TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 648

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 336/2011-S

Demandante: Remberto López Dias 

Demandada: Empresa I.M.E. CAMPOVERDE S.R.L.

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 124 a 126, interpuesto por Franklin Palacios Cortez, en representación legal de la Empresa I.M.E. CAMPOVERDE S.R.L., contra el Auto de Vista N° 468 de 28 de octubre de 2009 (fs. 121 a 122), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales y derechos laborales sigue Remberto López Dias contra la Empresa recurrente; la respuesta al recurso, cursante a fs. 128 y vta.; el Auto de fs. 130, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso por pago de beneficios sociales y otros derechos, el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 95 de 19 de diciembre de 2008 (fs. 55 a 59), por la que declaró probada la demanda de fs. 4 a 5 vta., aclarada a fs. 8, con costas; ordenando a la empresa demandada, para que a través de su representante legal, cancele a favor del actor, dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia, por los conceptos de desahucio, indemnización, salarios devengados, vacación, horas extraordinarias, menos el anticipo de salario de Bs.500.-, la suma de Bs.27.460,00.- (veintisiete mil cuatrocientos sesenta 00/100 bolivianos), más la multa del 30% conforme el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Todo conforme al detalle expuesto en la misma Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada (fs.71 a 72 vta.), mediante Auto de Vista N° 468 de 28 de octubre de 2009 (fs.121 a 122), la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, confirmó la Sentencia N° 95 de 19 de diciembre de 2008 de fs. 55 a 59. Con costas.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 124 a 126, interpuesto por el representante legal de la Empresa I.M.E. CAMPOVERDE S.R.L., que en lo esencial de su contenido acusó:

Que, el Auto de Vista recurrido, al igual que el Juez de primera instancia, incurrió en omisión valorativa de la prueba de descargo aportada en el proceso, más específicamente de la carta cursante a fs. 22, dirigida al Ministerio del Trabajo, por la que se demuestra que el actor faltó a su fuente laboral injustificadamente por más de 6 días continuos, adecuando su comportamiento a la previsión del art. 16. d) de la Ley General del Trabajo (LGT) y no como indicó el actor en su demanda, prueba que fue innegable y objetiva respecto a que el demandante no se apersonó más por la Empresa, por lo que no le corresponde el pago de indemnización.

Señaló también como prueba no valorada, las documentales cursantes a fs. 23 y 27 de obrados, referidas a los recibos Nos. 002119 y 000552, respectivamente, por el monto de Bs.2.400.-, correspondientes a los pagos de octubre y noviembre firmados por el actor, que relacionándolas con el acta de confesión provocada cursante a fs. 35 de obrados y en la que reconoció que cobró el recibo del pago del mes de noviembre, se deduce que la Empresa I.M.E. CAMPOVERDE S.R.L. canceló sus salarios de los meses señalados en tales recibos, correspondiéndole solamente por el pago por 21 días del mes de diciembre, que la empresa trató de cancelar pero que el demandante no volvió más por la empresa, ya que abandonó sus funciones.

Pruebas que al no ser valoradas adecuadamente porque fueron omitidas, acarrea una incorrecta valoración de la prueba de descargo, interpretando erróneamente los alcances del art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido y que deliberando en el fondo se revoque la Sentencia dictada por el Juez a quo y confirmada por el Tribunal ad quem.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene que:

Que, en esencia el cuestionamiento del recurrente se circunscribe a la causa de la desvinculación laboral, del que alega fue establecido a partir de una errónea valoración de la prueba, así como en lo referido a los sueldos devengados por los meses de octubre y noviembre de 2007.

       Sobre la denuncia de errónea valoración de la prueba que cursa a fs. 22 de obrados, por la que se demostraría el abandono de funciones del trabajador, el Tribunal de Alzada, concluyó que tal literal no demostraba la verdad de los hechos, en razón a que cursa a fs. 37 la literal consistente en una denuncia de despido presentada por el trabajador ante la Jefatura Departamental del Trabajo y con fecha de recepción del 24 de diciembre de 2007, que como se observa, tiene fecha de recepción mucho antes que la carta presentada por la empresa a la misma jefatura mencionada (02/01/2008), de modo que, el Tribunal de Alzada entendió que no se encontraba demostrada con suficiencia la causal de desvinculación laboral y consiguientemente la causal de desvinculación aplicable al caso, era un despido intempestivo.

       Por lo anotado, éste Tribunal de casación considera correcta la aplicación de los sustantivos y adjetivos laborales al caso concreto, y con mayor precisión para el punto, a los adjetivos comprendidos en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, puesto que no es suficiente la literal de fs. 22 para demostrar el posible abandono de funciones en que hubiere incurrido el trabajador a su fuente laboral, conforme sostiene la parte recurrente; pues resulta más lógica la afirmación hecha por la parte demandante, en sentido que el viernes 21 de diciembre de 2007 a las seis de la tarde se le despidió de su fuente laboral y el día lunes 25 del mismo mes y año, haya representado ante la Jefatura Departamental de Trabajo tal acontecimiento de hecho; de modo que se concluye no ser evidente una errónea valoración de hecho en la literal que cursa a fs. 22 de obrados, como incorrectamente demanda la parte recurrente en casación.

No obstante lo anotado, y dada la necesidad que existe también de comprender mejor las causales legales de despido que se encuentran reguladas en los distintos incisos de los arts. 16 de la LGT y 9 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), es preciso señalar que si bien el art. 16. d) de la LGT, concordante con el art. 9. d) del DR-LGT, que fueron citados por la parte recurrente como causales que harían inviable el reconocimiento de los beneficios sociales del trabajador, fueron expresamente derogadas por disposición de la Ley de 23 de noviembre de 1944, por lo que, aún en la hipótesis del abandono de funciones -no concluida por los jueces de fondo- no procede la pérdida de los beneficios sociales, como erróneamente sostiene la entidad demandada en su recurso de casación.

Por otra parte, el reclamo también aborda la errónea valoración probatoria de las literales salientes a fs. 23 y 27, con las cuales se demostraría que al demandante se le pagó los sueldos de octubre y noviembre de 2007 y que sólo se le adeudarían 21 días por el mes de diciembre; no obstante, éste Tribunal encuentra infundado el reclamo, dado que, sueldos devengados por los meses de octubre y noviembre de 2007, no fueron condenados a su pago por los jueces de fondo, sino sólo 20 días por el mes de diciembre del mismo año; de modo que, al no encontrar cierta la reclamación al respecto, es erróneo sostener que el Tribunal de Apelación hubiere incurrido en errónea valoración de la prueba mencionada (fs. 23 y 27).

Es preciso tener presente que, por mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 4 de la LGT los derechos laborales y beneficios sociales que la ley reconoce a favor de los trabajadores son irrenunciables, y es en el alcance de tales dispositivos y principios que la legislación laboral vigente orienta su sentido proteccionista hacia el trabajador, de donde se establece que el objeto del proceso laboral es el reconocimiento de los derechos consignados a favor de éste, en el marco legal expuesto; de modo que, se concluye que tanto el Juez a quo como el Tribunal de Alzada aplicaron acertadamente la norma que rige la materia, al otorgar los distintos conceptos sociales expresados en los mismos fallos, siendo incorrecto lo denunciado por la parte recurrente al respecto.

En consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso de casación resultan infundados, tomando en cuenta que el Tribunal de apelación, realizó la apreciación y valoración de la prueba aportada al proceso conforme al principio de la libre apreciación de la prueba, conforme la previsión de los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, art. 48 de la CPE y art. 4 de la LGT, aplicados correctamente en el caso concreto.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 124 a 126, interpuesto por Franklin Palacios Cortez en representación legal de la Empresa I.M.E. CAMPOVERDE S.R.L., contra el Auto de Vista N° 468 de 28 de octubre de 2009 (fs. 121 a 122), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorario profesional del abogado del demandante, en la suma de Bs.500,00.- (quinientos 00/100 bolivianos) que mandará pagar el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera