TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 642

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 171/2015-S

Demandante: Ninfe Céspedes Herrera

Demandado: Empresa Campo Nuevo

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 92 a 93, interpuesto por Julio Hery Tapia Dávalos en representación legal de Sergio Rech, propietario de la Empresa Campo Nuevo, contra el Auto de Vista Nº 18 de 23 de enero de 2015, cursante de fs. 89 a 90 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido por Ninfe Céspedes Herrera contra la Empresa recurrente; la respuesta al recurso cursante a fs. 96; el Auto de fs. 97, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales, la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió Sentencia Nº 12 de 24 de febrero de 2014 (fs. 67 a 69 vta.), que declaró probada la demanda cursante de fs. 4 a 6 vta., con costas, ordenando a la parte demandada, para que dentro de tercero día de ejecutoriada la resolución, cancele a favor del actor la suma de Bs.116.747,80.- (ciento dieciséis mil setecientos cuarenta y siete 80/100 bolivianos) por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacación, sueldo devengado y multa del 30%, más la actualización prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 a calcularse en ejecución de Sentencia.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada (fs. 72 a 75), mediante Auto de Vista Nº 18 de 23 de enero de 2015, cursante de fs. 89 a 90 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó la Sentencia de 24 de febrero de 2014 cursante de fs. 67 a 69 vta..

I.2 Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 92 a 93, interpuesto por la parte demandada, que de su contenido se extrae como substancial para efectos del fallo a expedir, lo siguiente:

I.2.1 Recurso de casación en el fondo

Que, la Juez A quo concluyó de manera equivocada en la existencia de un despido injustificado, basándose en una simple afirmación que realiza el demandante. Señaló que en fecha 6 de diciembre de 2011 se habría presentado en las oficinas del empleador juntamente con su abogado con una liquidación y al mismo tiempo procedió a entregar las llaves de la oficina, aspecto confirmado por el Tribunal Ad quem, haciendo un mal uso de lo permitido y previsto por el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), debido a que en ninguna parte de la Sentencia se puede apreciar con claridad las causas que motivaron a la Juez de Primera Instancia para su convencimiento en cuanto a la existencia de un despido forzoso.

Que las pruebas aportadas por el empleador carecen de una correcta apreciación, debido a que, desde el momento que la Juez A quo señala como hecho probado el despido forzoso no observa ni valora las declaraciones de testigos de descargo, siendo que en respuesta del interrogatorio presentado se evidencia que por una discusión entre ambos el actor abandono su trabajo, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el art. 169 del CPT las declaraciones de dos o más testigos que concuerdan hacen fe probatoria, aclarando además que en ningún momento se dijo en las declaraciones que el empleador despidió al trabajador, existiendo además una carta de notificación por inasistencia injustificada del trabajador, documento que fue propuesto como prueba documental por ambas partes contando con el valor probatorio asignado por el art. 159 del CPT, por lo tanto el despido injustificado debió de ser tomado en cuenta como un punto improbado.

I.2.2 Recurso de casación en la forma

Que, recurre de casación en la forma conforme al art. 254.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC), por no haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores, debido a que ni en la Sentencia, así como tampoco en el Auto de Vista se atendió el reclamo vertido sobre la imposición de la multa del 30% sobre el monto subtotal de la liquidación efectuada siendo que el tiempo trascurrido sin que se cancelen los beneficios sociales en favor del actor se debería a que el mismo abandono a sus labores para generar el importe de dinero resultado de la mencionada multa.

I.2.3 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así planteado el recurso de casación en la forma y en el fondo, revisando los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se ingresa a resolver los reclamos traídos ante esta instancia, iniciando lógicamente por el recurso propuesto como en la forma, por cuanto sus efectos anulatorios, impedirían la consideración del recurso en el fondo, conforme a los siguientes fundamentos:

II.1.1 Resolviendo en la forma

La recurrente cuestiona que la Juez A quo como el Tribunal Ad quem no habrían atendido el reclamo vertido sobre la imposición de la multa de 30% sobre el monto subtotal de la liquidación efectuada y cuya inobservancia conllevaría la nulidad de obrados.

Cabe al respecto aclarar, que estando ante el instituto jurídico de las nulidades procesales, es necesario observar los principios que regulan su aplicación, acorde al tenor de la exigencia inserta en el art. 251 concordante con el art. 254, ambos del CPC, refiriéndonos en principio al de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por Ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

En ese contexto, de la revisión de los antecedentes procesales se advierte que, el trabajador demandó el pago de beneficios sociales y derechos laborales, incluida la multa del 30%, emitiéndose la Sentencia Nº 12 de 24 de febrero de 2014, que declaró probada la demanda por haberse comprobado la relación laboral y el despido discrecional del empleador y condenando entre otros, a la parte demandada, con la multa del 30%. Debe precisarse que, si bien la parte demandada, reclamó -entre otros aspectos- lo condenado en cuanto a la multa del 30%, empero lo hizo bajo el fundamento que no correspondería su condena debido a que la causal de desvinculación laboral no le era atribuible (fs. 74 y vta.). 

Este Tribunal encuentra que si bien el fallo recurrido no refiere con precisión a la multa del 30% que fue condenado en ambas instancias, empero, si se considera el fundamento por el cual se reclamó tal cuestión, se colige que el reclamo en sí fue resuelto de manera negativa para la parte recurrente, al concluir que “por la prueba aportada al proceso, no se desvirtuó la causal de desvinculación laboral acusada por el trabajador (retiro intempestivo), hace correcta la decisión de la juzgadora de primera instancia”, de modo que, no podría concluirse que el Tribunal de grado haya omitido pronunciamiento al respecto, para así disponer la nulidad de obrados solicitada.  

Por lo anotado, se concluye que el Auto de Vista recurrido resolvió todos los puntos en términos claros, positivos y precisos, y que fueron objeto de la apelación y fundamentación, advirtiéndose con claridad que el proceso se desarrolló sin vicios de nulidad, en el marco del debido proceso y que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados, por cuanto, al momento de la dictación tanto de la Sentencia de primera instancia como el Auto de Vista, se otorgaron a las mismas, la tutela judicial efectiva, cumpliéndose con los requisitos previstos en los arts. 90 y 190 del CPC y con la pertinencia prevista en el art. 236 del citado Código Adjetivo Civil.

II.1.2 Resolviendo en el fondo

Que en esta parte del recurso de casación se demanda error de derecho en la apreciación de las pruebas de descargo, respecto a la causal de desvinculación laboral, de modo que corresponderá determinar si la conclusión a la que arribó el Tribunal Ad quem, respecto a la causal de retiro, se encuentra correctamente establecida, en base a la prueba cursante en el proceso.

Para ello, partimos anotando que el derecho laboral en base a sus principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo desarrollado en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación; en ese sentido, la Constitución Política del Estado (CPE), como norma jurídica fundamental, consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, normando el art. 48, que prevé: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”; en el mismo sentido, el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), reconoce la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, castigando con la nulidad cualquier convención en contrario.

Así, en relación a la facultad valorativa de las pruebas que incumbe al ámbito laboral, conforme la previsión de los arts. 3.j) y 158 del CPT, cabe señalar que el juzgador debe efectuar una valoración conjunta de las pruebas ofrecidas y producidas en el proceso, tomando en cuenta que no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las mismas, de modo que formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informa la crítica de la prueba, considerando las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como tomando en cuenta la conducta procesal observada por las partes.

Es importante en éste ámbito social del derecho, no descuidar las presunciones que se encuentran previstas en la norma positiva, como la presunción contemplada en el art. 182.c) del CPT, que refiere: "...la relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario..." y d): "...el despido se entiende sin causa justificada, salvo prueba en contrario..."; se infiere entonces, que ante la falta de prueba suficiente que determine que la desvinculación obedezca a un retiro voluntario o a un despido debidamente justificado, el despido se presume injustificado.

En ese sentido, corresponde referir, en cuanto al reclamo de error de derecho en la apreciación de la prueba cursante de fs. 46 a 47 de obrados, relativas a las declaraciones testificales de descargo, que de manera uniforme sostendrían que el demandante habría abandonado su fuente laboral, que tal afirmación no resulta evidente, toda vez que de la revisión de los antecedentes de hecho se observa que entre la parte empleadora y el actor tuvieron una discusión en fecha 25 de noviembre de 2011, que también fue manifestada por los testigos de descargo, hecho en el que se produjo la ruptura de la relación laboral, y a cuya consecuencia se presentó el trabajador en fecha 6 de diciembre de 2011 en la Empresa, con la liquidación correspondiente y recién en fecha 8 de diciembre se le notificó con una nota donde señalan que al haber tenido una inasistencia injustificada por más de 7 días, se entendería un abandono de trabajo con las consecuencias establecidas por el art. 16 de la LGT.

En tal sentido, no es razonable el argumento expuesto por la parte recurrente, por cuanto si entendió que el despido nunca se había producido en oportunidad de la discusión, dicha circunstancia pudo haber sido aclarada por el empleador, tanto con posterioridad al hecho ocurrido, como en oportunidad en que el mismo trabajador se presentó ante el empleador para que se paguen sus beneficios sociales y derechos laborales que ahora reclamaba en instancia jurisdiccional; por lo que, la conclusión a la que arribó el Tribunal de Alzada, al confirmar la Sentencia, resulta correcta, no habiéndose desvirtuado por la parte empleadora, como era su obligación en apego a los dispositivos normativos previstos en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, lo correspondiente al demandado despido intempestivo, de modo que no resulta cierta la acusación de que se hubo transgredido el art. 158 del CPT.

En lo relacionado a la valoración probatoria de las testificales de descargo y la consiguiente acusación de vulneración del art. 169 del Adjetivo Laboral, que prevé: “Hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares.”; debe considerarse que la aplicabilidad de esta normativa, conforme a la naturaleza propia del proceso laboral y su distinción con otras ramas del Derecho, así como su concepción desde la CPE, debe ser contrastada con dos elementos: por una parte, con la inexcusable valoración conjunta del elenco probatorio a la que se sujeta el juzgador y la libre valoración de la prueba; y por otra parte, con el cumplimiento irrestricto de los principios protectivos resguardados constitucionalmente a favor de toda trabajadora o trabajador, conforme lo dispone el art. 48.II de la CPE; elementos que el juzgador debe subsumir en el principio de la verdad material, por el cual debe prevalecer dicha verdad sobre la verdad formal.

En este contexto, se visualiza que la parte recurrente no desvirtuó con prueba suficiente y fehaciente, que el actor fue despedido injustificadamente; sin percibir que la obligación de desvirtuar los términos de la demanda era de su incumbencia y no así del actor, quien no obstante, y bajo su propio interés, ofreció prueba documental entre otras, que coadyuvaron en el esclarecimiento de los hechos, razonamiento que permite concluir en sentido que no es evidente lo acusado por el recurrente toda vez que no se desvirtuó lo afirmado por la parte demandante.

Conforme a lo señalado, en la especie se advierte que el Tribunal Ad quem, efectuó una valoración conjunta de los elementos probatorios del proceso, incluyendo la declaraciones testificales como la nota enviada al Ministerio del Trabajo, y contrastando tal cual se dijo, su contenido con las demás probanzas, resguardando la aplicación de la verdad material sobre la formal; situación que le permitió confirmar de manera correcta la resolución de primera instancia.

En merito a lo expuesto, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo, estas devienen en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso de acuerdo a lo establecido por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso presente con la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera  del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 92 a 93, interpuesto por Julio Hery Tapia Dávalos en representación legal de Sergio Rech propietario de la Empresa Campo Nuevo. Con costas.

Se regula honorario profesional del abogado, en la suma de Bs.500,00.- (Quinientos 00/100 Bolivianos) que mandará a pagar la Juez A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera