contenido del fallo emitido por el Tribunal de segunda instancia, se advierte que tal aseveración no es evidente menos cierta, puesto que de la revisión de obrados se tiene que a fs. 30 cursa el aviso judicial que fue dejado a la Sra. María Luz Fagalde de Veizaga en calidad de representante legal de la Empresa de Seguridad y Vigilancia “FORTALEZA”; a fs. 31 cursa el informe del Oficial de Diligencias, donde textualmente manifiesta que para la citación a la Sra. María Luz Fagalde de Veizaga dejó el aviso judicial en manos de la secretaria de la Empresa demandada, y en mérito a dicho informe el Juez de la causa ordenó la citación de la demandada mediante cédula, conforme el art. 137.4) del CPC concordante con el art. 76 del CPT; a fs. 34 cursa la citación a la Sra. María Luz Fagalde de Veizaga efectivizada mediante cédula en fecha 25 de junio de 2008 en presencia de la testigo de actuación Mary Revuelta R. con C.I. 2858023; todo ello implica que la actuación de la citación a la representante legal de la entidad demandada mediante cédula, cumple a cabalidad los arts. 121 y 122 del CPC.

Si bien es cierto que posterior a ello en fecha 2 de diciembre de 2008, la Empresa demandada mediante su representante legal Sra. María Luz Fagalde de Veizaga por memorial de fs. 35 y vta., interpone como medio de defensa incidente de saneamiento procesal, empero lo realiza después de más de cinco meses posterior a su citación con la demanda de fs. 16  y auto de admisión de fs. 21, contraviniendo el art. 124 del CPT, que señala, “Cuando la demanda esté en forma legal, el Juez dará traslado de ella al demandado con CINCO días de término para contestarla, acompañando copia de la misma y apercibimiento de que si no la contesta dentro de este término, el proceso se seguirá en los estrados del Tribunal.”, es decir pretende activar la nulidad de la citación de manera extemporánea, cuando su derecho al reclamado a precluido conforme manifiestan los arts. 251 del CPC, y 16 parágrafo II de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, que señala, “la preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”.

2.- En relación al punto b) del recurso, se acusa que el pago de horas extras establecidas en las resoluciones de instancia, no corresponde, por que el trabajador no cumplió su función, por su impuntualidad; sin embargo de ello, la recurrente en la exposición que vierte en este punto del recurso, omite precisar cual la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en que hubiera incurrido el Tribunal ad quem a tiempo de emitir el Auto de Vista, no especifica menos acredita que institutos jurídicos se vulnero respecto al punto apelado que hace al fondo del recurso, lo que implica su improcedencia manifiesta.

De todo lo expuesto, con relación a las afirmaciones realizadas por la recurrente en el recurso de casación, este Tribunal Supremo llega a la conclusión que las mismas carecen de todo sustento legal; habiéndose sujetado el Tribunal de apelación al momento de emitir el Auto de Vista a las normas en vigencia, no observando vulneración de norma legal alguna menos de los arts. 115, 116 y 117 de la CPE, como arguye la parte recurrente.

Por consiguiente corresponde resolver el mismo conforme previenen los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicable por la norma permisiva por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Luz Fagalde de Veizaga en representación legal de la Empresa de Seguridad y Vigilancia “FORTALEZA”. Con costas.

Se regula el honorario profesional de la parte demandante en la suma de Bs. 500.-, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera