TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

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Auto Supremo Nº 677

Sucre, 28 de septiembre de 2015

Expediente: 388/2011-S

Demandante: Modesto Paredes Salluco

Demandada: Servicio Municipal de Agua Potable

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: Los recursos de casación de fs. 173 a 174, interpuesto por Luís Fernando Pérez Armendía en calidad de Gerente General a.i. del Servicio Municipal de Agua Potable (SEMAPA); contra el Auto de Vista Nº 100/2011 de 12 de mayo (fs. 163 a 164 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales seguido por Modesto Paredes Salluco, contra el recurrente; la respuesta de fs. 176 a 177; el Auto a fs. 183 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. Antecedentes del Proceso

I.1. Sentencia

Tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió Sentencia de 05 de diciembre de 2009, cursante de fs. 98 a 100 vta., por la que declaró probada en todas sus partes la demanda de fs. 10 a 11 de obrados y probada en parte la excepción perentoria de pago opuesta por la Empresa demandada mediante memorial de fs. 39 a 43 de obrados, conminándose en consecuencia a la Empresa Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario que a través de su representante legal pague a Modesto Paredes Salluco dentro de tercero día de ejecutoriada esta Sentencia bajo conminatoria de Ley monto que en ejecución de Sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006., por los conceptos de: Tiempo de trabajo 23 años, desahucio, indemnización, aguinaldo cuatro duodécimas 2009, vacaciones 2 gestiones 60 días, por la suma total de Bs.12.750,66.-, de acuerdo al detalle sentado en el presente fallo.

I.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación de fs. 135 a 137, por Lulio Orestes Vargas Montaño, representante legal de SEMAPA; la respuesta de fs. 139 a 140 vta.; mediante Auto de Vista Nº 100/2011 de 12 de mayo (fs. 163 a 164 vta.) la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, revocó parcialmente la Sentencia apelada de 05 de diciembre de 2009, dejándose sin efecto el promedio indemnizable de Bs.4292.- que se estableció incorrectamente y en consecuencia la liquidación efectuada, manteniendo la multa del 30% prevista en el art. 9.II del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, a ser calificada en ejecución de Sentencia. Sin costas.

I.2.1.  Motivos del recurso de casación

Contra dicha resolución, la entidad demandada formuló recurso de casación en el fondo, conforme al memorial de fs. 180 vta., que en lo esencial de su contenido y para efectos de la resolución a expedirse, acusó:

Que no se efectúo una correcta evaluación de la prueba cursante en obrados en relación a la procedencia de la multa del 30%, puesto que la misma se opera cuando el trabajador opta de manera evidente e inequívoca por la opción de acceder al pago de beneficios sociales descartando cualquier intención de buscar su reincorporación; en tal sentido, el demandante se hallaba dentro del grupo que solicitaba su reincorporación, consecuentemente el plazo para el pago efectivo de sus beneficios sociales se debería contar a partir del momento en que este expresó su intención de dejar de lado su voluntad de acogerse a la reincorporación, intención que de manera incontrovertible se demuestra cuando el demandante procede a sellar el finiquito en el Ministerio de Trabajo y no así desde su retiro.

En ese entendido la aplicación del art. 10 párrafo II) del DS Nº 28699 que refiere: “Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios sociales y otros derechos que le corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo noveno del presente Decreto Supremo” ahora el art. 9 del mismo Decreto en relación al tiempo  dispone: “… el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente…” , consecuentemente el elemento fundamental para el ejercicio de uno u otro derecho es la identificación inequívoca de aquella voluntad de optar por cualquiera de las opciones la misma que en el caso particular en relación a la opción de cobro de beneficios sociales se reflejaba en el momento en que se hace la visación del Finiquito ante el Ministerio de Trabajo como expresión de su voluntad de desistir de la solicitud de reincorporación y optar por el pago de beneficios sociales, por consiguiente señala que el pago se realizó dentro del plazo de 15 días, previsto en el DS Nº 28699.

I. 4. Petitorio

Por lo expuesto, al señalar una inadecuada valoración de la prueba, solicita que una vez verificados por el Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la fundamentación de fondo, se emita Auto Supremo revocatorio total de la Sentencia de fs. 98 a 100 vta., y el correspondiente Auto de Vista de fs. 163 a 164 de obrados.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

El único motivo del recurso es el error en el establecimiento de multa del 30% por la falta de pago de beneficios sociales, pues el  recurrente señala que se habría pagado el mismo dentro del plazo de los 15 días establecido en el DS Nº 28699, puesto que este plazo se tomó en cuenta una vez que el trabajador despedido puso en conocimiento de la entidad que optaba por el pago de los beneficios sociales, puesto que antes se encontraba dentro del grupo de trabajadores que buscaban su reincorporación.

A efectos de dilucidar este tópico es preciso referirse al art. 9 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, que establece: "I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30 % del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor" (el resaltado es nuestro).

Cabe destacar que el espíritu del legislador fue de tomar en cuenta que los beneficios sociales y derechos laborales adeudados al tener un sentido esencialmente vital (para alimento, vestimenta y vivienda), tiene que ser cancelado a lo mucho en el plazo de 15 días y el no hacerlo implicaría un perjuicio irreparable para el trabajador, por lo que, el espíritu de estas actualizaciones es que el poder adquisitivo de la liquidación permanezca en el tiempo, sin que pueda ser afectada por las fluctuaciones de moneda y mercado, es decir que el dinero que le corresponde no se devalúe en el tiempo.

Como se advierte el desarrollo normativo, no retrotrae o limita los efectos dispuestos en el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que si bien no implementa sustanciales y nuevas figuras, pues su homólogo 23381 de 29 de diciembre de 1992, ya previó el plazo para el pago del finiquito y la indexación de las sumas en el contenidas, sí incorpora en la práctica una sanción sobre el impago en el plazo estipulado. Ahora bien, se comprende que esa medida, más allá de un postulado teórico, conlleva un fin práctico, que es el alentar el pago oportuno de los beneficios y derechos que correspondan ante la material pérdida de sustento por parte del trabajador, procurando evitar dilaciones que afecten de modo objetivo no sólo a la subsistencia del trabajador cesante, sino a la familia o personas que dependan de éste.

En ese entendido el Tribunal de Alzada confirmó lo establecido en Sentencia, expresando: “cabe aclarar que el actor fue despedido el 30/04/2009 y que parte del monto de Bs. 74.137,67 consignado en dicho finiquito, fue cancelado el 28/07/2009 y lo demás el 28/08/2009, según evidencia el documento de fs. 9, lo que significa que el monto del finiquito no se canceló dentro los 15 días previstos en el art. 9.I del DS Nº 28699 de 01/05/2009, correspondiendo en consecuencia aplicarse en ejecución de Sentencia la multa prevista en el art. 9.II del referido decreto supremo.”(sic). Conclusión acertada del Tribunal ad quem, al evidenciarse efectivamente que el recurrente no dio cumplimiento a lo previsto en el art. 9.I del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, vale decir el plazo de 15 días para hacer efectivo el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que corresponden al actor, razón por la cual es aplicable la multa prevista en el numeral II del artículo precedentemente señalado.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos se concluye que no es evidente la infracción acusada por la entidad recurrente, correspondiendo resolver el recurso conforme a la previsión del art. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de Autos en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Fernando Pérez Armendía en calidad de Gerente General a.i. de SEMAPA., contra el Auto de Vista Nº 100/2011 de 12 de mayo (fs. 163 a 164 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera