TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 672

Sucre, 28 de septiembre de 2015

Expediente: 378/2011-S

Demandante: Julio Rubén Carrasco Helguero

Demandado: Open Systems Tradin & Consulting S.A.

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

==========================================================================

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 552 a 561 vta., interpuesto por Julio Rubén Carrasco Helguero contra el Auto de Vista N° 72/2011-SSA-I de 16 de junio, cursante a fs. 547 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; dentro del proceso Social seguido por el ahora recurrente de casación contra Open Systems Tradin & Consulting S.A.; la respuesta al mencionado recurso de fs. 565 a 571; el Auto N° 32/2011 de 5 de agosto a fs. 572, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso social, la Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia N° 62/2009 25 de septiembre  de fs. 387 a 389 vta., por la que declaró improbada la demanda de fs. 3 a 4, probada la excepción de pago e improbada la excepción de prescripción, disponiendo, en consecuencia, procederse al archivo de obrados en ejecución de Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista

Dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandante de fs. 399 a 408 vta., mereciendo el Auto de Vista N° 72/2011-SSA-I de 16 de junio a fs. 547 y vta., por el cual, la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió confirmar la Sentencia N° 62/2009 de 25 de septiembre cursante de fs. 387 a 389 vta.

I.2. Motivos del recurso de casación

El mencionado Auto de Vista originó que la parte demandante formule el recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 552 a 561 vta., que en lo esencial de su contenido señala:

I.2.1. Recurso de casación en el fondo

Que, el Tribunal ad quem violó los arts. 1 y 2 de la Ley General del Trabajo (LGT), 2 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), 1 y 2 del Decreto Supremo (DS) N° 23570 de 26 de julio de 1993; 2, 3 y 5 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, puesto que no hizo una revisión clara y exhaustiva de los documentos aparejados en el expediente en relación a la existencia de una relación de trabajo con la empresa demandada, donde existió prestación de trabajo por cuenta ajena, subordinación y dependencia y la percepción de una remuneración, como se probó con el certificado de trabajo a fs. 2, que tiene el valor probatorio que le asigna el art. 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y todos los elementos típicos de una relación laboral, prueba que al ser omitida por los de instancia violó los artículos antes señalados.

Indica que, la literal a fs. 19 comprueba el vínculo de subordinación que tenía con la Gerencia General, así como el informe a fs. 30 demuestra que se encontraba debidamente afiliado a la Caja Petrolera de Salud (CPS), lo que confirma la presencia de una relación jurídica laboral que existió hasta el 31 de octubre de 2005, siendo necesario indicar que, la supuesta inexistencia de la relación laboral nunca fue objeto de la litis ni fue un hecho controvertido, puesto que la empresa demandada en ninguna de sus partes negó la existencia de la relación laboral o la existencia de un contrato civil de consultoría.

Acusa violación a las presunciones establecidas por el art. 182 del CPT, así como de los arts. 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), 4 de la LGT y 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), puesto que las normas procesales son de orden público y cumplimiento obligatorio, y que su inobservancia constituye un acto jurídico nulo de pleno derecho, máxime cuando el art. 48 de la CPE determina que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que deben aplicarse bajo los principios de protección a los trabajadores, así como también los mencionados beneficios y derechos laborales no pueden renunciarse siendo nulas las convenciones contrarias o que intenten burlar sus efectos, como dispone el art. 4 de la LGT.

I.2.2. Recurso de casación en la forma

Señala que, el Tribunal de alzada violó los arts. 149 y 202 del CPT, puesto que la relación procesal queda fijada con la demanda y la contestación, siendo esta última la que cierra los límites de dicha relación procesal, la cual ni las partes ni el juzgador pueden desconocer y menos alterar, aspecto que la Sentencia vulneró al señalar que no existió relación laboral con las características de exclusividad, horario de trabajo, sueldo, dependencia y subordinación conforme el art.1 LGT, siendo que este extremo nunca fue invocado en la contestación a la demanda, mismo que en ninguna de sus partes alega que no existiría relación laboral, lo que muestra la ilegalidad y extralimitación de la juzgadora.  

Alega violación del derecho al debido proceso y de la legítima defensa, establecidos en el art. 115 de la CPE, toda vez que la prueba testifical presentada de fs. 376 a 380, no pudo ser observada ni fiscalizada por su persona; ya que esas declaraciones se las tomaron en la ciudad de Santa Cruz, para luego ser devueltas el 22 de septiembre, siendo arrimadas al expediente el 23 de septiembre, para ingresar a despacho el 24 de septiembre obteniendo como resultado la Sentencia de 25 de septiembre de 2009, sin dar lugar a las observaciones que realizó el actor mediante memorial de fs. 391 a 393 de fecha 25 de septiembre de 2009.

Indica que, las declaraciones de la Gerente General Cristina Britt Aramayo Baeza, de su madre, socia mayoritaria de la empresa demandada, Lourdes Baeza de Aramayo y de su hermano Pedro Aramayo Baeza, fueron tachadas oportunamente, así como fueron tomadas fuera del periodo probatorio y después de 3 meses de haber vencido el mismo, debiendo tomar en cuenta también que jamás se le notificó para las mencionadas audiencias testificales ni que se cumplió con las preguntas necesarias, incumpliendo y violando lo dispuesto por los arts. 102.2, 446 y 459 del CPC, así como vulnerando su derecho constitucional a la legítima defensa.

       Refiere también que, los de instancia violaron los arts. 122 de la CPE, 9 del CPT, 30 y 152 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), puesto que llegaron a la convicción que no existió relación laboral entre las partes sujeta a la Ley General del Trabajo, y que al no existir dicho vínculo, no corresponde el pago de beneficios sociales, declarando improbada la demanda; empero ilegalmente se declaró probada la excepción de pago, por lo que los de instancia usurparon funciones siendo ese acto nulo de pleno derecho, puesto que fue emitido sin competencia.

       En ese mismo sentido señala que, los arts. 9 del CPT y 152 de la LOJ, establecen la competencia de los jueces para decidir las controversias emergentes de la aplicación de las leyes sociales, por lo que al no existir relación laboral sujeta a la Ley General del Trabajo, los de instancia actuaron sin competencia al declarar probada la excepción perentoria de pago, debiendo tomar en cuenta que el art. 122 de la CPE, determina que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, debiendo anularse obrados hasta la Sentencia de fs. 387 a 389 vta.  

I.2.3. Petitorio

Concluyó pidiendo al Tribunal Supremo de Justicia, anule obrados hasta la Sentencia de fs. 387 a 389 o case el Auto de Vista recurrido declarando probada la demanda de fs. 3 a 4 e improbada las excepciones opuestas de fs. 264 a 265, con costas y multas de ley.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Así, planteado el recurso, este Tribunal tiene la obligación de resolver como primer punto el recurso de casación en la forma, para luego resolver en el fondo, ya que de encontrar alguna infracción en la forma, sería innecesario entrar al fondo; entonces de la revisión de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se ingresa a resolver dicho recurso, conforme a los siguientes fundamentos:

II.1.1. Resolviendo el recurso de casación en la forma

Se advierte que son tres los reclamos en esta parte del recurso:

Que se violó los arts. 149 y 202 del CPT, toda vez que la relación laboral nunca fue un hecho controvertido o discutido;

Que se vulneró el derecho al debido proceso y la legítima defensa (art. 115 CPE), puesto que las declaraciones de descargo que se realizaron en la ciudad de Santa Cruz fueron tachadas, así como tomadas tres meses después de concluido el periodo probatorio, sin realizar las preguntas necesarias y sin notificar al actor con tres días de anticipación, violando los arts. 102.2, 446 y 459 del CPC y emitiendo Sentencia sin considerar las observaciones presentadas con el memorial de fs. 391 a 393; y,

Que existe violación de los arts. 122 de la CPE, 9 del CPT, 30 y 152 de la LOJ, cuando se señaló que, no existe relación laboral y contradictoriamente se declaró probada la excepción de pago, sin competencia y usurpando funciones.

Por lo que es necesario responder a tales reclamos, conforme sigue:

Que, partimos estableciendo que este Tribunal Supremo de Justicia, en su amplia jurisprudencia estableció que la nulidad procesal no sólo que constituye una decisión de última ratio, sino que además procede por las razones expresamente señaladas en la ley, debiendo concurrir para que el acto sea anulable, además del principio de legalidad, el principio de trascendencia, o el principio de convalidación, entre otros que la doctrina procesal los describe con un amplio desarrollo, pues debe pensarse siempre en la conservación del acto, de modo que sólo ante la indefensión causada por el defecto procesal y reclamada oportunamente, se podría retrotraer el trámite a efectos de su corrección.

En ese sentido, el principio de especificidad se encuentra previsto en el art. 251.I del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, mismo que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidades, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado, únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable para efectos de los derechos de las partes procesales y así lo haya determinado la ley.

Por otro lado, también se tiene el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación procesal y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Esto responde a la máxima “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un perjuicio.

Por su parte el de convalidación, enseña que toda nulidad se convalida por el consentimiento si no se observa en tiempo oportuno, operándose así la ejecutoriedad del acto, es decir, que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture, (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pág. 391). Lo que significa que si la parte afectada no impugna mediante los recursos que la ley franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes, la nulidad no tiene por qué reclamarse y su declaración carece de sentido.

Referente al principio de preclusión, según la doctrina, el proceso es concebido como la secuencia de actos que se desenvuelven sucesivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión, siendo, un conjunto de actos jurídicos desarrollados de manera sistemática y ordenada con el fin de llegar a la resolución de un conflicto. Entonces, efectivamente el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en determinado orden, respondiendo con ese desarrollo al principio de preclusión, señalando que el proceso consiste en dicho desarrollo de diferentes etapas en forma sucesiva, las cuales tienen la clausura definitiva, dicho de otra forma, el Juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados.

Bajo ese contexto, y refiriéndonos al primer reclamo, se entiende que lo afirmado por el actor en su recurso de casación, respecto a que la entidad demandada nunca habría negado la relación laboral, no resulta evidente, pues queda claro que de la revisión del memorial de contestación cursante a fs. 74 a 75 de obrados, la entidad demandada, entre otras cosas, también negó la existencia del carácter laboral del actor con la entidad demandada, es ese sentido que se tiene el texto siguiente: “…sin que en ningún momento, haya existido dependencia, subordinación, exclusividad ni onerosidad directa entre el actor y la empresa por cuanto nunca se contrató al Sr. Moisés Alfonso Carrasco Quiroz para que trabaje a nombre de Open Systems Trading y Consulting S.A.” (sic); de modo que, como consecuencia de tal afirmación, lógicamente el juez de la causa, mediante el Auto de relación procesal de 21 de marzo de 2009 (fs. 286), fijo como el primer punto específico a probar  “la relación laboral”, decisión que luego de ser notificadas a las partes conforme se advierte del formulario de notificaciones cursante a fs. 287, no se advierte fuera objetada, quedando por ello firme, de modo que no resulta evidente que los jueces de fondo hubieren actuado de manera “ultra petita” al respecto, no observándose por consiguiente violación a los arts. 149 y 202 del CPT, como erróneamente sostiene la parte recurrente.

En cuanto al segundo reclamo, relacionado a la imposibilidad de efectuar tacha a los testigos de descargo que prestaron sus declaraciones en la ciudad de Santa Cruz; de la revisión de antecedentes se advierte que las testificales fueron propuestas mediante memorial de fs. 295 a 296, es decir dentro del término probatorio aperturado al efecto por el juez de la causa, y admitidas mediante el auto cursante a fs. 297, no habiendo merecido de la parte actora, ninguna observación al respecto, aun conociendo la nómina de testigos propuestos, de modo que no puede alegarse indefensión para efectos de tacha; no obstante, el juez de la causa también, en apego a las amplias facultades que posee como juez laboral, reiteramos, conforme la expresamente contenida en el art. 157 del CPT, decidió que se tomen declaraciones en la ciudad mencionada, conforme al Decreto de 27 de agosto de 2009  a fs. 366, ello a solicitud expresa de la empresa demandada conforme a memorial saliente a fs. 362 y vta., decisión con la cual el actor fue notificado el 1 de septiembre de 2009, conforme se evidencia del formulario de notificaciones cursantes a fs. 367, es decir, cumpliendo lo dispuesto por el art. 102.2) del CPC, de modo que tampoco al respecto se observa incidente alguno por alguna posible vulneración a derecho en base a un error procesal; de modo que es aplicable al respecto el principio de la convalidación y preclusión, arriba anotados.

Que, si bien las preguntas que se realizaron a los testigos en la ciudad de Santa Cruz no cumplían con lo dispuesto por el art. 459. 1 del CPC, dicha omisión no resulta trascendente para efectos del juicio de fondo y menos se advierte que con ello se hubiere le hubiere vulnerado derecho alguno al reclamante de modo que le cause indefensión; toda vez que el actor, ahora recurrente, de acuerdo al art. 446 del CPC, planteó tachas contra los testigos, de lo que se advierte que no existió perjuicio, ni indefensión contra del demandante; de modo que no se advierte trascendencia para su nulidad, más aún, cuando dichas declaraciones testificales no fueron consideradas en la parte resolutiva de la Sentencia.

Por otro lado, con relación a que, el Juez a quo no consideró en la Sentencia el memorial de fs. 391 a 392 vta., se tiene que el expediente ingresó a despacho para la emisión de la Sentencia en fecha 24 de septiembre de 2009 a horas 17:00, y que el memorial de fs. 391 a 392 vta., fue presentado recién el 25 de septiembre de 2009 a horas 16:50, como se evidencia en el cargo de recepción, advirtiéndose que fue presentado con posterioridad a la fecha de ingreso a despacho para Sentencia, situación por la cual, dicho memorial no puede ser considerado, por lo que no procede el reclamo planteado.

En cuanto al tercer reclamo, es necesario precisar que si bien el mismo es planteado en la forma, contiene problemática de fondo, de modo que, conforme la previsión del art. 62 del CPT, que dispone: “El Juez debe darle a la demanda, petición, recurso o incidente, el trámite que legalmente corresponde, aun cuando el señalado por las partes aparezca equivocado”; tal reclamo será resuelto como una cuestión que hace al fondo de la controversia.

Por lo anotado, éste Tribunal de casación no encuentra fundado el reclamo efectuado por la parte recurrente en cuando a la pretensión de nulidad de obrados, de modo que no es viable lo pretendido en esta parte de su recurso.

II.1.2. Resolviendo el recurso de casación en el fondo

Que, un aspecto que merece un análisis y decisión de éste Tribunal es el referido al reclamo del recurrente, sobre el hecho de que el Tribunal de alzada, al emitir el auto de vista recurrido confirmando la sentencia de primera instancia, no haya considerado que la resolución dictada por el Juez a quo se constituya en una resolución contradictoria, al haber dispuesto en su parte resolutiva declarar improbada la demanda por inexistencia de la relación laboral y a la vez declarar probada la excepción de pago.

Al respecto, revisados los actuados del proceso, ciertamente la Sentencia en su tercer considerando inciso a) (Sentencia de fs. 387 a 389 vta.), ultimó el criterio de que no existía relación laboral sujeta a la Ley General del Trabajo, sino más bien, una relación muy sui géneris de trabajo, más de consultor de varias empresas incluyendo la demandada, por lo que, no correspondería el pago de beneficios sociales; empero contradictoriamente en el mismo considerando inciso d), determinó procedente la excepción de perentoria de pago, resolviendo en el por tanto declarar probada la misma, sin advertir que al señalar que la relación de trabajo era de consultor, y no así una relación de carácter laboral, no correspondía dictaminar respecto a la excepción de pago propuesta, por cuanto, si entendió que existía una relación de carácter civil, será con lógica consecuencia y si así lo acciona el titular de la acreencia, quien se pronuncie respecto a si se pagó o no los derechos reclamados en la vía llamada por Ley, y no así que el Juez laboral resuelva una cuestión civil.

Siendo evidente dicha contradicción, corresponde a este Tribunal enmendar dicho error, bajo la previsión contenida en el art. 253.2) del CPC, puesto que al haber emitido un fallo confirmatorio del de primera instancia, sin considerar que éste contenía resoluciones contradictorias entre sí, se vulneró los arts. 122 de la CPE y 9 de la CPT, como señaló el recurrente, haciendo evidente este reclamo.

Por otra parte, se observan dos reclamos, el primero, que no se valoró correctamente las pruebas de fs. 2, 19 y 30, que demostrarían la existencia de una relación jurídica laboral hasta el 31 de octubre de 2005, afirmando también al respecto, que la empresa demandada nunca negó la existencia del vínculo laboral, por lo que, acusa la violación de los arts. 1 y 2 de la LGT, 2 del DR-LGT, 1 y 2 del DS N° 23570, 2,3 y 5 del DS N° 28699, a su vez, el segundo reclamo está referido a que, se habrían violado los arts. 182 del CPT, 46 y 48 de la CPE, 4 de la LGT y 90 del CPC, por ser normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, lo que constituye un acto nulo de pleno derecho; argumentos sobre los cuales es preciso señalar.

En cuanto a la valoración probatoria, el juzgador tiene el deber de realizar una valoración conjunta e integral de las pruebas ofertadas y producidas en el transcurso del proceso, ello tomando en cuenta que no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las mismas, de manera que formará libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j) también del CPT.

Bajo este marco normativo, referente a las pruebas señaladas en el primer reclamo, se advierte que el certificado cursante a fs. 2 indica que el actor habría trabajado desde el 1 de octubre de 1995 con un haber mensual de $us 2,600.00.- (dos mil seiscientos 00/100 dólares americanos), señalando además que el mismo es Socio y Director de la Empresa demandada, con una dieta mensual de $us 600.00 (seiscientos 00/100 dólares americanos); de igual manera la literal a fs. 19, constituye un requerimiento de información, de un Sub Gerente General hacia el recurrente, cursando también a fs. 30 un informe sobre el parte de retiro del actor emitido por el Encargado de Afiliaciones Departamental La Paz de la Caja Petrolera de Salud, prueba que sin embargo no demuestra la relación laboral del actor con la empresa demandada, bajo las características establecidas por el art. 2 del DS N° 28699, toda vez que el certificado a fs. 2 señala que el actor sería Socio y Director de la Empresa, así como la literal a fs. 19 es una copia simple que no tiene rótulo, generando incertidumbre sobre si corresponde a la empresa demandada, puesto que en ninguna parte de la misma se observa que sea de la misma, de igual manera no es prueba suficiente el informe cursante a fs. 30, puesto que solo indica que el actor trabajó hasta el 31 de octubre de 2005.

Asimismo, de la revisión y análisis de la prueba cursante de fs. 298 a 315 y de 318 a 336, presentada por la empresa demandada, con relación a los puntos de hecho a probar establecidos en el Auto de relación procesal de fs. 286, se advierte que dicha prueba demuestra fehacientemente que el actor era accionista de la empresa demandada, el cual se encargaba del manejo económico de la misma, puesto que se observa que realizaba grandes movimientos de ingreso y egreso de dinero, aspecto corroborado con el testimonio de fs. 347, evidenciándose también que el actor era accionista de la empresa AMBOL Chile-Bolivia, Gerente Financiero de la empresas CAMEL TRAVEL S.R.L., Socio y Sub Gerente de OPEN GEOTECHNIQUES S.R.L., y Secretario del Directorio de MULTIAIR LTDA., todo esto, dentro las gestiones 1996, 1999, 2000, 2004 y 2005, lo que da la convicción de que el actor era un alto ejecutivo de todas estas empresas, conformando el Directorio en algunas y como accionista en otras, siendo evidente que el mismo no tenía una relación laboral bajo las características establecidas por los arts. 1 del DS N° 23570 y 2 del DS N° 28699, siendo necesario aclarar sobre los reclamos de forma, que la relación laboral concretamente un punto a probar fijado en el Auto de relación procesal a fs. 286, por lo que no se advierte ninguna violación a la normativa señalada por el recurrente, en este primer reclamo.

Finalmente, respecto al segundo reclamo, se tiene que el art. 182 del CPT establece las diferentes presunciones salvo prueba en contrario, siendo que en el caso concreto no se aplicó las mismas, puesto que la empresa demandada presentó prueba fehaciente que demostró la inexistencia de un vínculo laboral sujeto a las características de trabajo entre las partes; por lo que, no fue necesario aplicar dichas presunciones en el presente caso, no encontrando este Tribunal vulneración de los arts. 46 y 48 de la CPE, 4 de la LGT y 90 del CPC.

Consiguientemente, y en mérito a lo expuesto, corresponde resolver el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 552 a 561 vta., aplicando las disposiciones contenidas en los arts. 271.4) y 274 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 72/2011 de 16 de junio, cursante a fs. 547 y vta., sólo en cuanto a lo dispuesto sobre las excepciones planteadas, dado que al haber encontrado inexistente la relación laboral, no es posible que la resolución de manera contradictoria conforme prevé el art. 253.2) del CPC, declare probadas las excepciones de pago y prescripción, correspondiendo por ello dejar sin efecto lo resuelto en cuanto a las excepciones.

Sin multa por ser excusable el error cometido.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera