TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 660

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 108/2011-A

Demandante: Grupo Industrial Bebidas S.A.

Demandada: Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El        recurso de casación en el fondo interpuesto por Claudia Andrea García Paz en representación del Grupo Industrial Bebidas S.A., cursante de fs. 105 a 108 vta., contra el Auto de Vista N° 008/2011 de 25 de enero, de fs. 98 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por el Grupo Industrial Bebidas S.A., representada por Gary Luis Lacunza Veizaga, contra Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO del SIN Cbba); la respuesta de fs. 112  a 114 vta.; el Auto que concedió el recurso (fs. 115); los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Concluido el proceso contencioso tributario, el Juez de Partido Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia de 31 de agosto de 2010 de fs. 76 a 84 vta., mediante la cual declaró improbada la demanda contenciosa tributaria, en consecuencia declaró firmes vigentes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nros.  119/2008, 120/2008, 121/2008, 122/2008, 123/2008, 124/2008, 125/2008 y 126/2008 todas de fecha 14 de agosto de 2008, correspondiente a los periodos fiscales, noviembre/07, diciembre/2007 y marzo 2008.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el Grupo Industrial de Bebidas S.A., (fs. 86 a 87 vta.), la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 008/2011 de 25 de enero, cursante a fs. 98 y vta., confirmó la Sentencia de 31 de agosto de 2010.

I.2. Motivos del recurso de casación en el fondo

1. Manifiesta que, el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista impugnado, incurrió en error de hecho y derecho, como la interpretación errónea de la Ley y falta de apreciación de pruebas, desconociendo el legítimo derecho a la defensa. Agrega, que la Empresa está sometida a un proceso violatorio del privilegio constitucional que le reconoce el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), desconociendo el derecho a la defensa, al considerar viables los Sumarios Contravencionales correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre los años 2007 y 2008 emitidas por autoridad que no tenía competencia para ese tipo de actos administrativos, cuando una Empresa se encuentra dentro de un proceso de Reestructuración voluntaria por importes que han sido renegociados  por la Junta de Acreedores, duplicando obligaciones, sin competencia y sin seguir el procedimiento.

 2. Refiere que, el Ad quem no fundamentó su decisión jurídicamente, habiendo sólo señalado en el primer Considerando los antecedentes del proceso y en el segundo Considerado, en el punto 1) se fundamenta la decisión “sin consistencia alguna en que se trata de periodos fiscales comprendidos entre el año”(sic). Dice que, la Empresa se encuentra en plan de restructuración, y que dentro de dicho plan la Junta de Acreedores tomó el control de la Empresa y que así se llevó adelante todo este tiempo la Junta de Acreedores para tratar los temas inherentes a la parte operativa de la Empresa y plan de reestructuración. Continúa haciendo referencia a las características que reviste a la Junta de Acreedores, y menciona que la reunión de la Junta de acreedores llevada a cabo el 4 de junio de 2007 a Hrs. 16:30 está plasmado en el Acta 01/07 de la citada fecha, donde se hizo constar que la Junta de acreedores tomó la decisión de reformular el Acuerdo Transaccional suscrito. Dice que, la Ley de Reestructuración voluntaria, permite que los acreedores diriman con el deudor derechos de contenido patrimonial mediante concesiones recíprocas y reconocimientos mutuos, afirmando que la Ley de reestructuración en el marco de lo establecido por la Ley Nº 2495 y su reglamento impide la aplicación de otras disposiciones legales como es el Código Tributario y otras disposiciones.

Manifiesta que, el Ad quem, en el punto 2 del segundo Considerando, reitera el argumento esgrimido en el punto uno, sin tomar en cuenta que precisamente la Empresa planteó demanda, porque no es posible permitir la consumación de la arbitrariedad administrativa, ante la competencia que reconoce el art. 157.b) de la Ley de Organización Judicial (LOJ), pues dicha demanda se planteó porque la Empresa no tenía obligación de realizar pagos en esos montos porque existía un acuerdo transaccional aprobado por la Junta de Acreedores.

Reitera que, no se valoró que la iniciación del proceso de reestructuración en el marco de la Ley Nº 2495, impide la aplicación de otras disposiciones legales; en conclusión debe aplicarse la Ley Nº 2495 con preferencia al Código Tributario, respetando el plan de restructuración, por lo que no es admisible que la administración tributaria sin competencia pretenda realizar cobros coactivos.

Citando el art. 13 de la Ley Nº 2495 y art. 20 del DS Nº 27384, señala que, la Junta de Acreedores es el órgano soberano que representa la voluntad del conjunto de acreedores registrados y tiene competencia exclusiva para tratar los asuntos relativos a la reestructuración. Dice que, en el inc. k) del punto iv) del Capítulo XI del Acuerdo Transaccional, los acreedores aprobaron que la Junta de Acreedores tendrá la facultad de instruir al Directorio de Bebidas S.A., reestructurar cualquier decisión, disposición y/o forma de ejecución o acción para mejor cumplimiento del Acuerdo.

Hace referencia la página 13 del acuerdo, respecto a la responsabilidad de la junta de Acreedores, para concluir que “el Estado en este caso, actuando a través del Servicio de Impuestos Nacionales debe cumplir lo decidido por la Junta de Acreedores de 4 de junio de 2007, para suscribir nuevos contratos de reprogramación con los acreedores y que es necesaria una modificación al acuerdo de transacción suscrito y mientras tanto GRACO no puede iniciar cobranzas coactivas vulnerando el art. 17 de la Ley Nº 2495 y 31 de la Constitución Política del Estado”(sic).

Haciendo mención al art. 36 del DS Nº 27384, dice que GRACO “…no podía emitir proveídos de ejecución tributaria en contravención a lo establecido por la junta de Acreedores…”(sic). Continúa refiriéndose al art. 109.II.1 del Código Tributario, para resaltar que “…contra la ejecución tributaria será admisible como causal de oposición cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el art. 58 del mismo código, entre las que se encuentra la condonación que será aplicable en virtud a una ley de alcance general, en este caso, es aplicable la Ley 2495…de alcance general”(sic); concluye haciendo referencia al art. 51 de la Ley Nº 2492 sobre la extinción de la obligación tributaria y art. 55 de la citada Ley, respecto a la solicitud de facilidades de pago, señalando que “para cumplir las obligaciones tributarias en algunos de los proveídos de ejecución tributaria emitidos contra la empresa…la administración tributaria pretende un cobro doble dado que la obligaciones ya fueron cubiertas por la empresa…a través de plan de pagos y no corresponde ninguna ejecución tributaria…” (sic) .

3. Finalmente citando el art. 83 del CT, dice que esta norma establece formas y medios de notificación de los actos administrativos, en el punto II, señala que serán nulas las que no se ajusten a las formas descritas y en este caso el representante de Bebidas S.A. debió ser notificado personalmente de conformidad al art. 84 del CT; por lo que, al no haberse seguido esas formalidades la Administración Tributaria no observó lo establecido en el art. 85 del citado código para la notificación por cédula practicada al interesado, ya que existen irregularidades en el llenado de datos en los avisos de visitas, pues se consignó la misma hora en todas las actuaciones, aspecto imposible de comprender, por lo que dicha diligencia estaría viciada de nulidad, lo que no fue observado por el Ad quem, siendo nulos de pleno derecho los segundos avisos.

Concluye expresando que, las notificaciones referidas, como las Resoluciones  Sancionatorias impugnadas son nulas y que los supuestos adeudos que GRACO del SIN Cbba.,  pretende cobrar no corresponde a esas cuantías, en ese marco el Auto de Vista recurrido transgredió y violó normas expresas, incurriendo en errores de hecho y de derecho en perjuicio de Bebidas S.A.

I.2.1. Petitorio

Finalmente solicitó que el Tribunal Supremo: “en aplicación estricta de los arts. 253 inc. 1-3, 274 y 255 inc. 2 del Código Procedimiento Civil se digne CASAR EL AUTO DE VISTA RECURRIDO cursante en el proceso… deliberando con COSTAS Y MULTAS DE LEY” (sic).

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

a) Sobre el principio de impugnación y requisitos de procedencia del recurso de casación

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; principio que asegura a los sujetos procesales el derecho de recurrir contra las resoluciones judiciales pronunciadas en la jurisdicción ordinaria, debiendo al momento de interponer los distintos recursos que prevé la norma, cumplir con los requisitos establecidos en los dispositivos procesales.

Respecto a los requisitos de procedencia del recurso de casación en materia tributaria, corresponde remitirnos al Código de Procedimiento Civil (CPC), que según disponen los arts. 214 y 297 parte final de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 “La interposición, admisión, trámite y resolución del recurso extraordinario de nulidad se sujetarán al procedimiento establecido por el CPC”, normas leales que concuerdan con el art. 74.2 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003.

Con ese preámbulo, es menester hacer referencia a lo dispuesto por el art. 253 del CPC, que precisa que, procede el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias, y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubieren incurrido en error de derecho o error de hecho. Estos numerales en forma expresa precisan los tres motivos por los que procede el recurso de casación denominado en el fondo, que tienen como objetivo verificar la existencia de errores de derecho, en las que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, por ello el recurrente está obligado a exponer los fundamentos fácticos y jurídicos en forma precisa con respecto a cada uno de los motivos invocados, obligación que no puede ser soslayado con la simple referencia de antecedentes o cita de normas legales.

Uno de los requisitos de procedencia del recurso de casación se encuentra establecido en el art. 258.2 del CPC, que impone al recurrente “…citar en términos claros, concretos y precisos…, la Ley o Leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso…”; carga procesal que es de cumplimiento obligatorio por parte del recurrente con la finalidad de abrir la competencia del Tribunal de casación; ahora bien, su inobservancia tiene como sanción la declaración de improcedencia del recurso conforme previene el art. 272.2 del CPC.

Sobre la naturaleza del recurso de casación y los requisitos que deben ser cumplidos en su interposición, esta Sala a través del Auto Supremo Nº 304 de 22 de agosto de 2012, asumió el siguiente entendimiento: “se equipara a una nueva demanda de puro derecho, misma que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, debiendo el recurrente fundamentar por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos. Así también, por cuanto define la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo, debe fundarse en errores in judicando en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, demostrando la violación de leyes sustantivas en la decisión de la causa, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del CPC, mientras que el recurso de casación en la forma, se funda en errores in procedendo, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto en el art. 254 de la citada norma…”.

Siguiendo dicho lineamiento, mediante el Auto Supremo Nº 23 de 18 de febrero de 2013 se precisó que “El recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, debiendo fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la Ley, en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un Auto definitivo, Sentencia o Auto de Vista, basado en que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en "errores in judicando", aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC, vale decir cuando se acredite: que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una Ley o cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias, y finalmente cuando se demuestre que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador…”.

b) Análisis del caso

Teniendo presente los fundamentos jurídicos expuestos en el acápite que precede, de la revisión del recurso de casación formulado por la representante de la Empresa Grupo Industrial Bebidas S.A., se advierte que no dio cumplimiento con los requisitos establecidos por el art. 258.2 del CPC; pues analizados los argumentos descritos en el memorial del recurso, se desprende que la recurrente desconociendo la finalidad que persigue el recurso de casación, se limitó a señalar que interpone recurso de casación en el fondo, sin precisar en cuál de los tres errores “in judicando” previstos por el art. 253 del CPC incurrió el Tribunal de Alzada, pues de la lectura del citado recurso, si bien hace alusión al art. 253.1 y 3 del CPC, pero en el texto no es posible visualizar un fundamento claro y concreto por el que se precise, en qué consiste la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o en qué reside el error de derecho o hecho en la valoración de la prueba, en las que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista.

La representante de la Empresa demandante, por el primer motivo descrito en el numeral 1. del acápite I.2. de ésta resolución, sólo se limitó a cuestionar al Ad quem, señalando que al pronunciar el Auto de Vista incurrió en error de hecho y derecho e interpretó erróneamente la Ley desconociendo su derecho a la defensa al estar la Empresa dentro de un proceso de Reestructuración voluntaria; denuncia que carece de fundamento jurídico y fáctico, pues no hace el mínimo intento de identificar la norma legal que considera que el Ad quem hubiera interpretado erróneamente, por el que se hubiera desconocido su derecho a la defensa, menos aún individualizó el razonamiento que asumió el Tribunal de Alzada respecto a la situación de la Empresa en el plan de reestructuración voluntaria; por lo que la acusación sólo es una mera manifestación de disconformidad con la resolución impugnada.

Del motivo detallado en el numeral 2. del acápite I.3, se advierte que la recurrente aduce que el Ad quem no fundamentó el Auto de Vista, a este efecto  omite precisar sobre qué tópico recurrido en apelación el Tribunal de Alzada omitió su deber de fundamentación, pues la recurrente sólo se limitó a repetir los argumentos que expuso en el memorial de la demanda respecto a la situación de la Empresa, eludiendo identificar la presunta vulneración en la que hubiera incurrido el Ad quem respecto a la falta de fundamentación que denuncia. Los argumentos que expuso en casación, hacen alusión a cuestiones que no fueron reclamadas en apelación ante el Tribunal de Alzada, tales como que: “la administración tributaria no tiene competencia para realizar cobros coactivos”; “sobre las facultades de la Junta de Acreedores previstas por el art. 13 de la Ley Nº 2495 y art. 20 del DS Nº 27384”; “sobre el contenido del Acuerdo Transaccional y la facultad de la junta de Acreedores” en el que hace hincapié que dicho acuerdo debe ser cumplido por el Estado a través del SIN y que GRACO no puede iniciar cobranzas coactivas; y “que GRACO no podía emitir proveídos de ejecución tributaria…” desconociendo que en este proceso no se impugnó los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) sino Resoluciones Sancionatorias por Omisión de Pago. Lo advertido evidencia que, la Empresa recurrente, desconoce las características y naturaleza del recurso de casación, que al constituirse en una nueva demanda de puro derecho, exige que en su interposición se cumpla con los requisitos enumerados por el art. 258 del CPC, fundamentando de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso, no pudiendo conformarse con la simple citada de normas legales o la relación de hechos, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción o vulneración en la que hubiera incurrido el Ad quem al pronunciar el Auto de Vista.

Finalmente por el numeral 3. del acápite I.2, cuestiona las notificaciones que se le realizó en sede administrativa y que vulnerarían lo establecido por los arts. 83.II, 84 y 85 de la Ley Nº 2492; respecto a este motivo corresponde hacer referencia al art. 258.3 del CPC, dispositivo legal que taxativamente prevé que, en el recurso de nulidad no está permitido alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores. En autos,  de los antecedentes que fueron remitidos consta que, si bien se cuestionó esta situación en la demanda, pero en el recurso de apelación de fs. 86 a 87 vta., no se hizo alusión a esta presunta vulneración, lo que supone que la Empresa demandante implícitamente dio su conformidad con lo resuelto en Sentencia, en consecuencia el Tribunal de Alzada sólo analizó y resolvió los cuestionamientos efectuados en el recurso de apelación y no emitió ningún criterio sobre la temática que recién en forma extemporánea se expone en este recurso, por lo que el derecho de la recurrente de reclamar la presunta vulneración precluyó.

Las omisiones advertidas no pueden ser suplidas de oficio por este Tribunal Supremo de Justicia que se ve imposibilitado de abrir su competencia para la resolución del recurso planteado, por lo que corresponde aplicar lo advertido por los arts. 271.1 y 272.2 del CPC.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la CPE y art. 42.I.1 de la LOJ, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Claudia Andrea García Paz en representación del Grupo Industrial de Bebidas S.A., de fs. 105 a 108 vta.; con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera