TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 651

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 358/2011-S

Demandante: Isabel Elinor López Vda. de Hurtado

Demandado: Caja Nacional de Salud

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 319 a 321, interpuesto por Loretta Young Viscarra, en representación legal de la Caja Nacional de Salud (CNS), contra el Auto de Vista Nº 052 de 05 de enero de 2011, cursante de fs. 304 a 306, emitido por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso Social por reliquidación de pago de beneficios sociales y otros conceptos seguido por Isabel Elinor López Vda. de Hurtado, contra la entidad hoy recurrente; la respuesta al mencionado recurso a fs. 323; el Auto de 18 de julio de 2011 a fs. 324, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, interpuesta la demanda señalada al exordio, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió Sentencia Nº 18 de 01 de abril de 2010 de fs. 261 a 264 vta., modificada por Auto de fs. 276 de 11 de junio de 2010, por las que declaró probada en parte la demanda de fs. 19 a 21, interpuesta por Isabel Elinor López Vda. de Hurtado; sin costas, ordenando a la entidad demandada, a través de su representante legal, cancelar a tercero día, a favor de la demandante, en su calidad de heredera del ex trabajador fallecido por cuyos derechos se demandó, por los conceptos de indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo devengado, menos el pago a cuenta a fs. 3, la suma total de Bs.32.587,50.- (treinta y dos mil quinientos ochenta y siete 50/100 bolivianos); con las actualizaciones y reajustes dispuestos en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Todo conforme al detalle expuesto en los fallos referidos.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación por ambas partes del proceso de fs. 278 a 279 y fs. 289 a 293 vta., mediante Auto de Vista Nº 052 de 05 de enero de 2011 de fs. 304 a 306, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, confirmó en parte la Sentencia Nº 18 de 01 de abril de 2010 de fs. 261 a 264 vta., y el Auto de 11 de junio de 2010 cursante a fs. 276, pronunciados por el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, sin constas, incluyendo así, en la liquidación de la Sentencia, la multa del 30% sobre el monto total a cancelarse a favor del trabajador, a ser calculado en ejecución de Sentencia.

Mediante Auto de fs. 317 de 21 de abril de 2011, la misma sala, previa solicitud de aclaración y enmienda presentada por la parte demandada, enmendó el nombre de la demandante, señalando que el nombre correcto de la demandante es Isabel Elinor López Vda. de Hurtado.

I.2. Motivos del recurso de casación

Tales resoluciones motivaron que la parte empleadora formule recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 319 a 321, que de su contenido se tiene como esencial para efectos del fallo que se ha de expedir, los siguientes puntos:

Acusa que, el Tribunal de apelación, condenó ilegalmente al pago de la multa del 30% a favor del trabajador; puesto que la relación laboral habría concluido por muerte natural del actor y no por despido intempestivo imputable al empleador, violando de esa manera el art. 9 del DS Nº 28699; en ese sentido, el Auto Supremo 63 de 25 de febrero de 2009 habría interpretado; infiriéndose también la violación del art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), por causar agravios económicos a la CNS.

Señala que, el Auto de Vista impugnado, calificó erróneamente el tiempo de servicios del trabajador, con una antigüedad de más de 19 años, aplicando erróneamente el principio de continuidad de la relación laboral, sin tomar en cuenta que el ex servidor público estuvo en suplencia de trabajo desde el 23 de mayo de 1988 hasta el 24 de enero de 1990, lo que no da derecho a la continuidad laboral, hecho que esta modulado por las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0887/2005-R; 0002/2007 y 1020/2006-R de 16 de octubre de 2006; en ese sentido, desde 1990, hasta 01 de febrero de 1993, existió discontinuidad laboral o cesantía de trabajo, que conforme a la Resolución Ministerial (RM) Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972 numeral 3) que determina la no continuidad en caso de recontratación pasados los tres meses de cesantía y siendo que el caso presente existió discontinuidad por más de tres años, debió aplicarse los arts. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), aspecto que ha sido invocado oportunamente en la contestación a la demanda a fs. 32 y vta., en el recurso de apelación, sin que la entidad del Estado haya sido oída por los de instancia; demostrándose en el expediente que el ex trabajador tendría una antigüedad de 14 años, 9 meses y 12 días como se tenía demostrado por el finiquito a fs. 3; por lo que, el Tribunal de alzada violó los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT; RM Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972 numeral 3) y violación del art.18.II. c) numeral 5) del DS Nº 26115 de 16 de marzo de 2001; además de los arts. 203 de la CPE, y 44 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP).

Finalmente señala, que el ex trabajador al haber sido Director del Centro Médico de la Bélgica de la Caja Nacional de Salud, ha tenido bajo su responsabilidad y cargo bienes del Centro Sanitario, que ascendían a la suma de Bs.11.836.-, bienes que no han sido entregados ni devueltos a la Unidad de Activos Fijos; por lo tanto, deben ser descontados de su finiquito en consideración a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y al no haberse obrado de esa manera, el Tribunal de alzada, violó el art. 148 del DS Nº 181 de 28 de  junio de 2009 y el art. 31 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) de 20 de julio de 1990.

I.2.1. Petitorio

Solicita casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo, se revoque totalmente la Sentencia y el Auto de enmienda a fs. 276, declarándola improbada en todas sus partes.

CONSIDERANDO II:

       II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso casación, del examen de los antecedentes del proceso y las normas aplicables al caso, se tiene:

De la revisión de los antecedentes del proceso se advierte que el ex trabajador Erwin Hurtado Ortiz inició su relación laboral el 23 de mayo de 1988, mediante la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo a fs. 8, continuando luego con la suscripción de más contratos a plazo fijo de fs. 9 a 13, haciendo un total de seis contratos a plazo fijo durante este primer periodo, con términos de interrupción que no superan en ninguno de los casos a los 3 meses, para entender que se trataría de una nueva contratación entre uno y otro contrato, conforme a la RM Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, de modo que, al haberse suscrito más de dos contratos sucesivos, con términos que no superan el plazo anotado, hace aplicable la previsión normativa contemplada en el art. 2 del Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, que establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, y que en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido; no obstante, se observa que dicha relación laboral sólo fue demostrada y acreditada hasta el 24 de enero de 1990, conforme se tiene evidenciado de las literales arriba mencionadas, así como de las literales de fs. 30 y 203 de obrados, al guardar coincidencia.

A lo anterior debe sumarse, que el trabajador nuevamente fue recontratado por la entidad demandada, iniciando así un segundo periodo de trabajo desde el 1 de febrero de 1993 con la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo, al que siguieron luego otros contratos de similar característica, con un total de cinco contratos sucesivos cuya interrupción no superaba los tres meses entre uno y otro contrato, al cabo de los cuales, y conforme se tiene reconocido por la entidad empleadora, el trabajador ingresó como médico de planta, desempeñando funciones hasta la fecha de su deceso, ocurrido el 18 de noviembre de 2007.

De lo mencionado se puede concluir que, en el caso concreto, hubieron dos periodos definidos, el primero que fue prestado por el trabajador a favor de la Caja Nacional de Salud desde el 23 de mayo de 1988 hasta el 24 de enero de 1990, y el segundo periodo que comenzó el 1 de febrero de 1993 hasta el 18 de noviembre de 2007; no obstante, no se tiene demostrado por ningún medio probatorio, que desde el 24 de enero de 1990 hasta el 01 de febrero de 1993, haya existido entre ambas partes una relación laboral; de modo que, existe una interrupción en el trabajo que supera los tres años, lo que evidentemente confirma la afirmación hecha por la parte demandada en su memorial de respuesta a la demanda, en su apelación, como finalmente en su recurso de casación.

Debe considerarse que, después de haber concluido el trabajador su primer periodo de trabajo el 24 de enero de 1990, éste no efectuó ningún reclamo y/o demanda sobre pago de beneficios sociales o derechos laborales, pues no se tiene evidenciado en el expediente reclamo que sobre el particular conste haber ocurrido, de modo que, ello ciertamente conlleva a la aplicación del instituto de la prescripción liberatoria reglada en los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR-LGT, como fue el reclamo de la entidad demandada durante todo el transcurso del proceso, y que no fue considerada por los jueces de fondo al determinar el tiempo de prestación de servicios del trabajador, llevando a una incorrecta apropiación de tal cuestión.

En ese sentido, debe quedar establecido que el Tribunal de apelación incurrió evidentemente en una errónea valoración de la prueba saliente a fs. 203, consistente en la nota Cite Nº 1264 de 20 de julio de 1995, emitida por el Departamento Nacional de Personal de la Caja Nacional de Salud, con anterioridad a la iniciación de la demanda social, puesto que de la valoración correcta y apropiada de ella, se demuestra que la relación laboral del actor fue ciertamente en dos periodos claramente definidos, los primeros con la suscripción de varios contratos de trabajo a plazo fijo, que por la aplicación de las sub reglas respecto a éste tipo de contratos laborales, se convirtieron en un contrato por tiempo indefinido, empero con una fecha clara de conclusión del mismo, dada la interrupción ocurrida desde el año 1990 hasta el año 1993, y el segundo iniciado también con la suscripción de contratos a plazo fijo que a partir de la segunda contratación también generó un contrato por tiempo indefinido de acuerdo a la norma laboral sobre contratos a plazo fijo, literal que fue tramitada en vida del trabajador para efectos de su reconocimiento de antigüedad institucional; del misma modo que se incurrió en error de hecho en la valoración de la prueba que cursa a fs. 30, que de manera clara establece los periodos de contratación del trabajador, y con un tiempo de interrupción que entre uno y otro periodo, de más de tres años, como señalamos precedentemente, aspecto que los de instancia no tomaron en cuenta en relación a la valoración probatoria de los mismos a efectos de determinar correcta y acertadamente el tiempo de servicios del demandante a favor de la entidad recurrente; por lo que, el tiempo de servicios deberá ser corregido en esta instancia a efectos de determinar correctamente, como señalamos precedentemente, considerando para ello sólo el tiempo de servicios del segundo periodo para efectos de indemnización, dado que el primer periodo prescribió, conforme se anotó “ut supra”.    

Por otra parte, respecto a que el Tribunal de apelación condenó ilegalmente al pago de la multa del 30% a favor del trabajador, en el entendido que la relación laboral concluyó por muerte natural del actor y no por despido intempestivo imputable al empleador, acusando con ello violación del art. 9 del DS Nº 28699, así como del art. 203 de la CPE, por causar agravios económicos a la Caja Nacional de Salud; corresponde señalar que, no obstante haberse extinguido la relación laboral el 18 de noviembre de 2007 como emergencia del fallecimiento natural del trabajador, conforme se puede advertir por el certificado de defunción a fs. 1, corroborado por el finiquito a fs. 3 de obrados, la institución recurrente no canceló los beneficios y derechos sociales que correspondían al trabajador en el término previsto de los 15 días previsto en el art. 9 del DS Nº 28699, conforme al finiquito a fs. 3; vale decir que, independientemente de si la relación laboral concluyera por despido intempestivo o muerte natural del trabajador, la entidad demandada debió cumplir con dicho pago hasta 03 de diciembre de 2007, y al no haber efectivizado el mismo dentro de tal término, incumplió la norma citada, hecho que el caso de autos no ocurrió, al haberse cancelado los beneficios y derechos reclamados recién el 18 de marzo de 2008, después de 4 meses de haberse concluido la relación laboral.

Debe considerarse que, en el caso es aplicable el DS Nº 1260 de 5 de julio de 1948, cuando establece en su art. 9, que: “El abandono por causa de muerte no producida por accidente de trabajo ni motivada por enfermedad profesional, se reputa como retiro forzoso para los efectos de la Ley de 8 de diciembre de 1942”, de modo que, al no haberse cumplido con el pago dentro del término señalado por el DS Nº 28699, más allá de que la entidad demandada no sea la responsable de la desvinculación laboral debido a la muerte natural de trabajador, lo resuelto por los de instancia al respecto, resulta correcto.

No obstante lo anotado también, resulta pertinente enfatizar que la normativa en mención, respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que esta prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo sin causa justificada, más no cuando ocurría un retiro indirecto o voluntario, apreciación que resultaba indebida, toda vez que el citado art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o de los trabajadores, disponiendo la multa del monto resultante del finiquito; es decir, que en esencia no hace excepción en caso de un despido indirecto, directo o voluntario, ya que pensar en contrario incidiría en la dilación del pago de los conceptos demandados.

Es así que, regulando esta situación y en virtud a los principios protectivos del trabajador que rigen en materia laboral, tal cual se señaló precedentemente, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de su facultades y atribuciones conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, estableciendo que la multa del 30%, también procede en los casos de retiro voluntario.

En ese sentido, y en resguardo de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, cuyo pago debe efectuarse de forma oportuna, de modo que garantice la subsistencia del trabajador y la de su familia, por lo que la multa del 30% es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad; por lo que, corresponde que la parte empleadora hoy recurrente, pagar la multa del 30% impuesta correctamente por el Tribunal de alzada, a favor de la heredera Isabel Elinor López Vda. de Hurtado, en consecuencia, el Tribunal de alzada no violó el art. 9 del DS Nº 28699, menos el art. 203 de la CPE, como erróneamente sostuvo en su recurso de casación la entidad recurrente, bajo los fundamentos que esta plantea.

Finalmente, en relación a que el ex trabajador, al haber sido Director del Centro Médico de la Bélgica de la Caja Nacional de Salud, ha tenido bajo su responsabilidad y cargo, bienes del Centro Sanitario, que ascendían a la suma de Bs.11.836.-, bienes que no han sido entregados ni devueltos a la Unidad de Activos Fijos, y que en su criterio deben ser descontados de su finiquito, y que al no haberse obrado de esa manera, el Tribunal de alzada violó el art. 148 del DS Nº 181 de 28 de junio de 2009 y el art. 31 de la LACG; al respecto, lo acusado por la entidad recurrente, no tiene sustento jurídico válido, puesto que si bien puede ser evidente que tuvo bienes asignados a su cargo, la recuperación de los mismos debe ser efectuada mediante los procedimientos legales establecidos por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, y no así proceder de manera arbitraria y unilateral al descuento del finiquito que corresponde al trabajador, debido que no debe descuidarse que los beneficios sociales y derechos laborales reconocidos por la ley laboral a favor de los trabajadores, tienen el carácter de inembargables, por prescripción constitucional comprendida en el art. 48.IV, constituyendo la actitud asumida por la entidad demandada, una franca violación a dicha norma constitucional, no siendo evidente lo acusado al respecto por la entidad demandada.

Por lo relacionado, siendo evidentes las infracciones acusadas en parte por la entidad recurrente en el recurso de casación, corresponde resolver el mismo conforme prevén los arts. 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.I de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista recurrido Nº 052 de 05 de enero de 2011 y el Auto de 21 de abril de 2011 a fs. 317, sólo en cuanto se refiere al tiempo de prestación de servicios prestados por el ex trabajador Erwin Hurtado Ortiz en la entidad recurrente, dejando sin efecto la reliquidación por tal concepto, al no haberse probado la demanda de reliquidación al respecto, tanto por no haberse probado la continuidad de la relación laboral entre el primer y el segundo periodo como por que el primer periodo que prescribió, de conformidad a la liquidación siguiente: 


Tiempo de Trabajo: 14 años, 9 meses y 12 días (segundo periodo de trabajo; del 01 de febrero de 1993 al 18 de noviembre de 2007.

Salario promedio indemnizable    Bs.-7.313,37.-


Desahucio                        = Bs.21.940,11.-

Indemnización                = Bs.108.115,99.-

Vacación 60 días                = Bs.14.626,74.-

Aguinaldo 10 duodécimas        = Bs.6.094,48.-

       TOTAL                = Bs.150.777,32.-

Menos pago a cuenta fs.3        = Bs.138.931,32.-

TOTAL  A CANCELAR        = Bs.11.846.00.-

Más la multa prevista del 30% respecto al monto de Bs.-150.777,32.-que deberá ser calculada en ejecución de Sentencia previa actualización de conformidad al art. 9 del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006.

Sin responsabilidad de multa por encontrarse excusable el error cometido.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera