TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 659

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 178/2015-S

Demandante: Heriberto Tarqui López

Demandado: Talleres Gráficos Túpac Katari

Distrito        : Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: Los recursos de casación en el fondo y la forma de fs. 397 a 403, interpuesto por Serafín Barrón Romero en representación de Heriberto Tarqui López; y el recurso de casación en el fondo de fs. 404 a 405 vta., interpuesto por Talleres Gráficos Túpac Katari representado por Gonzalo Miranda Soraide, ambos contra el Auto de Vista Nº 176/2015 de 16 de abril de fs. 383 a 388, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; dentro el proceso laboral que por cobro de beneficios sociales sigue Heriberto Tarqui López, contra Talleres Gráficos Túpac Katari; el Auto Nº 247/2015 a fs. 407 vta., que concedió dichos recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso laboral, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Chuquisaca, emitió Sentencia Nº 15/2015 de 15 de enero, cursante de fs. 341 a 345 vta., por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 4 a 6, sin costas y probada la excepción de pago de fs. 152 a 155; disponiendo que la parte demandada cancele al actor la suma de Bs.27.113,56.-, por concepto de: indemnización, vacación 2007 a 2008, bono de antigüedad, primas 2007 a 2008, más la multa del 30% que establece el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación a fs. 353 a 357, para el caso Serafín Barrón Romero en representación de Heriberto Tarqui López; y de fs. 361 a 363 vta., de Gonzalo Miranda Soraide, en representación de Talleres Gráficos Túpac Katari; mediante Auto de Vista Nº 176/2015 de 16 de abril de fs. 383 a 388, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, confirmó totalmente la Sentencia Nº 2/2015 de 15 de enero, cursante a fs. 341 a 345 vta., sin costas por apelación doble.

I.2  Motivos de los recursos de casación

I.2.1 Recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Serafín Barrón Romero en representación de Heriberto Tarqui López

I.2.1.1 En la forma

Acusa que la prueba ofrecida por el empleador está contenida en “simples papelitos domésticos y garabateados, que no se ajustan a los requisitos y formalidades exigidos por ley para que un documento tenga validez… en el presente caso, se ha validado documentos falsos, rechazados y negados por el trabajador” (sic), y que ella no fue valorada adecuadamente, incluso que tal extremo fue advertido por el Tribunal de alzada.

Asimismo cita los arts. 3, 60 y 88 del Código Procesal del Trabajo (CPT) manifestando que no debió proponerse argumentos que no condicen con la realidad, presentarse pruebas ilegítimas e ilegales.

I.2.1.2 En el fondo

a) En cuanto al pago de indemnización por tiempo de servicios, dice el recurrente que ésta debe cancelarse en base al promedio de los tres últimos meses anteriores al despido, alegando que cualquier otra erogación realizada por el empleador, no constituye pago definitivo, sino un simple anticipo o pago a cuenta. Señala que en el presente caso, no pidió pago de quinquenios ni ningún otro anticipo, sino fue el empleador quien se los impuso; que ahora reclama deben ser ajustados en base al promedio salarial percibido por el trabajador durante los 3 últimos meses.

Sobre ese particular, cuestiona que el Tribunal de alzada haya ratificado esos pagos y los haya tomado en cuenta como pagos definitivos sin fundamentar o mencionar la base legal en la cual sustentan su decisión; agrega, que tal hecho sumado a la informalidad en la que se habrían consignado los pago a cuenta, vulneran lo previsto en el art. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT) y el art. 161 inc. a) del Código Procesal del Trabajo (CPT).

b) Con el rótulo de “PAGO DE AGUINALDOS DE 2.- GESTIONES” (sic), el actor manifiesta en casación que demandó el pago de aguinaldos de las gestiones 2007 y 2008; y por la falta de pago oportuno de dichos derechos, debió pagarse en el doble en calidad de multa, más cuando, el trabajador rechazó y desconoció los recibos y manuscritos, donde el demandado señala haber pagado aquellos conceptos. Esta situación, en perspectiva del recurso viola el art. 2 de la Resolución Ministerial (RM) 448/2008 de 29 de julio de 2008, alegando que tal disposición regula las formalidades y requisitos que deben acatarse para el pago de aguinaldos, que reitera no fueron cumplidos en el caso de autos.

Finalmente el actor reclama que con el “incorrecto proceder de los juzgadores de grado se está privando al trabajador, de una cuantía importante, porque se pretende un reconocimiento esmirriado, subestimado y menor a lo que en derecho le corresponde en términos de cuantía” (sic)

c) En torno al pago de vacaciones, previo señalamiento de las características que distingue ese pago, el recurrente alega que los de instancia vulneraron los arts. 44 de al LGT y 33 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), por cuanto considera que en su caso particular debió habérsele cancelado por los dos años de vacación que demandó y no un solo año como concluyó “sin ningún fundamento técnico, ni jurídico” (sic) el Tribunal de alzada; añadiendo que el Auto de Vista de manera errónea y equivocada, sin ningún fundamento técnico, ni jurídico, coligió que al trabajador sólo le corresponde el pago de la vacación monetizada por un solo año y no así en la forma que fuera demandada por dos años, o por las gestiones 2007 y 2008. Sustenta la decisión equivocada del Juzgador que sólo debe reconocerse por el último año y no así de los dos últimos años, decisión no sustentada en una disposición legal.

d) Plantea que el cheque girado por el empresario jamás fue efectivizado ni cobrado por su persona, ya que nunca se le notificó por ningún medio la existencia de un depósito a su favor. Señala que las obligaciones sociales se extinguen con el pago real y efectivo de lo adeudado, cuyo importe hubiera sido efectivizado y cobrado por el trabajador; y que ese acto de cobro se halle documentado por prueba idónea.

El trabajador reitera que el cheque depositado por el empleador en el Ministerio de Trabajo, no fue cobrado ya que no tuvo noticia sobre su existencia, razón por la cual nunca se efectivizó su cobro y que a la presente ya no es posible cumplirse, porque el cheque ha caducado y en ineficaz. Sobre lo anterior, señala que “todo pago de derechos y beneficios sociales debe realizarse en forma documentada y en formularios oficiales que administra el Ministerio de Trabajo; o mediante depósito de dinero en efectivo en las cuentas oficiales del Ministerio de Trabajo” (sic).

Agrega que era el demandado, por inversión de la prueba, quién debió demostrar el pago efectivo de aquellos dineros, sin que el Juez de grado antes de dictar Sentencia, haya oficiado ante el Banco sobre la veracidad del cheque en cuestión, más cuando el pago de finiquitos deben ser acreditadas a partir de planillas inherentes visadas por el Ministerio de Trabajo, tal aspecto manifiesta- vulneró los arts. 4, 152 y 155 del CPT, pues tanto se denegó la producción de prueba que despeje las dudas sobre ese concepto como con ello se causó daño al debitar la suma de Bs.”15.377”.- de la liquidación final.

I.2.1.3 Petitorio

Señalando que se encuentra de acuerdo respecto al reconocimiento del desahucio, primas, bono de antigüedad y la multa del 30%, pide se case el Auto de Vista y se reconozca “adicionalmente…indemnización por antigüedad en la cuantía que fuera demandada y sin descuentos ni deducciones, vacaciones no gozadas de 2.- años, aguinaldos de 2. Años con pago doble…finalmente se cumpla…la reposición y restitución del importe del valor del cheque a favor del trabajador, cuyo importe debe consignarse e incluirse en la liquidación final” (sic)

I.2.2 Recurso de casación en el fondo de Talleres Gráficos Túpac Katari

Gonzalo Miranda Soraide, representando a Talleres Gráficos Túpac Katari, opone recurso de casación a través de memorial de fs. 404 a 405 vta., planteando a ese fin:

  1. Bajo el epígrafe de “error en la apreciación de las pruebas” (sic), señala que el Tribunal de alzada no valoró las pruebas en el marco del art. 159 del CPT, pues: 1) En cuanto al desahucio, el Tribunal de alzada no asumió su razonamiento en torno al principio de verdad material, al exigir la preexistencia de un proceso interno previo y negar el hecho de que el actor poseía otra imprenta ajena a la del demandado, a la que desviaba clientela de este último; precisa que el actor pretende cobrar un monto de dinero que no le corresponde indicando que fue despedido sin causa justa sabiendo que tenía una imprenta y trabajaba en ella; 2) sobre la vacación, dice que la prueba aportada evidencia que si se ha cumplido con este pago, conforme fs. 166 donde el demandante acudió a la Jefatura del Trabajo indicando que habría gozado de este beneficio, corroborado por fs. 21 a 124 y “la confesión realizada por el trabajador” (sic); agregando que la multa por un eventual impago no es viable pues el pago fue oportuno; 3) en relación a las primas anuales, dice este recurrente que en el proceso se presentó la respectiva auditoria cumpliendo con el mandato del art. 181 del CPT, norma que no exige que ésta deba ser aprobada, por lo que existe error en la apreciación de la prueba, ya que no se valoró conforme a ley, puesto que en la auditoria se determina el balance que no se tuvo utilidades, presentado legalmente ante Impuestos Nacionales.
  2. El recurrente invocando el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la verdad material, reclama que el Auto de Vista negó el análisis de la prueba presentada en el memorial del recurso de apelación corriente a fs. 324, pese a que la misma tanto fue presentada como fue ratificada a través de escrito de 2 de marzo de 2015.
  3. Finalmente señala que el Auto de Vista contiene disposiciones contradictorias, ya que no se pronuncia sobre el reclamo del punto II.2.1. del memorial de apelación, referente a la indemnización por tiempo de servicios, coligiendo -dice- tal punto fue probado y revocado de la Sentencia, empero se la confirmó a sabiendas que la indemnización fue pagada. 

I.6 Petitorio

Solicita, que previo trámite este Tribunal “case la Sentencia, declarándola improbada la demanda, tomando en cuenta toda la prueba aportada o en su caso declare nulo el proceso hasta el vicio más antiguo, debiéndose pronunciar el inferior sobre todos los agravios apelados” (sic)

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

Que así planteados los recursos de casación en el fondo, la respuesta a uno de ellos, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

II.1 En relación al recurso de casación en el fondo interpuesto por Heriberto Tarqui López

II.1.1 Respecto a la solicitud de nulidad del Auto de Vista recurrido, con el argumento que el Tribunal de apelación no se hubiera pronunciado adecuadamente en la valoración de las pruebas, es importante resaltar que el recurso de casación en la forma busca subsanar los errores procedimentales que se hubiesen cometido en el desarrollo del proceso, siendo obligación del recurrente enmarcar su eventual reclamo en uno o en todos los parámetros previstos en el art. 254 del CPC, a fin de que el Tribunal de casación establezca si concurrieron irregularidades en la tramitación de la causa y verificar si los jueces o tribunales de instancia observaron correctamente las normas y plazos que rigen los procesos en cumplimiento de lo previsto en el art. 90.I del CPC, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados conforme prevé el art. 275 del CPC.

El recurrente no adecuó su reclamo de casación en la forma a uno de los parámetros previstos en el art. 254 del CPC, a fin de que se pueda establecer si concurrieron irregularidades en la tramitación de la causa, simplemente se limitó a manifestar que el Tribunal de alzada no se pronunció adecuadamente en la valoración probatoria, señalando que las pruebas son ilegítimas, citando arts. 3, 60 y 88 del CPT, referidos a los principios procesales; la lealtad y probidad de las partes durante el proceso, y la prohibición del uso de expresiones indecorosas u ofensivas; consideraciones que no se enlazan a un reclamo que amerite una nulidad en el entendimiento de los arts. 254 y 258.2 del CPC, por cuanto el acto que disponga la nulidad de obrados en casación se sujeta, no a un reclamo vago y disperso, o bien a consideraciones propias de las partes en las que ellas supongan se adecua una de las formas contenidas en el catálogo del art. 254 del CPC.

Si bien el recurrente aduce errónea valoración probatoria por cuanto el tribunal de alzada contravino los arts. 151 y 158 del CPT, y los arts. 376 y, 383 del CPC, por cuanto había valorado pruebas de descargo “rechazadas por el trabajador” (sic) y por no haberse hecho una “correcta valoración imparcial de la prueba cursante en el proceso” (sic), empero no argumenta de manera suficiente su alegato, ello claro más allá de su descontento con el resultado del proceso, sin tener presente que el recurso de casación en la forma, incumbe el sostener una posición procesal que por sí misma justifique la nulidad pretendida, bien sea por una acto específico que lesione el cumplimiento cabal de una disposición inscrita en la Ley, o bien que el acto a anular por su carencia no haya cumplido con el fin con el que se encuentra diseñado; situación que como se reitera no es visible en el recurso de casación en la forma interpuesto por Serafín Barrón Romero en representación de Heriberto Tarqui López.

II.1.2 En el Fondo

En cuanto al pago de la indemnización por tiempo de servicios señala que debe realizarse en base al promedio de los tres últimos meses anteriores al despido, que los anticipos efectuados, no constituyen pago definitivo, sino un simple anticipo o un simple pago a cuenta, mismos que ahora deben ser ajustados en base al promedio salarial percibido por el trabajador.

Al respecto nuestra legislación en materia laboral en tono similar al asumido por la doctrina en la materia, define al quinquenio como la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de un periodo de cinco años (art. 2 DS Nº 0522 de 26 de mayo de 2010) entendiéndolos como continuos de la relación laboral; asimismo, la exigencia sobre el goce de ese beneficio se realizará a simple petición escrita del trabajador, sobre los quinquenios ya consolidados o cumplidos.

En la revisión de antecedentes, se tiene que el Auto de Vista impugnado consideró que conforme a la normativa vigente y los recibos de fs. 11, 12 y 13 de obrados, que indican: “he recibido 3200.- por concepto a cuenta de quinquenio que en los mismos existen una firma, un número de cédula de identidad” (sic), recibos que figuran por la suma de Bs 3200.- sumando Bs.9600.- como anticipo de quinquenio, montos percibidos por el demandante y que fueron deducidos del monto total del cálculo de indemnización; y que evidentemente fueron ajustados conforme al promedio salarial establecido de los tres últimos meses de sueldos percibidos,  para el cálculo de los beneficios sociales conforme el art. 19 de la LGT, tal como se evidenció en la Resolución de alzada.

De igual forma con respecto al desconocimiento de estos pagos efectuados por los recibos cursantes en el expediente, el Tribunal de Alzada estableció que: “el trabajador debe recurrir a la vía legal para aclarar estos aspectos, en ningún momento dicha autoridad vulneró el art. 161 del CPT, la cual norma `los documentos privados deben presentarse en sus originales para que tengan el valor que este capítulo se les da…´ en el caso de autos los recibos ofrecidos como prueba son originales y no copias o fotostáticas, que la misma tiene relación con lo que dispone el art. 159 de dicha norma adjetiva laboral…” (sic). En consecuencia al cumplir con lo dispuesto en el art. 161 del CPT, documentales que la ley le otorga el valor probatorio correspondiente, por tanto  la duda de su legalidad debe ser probado en otro proceso.

Por otro lado acusa el pago del aguinaldo gestión 2007 y 2008 más la multa, al desconocer los recibos y papeles manuscritos, donde el empresario señala haber pagado los mismos, violando el art. 2 de la RM Nº 448/2008 de 29 de julio.

       Al respecto la Resolución Ministerial referida, señala en su art. 2: “(Presentación de planillas de aguinaldo y otros)”. Se dispone la obligación de los empleadores de presentar planillas de Aguinaldo de Navidad, primas anuales y semestrales, y planillas de reintegro, debiendo adjuntar para su presentación los siguientes requisitos: 1.- Formulario Único, en original y dos copias, debidamente suscrito. 2.-Planila Salarial respectiva de todos los trabajadores permanentes eventuales, de acuerdo al modelo establecido por el Ministerio de Trabajo (Planilla firmada o fotocopia de constancia de abono en cuentas bancarias). 3.- En caso de contar con más de 10 trabajadores, planilla de medio magnético (según formato del Ministerio de Trabajo). 4.- Boleta de depósito bancario a nombre del Ministerio de Trabajo”.

La normativa señalada tiene por fin supervisar el cumplimiento de normas y disposiciones legales en materia laboral, entre ellas la obligación del pago del aguinaldo, regulando con la presentación obligatoria de planillas, aspecto que no otorga valor de único documento idóneo para probar si se hubo efectuado el pago de tal concepto.

       Es en ese entendido que el Tribunal de apelación efectúa una adecuada relación de los actuados al referirse que la gestión 2007 se canceló oportunamente al trabajador su aguinaldo, recibo cursante a fs. 15 de obrados; de igual forma conforme a la documental cursante a fs. 18 a 20 se advirtió que se le canceló las duodécimas de aguinaldo de la gestión 2008, en consecuencia al haberse efectuado el pago de estos conceptos, no corresponde tampoco el pago de la multa; afirmación correctamente realizada en primera instancia y confirmada en Alzada.

Si bien es cierto que el ahora recurrente observó la literal de fs. 15, no es menos cierta que tal observación se refirió a la forma, mas no al contenido. Dicho de otro modo, el recurrente no negó que el monto certificado en tal literal haya sido efectivamente pagado o que la firma consignada en la misma no le pertenezca, de tal modo que ponga en duda la percepción de dicha suma, por lo que buscar invalidar tal prueba por sólo el cumplimiento de las formas resulta ajeno a la justicia que las partes pretenden.


En cuanto al pago de vacaciones, el recurrente alega que los de instancia vulneraron los arts. 44 de la LGT y 33 del DR-LGT, por cuanto considera que sin fundamento alguno, coligió que al trabajador solo le corresponde el pago de la vacación monetizada  por un solo año y no así en la forma que fuera demandada por dos años, o por las gestiones 2007 y 2008.

Con referencia a ello el Tribunal de apelación, manifestó que la compensación sólo concierne a  los  meses  trabajados  dentro del último periodo, por lo que señala:

“`…En el caso que nos ocupa la vacación será cancelado por la última gestión 2007 a 2008. Es de hacer notar que la prueba presentada para desvirtuar este concepto no es la idónea, toda vez que el detalle de control de asistencia, no implica que pueda determinar este aspecto, por cuanto el órgano jurisdiccional, aguardaba la presentación de los memorándum correspondientes de uso de vacación debidamente autorizado por el empleador y firmados en señal de aceptación por el empleado…refrendado por la Jefatura del Trabajo´, referente a la prueba de fs. 166 a 167 donde señala que el trabajador reconoce que no tiene vacaciones y en esa prueba también se le está reconociendo el desahucio, indemnización, aguinaldo, haciendo una suma total de bs. 26.041,42.-“(sic)

Al respecto, el art. 44 de la LGT, regula el descanso anual que tienen derecho todos los trabajadores que hubieren cumplido un año de trabajo, conforme la escala señalada en el DS Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; constituyéndose la vacación en el descanso que ofrece la posibilidad al trabajador, de renovar la fuerza y la dedicación para el mejor desempeño de sus actividades laborales; consiguientemente, y por disposición del art. 33 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), se tienen como reglas generales, que: a) las vacaciones no son acumulables y son ejercitadas cada año, conforme al rol de turnos que formule la parte empleadora, y b) no son compensables en dinero. Sin embargo, el precitado artículo, establece excepciones para ambas reglas; en el primer caso referente a la no acumulabilidad de las vacaciones, se tiene la salvedad que exista un acuerdo mutuo y por escrito entre ambas partes; es decir, que hayan convenido que la vacación correspondiente a un año trabajado sea posible de ejercitarse posteriormente que generalmente suele darse a raíz de la falta de personal para las suplencias, cumplimiento de plazos en la entrega de obras, documentos, etc.; en cuanto a la no compensación económica de las mismas, se tiene la salvedad que, cuando se termina el contrato de trabajo, sea por despido o renuncia, las vacaciones pendientes pueden ser compensadas en dinero, dado que resulta imposible que el trabajador pueda tomarlas cuando ya no existe una relación laboral.

En ese entendido en Alzada se confirmó erróneamente que sólo correspondía el pago de la última vacación 2007-2008, señalando que es errónea la interpretación que se hace de pagar la vacación no usada;  porque del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, la certificación de fs. 166 a 167 no demuestra el por qué no le correspondería las vacaciones demandas, considerando además que los derechos laborales son irrenunciables; de lo que se no se advierte la existencia de prueba alguna donde conste que el actor hubiese hecho uso de las mismas; situación que le correspondía demostrar con suficiencia a la parte demandada toda vez que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte empleadora y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT; es decir, que rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador o, en su caso, demostrar con suficiencia los argumentos aducidos en su defensa, siendo simplemente una facultad del trabajador demandante la de ofrecer pruebas, más no una obligación.

En consecuencia, con sustento en lo previsto en el art. 33 del DR-LGT y en concordancia con el artículo único del DS 12058 de 24 de diciembre de 1974, corresponde el pago de las dos vacaciones demandadas.

Sobre el Cheque girado por la empresa, señala que el empresario  depositó en el Ministerio de Trabajo, mismo que no fue cobrado jamás por el trabajador, porque nadie le avisó ni nadie le notificó formalmente de la existencia de dicho cheque en el Ministerio de Trabajo, razón por la cual nunca se efectivizó su cobro.

En ese entendido el Tribunal de Alzada confirmó el razonamiento efectuado por el Juez de instancia, quien estableció que en fecha 17 de diciembre de 2008, se endosó un cheque por la suma de Bs. 15.377.- a favor de Heriberto Tarqui López, por concepto de beneficios sociales ante la Dirección del Trabajo, estableciendo que se lo realizó dentro del pazo de 15 días, situación por la que se tomó dicha cifra como pago parcial, en consecuencia no generó multa.

En esa dirección es la Resolución Ministerial Nº 148/10 de 4 de marzo, la que prevé el procedimiento para la recepción y pago de beneficios sociales, en el caso de que esos pagos se los haga efectivos ante el Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social; así en su punto I señala: 1. "La empresa o empleador, realiza el depósito del beneficio social adeudado, acordado según Convenio de Pago o Pago de Finiquito (finalización de la relación laboral) en las respectivas cuentas bancarias aperturadas en la oficina central y jefaturas departamentales de trabajo del interior del país, bajo el denominativo "Fondos en Custodia". 2. "El BANCO, recibe el dinero en efectivo o cheque girado a nombre de la cuenta "Fondos en Custodia", emite la respectiva boleta de depósito (original) como constancia de la operación realizada". En consecuencia al cumplir la parte empleadora con el depósito efectuado, se hace efectivo el pago de sus derechos del trabajador el 17 de diciembre a hrs. 15:30, tal cual se constató en el sello de recepción, por tanto se concluye que se efectúo el pago parcial de los beneficios sociales.

En ese entendido el demandado cumplió con la inversión de la prueba, lo que no ocasiona vulneración de los arts. 4, 152, 155 del CPT referente a la dirección procesal que tiene el Juez, de disponer diligencias orientadas al mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos; facultad que realiza cuando creyere conveniente, teniendo en cuenta además que la autoridad judicial conforme al art. 158 del CPT forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes.

Por lo anteriormente fundamentado, sólo se encontró una inadecuada interpretación en cuanto al pago de vacaciones devengadas, debiendo efectuarse el pago de las dos gestiones demandadas, consecuentemente, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.4) y 274.II del CPC, casando en parte el Auto de Vista.

II. 2. En relación al recurso de casación en el fondo interpuesto por Gonzalo A. Miranda Soraide, en representación de Talleres Gráficos Túpac Katari

       Por su parte la entidad demandada, bajo el título de “error en la apreciación de las pruebas”, señaló que el Tribunal de Alzada no valoró las pruebas en el marco del art. 159 del CPT, en relación a la los ítems de: desahucio, vacación, primas anuales.

        En ese entendido partiendo del citado artículo, que refiere a los tipos de documentos que se ofrecen en calidad de prueba, los mismos con la atribución de los arts. 3. j) y 158 del CPT son valorados por el Juez de instancia,  en ese entendido para privar a los trabajadores de los beneficios sociales que reconocen las leyes, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sea sobre las causales de retiro en que hubiera incurrido el trabajador; para el caso de negar el pago de desahucio; situación que si no se halla respaldada por prueba fehaciente, sea documental, testifical, pericial u otros, no constituyen factor determinante para denegar los derechos laborales demandados; no olvidando que es el empleador quien tiene la carga de la prueba, quien se entiende tiene la mayor parte de las pruebas en virtud del poder de dirección que le otorga la ley en el contrato de trabajo y por ser el propietario de los medios de producción, ello es más notorio con respecto a aquellos hechos que se establecen por medio de la documentación que él está obligado a llevar, registrar y conservar durante la ejecución del contrato de trabajo y que a la vez constituyen obligaciones a cargo del empleador de cara a las autoridades administrativas de trabajo en su función verificadora, para hacer que la norma de trabajo se observe adecuadamente

       En base a estos antecedentes, resolviendo en cuanto al primer ítem, que es del desahucio, señaló la entidad recurrente que debería tomarse en cuenta, partiendo del principio de verdad material, el hecho de que el actor poseía otra imprenta ajena a la del demandado; a la que desviaba clientela de este último.

Al respecto el Tribunal Alzada que confirmó lo dispuesto en Sentencia, indicó que el despido del trabajador por las causales del art. 16 de la LGT debe ser previo proceso administrativo interno por el cual determine que ciertamente el empleado infractor incumplió con la normativa citada, que en tanto no ocurra el órgano jurisdiccional tan solo tiene como simple conjetura la causal invocada, pues el hecho de que el trabajador tenga fuente laboral de ingreso propio, relacionada o similar a su actividad laboral, no es presupuesto suficiente para fundar causal de despido, sino habrá que tomar en cuenta si generó daño o no con esa actividad; conclusión afirmada correctamente, puesto que no se comprobó y demostró una de las causales legales de despido establecidas en los arts. 16 de la LGT, y 9 del DR-LGT.

Por otro lado con respecto a la vacación demandada, indica se ha cumplido con este pago, conforme fs. 166 donde el demandante acudió a la Jefatura del Trabajo indicando que habría gozado de este beneficio, corroborado por fs. 21 a 124. 

Como se precisó en el apartado II.1.2., el Tribunal de Alzada señaló que es el empleador quién debió presentar prueba suficiente que acredite el actor hubiese hecho uso de las vacaciones; y que la prueba cursante a fs. 166 a 167 correspondiente a la Certificación del Ministerio del Trabajo en la cual se señala que no le correspondería al trabajador el pago de vacaciones, y que en el presente proceso son reclamados por el demandante; situación a que conlleva a que sea el empleador quien demuestre el uso de las mismas; pues la certificación, no es prueba suficiente que acredite este extremo, correspondiendo demostrar al empleador, conforme disponen los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT; en ese entendido en Alzada se confirmó la falta de pruebas como memorándum, carta, nota o circular con el que se le haya comunicado al actor que debía hacer uso de sus vacaciones a fin de que éste pueda tomarlas, en consecuencia es acertada la afirmación que se reiteró en segunda instancia.

Por último respecto a las Primas anuales, el demandado refiere que se presentó la respectiva auditoria cumpliendo con el mandato del art. 181 del CPT, norma que no exige que deba ser aprobada, por lo que existe error en la apreciación de la prueba, ya que no se valoró conforme a ley, puesto que en la auditoria se determina el balance que no se tuvo utilidades, presentado legalmente ante Impuestos Nacionales. Manifestando además que conforme al art. 180 de la CPE, principio de verdad material, en el Auto de Vista se negó el análisis de prueba presentada en fs. 324.

A fin de resolver este ítem, corresponde señalar que la prima anual es considerada como una remuneración adicional adquirida por los empleados y obreros por un esfuerzo también adicional que se refleja en la obtención también exitosa de utilidades en beneficio de la Empresa para la cual trabajan, pudiendo decirse que este derecho es una forma de participación del trabajador en las utilidades obtenidas, no entendiéndose lo antedicho bajo ningún concepto como una sociedad entre empleados y patronos conforme lo hace entender el art. 4 de la Ley de 11 de junio de 1947, derecho que ha sido constantemente  modificado a través del tiempo mediante las siguientes normas: DL Nº 6 de 27 de noviembre de 1943, art. 3 del DS Nº 229 de 21 de diciembre de 1944, art. 3 de la Ley de 11 de junio de 1947 y al final por el art. 27 del DS Nº 3691 de 3 de abril de 1954 habiendo finalmente quedado el art. 48 de DR-LGT que lo regula que las Empresas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año otorgarán a su empleados y obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario. Serán acreedores al beneficio que establece la ley, los empleados y obreros que hubieren trabajado más de tres meses y un mes calendario, respectivamente, a los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor de un año, se les concederá la prima en proporción al tiempo trabajado.

En ese entendido el art. 49 del DR-LGT señala: “En ningún caso el monto total de estas primas podrá sobrepasar el 25 % de las utilidades netas; el pago se hará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación legal del respectivo balance, para los efectos de este artículo no se computarán los periodos de enfermedad. Si dicho 25 % no alcanzase a cubrir el monto de las primas, su distribución se hará a prorrata”, que en el articulado pre citado refiere una distribución del 25% de las utilidades que debe efectuarse necesariamente entre todos los trabajadores de acuerdo a los ingresos que percibe cada uno. Por otro lado el art. 50 de la norma citada, establece que para la acreditación de la existencia de utilidades, el documento que sirve como prueba fehaciente es el balance general de ganancias y pérdidas presentado ante el Servicio de Impuestos Nacionales conforme al art. 36 del DS Nº24051, Reglamento del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas; y que la falta de presentación de este documento por disposición del art. 181 del CPT, hará presumir la obtención de utilidades.

Consiguientemente, corresponde al empleador aportar los elementos legales que lo eximan del pago al evidenciarse que en materia laboral la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador.

En este contexto, en el caso objeto de análisis, se advierte que la parte demandada presentó los estados financieros practicados al 31 de diciembre de 2007, cursante de fs. 125 a 149, en donde se advierte que la empresa determinó una utilidad de Bs. 95.659,59.- la que fue compensada con la pérdida obtenida en ejercicios anteriores; por lo que se advierte en dicho informe que se tuviera saldo negativo para la gestión siguiente de Bs. 102.719,65.- que será compensado con los resultados del siguiente ejercicio; informe presentado ante el Servicio de Impuestos Nacionales; advirtiéndose de esta manera que la entidad demandada cumplió con la carga procesal de presentar sus estados financieros; de donde se evidenció saldo negativo a favor de la empresa, razón por la cual no corresponde presumir la obtención de utilidades, pues si bien materia laboral debe aplicarse el principio protector empero, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser racional, debiendo ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio.

En consecuencia la afirmación a la que llegó el Tribunal de Alzada al confirmar que ante la omisión de la presentación del balance legal se presume la obtención de utilidades  por parte del empleador, es excesiva, puesto que conforme se refirió la empresa presentó los estados financieros en donde se consigna más bien saldo negativo para la gestión 2008 de Bs. 102.719,65.-, situación que no permite el pago de las primas ante la inexistencia de utilidades.

Por último señala que el Tribunal de Alzada no se hubiera pronunciado con respecto a la indemnización por tiempo de servicios, monto que se confirmó a sabiendas de que la indemnización fue pagada.

En ese entendido, conforme adecuadamente fue dispuesto en Alzada el monto cancelado en tres gestiones distintas como anticipos de quinquenio, fueron correctamente deducidas por el Juez A quo y confirmados por el Ad quem, de la liquidación final de beneficios sociales, pagados en distintas fechas tal como cursa a fs. 3, 4, 5 en los montos de Bs. 3.200, 3200, 3200 con un total de Bs. 9600,00.-.

Dicho todo lo anterior esta Sala concluye que es evidente parcialmente la infracción denunciada en el recurso de casación de fs. 404 a 405 vta., en lo referente al pago de primas; por lo que corresponde fallar de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.4) y 274 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 176/2015 que fluye de fs. 383 a 388 disponiendo el pago de los beneficios sociales del trabajador bajo el siguiente detalle:



Heriberto Tarqui López

Tiempo de Servicios:        11 años, 6 meses, 1 día

Sueldo promedio:        2.498,26 Bs.

Desahucio                                                        :    7.494.-

Indemnización con la reducción de los anticipos        :  19.136,92.-

Vacación gestión 2007                                        :    2.498,26

Vacación gestión 2008 11 meses, 2 días                        :    2.303,95

Bono de antigüedad                                        :    9.147,62

Monto depósito administrativo                                : - 15.377,28        

TOTAL                                                        :   25.203,47

Sin multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera