TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 661

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 175/2015-S

Demandante: Vicente Toro Campusano

Demandada: Gonzalo Copa Calizaya   

Distrito        : Chuquisaca  

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

========================================================================

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de (fs. 111 a 122) interpuesto por Vladimir Uriona Guzmán en representación legal de Vicente Toro Campusano contra el Auto de Vista N° 198/2015 de 24 de abril de (fs. 105 a 107), pronunciado por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca dentro del proceso laboral, seguido por el recurrente contra Gonzalo Copa Calizaya; el Auto de (fs. 125 vta.) que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, la Jueza de Partido Primero del Trabajo Seguridad Social Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, emitió Sentencia N° 078/2014 de 27 de noviembre de (fs. 77 a 78), declarando improbada la demanda social de fs. 1, 2, 7, 12, y 14, sin costas.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Vladimir Uriona Guzmán en representación legal de Vicente Toro, la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante Auto de Vista N° 198/2015 de 24 de abril de (fs. 105 a 107) confirma la Sentencia N° 078/2014 de 27 de noviembre de (fs. 77 a 78), con costas en ambas instancias.

I.2. Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia, motivó que Vladimir Uriona Guzmán en representación legal de Vicente Toro Campusano mediante memorial de fs. (fs. 111 a 122), interponga recurso de casación en el fondo y en la forma bajo los siguientes Argumentos.

I.2.1. En el fondo

En el recurso de casación en el fondo acusa que el Auto de Vista ha violado los arts. 137 del Código de Tránsito (CT), 372 y 374 del Reglamento del Código de Transito (RCT), refiriendo:

Que el art. 137 del CT sobre la transferencia de vehículos señala de manera expresa, La transferencia de un vehículo por compra-venta o cualquier otro título traslativo de dominio, sólo podrá efectuarse mediante instrumento público, previo pago de los impuestos fiscales y en vista del certificado expedido por la Policía de Tránsito, acreditando que el vehículo, objeto del contrato, no está afectado por ningún gravamen.”, que el RCT en su art. 372 sobre la transferencia de vehículos vuelve a recalcar “La transferencia de vehículos mediante compra-venta, donación, sucesión hereditaria adjudicación judicial o cualquier otro título traslativo de dominio, únicamente podrá efectuarse en las condiciones establecidas por el artículo 137 del CT, siendo prohibidas las transferencias con documentos privados los que se consideran nulos y sin valor.”, que según el art. 374 del mismo RCT, …”La rescisión de un contrato de compraventa de vehículo o el desistimiento voluntario de las partes únicamente será autorizado si tal rescisión o desistimiento consta mediante instrumento público.”, que nunca existió el animus ni contrato de compra venta entre el demandado y el demandante respecto al camión, nunca se firmó documento de compraventa menos una escritura pública, el demandado no presento documento alguno que acredite la existencia de la compraventa y desvirtué la coexistencia de la relación laboral, que la fotocopia de fs. 17 solo se trata de un documento privado suscrito entre Gonzalo Copa Calizaya y Sabino Javier Pérez como comprador, donde el demandante Vicente Toro Campusano no tiene ninguna participación.

Acusa la violación de los arts. 48, 46 de la Construcción Política del Estado, 52, 9, 6 y 13 de la CPE, manifestando:

Que el art. 48 de CPE establece que “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y las mismas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, que el art. 46 de la CPE dispone “nadie puede trabajar sin una justa retribución y por todo trabajo se debe pagar un sueldo”, que el art. 52 de la Ley General del Trabajo (LGT) establece el derecho que tiene el trabajador a una remuneración o salario en pago a su trabajo, que conforme dispone el art. 9 de la misma ley si se contrata a un trabajador fuera de su distrito el patrono deberá sufragar los gastos; por otro lado según el art. 6 de la LGT permite el contrato verbal como es el caso de autos.

Cuando fuere retirado el trabajador por causa ajena a su voluntad el patrono estará obligado a pagar el desahucio e indemnización conforme establece el art. 13 de la LGT y 8 de su reglamento, teniendo presente lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) N° 110 de 1° de 2009, que todas esas disposiciones constitucionales legales no fueron consideradas por el Auto de Vista ni por la Sentencia violando las disposiciones legales.

Acusa error de Hecho y derecho en la apreciación de la prueba para ello se debe de tomar en cuenta fs. 53 referente a la declaración del testigo Pedro Paniagua Gutiérrez donde afirmo que el demandante Vicente Toro Campusano trabajo para Gonzalo Copa Calizaya; que el testigo Richard Silva Rodas cuya acta cursa a fs. 56 manifiesta sobre la venta de la movilidad que supo por comentarios, es decir por simples especulaciones, que los testigos Rene Milton Morales Loayza, Armando Jadue, Gonzalo Velasco Campos y Luis Rubén Pérez Olivera entraron en contradicciones en sus propias declaraciones donde afirman, niegan lo negado y solo conocieron por referencias.

Que las contradicciones de contrario no acaban allí porque es el propio demandante que adjunta facturas N° 0071 y N° 0072 de fecha 5 de noviembre de 2008 y 4 de noviembre de 2008 ver fs. 20, en las que figura como propietario transportista de cemento con su camión y tenía como chofer a Vicente Toro y si dice que vendió su camión en noviembre del 2008 como figura transportando y como propietario el en noviembre y diciembre del 2008, es así que se tiene probado que entre ambos existió una relación laboral en el marco de lo establecido por el art. 2 del DS N° en concordancia con el art. 1 de la LGT, esas actuaciones ilegales e injustas del Auto de Vista como de la Sentencia agravian sus derechos y la correcta administración de justicia que debe ser subsanado por el Tribunal Supremo de Justicia.              

I.2.2. En la forma

Manifiesta interponer el recurso de casación en la forma por la falta de pronunciamiento del Auto de Vista sobre alguna pretensión deducida en el proceso y reclamada oportunamente ante los tribunales inferiores conforme establece el numeral 4 del art. 254 del CPC, en concordancia con el art. 236 del CPC es decir que el Tribunal de Apelación debió pronunciarse sobre todos los agravios a los que se refiere el art. 227 del CPC.

Que en el Auto de Vista N° 198/2015 no se pronunció precisamente sobre el fundamento referido a la exigencia legal de escritura pública para transferencia de vehículos en consideración que la Sentencia apelada como el Auto de Vista, no toman en cuenta el cumplimiento de dicha exigencia legal, para afirmar según esas resoluciones que entre las partes existió solo una relación civil de compra venta de vehículo y señalan que no existió relación laboral. Sobre dicho fundamento y normativa del Código de Tránsito y su reglamento transcrita precedentemente y referida de manera puntual en el recurso de apelación el Auto de Vista recurrido no se pronunció sobre ese agravio haciendo viable el recurso de casación en la forma.          

I.2.3. Petitorio

Finaliza su recurso, solicitando eleven obrados a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia para que casen el Auto de Vista y declaren probada la demanda o en su caso anulen obrados hasta el vicio más antiguo.  

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Planteado el recurso, por metodología corresponde analizar primero las denuncias efectuadas en el recurso de casación en la forma, puesto que de ser veras la misma ello devendría en la anulación de actuados, por cuanto ya no correspondería ingresar al fondo de la problemática planteada; dicho ello se pasa a resolver el recurso efectuando las siguientes consideraciones:

II.1.1. En la forma

De principio corresponde precisar que el debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues  los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.

Conforme lo reconoce la doctrina autorizada, las nulidades procesales, como especie de sanciones procesales, tienen una aplicación restrictiva y fincan en principios que emergen de los sistemas francés e italiano y que se hallan recogidos por nuestro legislador. Estos principios son el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

En mérito al principio de legalidad o especificidad, la nulidad se sanciona solo en los casos previstos por ley expresa (pas de nullité sans texte); se encuentra  recogido por el art. 251-I) del CPC y ahora en el párrafo I. del art. 105 del Código Procesal Civil. Sin embargo este principio se torna relativo por la inserción de las llamadas nulidades implícitas o  virtuales a las que abre camino el art. 90-I) del CPC y que ahora el párrafo II del art. 105 del  Código Procesal Civil.

En virtud al  principio de trascendencia  no existe nulidad sin perjuicio (pas de nullité sans grief). Este principio se configura por tres condiciones: 1) alegación del perjuicio sufrido; 2) acreditación del perjuicio y 3) interés jurídico que se intenta subsanar. “No puede pedir la nulidad quien ha contribuido con su conducta a la producción del vicio” (Lino E. Palacio). Este Principio se encuentra recogido en el art. 106-II del Código Procesal Civil.

En atención al principio de protección no se puede alegar la propia torpeza como fundamento del pedido de nulidad (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Se encuentra recogido ahora en el párrafo II del art. 106 del Código Procesal Civil.

Además de los señalados principios, también se rige por el principio de finalidad de las formas o de instrumentalidad de las nulidades procesales, en cuya virtud las nulidades no tienen como objetivo comprobar y declarar el incumplimiento de las formas procesales, pues los actos procesales son válidos si han cumplido sus efectos, no obstante que hubiese algún defecto formal; este principio de alguna manera se encuentra recogido en el art. 91 del CPC, y  ahora en el art. 107-I) del Código Procesal Civil.

El proceso laboral boliviano finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y las peticiones de las partes legitimadas formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a esos hechos, a esas peticiones y referirse a esas partes; esto es a lo que se le llama congruencia ( factual, objetiva y subjetiva) “la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”,  (SC 0358/2010-R de 22 de junio, entre otros); y ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el art. 115 de la CPE.

En lo que atañe al fallo de segunda instancia, la congruencia implica la estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación, conforme lo tiene previsto en el art. 236 del CPC. En segunda instancia se viola el principio de la congruencia, en cuanto elemento del debido proceso legal, cuando el Tribunal ad quem, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante o cuando se excede en el pronunciamiento, ya sea otorgando más de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por la causal prevista en el art. 254-4) y el efecto señalado en el art. 275, ambos del CPC.

Dada la denuncia formulada también corresponde referirse a la motivación y fundamentación de los fallos. El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial forma parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, consagrado en el art. 115.I de la CPE. En este contexto, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, determinó que, “a efectos de garantizar el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la motivación , toda resolución jurisdiccional o administrativa debe observar los siguientes aspectos:” a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” De tal manera que la omisión de alguno de dichos requisitos implica vulnerar el derecho a la fundamentación y motivación de los fallos judiciales, como elemento del debido proceso legal.

El art. 180 parágrafo II de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, y por su parte el art. 8 inciso h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad de nuestra Constitución, reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de alzada sino con la respuesta que el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación que además de ser pertinente debe ser motivada, fundamentada; solo así se satisface el derecho a la impugnación.

El recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

Respecto a la vinculación de la motivación y fundamentación con la congruencia, efectuando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que: El principio de congruencia, sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: 'la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes.

Con esa facultad, ingresando a la revisión de los actuados procesales, más concretamente en lo que se refiere a la emisión del Auto de Vista, se tiene lo siguiente:

En el caso sub lite, se ha podido constatar que el Tribunal de Alzada mediante el Auto de Vista N° 198/2015 de 24 de abril  de fs. 105 a 107, confirma la Sentencia N° 078/2014 de 27 de noviembre de fs. 77 a 78, empero en dicha resolución, obvio pronunciarse sobre los agravios denunciados en apelación, relativo 1.- al art. 137 del Código de transito que hace referencia a la transferencia de vehículos 2.- al art. 372 del RCT que hace referencia al instrumento público y 3.- al art. 374 del RCT que hace referencia a la obligación de registro, agravios sobre la exigencia legal de escritura pública para transferencia de vehículos.

Concluyendo que el Tribunal de Alzada, al dictaminar el Auto de Vista no se ha enmarcado dentro del principio dispositivo que debe regir en los recursos, por el cual no emitió criterio sobre los puntos expuestos en apelación, si la misma consideraba viable o no, debiendo haber observado necesariamente lo dispuesto por el art. 236 del CPC, que fija el límite dentro del cual debe circunscribirse la decisión judicial, error en el que incurrió el Tribunal ad quem, al emitir fallo confirmando la Sentencia apelada, omitiendo pronunciarse sobre las denuncias de la apelación, y exponer los motivos por que corresponden o no corresponden los mismos, puesto que el Auto de Vista no contiene la debida fundamentación de motivos que dieron lugar a esa forma de resolución.

Asimismo no efectúa una relación entre lo resuelto en primera instancia y lo denunciado en el recurso de apelación, toda vez que de la revisión de la apelación  y el Auto de Vista emitido en respuesta al mismo, consta que los juzgadores ad quem no identificaron de forma precisa cuáles son los supuestos agravios, errores u omisiones en los que hubiera incurrido el Juez a quo, en la resolución de la causa, que fueran objeto de análisis y corrección por su parte del Tribunal ad quem, no desvirtuó los fundamentos y razonamientos expuestos por el Juez a quo en la fundamentación de su resolución; habiendo inobservado con esa actuación el principio de motivación de los fallos o resoluciones, componente relevante del debido proceso. Dado que la debida fundamentación de una resolución, en lo principal no obedece a exigencias meramente formales, sino que se constituye como una garantía para los justiciables, quienes por medio de la fundamentación de motivos traducidos en un fallo, toman conocimiento de las razones que indujeron a los juzgadores a resolver la causa de una u otra forma; creando de esta forma el juzgador convicción de lo resuelto, aspecto que causa perjuicio a los litigantes y constituye vicio de procedimiento enmarcado dentro de la causal 4 del art. 254 del CPC, en desmedro del principio de seguridad jurídica, error in procedendo que debe ser saneado por este Tribunal.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271.3) y 275 del CPC, con la facultad conferida por el art. 252 del CPT.

No siendo necesario ya entrar a esclarecer las denuncias que van al fondo del asunto contenidas en el mismo recurso de casación.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA simple y llanamente Auto de Vista N° 198/2015 de 24 de abril de fs. 105 a 107, disponiendo que el Tribunal de Alzada pronuncie nuevo Auto de Vista enmarcándose a lo dispuesto por el art. 236 del CPC, sin espera de turno y dilación alguna, previo sorteo de la causa.

Siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem, no se impone multas.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17. IV  de la Ley del Órgano Judicial póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA, HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de AASS anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera