TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 685

Sucre, 28 de septiembre de 2015

Expediente: 426/2011-S

Demandante: Lino Avalos Chinchilla

Demandado: José García Sandoval y otra

Distrito        : Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 59 a 63 y 65 a 67 vta., interpuestos por Adrián Alfredo Zárate Cardona en representación legal de José García Sandoval y Cándida Cerezo Salazar de García, contra el Auto de Vista N° 279/2011 de 30 de agosto, de fs. 51 a 52 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca; dentro del proceso Social, seguido Lino Avalos Chinchilla contra los ahora recurrentes; la respuesta a los mencionados recursos de fs. 70 a 71; el Auto N° 303/2011 de 21 de septiembre a fs. 72, que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, interpuesta la demanda de pago de beneficios sociales y tramitado el mismo el Juez Segundo de Partido en lo Civil, Penal, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, de Trabajo y Seguridad Social de Monteagudo, emitió la Sentencia 0003/2011 de 20 de junio  de fs. 27 vta., a 29, por la que declaró probada la demanda de fs. 5 a 6, sin costas, disponiendo que los demandados José García y Cándida Cerezo Salazar de García, paguen a favor del actor la suma de Bs.2.167,04.- en el plazo de tres días, por concepto de beneficios sociales, conforme manda el art. 213 del Código Procesal del Trabajo (CPT), bajo prevención de ley.

I.1.2. Auto de Vista   

Dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada fs. 32 a 33, mereciendo el Auto de Vista N° 279/2011 de 30 de agosto de fs. 51 a 52 vta., por el cual, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, resolvió confirmar en todas sus partes la Sentencia N° 003/2011 de 20 de junio, cursante de fs. 27 vta., a 29, con costas en ambas instancias.

I.2. Motivos de los recursos de casación

El mencionado Auto de Vista originó que los demandados formulen los recursos de casación en la forma y en el fondo cursantes de fs. 59 a 63 y 65 a 67 vta., advirtiéndose que si bien los mismos fueron presentados por separado, contienen los mismos planteamientos, correspondiendo a este Tribunal resolver ambos conjuntamente, de lo cual en lo esencial de su contenido señalan:

I.2.1. Recursos de casación en la forma

El Tribunal de apelación no revisó de oficio los plazos y las leyes que norman la tramitación y conclusión del proceso, conforme dispone el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), siendo que todo el proceso se desarrolló en flagrante violación de su derecho a la defensa.

Que, a José García Sandoval se le notificó con la demanda y su admisión en la carpintería de calle Tréveris s/n (fs. 6 y 8); sin embargo, no fue notificado con ningún otro actuado, violando de esta manera su derecho a la defensa y a la igualdad que se encuentran consagrados en los arts. 14.I, II, III y V, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que de acuerdo al art. 68 del Código de Procedimiento Civil (CPC) debió ser notificado con el Auto N° 0007/2011 de 26 de mayo a fs. 10, en su domicilio, ya que esta norma en contraste con el art. 141 del CPT, resulta más favorable y compatible con las garantías constitucionales, siendo también que según las Sentencias Constitucionales (SSCC) N° 1125/2003 de 12 de agosto y 136/2004 de 2 de febrero, se le debió nombrar defensor de oficio en cumplimiento al art. 203 de la CPE.

Refirió José García Sandoval que fue notificado mediante cédula en la Secretaría del Juzgado, con la Sentencia N° 0003/2011 de 20 de junio a fs. 31, siendo que el art. 203 del CPT dispone que la notificación con la Sentencia debe ser primero a la parte afectada, y al no haber ocurrido aquello se le dejó en indefensión absoluta, ya que se debió aplicar el art. 70 del CPC, por lo que dicha situación trae nulidad conforme el art. 247 de la LOJ.

Indicó el mismo, que todo el Código Procesal del Trabajo por su forma, es una norma que no es reconocida por el ordenamiento jurídico, por ser un Decreto Ley el cual no tiene cabida dentro de un Estado Social Democrático de Derecho Plurinacional Comunitario, conforme el art. 1 de la CPE, y que el art. 410 del mismo cuerpo legal no reconoce como fuente de derecho al Decreto Ley, por lo que se aplicó normativa que está en contra del art. 122 de la Constitución.

Acusaron ambos recurrentes, que se emitió la Sentencia fuera del término legal establecido por el art. 79 del CPT, puesto que el expediente entro a despacho el 15 de junio y se emitió la Sentencia el 20 de junio del 2001, empero su registro fue después de 28 días luego de emitida dicha Sentencia, por lo que no se acredita que la Sentencia haya sido dictada dentro de plazo establecido por ley, afectando la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a ser juzgado.

I.2.2. Recursos de casación en el fondo

Que, a fs. 52 el Tribunal de apelación señaló como prueba determinante la cursante a fs. 4 (Acta de audiencia de conciliación); sin embargo, debe entenderse que la libertad probatoria no significa libertinaje ni para las partes ni para el juez, pues la valoración que hace el juzgador está sometida a la sana crítica y a los principios científicos que informan la crítica de la prueba, conforme los arts. 3.j) y 158 del CPT, por lo que se violó el principio de contradicción, puesto que se otorgó valor al acta de conciliación que acredita la relación laboral y los derechos del demandante, pero; sin embargo, se desechó de manera arbitraria las declaraciones uniformes de los testigos de descargo que acreditan todo lo contrario; es decir, que se desvirtuó la exclusividad de la relación laboral, existiendo contradicción entre la prueba de cargo y la de descargo, por lo que el Juez debió establecer otros elementos de prueba que refuercen cualquiera de las posiciones, situación que no sucedió, violando así los arts. 3.j) y 158 del CPT.

Señalaron que, el Tribunal ad quem violó el art. 161.c) del CPT, puesto que el acta de conciliación ofrecida como prueba de cargo debió ser presentada en copia legalizada, por lo que dicha documental no es un medio de prueba idóneo, toda vez que el Ministerio del Trabajo jamás buscará un justo equilibrio entre las partes en conflicto, y que la suma de dinero que se calculó en dicha acta de conciliación arroja un monto arbitrario y discrecional, porque no había ningún elemento que acredite el salario del demandante durante los 3 últimos meses antes de la supuesta ruptura laboral, advirtiéndose error de hecho sobre esta prueba y su valoración.          

I.2.3. Petitorio

Concluyeron solicitando que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, o que se case el Auto de Vista N° 279/2011 de 30 de agosto, declarándose improbada la demanda, con imposición de multa al inferior por los gastos ocasionados y con costas.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos

Así formulados los recursos de casación en la forma y en el fondo, observando que los reclamos que contienen ambos recursos presentados de manera separada por los esposos co-demandados, son afines, se ingresa a resolver los mismos bajo las siguientes consideraciones:

II.1.1 Resolviendo los recursos de casación en la forma

Se debe precisar que los recurrentes, demandan la existencia de vicios procesales que habrían ocurrido en diferentes etapas del proceso, por lo que iniciamos recordando que, el Tribunal Supremo de Justicia en su amplia jurisprudencia, determinó que la nulidad procesal no sólo constituye una decisión de última ratio; sino que además, solo procede por las razones expresamente señaladas en la ley (principio de especificidad), o cuando se evidencia la existencia de una flagrante vulneración a derechos fundamentales que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, el derecho a la defensa y otros; del mismo modo, debe observarse en su aplicación, el principio de trascendencia, de modo que, deberá justificarse que la nulidad buscada sea trascendente en función a los derechos  posiblemente vulnerados, lo que haría que la nulidad sea el único medio para lograr la reposición de tal derecho vulnerado; a tales principios también deben sumarse para su consideración, los de convalidación y el de preclusión, puesto que no es posible reclamar un posible vicio, cuando la parte afectada haya continuado la tramitación de la causa, sea presentando memoriales, alegatos, prueba de su parte o refutando la del contrario, sin haber objetado el vicio procesal que se crea que existe y que, en su criterio, le causa indefensión o afecta su derecho a la defensa, pues su no observación oportuna, convalida el posible vicio procesal.

Bajo ese contexto, si bien uno de los co-demandados (José García Sandoval - Esposo), acusa la violación del derecho a la defensa y el derecho a la igualdad, debe considerarse que no se trata de una demanda individual en sí, de modo que los co-demandados deban asumir defensa por separado; así, si revisamos la demanda, se advierte que la misma fue interpuesta contra de los esposos José García Sandoval y Cándida Cerezo Salazar de García, como propietarios de la Carpintería “La Sauceñita”; en ese sentido, ambos fueron citados personalmente con la demanda, conforme se tiene del formulario saliente a fs. 8 de obrados; y si bien sólo uno de ellos presentó memorial asumiendo defensa (Cándida Cerezo Salazar de García), siendo declarado rebelde el otro co-demandado, actuado procesal a partir del cual toda notificación fue realizada en estrados; tal situación no puede constituir vulneración al derecho a la defensa de José García Sandoval, tanto por que la co-demandada (su esposa), asumió defensa en la causa, como por el análisis jurídico que más adelante se desarrolla; pues no se hacía necesario que ambos esposos y por separado asuman defensa en la presente demanda en representación de su carpintería, esto conforme lo determinado por el art. 72 del CPT que, aplicando por analogía por tratarse de persona jurídica, refiere que en tratándose de personas jurídicas inclusive, la citación se efectuará válida e indistintamente a sus presidentes, gerentes generales, administradores o personeros legales; pues, se trata de un proceso sumario en el que las formalidades previstas para el ámbito civil no son aplicables sino en la medida de lo necesario.

Es evidente que al co-demandado José García Sandoval no se le notificó con el auto de fs. 10 (Declaratorio de rebeldía, relación procesal y apertura del término de prueba), en el domicilio en que fue citado con la demanda, conforme previene el art. 68 del CPC, sin embargo, debe considerarse que el art. 141 del CPT, dispone lo siguiente: “(Prosecución del Proceso en caso de Rebeldía) Cuando notificada legalmente la demanda al demandado o a su representante, no fuere contestada en el término previsto en el artículo 124 del presente Código, el Juez de oficio, o a petición de parte y en el día, lo declarará rebelde y contumaz sin requerir previo informe del Secretario disponiendo la prosecución de la causa en rebeldía del demandado, sujetando el proceso a término de prueba y ordenando se le haga saber ulteriores providencias mediante cedulón fijado en estrados.” (sic); es decir que, declarado rebelde, toda notificación posterior de providencias, debe hacerse saber en estrados, de manera que, al constituir la norma adjetiva laboral una norma de carácter especial, ésta debe ser aplicada con preferencia a la norma general comprendida en el CPC, conforme lo previsto en el art. 15 de la Ley Nº 025, norma que guarda similitud con la comprendida en el art. 5 de la abrogada Ley Nº 1455 (anterior Ley de Organización Judicial), máxime si, la norma adjetiva laboral, prevé en forma clara que, sólo ante cuestiones jurídicas no previstas en el Código Procesal del Trabajo, se autoriza la remisión a las normas generales del Código de Procedimiento Civil, ello tomando en cuenta que, el compilado adjetivo en materia laboral, goza de autonomía en sus procedimientos eliminando todo uso y remisión a otras normas adjetivas de otros campos jurídicos, conforme se tiene de los arts. 2 y 252 del CPT.

En tal sentido, este Tribunal considera necesario indicar que el art. 120 del CPT dispone que: “La demanda se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante. Queda entendido que cuando la demanda se dirija contra la empresa o establecimiento, toda gestión que en el proceso realice el gerente, administrador o el representante del empleador, será válida. No obstante, el empleador o su representante legal podrán, en cualquier momento, apersonarse en el proceso y continuar la gestión”, es decir, los actos por los que una acción laboral puedan proponerse, son flexibles hacia el trabajador, comprendiendo que la materia obedece precisamente al principio protector y entendiendo también que la pretensión sobre un derecho laboral o beneficio social, no necesariamente es exigible a una persona natural en específico, sino a un empleador que puede estar constituido dentro de la diversidad de figuras que prevé el Derecho Comercial; adquiere lógica entonces lo contenido en el art. 111 también del CPT que indica que, “el demandante no está obligado a presentar prueba sobre la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida, ni la que en el juicio se debata como cuestión principal de este punto”

A mayor abundamiento, el art. 72 del CPT, prevé tres situaciones sobre la comunicación procesal con la demanda, así su primer párrafo señala que “La citación será personal con la providencia que admite la demanda y en los casos previstos por el Código de Procedimiento Civil”, denotando que en el supuesto de citación el empleador sea una persona natural. Seguidamente el segundo párrafo de la mencionada norma prevé: Sin embargo, tratándose de personas jurídicas, esta citación se efectuará válida e indistintamente a sus presidentes, gerentes generales, administradores o personeros legales”; comprendiéndose en este segundo caso la existencia de un empleador constituido por una persona jurídica. Por último, el tercer párrafo de esa norma indica que “Asimismo, pondrán ser citados válidamente los agentes regionales o locales de las oficinas donde hubieran sido contratados los demandantes”. A partir de lo cual se concluye, que en el caso de autos, al haberse asumido defensa por la co-demandada (esposa) del Sr. José García Sandoval, tampoco fue necesaria la intervención de un defensor de oficio, puesto que es claro que al haber asumido defensa ya una de las codemandadas, que como se dijo- es la esposa del co-demandado, no se puso en indefensión a José García Sandoval, toda vez que se evidencia en el expediente que su esposa presentó prueba de descargo, recurrió en apelación, llegando incluso a la instancia de casación.

Por otra parte, se cuestiona por la parte recurrente, la constitucionalidad por su forma del Código Procesal del Trabajo, acusando que no es reconocido por la Constitución Política del Estado, al haber sido aprobado mediante un Decreto Ley, señalando que estaría en contra del art. 122 de la misma CPE; al respecto se debe indicar que, toda norma se presume constitucional, conforme la previsión del art. 5 de la Ley Nº 027 de 6 de julio de 2010, de modo que, los jueces y magistrados están en la obligación de aplicarlos, y, si la parte demandada consideraba que tal disposición era inconstitucional, debió hacer uso de los mecanismos que la misma Ley prevé para su control de constitucionalidad, como es lo es el caso de la acción de inconstitucionalidad concreta; de modo que, la duda expuesta por el recurrente, respecto a la constitucionalidad del CPT por haber sido éste, aprobado mediante un Decreto Ley, no corresponde ser atendida en esta instancia, dada la presunción antes anotada.

Por otra parte, se reclama también como un vicio procesal, el hecho de que la notificación con la Sentencia N° 0003/2011 de 20 de junio a José García Sandoval, no fue en la forma prevista por el art. 70 del CPC y 203 del CPT, al haberse notificado al perdidoso luego de la notificación al actor; sin embargo, y no obstante lo ya anotado ut supra, respecto a la calidad de co-demandado del sr. José García, junto a su esposa, por ser dueños de la carpintería “la Sauceñita”, bastó con la notificación a la co-propetaria de dicho negocio, para que se cumpla con la previsión normativa, quien además fue notificada en primer lugar; aún ello, es decir, de pretenderse una individualización en la calidad de co-demandado, el hecho denunciado, no tiene trascendencia, puesto que, aun alterando el orden de notificación establecido en la normativa referida, tal circunstancia no conlleva perjuicio para la parte recurrente, dado que, igual su cómputo del plazo para recurrir de apelación es individual y no común con el demandante, habiendo en tal sentido, dicha diligencia, cumplido con la finalidad del acto, que era poner en conocimiento de la parte correspondiente, el contenido de la Sentencia de primer grado.

Finalmente, con relación a la denuncia de que el fallo de primera instancia fue emitido fuera del plazo establecido por el art. 79 del CPT, se tiene que; de la revisión de dicho actuado se advierte que el expediente ingresó a despacho para la emisión de la Sentencia, en fecha 15 de junio del 2011 a horas 17:00 (fs. 27), habiéndose emitido el mencionado fallo el 20 de junio de 2011, es decir dentro el plazo de los 10 días establecido por el art. 79 del CPT, para posteriormente ser registrada por la Secretaria del Juzgado el 18 de julio de 2011, día que fue el primer día hábil después de la vacación judicial, por lo que se advierte que si bien la resolución fue registrada 28 días luego de su emisión, ello no demuestra que el Juez de grado perdiera competencia, puesto que, reiteramos, el plazo se computa desde el ingreso de la causa a despacho para sentencia hasta la fecha de emisión del mismo, que en el caso se advierte fue el 20 de junio de 2011, es decir dentro del término legal.

Por lo señalado, este Tribunal advierte que en los reclamos en la forma planteados por los recurrentes, dueños de la carpintería demandada, no concurren ninguno de los principios señalados ut supra, puesto que algunos de los vicios denunciados no son evidente, otros no son trascendentales, y mucho menos causaron perjuicio a las partes del proceso, observándose que en general los recurrentes tuvieron la opción de defenderse, planteando todos los recursos que franquea la ley, por lo que se concluye indicando que los Tribunales de instancia aplicaron correctamente las normas procesales en el presente caso, no ameritando nulidad de obrados, como se pretende en esta parte del recurso.

II.1.2. Resolviendo los recursos de casación en el fondo

Se observa que el reclamo en el fondo se concentra en la valoración de las pruebas de cargo y descargo, concretamente en el acta de conciliación a fs. 4 y en las declaraciones testificales, que a criterio de los recurrentes no habrían sido correctamente valoradas conforme los arts. 3.j) y 158 del CPT, violando el principio de contradicción y el art. 161.c) del CPT, porque dicha acta debió ser presentada en copia legalizada, en tal sentido se tiene que: 

El legislador ha entendido que en el derecho laboral, por su naturaleza protectora a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio notoriamente desigual, dada la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protector plasmado en los arts. 157 y 162 de la CPE de 1967, 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), 3. g) y 59 del CPT, mantenido en el art. 46 y 48 de la actual CPE.

Es necesario hacer mención también al principio de la inversión de la prueba, establecido en los arts. 3.h, 66 y 150 del CPT, por el cual en materia laboral se invierte la carga de la prueba, y en la que el empleador está en la obligación de aportar todas las pruebas necesarias, para desvirtuar los hechos afirmados por la parte trabajadora demandante o por el contrario, demostrar sus propias afirmaciones.

En ese mismo sentido, es preciso indicar también respecto a la valoración probatoria, que el juzgador tiene el deber de realizar una valoración conjunta de las pruebas presentadas y producidas en el proceso, tomando en cuenta que no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las mismas, por lo que, formará libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j) también del CPT.

Bajo este marco normativo, referente a la valoración de las pruebas antes mencionadas, se tiene que los Tribunales de instancia realizaron una valoración de toda la prueba en conjunto, determinando objetivamente que el acta de conciliación cursante de fs. 4, demostraba que el actor tuvo una relación laboral con la carpintería demandada bajo las características de subordinación y dependencia, aspecto que la Sra. Cándida Cerezo Salazar no objetó, puesto que en dicha audiencia conciliatoria no indicó que el demandante no haya prestado servicios en su carpintería, más aún cuando expresó su consentimiento al indicar que realizaría una consulta sobre el monto que se calculó en dicha audiencia de conciliación, así como firmó dando su consentimiento de que estaba de acuerdo con la audiencia de conciliación.

Es necesario aclarar que, si bien la documental a fs. 4 consiste en una copia simple del acta de conciliación llevada a cabo con un Inspector del Ministerio del Trabajo, de acuerdo al principio de inversión de la prueba, era deber y obligación de la parte demandada el desvirtuar las afirmaciones del demandante, como ser la existencia del vínculo laboral, aspecto que la parte recurrente no cumplió, por lo que la prueba de cargo a fs. 4 al ser valorada conjuntamente las declaraciones de descargo, creó la suficiente convicción en el juzgador de que existió una prestación de servicios por parte del actor hacia la carpintería demandada, no encontrando violación alguna al art. 161.c) del CPT.

Ahora respecto a las declaraciones de los testigos de descargo, se tiene que las mismas no son contestes y uniformes en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares, y sólo llegan a constituir indicios, lo que razonablemente, no podrían fundar la decisión de un juzgador para desestimar los conceptos sociales demandados, de lo que se advierte que, al no existir más prueba aportada al presente proceso por la parte demandada, los Tribunales de instancia aplicaron correctamente el principio de la libre apreciación de la prueba y las presunciones reguladas en el CPT, conforme a las facultades establecidas en los arts. 3.j), 158 y 182 del CPT, valorando la prueba aportada al proceso en su conjunto, por lo que este Tribunal no encuentra fundamento alguno para determinar procedentes los reclamos en el fondo.    

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 59 a 63 y 65 a 67 vta., conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADOS los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 59 a 63 y 65 a 67 vta., interpuestos por Adrián Alfredo Zárate Cardona en representación legal de José García Sandoval y de Cándida Cerezo Salazar de García, contra el Auto de Vista N° 279/2011 de 30 de agosto de fs. 51 a 52 vta., con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en el monto de Bs.500.- que mandará a pagar el Juez A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera