TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 663

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 212/2015-A

Demandante: Batallón de Seguridad Física

Demandados: Severo Ernesto Zeballos Lemus y otros    

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: los recursos de casación en la forma interpuesto por Severo Ernesto Zeballos Lemus de fs. 1019 a 1026; José Osvaldo Cabrera Ferrufino de fs. 1028 a 1031, Fabiola Betancourt Sejas de fs. 1035 a 1044; y Diego Vargas Betancourt de fs. 1049 a 1072, todos contra el Auto de Vista Nº 176/2014 SSA-II de fecha 11 de noviembre de fs. 1011 a 1014, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Coactivo Fiscal seguido por el Batallón de seguridad Física contra Severo Ernesto Zeballos Lemus y otros, la respuesta de fs. 1074 a 1080, el Auto 0101/2015 de 04 de mayo que concedió los recursos de fs. 1081, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1. Resolución

Que, en la tramitación del proceso coactivo fiscal, el Juez Tercero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario del Tribunal Departamental de La Paz, pronuncio la Resolución N° 40/2013 de fecha 22 de agosto, que corre a fs. 930 a 944, declarando probada la demanda coactiva fiscal de fs. 273 a 275, subsanada por memorial de fs. 279., 1) girar pliego de cargo contra Severo Ernesto Zeballos Lemus, Oswaldo cabrera Ferrufino y contra los herederos del que en vida fue Rómulo Vargas Lima, Fabiola Betancourt y Alejandro Vargas Betancourt, por la suma de Bs.245.319 (doscientos cuarenta y cinco mil trescientos diecinueve 00/100 bolivianos) equivalentes a $US 30.333 (treinta mil trescientos treinta y tres 00/100 dólares americanos) más actualización de la deuda e intereses legales en aplicación de los art. 39 de la 1178 y art. 20 de la LPCF. 2) Se mantiene las medidas precautorias de lay dispuestas mediante Nota de Cargo Nº 04/2011 de 04 de marzo de 2011. 3) Se salva el derecho de los herederos de la ex autoridad fallecida.

I.1.2 Auto de vista

Interpuesto los recursos de apelación de fs. 946 a 951 vta., 963 y 965 a 973, responde de fs. 977 a 979, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista Nº 176/2014 SSA-II de 11 de noviembre de fs. 1011 a 1014, que confirma la Resolución N° 40/2013 de 22 de agosto, que corre a fs. 930 a 944. Por consiguiente firme y subsistente el Pliego de Carga Nº29/2013 de fs. 945 de obrados.

I.1.3. Motivos de los recursos de casación

Dicha resolución, motivó los recursos de casación en la forma interpuesto por Severo Ernesto Zeballos Lemus de fs. 1019 a 1026; José Osvaldo Cabrera Ferrufino de fs. 1028 a 1031, Fabiola Betancourt Sejas de fs. 1035 a 1044; y Diego Vargas Betancourt, contra el Auto de Vista Nº 176/2014., con los siguientes argumentos:

Recurso de Casación interpuesto por Severo Ernesto Zeballos Lemus.

Recurso en el fondo

  1. Violación del art. 236 del CPC y del principio de congruencia.

Acusa vulneración de los arts. 90; 192 .2 y .3; 190 y 236 del CPC. toda vez que el Auto de Vista ha establecido; según señala, que su apelación carece de expresión de agravios; sin embargo, a continuación efectúan un examen totalmente errático y superficial, sin la debida motivación y fundamentación de los tres numerales del recurso de apelación de los folios 946 a 951 y culminan en confirmar el fallo de primera instancia, continua señalando que el art. 236 del CPC, señala que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación, entonces, indica, no tenían por qué analizar los tres numerales del recurso de apelación, en los que están precisamente los agravios que le ha inferido la sentencia y no estando abierta la competencia del tribunal por esa supuesta deficiencia del recurso  que hace a su competencia, señal jamás debieron conformar el fallo de primera instancia, sino declarar la inadmisibilidad del recurso y declarar la ejecutoria de la sentencia , lesionando de esta forma el principio de congruencia al no haber concordancia entre la parte considerativa del auto de vista que dice que en el recurso no hay agravios y la parte resolutiva que confirma la Sentencia en forma contradictoria, dando lugar a la nulidad del Auto de Vista, al haber otorgado más de lo debido y faltando a este trámite declarado esencial por afectar a los derechos del debido proceso y a la defensa inviolable en juicio, tal como señala el art. 254 .4 .7 del CPC.

b) Violación de los arts. 67, 194, 514 del CPC y arts. 31.c) de la Ley 1178, art. 77 de la Ley de Control Fiscal.

Señala que el Auto de Vista ha incurrido en los mismos errores del juez que al no haber integrado en la litis a la asesora, al encargado de sistemas, al encargado de control de presupuestos, al analista económico financiero y a los efectivos policiales del Batallón de Seguridad Física, en calidad de responsables solidarios de acuerdo a norma, toda vez que el proceso debe ser anulado hasta la providencia de admisión, en cuya virtud, se ordene que el coactivante integre el litis consorcio pasivo, con todos los responsables solidarios, incurriendo en la nulidad prevista en el art. 254 .4 .7) del CPC, haciendo referencia a varios Autos Supremos de nulidad.

C) Violación de los arts. 190 y 192.2 .3 del CPC en la formulación de la Sentencia.

Señala que el Tribunal de Alzada con relación al agravio que el juez a quo no ha dado aplicación a los arts. 190 y 192 del CPC al dictar Sentencia  y concluyeron que según la prueba aportada, se ha determinado que su conducta se adecua  a la segunda parte de art. 77.h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, dándole la razón del porque el juez de primera instancia a ciegas le ha condenado por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, continua señalando que el Auto de Vista ha omitido sin consideración , motivación , fundamentación la resolución respecto a la supuesta apropiación de bienes patrimoniales del Estado, omisión que según su criterio importaría resolución infra petita que haría nula la Sentencia.

d) Violación de los arts. 115, 117.I, 119 .II y 120 .I de la CPE, relativos a los derechos al debido proceso y de la defensa, inviolable en la conformación de la Sentencia de primera instancia.

Acusa que el juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada hayan salvado las acciones y/o recursos legales para otra vía, cuando han establecido que estando fallecido Rómulo Vargas, le hayan notificado con dictámenes en los que por supuesto no pudo defenderse, indica, salvo que hubiese “revivido”, lo que implica que desde el principio de la responsabilidad civil se han vulnerado derechos fundamentales de los herederos lesionando los arts. 115, 117.I, 119 .II y 120 .I de la CPE, puesto que no se han sido oídos y juzgados en el debido proceso, señalando que vicio de nulidad afecta la validez de todo el proceso.

I.1.4. Petitorio

Concluyo solicitando la admisión del recurso y previo traslado, con o sin respuesta, se le conceda por ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde será anulado el proceso hasta el vicio más antiguo, es decir indica, hasta que la parte coactivante integre la litis consorcio pasivo:

Recurso de casación José Osvaldo Cabrera Ferrufino

En el fondo

I) Violación al informe de Auditoría especial Nº EX/EP20/F06.R1

Señala que el juez de oficio debió ordenar la ampliación de la demanda a todos los servidores públicos que participaron y se beneficiaron con la percepción del bono funcional, conforme lo establece el art. 6.3) de la Ley de procedimiento Coactivo Fiscal

II) Violación del Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGE/DRC-001/2010

Señala que el Auto de Vista no ha tomado en cuenta el Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGE/DRC-001/2010, el cual como pruebas de descargo, señala y presenta como anexos las planillas de pago de los bonos efectuados a toda la tropa de policías, quienes son los que percibieron directamente los beneficios de esos dineros. 

III) Violación de los arts. 38, 77 inc. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal

Señala que la parte coactivante admite la responsabilidad solidaria de los profesionales y demás servidores públicos, ratificando, señal, en forma espontánea la responsabilidad solidaria de los profesionales y servidores públicos.

Interpretación errónea del art. 31 de la Ley 1178

IV) Acusa el incumplimiento de la solidaridad y que se habría dado errónea aplicación del art. 31 de la Ley 1178, señala que el daño económico no se hubiera producido sin la participación de toda la tropa policial , más los servidores públicos , como la asesora legal que fue excluida del proceso, profesionales que ocasionaron el daño que se le imputa a su mandante, acusa también el art. 67 del CPC, artículo que no fue considerado por el Batallón de Seguridad Física , por el juez y menos por el Tribunal , donde se debió demandar a todos los participantes.

V) Error de hecho en la apreciación de las pruebas:

Acusa que el Tribunal de Alzada ha contravenido el art. 1286 del CC ya que el A quo ha valorado incorrectamente las pruebas presentadas en la demanda, como ser el dictamen, planillas de pago, de la tropa, el informe de Auditoría especial, los indicios de responsabilidad civil del comandante y asesora, confirmando según señala este error en la creencia que se encontraba acertado y dejan subsistente el Pliego de Cargo Nº 29/2013.

I.1.5. Petitorio

Concluye solicitando que este Tribunal emita Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido N° 176/2014, conforme lo determinado por los arts. 271.4) y art. 274 del CPC, y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda en su totalidad, dejando sin efecto el Pliego de Cargo N° 29/2013, en estricto acto de justicia.

Recurso de casación Fabiola Betancourt Cejas

En el fondo

Error en la apreciación de la prueba

Acusa que el tribunal de Alzada decidió no contemplar  la legalidad de las resoluciones del Batallón de Seguridad Física Privada, mismas que indica, fueron emitidas en conformidad a la norma y sus reglamentos, siendo, indica que la entidad coactivante jamás desconoció en forma expresa la legalidad de la documentación presentada que autoriza el pago del bono funcional y continua señalando, que el criterio de los vocales de sala daría a pensar que el cumplimiento de una disposición emitida por autoridad competente es ilegal y sin fundamento alguno decide de considerar la legalidad de las resoluciones , cuando es justamente en ellas en las que se encuentra el fundamento y características compensatorias del Bono Funcional, resoluciones que hasta el momento no han sido impugnadas de manera alguna para considerarlas ilegales.

Continua señalando que la jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, es de aplicación en los casos similares, es por ello que la jurisprudencia glosada debió ser aplicada por el tribunal ad quem, bajo el aforismo iura novit curia.

Responsabilidad de los beneficiarios

Señala que otro aspecto fundamental de no apreciación de la prueba es el

Soslayar 800 fojas de cuatro anexos de planillas de pago a funcionarios beneficiarios del bono funcional; al respecto señala que de acuerdo al art. 31 de la Ley 1178, los que se benefician son también civilmente responsables y siguiendo el razonamiento del señor Juez de primera instancia , conociendo que los elementos de dolo y culpa son de voluntad y responsabilidad  propia o personal, debemos deducir que en los herederos no concurren ni culpa ni dolo, pues esos elementos son propios de los coactivados, entonces señala, si se es consecuente con ese razonamiento como se puede señalar subsistente la responsabilidad de los herederos. Continua señalando, es decir que ante el pronunciamiento del A quo en el sentido de que los beneficiarios del bono funcional no serían responsables porque en ellos no concurría ni dolo ni culpa, el razonamiento lógico, según señala, sería deducir cual la concurrencia del dolo o culpa en los herederos del coactivado, en ese sentido se debió apreciar el conjunto de la documentación presentada en calidad de prueba, puesto que la responsabilidad no sólo es de quienes decidieron dar aplicación a resoluciones legales sino también es concurrente respecto de quienes se beneficiaron con sus disposiciones, conforme señal, auto Supremo N°490 de 22 de agosto.

       Errónea interpretación de la ley

Señala que la Sentencia del A quo está fundamentada en la diferenciación entre cargo y función, ya que el DS Nº 26970, en el tercer considerando III, examen inc. b), donde el anexo al referido DS, hace la diferenciación entre responsabilidad cargo y función, no equiparando función a cargo, cuando se tiene que la norma diferencia que este bono al cargo consta de tres presupuestos, como se ha señalado, siendo válidos dichos fundamentos,  la confusa redacción no considera la correcta interpretación de la norma que sin lugar a duda, tiene su fundamento en la Ley 1178, lo que nos lleva a señalar como agravante la errónea interpretación que se realiza a tiempo de dictar el fallo, es decir que no se ha revisado con exhaustividad las normas vigentes en el lapso del tiempo que abarca el dictamen de responsabilidad y los informes emitidos por la entonces Contraloría General de la República, haciendo mención al DS Nº 23318-A. Finalizando indica que de ello se deduce que cargo implica funciones y a su vez las funciones implican el ejercicio de un cargo, lo que implica que si existe un bono al cargo, es por las funciones que se ejerce y si existe un bono a las funciones o funcional es por tener un cargo, aspecto de la norma que no ha sido contemplado por la autoridad a cargo de resolver en primera instancia. 

I.1.6. Petitorio

Concluye solicitando se case el Auto de Vista  N° 176/2014 y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda coactivo fiscal  interpuesta, en consecuencia deje sin efecto la Nota de Cargo N° 04/2011 de fs. 283 y se levanten las medidas precautorias dispuestas en la Resolución N° 04/2011 de fs. 280 a 282.

Recurso de casación Diego Vargas Betancourt

En el fondo

Violación al debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica

1) Acusa que el Auto de Vista N° 176/2014 arbitrariamente viola y vulnera su derecho a defensa, viola el principio al debido proceso, igualdad de justicia, y seguridad jurídica, previstos por la CPE en sus arts. 9.2 y 115, sin analizar, indica, que su difunto señor padre Rómulo Vargas Lima Falleció en fecha 23 de diciembre de 2006, y que ilegalmente la Contraloría General del Estado notifica o invita a través de publicación edictal a su padre fallecido en fecha 2 de mayo de 2007, es decir menciona, más de cinco meses de su fallecimiento, extremo que de ninguna manera se ajusta al cumplimiento del art. 53 del Reglamento de la responsabilidad por la Función Pública SAFCO., menos aún lo determinado por la Gaceta Judicial N° 1682, p.101, fallecimiento que es conocido y plasmado en los informes N° EX/EP20/F06R!, informe complementario EX/EP20/F=6C1 y Dictamen de Responsabilidad Civil N° CGE/DRC-001/2010.

Continua señalando que lo expuesto denota que, al no haber sido legalmente notificado en su calidad de heredero con Dictamen no existiría documento base de demanda coactiva fiscal, es decir el Juez de Partido Coactivo Fiscal y Tributario  que tramito la presente causa, no fue previsto en su competencia o tramito una demanda defectuosa, toda vez que la citación cumple efecto trascendental de poner a derecho por el emplazamiento que conlleva. Continua señalando, que lo expuesto denota que lo vocales recurridos no han considerado en ningún momento el reclamado varias veces acto procesal de la citación con instrumento causa de demanda, vulnerando, indica, su derecho constitucional al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, seguridad jurídica transparente y sin dilaciones preceptuados por los citados arts. 9.2 y 115.II y 1117.I de la CPE.

Señala, que o esgrimido deja al descubierto la violación del art. 7 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, por parte del juzgador en primera instancia y los de alzada al no pronunciarse en resolución de vista respecto a la demanda insuficiente u obscura, la cual a todas luces; señala vulnera su derecho a impugnar o presentar descargos ante los informes que determinan responsabilidad civil, en su contra como heredero de su difunto padre. 

2) Violación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial.

Acusa parcialización de la resolución de vista, al dejar de fallar, indica, respecto a los errores de fondo en la demanda, toda vez que tiene la facultada de revisar de oficio  todos los antecedentes del proceso a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación  y conclusión del proceso, respecto a la falta de conocimiento o citación o invitación con dictamen de responsabilidad civil, a su persona como heredero afectado. Continua señalando que dicha omisión viola su garantía constitucional al debido proceso y vulnera la norma de orden público haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo y la nulidad de oficio conforme el art. 252 de CPC.

3) Aplicación errónea de los arts. 215 y 216 de la CPE

Señala que el auto de vista recurrido aplica erróneamente los arts. 215 y 216 de la CPE al no tomar en cuenta la misión de la Policía Nacional y su dependencia funcional y el art. 155 de la Constitución de 1967 trata de las funciones de la CGR, normas constitucionales concordantes con los arts. 251 y 252 así como con los arts. 213 y 217 de la NCPE. Es decir, señala, que claramente se verifica que el Batallón de Seguridad Privada no forma parte de la Policía Nacional, verificado de simple lectura del art. 9 de la Ley orgánica de la Policía Nacional  aplicable al caso de autos.

4) Aplicación errónea del Decreto Supremo N° 26970

Señala que el Auto de Vista impugnado ha violado la disposición del Decreto Supremo N° 26970 y su alcance, al expresar que no existe relación entre los tipos de bono de cargo y función, solo aplican la norma en estrictu sensu, más no hacen un análisis de la finalidad de la norma, perjudicando y conculcando sus derechos respecto a la existencia de dolo y culpa en el actuar del Comandante del Batallón de Seguridad Física Privada, su difunto padre Rómulo Vargas Lima. Continua señalando que las autoridades recurridas aplican o interpretan erróneamente la norma y dejan de fallar respecto a los antecedentes o Decretos Supremos previos como ser el Decreto Supremo N° 10901 de 8 de junio de 1973 que se encuentra en concordancia con la Ley Nº 734 y leyes finánciales de dichas gestiones.

5) Aplicación errónea de la Resolución Suprema N° 226320

Señala haciendo transcripción de la Resolución Suprema N° 226320, que fácilmente se denota que los vocales impugnados no han considerado que la presente demanda carece de fuerza coactiva, al no provenir del recursos demandados del Estado o TGN, toda vez que estas unidades, señala, desde su creación han tenido un funcionamiento independiente, con autonomía administrativa y de gestión, proviniendo sus ingresos del aporte privado y no del TGN, los que guardan estricta sujeción a sus presupuestos  de gestión aprobados por el Comando General de la Policía Nacional.

Continua señalando que, las unidades del Batallón de Seguridad Física Privada recién por Resolución Suprema N°227336 de 21 de mayo de 2007, forman parte de la Policía Nacional, además esa misma resolución hace referencia que los recursos generados por los batallones de seguridad física del país provienen de ingresos propios, continua haciendo referencia al Decreto Supremo N° 26970, indicando que de lo expuesto se demuestra que el Batallón de Seguridad Física Privada hasta fecha 13 de marzo de 2006 fueron considerados como entidades privadas con ingresos propios, por lo cual no estaban sujetos al control Gubernamental por no estar comprendidos dentro los alcances del art. 3 de la Ley 1178 

5) Interpretación errónea de la responsabilidad de los herederos.

Señala que el Auto de Vista no considera que la personalidad comienza con el nacimiento del ser humano  y la misma termina con la muerte de la persona, y por consiguiente se extinguen las obligaciones de carácter personalísimo o llamadas intuito persona, es decir que realiza una errónea interpretación de la norma  y desconoce el art. 2 del Código Civil atribuyéndole, indica a su señor padre una responsabilidad aún después de su muerte.

6) Violación del art. 31 .c) de la Ley N° 1178

Acusa la violación del art. 31.c) de la Ley 1178, la cual estatuye la responsabilidad civil de los funcionarios que se beneficiaron, el comandante del Batallón de Seguridad Física funcionarios de segundo nivel que según el recurrente son corresponsables, y señala que el auto de vista debió declarar improbada la demanda al no haberse dirigido la misma en contra de los policías beneficiarios del bono, adjuntando la lista de beneficiarios.

7) Violación del art. 11 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal

Acusa violación de los arts. 3 y 11 de la LPCF señalando que el juez de primera instancia en forma arbitraria ha girado pliego de cargo solo por la responsabilidad civil por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del estado, aplicando erróneamente la norma procedimental sustantiva al tramitar un proceso incongruente a demanda y Dictamen de Responsabilidad Civil emitido por la CGE, asimismo aplica erróneamente el art. 3 de la LPCF al otorgarle fuerza coactiva solo por la responsabilidad de Disposición Arbitraria de Bienes Patrimoniales del Estado, por lo cual la demanda debió ser declarada improbada , según el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

I.1.6. Petitorio

Concluye solicitando se case el Auto de Vista  N° 176/2014 SSA-II de 11 de noviembre y declarando conforme a ley improbada la demanda coactivo fiscal  instaurada por el Batallón de Seguridad Física.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

Resulta imperioso advertir, que previo a considerar los fundamentos del recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia como máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, constituido en Tribunal de casación, tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de examinar si concurrieron o no, anormalidades procedimentales en la tramitación de los procesos, quedando facultado tal cual lo prescribe el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), de 24 de junio de 2010, y en tanto resulte pertinente, a determinar la nulidad de dichas actuaciones, en aplicación a los arts. 252 y 271.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), en correspondencia con el art. 90.I del mismo cuerpo legal, por tratarse de normas que interesan al orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio; imponiendo en su caso si correspondiese una sanción.

En tal contexto, de la revisión de los antecedentes del proceso, se advierte que la Contraloría General del Estado, efectuó la Auditoría Especial sobre pago de bonos, por el periodo comprendido entre el 1ro. de enero de 2004 al 30 de junio de 2006, en el Batallón de Seguridad Física de la Policía Nacional Distrito de La Paz; emitiéndose el Informe de Auditoría Preliminar Nº EX/EP20/F06 R1, por el cual se estableció la existencia de indicios de responsabilidad civil contra servidores y ex servidores públicos por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado; informe que fue sometido a procedimiento de aclaración, deviniendo previo plazo de aclaración y evaluación de descargos, el Informe Complementario Nº EX/EP20/F06 C1, en el que se analizaron los hallazgos, aclaraciones, justificativos, y pruebas concluyendo con la ratificación de los cargos.

Al respecto, el Informe Complementario Nº EX/EP20/F06 C1, haciendo referencia a la Auditoría Preliminar Nº EX/EP20/F06 R1 ratifica el informe preliminar señalando; El Supremo Gobierno mediante Decreto Supremo N° 26970, de 24 de marzo de 2003, aprobó el Reglamento de beneficios Colaterales de la Policía Nacional dentro del cual entre otros, se encuentra el pago al Bono al Cargo. La escala de asignación del Bono al Cargo definida por la Dirección Nacional Administrativa  del Comando General de la Policía Nacional Mediante circular Cir. N° 006/2003, del 12 de mayo de 2003, fue objeto de modificación con resolución N° 17/2005, del 8 de abril de 2005, del Comando del Batallón de Seguridad Física La Paz, emitida y firmada por el Cnl. DESP, Rómulo Vargas Lima (+), respecto al monto asignado al Comandante del Batallón, así como la inclusión del Sub Comandante de dicha escala, y de la tropa del batallón, modificaciones que previamente a su aplicación no fueron aprobadas con por el Comando General de la Policía Nacional. Asimismo, menciona que el Proyecto de Reglamento Interno para la asignación del Bono al Cargo, se encuentra en proceso de revisión en el Departamento Jurídico del Comando General de la policía, correspondiendo establecer indicios de responsabilidad civil en contra del ex comandante del Batallón de Seguridad Física de La Paz, que suscribió la Resolución 17/2005, del 8 de abril de 2005, autorizando el incremento de los montos asignados al Bono al Cargo establecidos por el Comando General de la Policía, así como de aquellos funcionarios que continuaron autorizando el pago, ocasionando daño económico al Estado. En ese sentido el informe preliminar concluye estableciendo indicios de responsabilidad Civil y solidaria conforme a lo dispuesto por el art 31 inc. c) de la Ley 1178, sujetos a la aplicación del art. 77 inc. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por concepto de disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado en contra de los que autorizaron y por los importes detallados.

Como evaluación de descargos el Informe Complementario Nº EX/EP20/F06 C1, concluye; “En virtud a los descargos presentados y a las consideraciones legales expuestas en el informe legal LX/XP26/008, emitido por la Gerencia Principal y la Sub contraloría de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado, adjunto corresponde ratificar los indicios de responsabilidad civil solidaria establecidos en el informe preliminar de auditoría, conforme a lo dispuesto en el art. 31 inc. c) de la Ley N° 1178, sujetos a la aplicación del artículo 77 inc. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, de las personas y por los importes detallados a continuación….”;

Asimismo; el Informe Complementario Nº EX/EP20/F06 C1, ratificó los indicios de responsabilidad civil establecidos en el Informe Preliminar de Auditoría; para posteriormente y bajo los argumentos descritos se refrendó mediante Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGE/DRC-026/2009 de 31 de agosto de fs. 115 a 119, por el cual el Contralor General del Estado dictaminó responsabilidad civil solidaria en el caso presente en contra de Severo Ernesto Zeballos Lemus, José Osvaldo Cabrera Ferrufino y Rómulo Vargas Lima, por la suma de $us.-30.333,00.- (Treinta mil trecientos treinta y tres 00/100 Dólares Americanos), sujeto a la aplicación del art. 77 .h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal (LSCF), Dictamen, por el cual se determinó que el daño económico establecido en el caso, surge de los hechos descritos y analizados en el Informe de Auditoría Preliminar Nº EX/EP20/F06 R1 e Informe Complementario Nº EX/EP20/F06 C1.

Así consolidado el trabajo de la Contraloría General del Estado y refrendado el mismo mediante Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGE/DRC-026/2009, analizados los mismos se advierte que tanto el informe de Auditoría Preliminar Nº EX/EP20/F06 R1, como el Informe Complementario Nº EX/EP20/F06 C1, que ratifica los indicios de responsabilidad civil, como hallazgos del primero; y dadas las características propias de la figura jurídica de apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado conforme el art. 77 inc. h) de la LSCF, premisa normativa que trasuntada a los elementos facticos del caso muestran que en la “disposición de bienes” se dio la intervención de muchos otros actores indirectos que resultaron ser también beneficiarios de los bienes dispuestos, de los cuales se extraña la fundamentación pertinente en los informes tanto preliminar como complementario, toda vez de la existencia y participación de estos otros involucrados, y todo de conformidad y en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes que hacen al caso.

Ahora bien; el art 410 de la Constitución Política del Estado, norma constitucional y piedra angular del ordenamiento jurídico, estatuye entre otros el principio de legalidad, estableciendo que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, asimismo las normas infra-constitucionales como las leyes y normas de menor jerarquía forman parte del Bloque de Constitucionalidad, dispositivos legales que deben ser también cumplidos por todas las personas, naturales y jurídicas, y más aún por los órganos públicos, funciones públicas e instituciones; entendimiento del cual se desprende que no sólo las personas naturales y jurídicas deben ceñir sus actos en el marco de la Ley, sino también, y con mayor razón los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, cuyos actos administrativos deben necesariamente circunscribirse en el cumplimiento de la norma, actuar normado y reglado que otorgará validez correspondiente a los actos administrativos evacuados por los órganos públicos.

Bajo la estructuración constitucional, es preciso tener presente que el art. 47 de la Ley 1178, ha creado la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos hechos de los entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles definidas en el art. 31 de la indicada Ley, concluyéndose en consecuencia, que los actos emanados de la Contraloría General del Estado se encuentran sometidos al control jurisdiccional, concretamente, a la autoridad jurisdiccional en materia coactiva fiscal, quien se constituye en el juez natural y competente.

En este marco, corresponde precisar que una de las finalidades de la Ley Nº 1178 art. 1; es aquella de lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación, norma concordante con el art. 28 .a) de la misma Ley que establece: “Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión”.[sic]

En el contexto, la responsabilidad civil prevista por el art. 31 de la norma referida, refiere que esa responsabilidad se configura no sólo con la acción, sino también con la omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas, que cause daño al Estado valuable en dinero, agregando la referida norma  que la determinación de responsabilidad civil se sujeta a determinados preceptos, que el mismo articulado refiere en 3 incisos: “a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad; b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades; c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables”.

Así sistematizada la normativa descrita; resulta pertinente tener presente en el marco de la responsabilidad y corresponsabilidad prevista por el articulado descrito, que la norma señala y precisa, que también será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado e incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades y que en el caso que varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables; este marco normativo abarca indubitablemente el alcance de la responsabilidad y la corresponsabilidad de aquellos servidores bajo cuyo cuidado se encuentren bienes o patrimonio del Estado o de aquellos que tengan la facultad de autorización para la disposición de estos a efecto de responder solidariamente por el daño económico causado al Estado, pero no puede dejarse de vista a aquellos servidores o terceros quienes se beneficien indebidamente de recursos del Estado causando daño económico a este, quienes también conforme el dispositivo legal son responsables civilmente.

También resulta pertinente que ese articulado será aplicable en relación con lo dispuesto por el art. 56 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (RRFP), aprobado por DS Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, que señala: “…(Corresponsabilidad) Para efectos del inciso a) del artículo 31 de la Ley 1178, los informes de auditoría deben incluir información fundamentada sobre la forma de autorización del uso indebido de bienes, servicios y recursos que causaron daño económico al Estado y la identificación del superior jerárquico que la expidió o manifestación expresa de si el daño económico se originó en las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad…”.[sic]

       Asimismo; y en cuanto a la responsabilidad civil, el art. 50 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado con Decreto Supremo 23318 A, señala claramente que la responsabilidad civil será determinada por juez competente; es decir que no es el ente encargado del control externo (CGE), quien determina la responsabilidad civil de los servidores o ex - servidores o terceros; en razón de que por mandato legal se ha delimitado claramente la función de determinar los indicios de responsabilidad civil, con aquella función eminentemente jurisdiccional que goza de competencia para resolver y decidir respecto a la existencia definitiva de responsabilidad civil.

El contexto normativo descrito debió ser considerado y aplicado en el análisis y conclusiones a las que arribó la Auditoría Preliminar Nº EX/EP20/F06 R1 y el Informe Complementario Nº EX/EP20/F06 C1, los cuales fueron la base del sustento del Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-026/2009, documentos que obviaron en su análisis el contenido total de la normativa descrita arribando a la conclusión de la existencia de indicios de responsabilidad civil en contra de los tres servidores policiales y posteriormente los coherederos de uno de ellos; vulnerando la legalidad prevista que deben observar los actos administrativos que derivan en informes de auditoría, empero las deficiencias observadas tampoco fueron observadas por el A quo ni el Tribunal de Alzada.

Asimismo, debe tomarse en cuenta, que el fin de la responsabilidad contemplada en la Ley Nº 1178 infiere que todo servidor público debe responder por sus actos por acción u omisión, así como que toda persona natural o jurídica privada responda en la misma manera en el caso de causar daño al Estado, lo que supone que la atribución de indicios de responsabilidad no se encuentra librada a la discrecionalidad y menos a la arbitrariedad del órgano contralor, de tal modo que a discreción y liberalidad le sea permitido atribuir responsabilidades a determinados actores y excluir a otros, más al contrario, dicha responsabilidad debe ser atribuida en razón a la naturaleza del daño y las actuaciones de cada uno de los actores en el acto y el beneficio que estos obtuvieron.

En ese marco, tanto de la normativa precitada, como del elemento fáctico que rodean al caso que sirvieron de fundamento para la emisión de los Informes de Auditoría y consiguiente Dictamen de Responsabilidad Civil, se advierte la posible  participación de otros actores que intervinieron en la autorización de la disposición de los bienes y de otros que se beneficiaron con la disposición de recursos del Estado, cuya lista y detalle cursa en antecedentes, de los cuales los Informes referidos no emitieron pronunciamiento alguno; situación que conlleva la violación a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, consagrados en los arts. 115.II y 410 de la CPE vigente; evidenciándose ante ello, la tramitación de un proceso coactivo fiscal, sobre la base de un Dictamen de Responsabilidad Civil que tomó como fundamento lo determinado por los Informes de Auditoría, que omitieron emitir pronunciamiento en base a información fundamentada sobre la participación o no de los otros actores referidos, así como su responsabilidad sujeto a proceso coactivo, inobservando lo prescrito por la normativa señalada; aspectos que no fueron observados por el juez de instancia y menos por tribunal de alzada, los mismos que deben ser reparados por este Tribunal.

Es por todo ello, que advirtiéndose daño económico en el patrimonio del Estado y por ende del de todos los bolivianos, la Contraloría General del Estado debe indagar y evaluar sobre todas aquellas personas involucradas que autorizaron, dispusieron y se beneficiaron con recursos del Estado para determinar su posible responsabilidad; siendo en su caso, de tal forma que bajo el resguardo y facultad que la ley otorga para el inicio de un proceso coactivo fiscal, se infiera dar cumplimiento a su objetivo en sí, que es el de recuperar el daño económico que se generó al Estado y sancionar a todos los responsables, corresponsables, y beneficiarios; obligación que la entidad llamada por ley a hacerlo, debiendo cumplir agotando todos los medios legales a su disposición y efectuando la fundamentación y motivación suficiente y necesaria en sus Informes, que determinen la participación o no en el hecho o acto que generó la responsabilidad civil de todos los actores que la Ley contempla y si como producto de ello ha menester excluir a determinados actores, tal decisión deberá también encontrarse debidamente fundamentada; garantizando de tal manera el cumplimiento efectivo de dicho deber jurídico; no hacerlo infiere el incumplimiento de su responsabilidad funcionaria.

Resulta también imperativo advertir que el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-026/2009, determinó responsabilidad civil del extinto servidor Rómulo Vargas Lima, cuyo deceso data de fecha 23 de diciembre de 2006 y cuyo fallecimiento ya fue advertido por la CGE en el informe N° EX/EP20/F06-R1 de fecha 14 de marzo de 2007 y reflejado en el Informe Complementario Nº EX/EP20/F06 C1, y el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-026/2009, procediéndose a la notificación del difunto mediante publicación edictal en fecha el 2 de mayo de 2007, pese a ser de conocimiento de la CGE el deceso del coactivado en fecha anterior; y pese al conocimiento de estos antecedentes la CGE inicia la acción legal coactiva en contra de la viuda y los herederos de Rómulo Vargas Lima en pleno conocimiento de no haberse dado cumplimiento al procedimiento de aclaración previsto por dispositivo legal expreso que señala que de conformidad con el art. 31 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado aprobado con Decreto Supremo Nº 23215 cuyas normas se mencionan a continuación, esta entidad tiene atribución expresa para ejercer el control externo posterior en las entidades públicas, cuyos resultados constarán en informes que deben ser respaldados en papeles de trabajo (art. 32). En el caso de que dichos informes de auditoría incluyan hallazgos que puedan originar un dictamen de responsabilidad son sometidos a un procedimiento de aclaración (art. 39), por el que son notificados los involucrados (art. 40) quienes tienen el plazo de diez días hábiles o más, para: a) solicitar por escrito una reunión de explicación sobre asuntos específicos y b) para presentar sus aclaraciones y justificativos, con base en los cuales, se elabora un informe complementario que ratifica o modifica el informe original. En caso de ratificarse los hallazgos o indicios de responsabilidad civil, esos informes son aprobados por el Contralor General del Estado a través del Dictamen de Responsabilidad Civil conforme a la previsión del art. 51 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

En ese entendimiento la CGE al conocer el deceso de Rómulo Vargas Lima, estaba en el ineludible deber de notificar a la viuda y los herederos del extinto Rómulo Vargas Lima con el informe preliminar, complementarios y Dictamen de Responsabilidad Civil, al constituirse estos en calidad de herederos y posibles responsables civiles de acuerdo al art. 1003 del Código Civil, a efecto de asumir defensa y tener la oportunidad de aclarar la participación del de cujus y en su caso presenten descargos pertinentes, procedimiento aclaratorio que la CGE omitió, el mismo que tampoco fue observado por el juez de instancia, quien contradictoriamente rechaza las observaciones planteadas por los herederos del difunto amparado en la cita de una supuesta línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sin mencionar ni identificar el fallo constitucional, hecho que tampoco es advertido por el Tribunal de apelación quien otorga su conformidad vulnerando de esta manera el derecho a defensa, debido proceso y seguridad jurídica previsto por los arts. 115 y 117 de la CPE.        

Por todo lo señalado, en resguardo del derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica de las partes, en el marco de lo dispuesto por el art. 90 del CPC, corresponde aplicar los arts. 252. 271.3) y 275 del mismo cuerpo legal, por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 1 y 24 de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal aprobado por DL Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y 17 de la LOJ.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 280 inclusive, disponiendo que la Contraloría General del Estado, complemente los Informes de Auditoría Preliminar y Complementario, con la fundamentación y motivación necesaria respecto de todos los actores inmersos por dispositivo legal, para concluir con el Dictamen de Responsabilidad Civil; y posteriormente sea el Juez de la causa quien disponga lo que corresponda conforme a derecho, sin espera de turno, de manera inmediata y sin dilación alguna, bajo responsabilidad funcionaria de no hacerlo.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERACIONES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera