TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 670

Sucre, 28 de septiembre de 2015

Expediente: 398/2011-S

Demandante : Carlos Hugo Iriarte Suárez        

Demandado : Caja de Salud “CORDES” regional Trinidad

Distrito : Beni

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jorge Ribera Baqueros, en representación legal de la Caja de Salud “CORDES” regional Trinidad, cursante a fs. 113 y vta., contra el Auto de Vista Nº 56/2011 de 14 de julio de fs. 108 a 110, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Carlos Hugo Iriarte Suárez contra la entidad recurrente; respuesta al recurso de fs. 134 a 136; Auto que concedió el recurso de fs. 138; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

       I.1 Antecedentes del Proceso

               I.1.1 Sentencia

       Concluido el proceso laboral, el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la Capital de la Ciudad del Beni, pronunció Sentencia Nº 08/11 de 17 de marzo, cursante de fs. 75 a 78 vta., mediante la cual, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Trinidad, declaró probada la demanda, ordenando a la Caja de Salud “CORDES” que a través de su representante legal pague a favor del demandante Carlos Hugo Iriarte Suárez, por concepto de beneficios sociales, entre estos indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo por duodécimas, vacación y multa del 30%, la suma de Bs. 46.735,32, conforme al detalle sentado en el citado Fallo.

       I.1.2  Auto de Vista

       Notificada la entidad demandada, por intermedio de su representante legal Jorge Ribera Baqueros interpuso recurso de apelación (fs. 93 a 94), mismo que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, a través del Auto de Vista Nº 56/2011 de fs. 108 a 110, por el cual confirmó totalmente la Sentencia recurrida.

       I.2  Motivos  del recurso de casación 

       De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

a) Acusa que, tanto el A quo como el Ad quem, incurrieron en error de hecho en la apreciación de la prueba porque “en la Sentencia de fs. 75 y siguientes NO menciona la incompatibilidad en el que se ha desempeñado el referido demandante, cuando a partir del 01 de agosto de 2006, a fs. 38 se certifica que el demandante trabajaba a tiempo completo en el Ministerio de Salud y Deporte y en la misma fecha ha desarrollado sus actividades en nuestra institución Caja CORDES a la cual represento, el Juzgador NO ha valorado los Decretos Supremos Nº 014 de 19 de febrero de 2009, independientemente de la fuente de financiamiento tipología de contrato y modalidad de pago se prohíbe la doble percepción de remuneraciones rentas, dietas y honorarios por servicios de consultorías… el Estatuto del Colegio de Médicos en su Art. 16 numeral III, manifiesta en caso de que faltasen médicos en un determinado lugar estos podrá autorizar las jornadas de seis horas adicionales, cumpliendo el requisito de CONVOCAR A CONCURSO Y DECLARARLO DESIERTO, señor magistrados esto es lo que NO se ha cumplido, como consta en el expediente NO EXISTE LA CONVOCATORIA MUCHO MENOS LA DECLARARORIA DE DESIERTO, esta valoración NO se ha desarrollado ni en sentencia a fs. 75 a 78 vta. ni en el AUTO DE VISTA de fs. 108 a 110” (sic).

b) Subtitulando “LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ART. 9 DEL DECRETO SUPREMO Nº 28699” (sic), dice que, tanto el Juez de Primera instancia como el Tribunal de apelación, erróneamente establecieron que al demandante le corresponde la multa de 30% prevista por el art. 9.II del DS Nº 28699, sin tomar en cuenta que el demandante se retiró voluntariamente según la documental de fs. 6, la misma que fue aceptada; enfatiza que, se interpretó erróneamente el art. 9.I del citado Decreto Supremo, pues según dicha norma legal, la multa del 30% procede cuando se produce el despido del trabajador y el empleador no cancela dentro el plazo de 15 días. Finaliza señalando que, el Auto recurrido al disponer que se pague la multa, interpretó erróneamente dicho precepto legal, pues la multa sólo es aplicable en caso de despido y no así por renuncia voluntaria.

       I.2.1 Petitorio 

       Solicita a la ex Corte Suprema de Justicia, “…anule obrados hasta fs. 75 inclusive de acuerdo con el art. 271-3) del Cdgo. Pdto. Civ. o sea HASTA el estado de pronunciarse NUEVO auto de vista, con las imposiciones de ley, o, en su defecto, CASE el mencionado AUTO DE VISTA y pronunciándose en el fondo DEJE SIN EFECTO la SENTENCIA… declarando IMPROBADA la demanda…”(sic).

CONSIDERANDO II

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1. Sobre el error de hecho en la apreciación de la prueba

       Respecto a este motivo, es menester hacer referencia a lo dispuesto por el art. 258.2 del CPC, aplicable en materia social por expresa determinación del art. 252 del CPT, norma legal que impone al recurrente”…citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso…”; carga procesal que debe ser cumplida por el recurrente, con la finalidad de aperturar la competencia del Tribunal Supremo, pues su inobservancia se sanciona con la declaración de improcedencia del recurso conforme previene el art. 272.2) del adjetivo citado.

       Sobre la naturaleza y los requisitos que deben ser cumplidos para la procedencia del recurso de casación, el Auto Supremo Nº 304 de 22 de agosto de 2012, estableció que dicho recurso se: “equipara a una nueva demanda de puro derecho, misma que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, debiendo el recurrente fundamentar por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos. Así también, por cuanto define la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo, debe fundarse en errores in judicando en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, demostrando la violación de leyes sustantivas en la decisión de la causa, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del CPC, mientras que el recurso de casación en la forma, se funda en errores in procedendo, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto en el art. 254 de la citada norma…”.

       En Autos a través del motivo denominado “ERROR DE HECHO” en la apreciación de la prueba, conforme consta en los argumentos transcritos inextenso en el acápite I.2.a) de esta resolución, el recurrente desconociendo la naturaleza y finalidad del recurso de casación, impropiamente optó por cuestionar lo resuelto por el A quo en Sentencia (asumiendo que esa es la resolución impugnable en casación) y obviamente eludió precisar el razonamiento que expuso el Ad quem para responder el agravio expuesto en el recurso de apelación respecto a esta temática; en consecuencia es claro que no se dio cumplimiento a los requisitos de procedencia exigidos por el art. 258.2) del CPC, pues se eludió identificar en forma clara y precisa la presunta vulneración o error en el que hubiera incurrido el Ad quem al pronunciar el Auto de Vista en relación a la apreciación de la prueba; si bien, se hace alusión al DS Nº 014 de 19 de febrero de 2009 y al art. 16.III del Estatuto del Colegio de Médicos, no se precisa cuál la posición asumida por el Tribunal de Alzada sobre la aplicación de dichas normas y el supuesto yerro en el que hubiera incurrido. Lo advertido evidencia que el recurrente desconoce las características y naturaleza de este recurso extraordinario, que al constituirse en una nueva demanda de puro derecho, exige que en su interposición se cumpla con los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, fundamentando de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, no pudiendo conformarse con la simple cita de normas legales o la relación de hechos, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista.

II.2. Sobre la interpretación errónea del art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006

       Denuncia que, al imponerse la multa del 30%, se interpretó erróneamente el art. 9 del DS Nº 28699, pues la multa sólo es aplicable en caso de despido y no así por renuncia voluntaria.

El art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que dispone: I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”. El dispositivo legal transcrito, establece un plazo perentorio para el pago de beneficios sociales al trabajador que cesa en sus funciones, previendo la imposición de una multa de 30% a favor del trabajador sobre el monto total a cancelarse incluyendo el mantenimiento de valor calculado y actualizado sobre la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda, cuando el pago se efectivice vencido el plazo otorgado; disposición legal que se encuentra vinculada a lo dispuesto por el art. 1 del DS Nº 0110 de 1 de mayo de 2009, que determina como su objeto el “…garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido”.

Por su parte la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, que reglamenta al DS Nº 0110, en cuanto al retiro voluntario en su art. 1 reafirma que  “Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma”; agregando de que “En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral”, y finalizando en sentido de que “En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagara el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, más la multa del treinta por ciento (30 %) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”. Las normas legales que preceden, tienen por objeto garantizar la correcta aplicación del pago de la indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, así como el pago oportuno bajo alternativa de imponerse las sanciones establecidas sin discriminar si la desvinculación laboral fue intempestiva o por voluntad del trabajador.

En Autos, del documento de fs. 6 se evidencia que el demandante, el 25 de noviembre de 2009 renunció a su trabajo que prestaba en la Caja de Salud “CORDES Regional Trinidad, la misma que fue aceptada por el empleador; en consecuencia no interesando la renuncia voluntaria, el empleador por imperio de los arts. 9.II del DS Nº 28699, 1 del DS Nº 0110 y 1 de la RM Nº 447, estaba obligado a cancelar los beneficios sociales dentro del plazo de 15 días computables a partir de la fecha de la desvinculación laboral, pero al haber omitido con esta obligación, corresponde la imposición de la multa del 30% del monto total a cancelarse y la actualización en base a la variación de la UFVs, situación que fue advertida por los de instancia tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista, por lo que no es evidente la interpretación errónea del art. 9 del DS Nº 28699 que acusó el demandado.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de la parte demandada al carecer de sustento legal y por los fundamentos expuestos, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC., aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Ribera Baqueros en representación legal de la Caja de Salud “CORDES” Regional Trinidad.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera