TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 667

Sucre, 28 de septiembre de 2015

Expediente: 96/2011-A

Demandante: Gobierno Municipal de La Paz

Demandados: Guido Meruvia Gutiérrez y otros        

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz de fs.  150 a 151, contra el Auto de Vista de 035/2010 del 11 de febrero de fs. 148 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Gobierno Municipal de La Paz, contra Guido Meruvia Gutiérrez, Germán Andrés Monroy Chazarreta, Daniel Quevedo Villagómez y Augusto René Soliz Calderón, el Auto de 28 de enero de 2011 de fs. 155 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Proceso

I.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Segundo de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 29/2009 del 23 de abril, cursante a fs. 127 a 132 que, falla declarando improbada la demanda y probada la Excepción de Prescripción opuesta a fs. 111 por Daniel Quevedo Villagómez y, dejó sin efecto la Nota de Cargo Nº 98/03 girada contra Guido Meruvia Gutiérrez, Germán Andrés Monroy Chazarreta, Daniel Quevedo Villagómez y Augusto René Soliz Calderón, por la suma de Bs 300.- equivalente a $us. 75.- (SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES AMERICANOS) y, levanta las medidas precautorias dispuestas contra los coactivados.

I.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el Gobierno Municipal de La Paz, mediante Auto de Vista de 035/2010 del 11 de febrero de fs. 148 y vta., emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito de La Paz, anuló obrados hasta fs. 85 inclusive, debiendo la A quo ajustarse a las normas y procedimientos de ley.

II. Motivos del recurso de casación

Dicha resolución motivó el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista 1 Vista de 035/2010 del 11 de febrero de fs. 148 y vta.

El recurrente aseveró que, el Auto de Vista Nº 035/10 que anuló obrados, no cumplió lo dispuesto por el art. 247 de la Ley de Organización Judicial, la misma que establece que la nulidad o reposición de obrados sólo será procedente por falta de citación con la demanda y notificación con la sentencia. La nulidad de obrados se rige por los principios de especificidad, convalidación, trascendencia y protección.

El recurrente mencionó respecto a la nulidad de obrados que en “el presente proceso el haber subsanado la observación efectuada por el juez fuera de plazo no constituye causal de nulidad. Debe tomarse en cuenta que lo establecido en el art. 129 del CPC, toda nulidad por falta de forma quedará cubierta si no es reclamada antes o a tiempo de la contestación; más aún si los coactivados no presentaron reclamación al respecto; es decir que la nulidad de obrados ha sido instituida para proteger a la parte agraviada, no encontrándose los coactivados en estado de indefensión”.    

       II.1. Petitorio

       Concluyo afirmando que el Ad quem, de manera flagrante violó el art. 251 del CPC; solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, Case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la excepción de prescripción y probada la demanda coactiva fiscal. 

       II. Fundamentos jurídicos del fallo

  1. Sobre la nulidad prevista por los arts. 17 de la Ley del Órgano Judicial y 252 del Código de Procedimiento Civil

El art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé la nulidad de actos determinada por Tribunales, estableciendo que: "La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley"; esta norma debe ser entendida desde la nueva visión de impartir justicia que pregona la Constitución Política del Estado, por ello los Jueces y Tribunales, al hacer uso de la facultad de revisión de las actuaciones procesales de oficio, deben circunscribir su labor sólo a aquellos asuntos previstos por ley. Corresponde entonces precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, para ello el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios procesales de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación, y celeridad a efectos de no incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales de las partes.

Partiendo de dichos principios, debe entenderse que no todo vicio procesal por sí mismo constituye un defecto que necesariamente tenga como efecto la declaración de la nulidad de obrados, por el ello el Juez o Tribunal, frente a un acto procesal viciado, debe realizar un análisis de relevancia, partiendo no precisamente desde la perspectiva sólo del defecto advertido, sino esencialmente analizar si en el acto procesal existe un alejamiento ostensible de las formalidades procesales previstas por ley que como efecto tengan la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), establece que “el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público”; por esta facultad el Tribunal de casación está obligado a revisar si en el desarrollo del proceso judicial, no concurren actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos por la Constitución Política del Estado como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa; norma legal que está estrechamente ligada a lo dispuesto por el art. 90 del adjetivo citado.

       2. Análisis del caso

       De la  revisión de la Sentencia Nº 29/2009, se evidencia que la misma resuelve sobre el fondo del proceso, aseverando que los informes de auditoría determinan responsabilidad civil contra los ahora coactivados, habiendo procedido a la admisión de la demanda y la emisión de la respectiva Nota de Cargo; los coactivados  Daniel Quevedo Villagómez y Augusto René Soliz Calderón, quienes platearon la excepción de prescripción.

       El A quo efectuó un análisis de las pretensiones tanto del demandante como de los coactivados, y aseveró “(…) doctrinalmente que la prescripción extintiva o liberatoria se funda en el principio de la seguridad jurídica, para el efecto requiere dos presupuestos 1) falta de ejercicio de un derecho por parte de su titular y 2) el transcurso del tiempo”, asimismo mencionó que el art. 40 de la Ley 1178 (SAFCO); consideró también que los hechos ocurrieron en la gestión 1993; lo que motivó al A quo a declarar improbada la demanda y declarar probada la excepción de prescripción.

       El Tribunal de Alzada estableció que “el Juez A quo no compulsó los datos del proceso de manera adecuada, determinó que la demanda presentada por el GMLP contra Carlos Guido Meruvia Gutiérrez y otros fue en fecha 31 de octubre de 2003, previa admisión de la demanda a través de Auto de 13 de noviembre de 2003, se observó la demanda, concediendo un plazo de 15 días a partir de la notificación para ser subsanada, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada; el citado Auto fue notificado en fecha 18 de noviembre de 2003, por lo que el demandante debió subsanar la demanda hasta el 3 de diciembre de 2003; sin embargo  el GMLP, subsanó lo observado en fecha 8 de agosto de 2004, ocho meses después, sin embargo el Juez de Primera instancia prosigue con el proceso emitiendo el Auto Interlocutorio 59/2004 y la Nota de Cargo 98/03 ambos de 12 de agosto de 2004 hasta dictar la Sentencia Nº 29/2009”.

       Asimismo el citado Tribunal aseveró que: “la omisión importa la nulidad de obrados, toda vez que las normas procesales son de orden público de cumplimiento obligatorio conforme señala el art. 90 del CPC, siendo deber de los jueces y tribunales cuidar que los procesos se  desarrollen sin vicios en su tramitación para evitar futuras nulidades por lo que el Tribunal de Alzada dispone anular obrados”.

       Respecto a lo señalado por el Ad Quem, el Tribunal Supremo considera pertinente mencionar lo dispuesto en el Auto Supremo  12/2012 de 16 de febrero, el mismo que acertadamente establece: “La nulidad es sin lugar a dudas un vicio, que se configura cuando en la elaboración del acto procesal existe un alejamiento de las formalidades previstas por la ley. Si las leyes procesales han establecido un conjunto de procedimientos, implica que los actos no deben apartarse de dicho camino, bajo alternativa, en caso de hacerlo, de imponerse una sanción. Dependiendo de la inobservancia de la ley, se clasifica a los actos procesales nulos en absolutamente nulos y relativamente nulos (…). Asimismo señala que “en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad”

       Dentro de los que podemos mencionar al “Principio de Trascendencia.- Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad. Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente. El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.(…)A.S. 12/2012 de 16 de febrero.

       De lo descrito este Tribunal Supremo considera que, si bien el A quo no percibió adecuadamente que el demandante no subsanó dentro de plazo la observación efectuada por el juez de instancia y prosiguió con la demanda y emitiendo la Nota de Cargo con la que se notificó a los coactivados y éstos no opusieron ninguna acción contra ese acto, tácitamente convalidaron ese vicio, más aun cuando éste no vulneró el derecho a la defensa; por otra parte es necesario mencionar el Principio de Economía Procesal, de aprobarse la nulidad se tendría que anular obrados hasta el auto de admisión, para que los procesados vuelvan a plantear la excepción de prescripción obteniendo jurídicamente el mismo resultado con la diferencia de que las partes del proceso eroguen más gastos sin ningún beneficio para el Estado.   

       La Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al anular la Sentencia Nº 29/2009, obró de forma incorrecta,

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde aplicar las disposiciones contenidas en los arts. 271.3), 275 del CPC y 17 de la LOJ, por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 1 y 24 de la Ley de Procesamiento Coactivo Fiscal, aprobado por Decreto Ley (DL) Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990.

       POR TANTO: La Sala Social Contenciosa y Contenciosa Adm., y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA  el Auto de Vista Nº 035/2010 del 11 de febrero de fs. 148 y vta., debiendo el Tribunal de Alzada, sin espera de turno emitir nuevo Auto de vista resolviendo el fondo del recurso de apelación de fs. 135 a 136 vta.

       No siendo excusable el error cometido, se impone multa a los Vocales que suscriben el Auto de vista anulada con la suma de Bs. 300 a cada uno de ellos.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera