TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 675

Sucre, 28 de septiembre de 2015

Expediente: 402/2011-S

Demandante: Gonzalo Campero Calzada y otro

Demandado: Lloyd Aéreo Boliviano S.A.

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad de fs. 76 y vta., interpuesto por Grover Villanueva Tapia, en representación legal del Lloyd Aéreo Boliviano S.A. (LAB S.A.), en virtud de la fotocopia legalizada del testimonio de poder Nº 57/2008 de 27 de junio (fojas 10 a 16), impugnando el Auto de Vista Nº 109/2011 de 16 de mayo, cursante de fojas 71 a 73 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido por Álvaro Moreira Palenque en representación legal de Gonzalo Campero Calzada, contra la Empresa recurrente, responde al recurso de fs. 80 a 84 vta., el Auto de 19 de agosto de 2011 a fs. 85 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitada la demanda interpuesta, la Juez tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia de 23 de marzo de 2009, cursante de fs. 44 a 47 de obrados, que declaró probada en todas sus partes la demanda e improbadas las excepciones perentorias de pago y prescripción opuestas por la Empresa demandada, conminando a esta última para que por intermedio de sus representantes legales Raúl Alfonzo Rivero Adriazola y Eudhy Marcelo Goldman Paz, paguen al actor dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia el monto total de Bs.422.246,19.-, consistentes en la sumatoria de indemnización por tiempo de servicios (10 años, 1 mes y 29 días), desahucio, aguinaldo (duodécimas 2006), vacación (2005 y 2006), sueldos devengados (enero a septiembre de 2006), más actualización y multa del 30%, previsto por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por Grover Villanueva Tapia, en representación del LAB S.A. (fs. 50 a 51), la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº 109/2011 de 16 de mayo (fs. 71 a 73 vta.) que confirmó la Sentencia apelada, con la modificación de excluirse de la liquidación efectuada a favor del actor los salarios devengados de enero a junio de 2006, manteniéndose únicamente el pago de julio a septiembre de 2006; asimismo, debía descontarse de la suma de Bs. 198.062,22.- que se estableció por concepto de indemnización en el proceso seguido por la Federación, estableciendo la nueva suma de Bs.150.117,42.-, por concepto de beneficios sociales demandados, todo ello por las razones contenidas el Auto de Vista impugnado.

I.2 Motivos del recurso de casación

El fallo mencionado, motivó la interposición de recurso de casación en el fondo (fs. 76 y vta.), en el que se expresa lo siguiente:

El Auto de Vista infringió lo establecido en el art. 253.1 y 3 del Código de Procedimiento Civil (CPC) al aplicar e interpretar la Ley, al consentir la falta de pago oportuno de salario como causal de retiro indirecto, cuando tal figura está claramente definida en el DS de 9 de marzo de 1937, referida única y exclusivamente a la rebaja de sueldo, por lo que no estando legislada la figura del retiro indirecto por falta de pago oportuno de sueldos, no puede ser aplicada en el caso, con el pretexto de que existe jurisprudencia, cuando su aplicación es supletoria a la norma jurídica sustantiva y adjetiva nunca de aplicación preferente, lo que está ratificado por el art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Lo propio ocurre con la actualización de la multa prevista en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, dispuesta en la injusta Sentencia, que en estricta aplicación de los principios de justicia y equidad debe dejarse sin efecto la aplicación de esa sanción, pues los actores no acompañaron prueba que demuestre el que Ministerio del Trabajo hubiese aprobado el Reglamento específico que respalde los procedimientos establecidos conforme previó el art. 13 del mencionado DS.

Finalmente acusó la nulidad del Auto de Vista, por haberse pronunciado alterando el orden cronológico, sin ceñirse a la fecha de ingreso, vulnerando el orden establecido para resoluciones de la referida sala, infringiendo el art. 267 del CPC norma de orden público y cumplimiento obligatorio.

I.2.1. Petitorio

Por lo expuesto, solicitó que previos los trámites de Ley  concedan el recurso formulado, para que el tribunal de casación en aplicación de los arts. 274 y 275 del CPC con la permisión contenida por art. 252 del Código Procesal del trabajo (CPT) case o en su caso anule el Auto de Vista recurrido, con costas.

I.2.2 Respuesta al recurso.

Álvaro Moreira Palenque, en representación de Gonzalo Campero Calzada contestó el recurso de casación interpuesto de contrario mediante memorial de fs. 80 a 84 de obrados en la que señaló lo siguiente: a) si bien el recurso de casación fue interpuesto dentro del plazo previsto por el art. 210 del CPT pero no cumple lo establecido por el numeral 2) del art. 258 del CPC, aplicable por permisión del art. 252 del CPT ya que no refiere de manera clara y precisa la ley o leyes violadas o aplicadas erróneamente, menos explica en que consiste la violación, falsedad o error, el memorial del recurso no tiene ningún argumento legal, por lo que debe ser declarado improcedente; b) los de instancia dieron estricta aplicación a los principios del derecho laboral; c) Afirmó que conforme consta a fs. 58 y vta., el proceso fue radicado el 6 de mayo de 2009, hace más de dos años por lo cual la supuesta alteración del orden cronológico no es evidente, por lo expuesto solicito al tribunal de casación declare improcedente el recurso de casación en el fondo o en su caso infundado, con costas y regulación del honorario profesional de acuerdo al arancel mínimo del Colegio de Abogados.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

El Auto de Vista Nº 109/2011 de 16 de mayo, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciado por la Sala Social Administrativa de la Corte Superior de la ciudad de Cochabamba, fue impugnado por el representante legal de la Empresa demandada por los siguientes motivos: infracción de los incs. 1 y 3 del art. 253 del CPC porque realizó una interpretación errónea de la Ley, al considerar la falta de pago oportuno de salarios como una causal de retiro indirecto; la actualización y multa prevista por el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, no puede aplicarse en el caso porque el actor no acompañó prueba que demuestre que el Ministerio de Trabajo hubiese aprobado el Reglamento específico que respalde los procedimientos establecidos conforme al art. 13 del mencionado DS y, la nulidad del fallo, porque fue pronunciado alterando el orden cronológico de resolución, sin ceñirse a su fecha de ingreso, infringiendo normas de orden público (art. 267 del CPC) fuera del plazo establecido por Ley.

En relación con la acusación de que el Tribunal de Apelación ha infringido lo establecido en el art. 253.1 y 3 del CPC, por realizar una indebida y errónea interpretación de la ley al ratificar y consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de retiro indirecto; cabe indicar que éstas disposiciones legales simplemente prevén algunas de las causales descriptivas para la procedencia del recurso de casación en el fondo, y de ninguna manera significa que la violación se encuentre directamente en esa misma norma legal, por lo que, quienes recurren en casación amparados en estos preceptos legales, tienen el deber de fundamentar cuáles de las demás disposiciones legales fueron errónea o indebidamente aplicadas por los jueces de instancia, y sobre todo especificar en qué consiste esa violación, falsedad o error, tal como exige el art. 258.2 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose en el caso presente ausencia de técnica jurídica en la fundamentación del recurso, impidiendo a esta sala un pronunciamiento sobre el particular.

Con relación a la falta oportuna de pago, corresponde hacer notar que conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada, efectivamente la no cancelación de los sueldos del demandante por los meses adeudados constituye retiro indirecto, pues aquella falta oportuna de pago de sueldos conforme instituye la nueva doctrina laboral y la uniforme jurisprudencia en materia social de este Tribunal, tal cual se resolvió en casos similares en los Autos Supremos Nº 26/2012 de 2 de marzo y Nº 35/2012 de 5 de marzo, emitidos por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, se constituye en despido indirecto, dicho fundamento encuentra sustento jurídico normativo, en lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General del Trabajo que señala que los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros y treinta días para empleados y domésticos, aspectos que no fueron desvirtuados por la entidad demandada como correspondía hacerlo de conformidad con los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, referido a la inversión de la prueba, por lo que no son evidentes las violaciones acusadas en el recurso de casación al no encontrarse como cierta la infracción aludida.

Respecto a la actualización y multa prevista en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que según expresa el recurrente, solo corresponde a los que tienen acreditado su retiro intempestivo; el indicado DS en su art. 9 expresa: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV's, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor.” Desprendiéndose de la lectura de dicha norma que su aplicación es de carácter general en caso de retiro del trabajador, disponiendo la actualización y multa del monto resultante del finiquito sin hacer excepción o diferencia en caso de despido indirecto o intempestivo como indica el recurrente, por lo que resulta no ser evidente esta acusación.

En relación al reclamo de la supuesta nulidad del Auto de Vista impugnado, en virtud a que el mismo hubiera sido pronunciado alterando el orden cronológico de resolución de las causas y sin ceñirse a la fecha de ingreso, infringiendo normas de orden público como el art. 267 del CPC; de la lectura de ésta norma se tiene que la misma dispone que la distribución de causas y tablilla se efectúa mediante sorteo ciñéndose estrictamente a la fecha de ingreso, distribución que se hará pública en Secretaría de cada Sala. En autos, no existe evidencia de que se hubiera modificado el orden del aludido sorteo que conforme se verifica de obrados, se sujetó a las formalidades previstas en los arts. 267 del CPC y 122 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) vigente al momento en que fue efectuado; asimismo, es oportuno recordar que el recurrente se encuentra obligado a señalar cómo, por qué y de qué manera se produjo la vulneración que acusa, tal como dispone el inciso 2) del art. 258 del Código Adjetivo Civil.

Como se tiene señalado en el párrafo anterior, el art. 267 del CPC indica: “Semanalmente (…) se procederá a la distribución mediante sorteo, ciñéndose estrictamente a su fecha de ingreso. Esta distribución se hará pública en la secretaría de cada sala.” En este sentido, lo anterior constituye una temeridad de parte del recurrente, pues quien acusa se encuentra obligado a probar; no obstante, en el caso en análisis, se efectuó la acusación, mas no se probó y ni siquiera se señaló referencia alguna al respecto.

En cuanto a la infracción de normas de orden público como señala la demandada, debe quedar claro que el orden público no es otra cosa que el límite al principio dispositivo del proceso; es decir, que se trata de normas que se encuentran fuera de las posibilidades de ser modificadas o alteradas por acuerdo de partes, por lo que no es suficiente alegar la vulneración del art. 90 del CPC, sin fundamentar en qué consistió la supuesta violación y en qué medida causó agravios a quien la invoca.

Que, en el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada no incurrió en transgresión, violación o errónea aplicación de normas, ni en la interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley al confirmar en parte la Sentencia de primera instancia como se acusó en el recurso de fs. 78 y vta., correspondiendo, en consecuencia, aplicar el arts. 271.2 y 273 del CPC, con la facultad permisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 76 y vta.,  interpuesto por Grover Villanueva Tapia, en representación del LAB S.A., contra el Auto de Vista Nº 109/2011 de 16 de mayo, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera