TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 640

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 177/2015-S                

Demandante: Carlos Roberto Solares Abastoflor

Demandado: Corporación Andina de Fomento

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

======================================================================

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 557 a 559 vta., y 563 a 564 vta., interpuestos por Emilio José Uquillas Freire en representación legal de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y por Carlos Roberto Solares Abastoflor, respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 183/2014 de 29 de septiembre, de fs. 554 a 555, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral que por pago de beneficios sociales y derechos laborales sigue Carlos Roberto Solares Abastoflor contra la Corporación Andina de Fomento (CAF); la respuesta al primer recurso anotado, que cursa de fs. 563 vta. a 564 vta.; el Auto de fs. 567, que concedió ambos recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1.        Sentencia

Que, tramitado el proceso señalado al exordio, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió Sentencia Nº 174/2012 de 7 de mayo (fs. 267 a 269 vta.), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 5 a 6 de obrados, ordenando a la entidad demandada, cancelar a favor del actor, por concepto de desahucio, indemnización y vacaciones, la suma de $us.19.580,00.- (diecinueve mil quinientos ochenta 00/100 dólares norteamericanos).

I.1.2.        Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación por ambas partes del proceso (fs. 536 a 539 y 541 a 542), mediante Auto de Vista Nº 183/2014 de 29 de septiembre (fs. 554 a 555), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 174/2012 de 7 de mayo, cursante de fs. 267 a 269 de obrados.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó también, que ambas partes del proceso, formulen recurso de casación (fs. 557 a 559 vta., y 563 a 564 vta.), que de sus contenidos se extrae como sustancial para efectos del fallo a expedirse, lo siguiente:

I.2.1. Recurso de casación de fs. 557 a 559 vta., interpuesto por la parte demandada.

Acusó que el fundamento esgrimido por el Auto de Vista recurrido, en relación a lo establecido en la cláusula décimo primera del contrato cursante a fs. 136, es genérico, al no haber precisado dicho fallo, lo referido a que ”el consultor debía permitir el libre acceso a la información referente al trabajo que realiza”, como un elemento que demuestra la inexistencia de subordinación y dependencia laboral, ya que por el contenido de dicha cláusula, sólo se observa una forma de supervisión al consultor, lo que no fue considerado por el fallo recurrido, vulnerando de tal manera los arts. 1 y 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Acusó también, error de derecho en la valoración de la literal de fs. 110, ya que a través de él se reconoció que el demandante se apropió indebidamente de fondos, prueba que no fue considerada por el Tribunal de Apelación, que sostuvo que “la misma puede ser cobrada mediante acción legal que corresponda…() y que en esta instancia judicial deben resolverse cuestiones laborales y que otras incoadas contra el trabajador no suspenden la instancia laboral”, cuando no se impetró un análisis sobre su exigibilidad, sino su valoración como documento que demuestra la exención de pago de beneficios sociales por haber adecuado su conducta a las causas de Ley, no siendo exigible una Sentencia judicial ejecutoriada al respecto.

Que, por lo señalado, el Tribunal de Alzada incurrió en violación de los arts. 16. g) de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), puesto que el trabajador incurrió en hurto y apropiación indebida, lo que se demuestra con la documentación que cursa a fs. 110, sin haber considerado que por la jurisprudencia referida, no corresponde el pago de los beneficios sociales a los que incurren en las causales legales de despido, acusando que se vulneró también el art. 1 del CPC, al haberse negado analizar la mencionada jurisprudencia.

Acusó también que el Auto de Vista recurrido le negó su pretensión sin la debida fundamentación, incumpliendo con innumerables Sentencias Constitucionales que tiene carácter vinculante y obligan a los Jueces y Tribunales a fundamentar sus fallos.

I.2.1.1. Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

I.2.2. Recurso de casación de fs. 563 a 564 vta., interpuesto por la parte actora.

Afirmó que el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 fue dictado en fecha 1 de mayo de 2006 y no así el 1 de mayo de 2009, como equivocadamente señala el Auto de Vista recurrido, confundiendo la aplicación del mencionado Decreto como si la misma hubiera entrado en vigencia el año 2009; y, en cuanto a que su persona no hubiera solicitado el reajuste establecido por las normas vigentes en ese momento, señaló que dicha multa surge precisamente por el no pago de beneficios sociales dentro del plazo de 15 días a partir de la desvinculación laboral, por lo que sería un derecho garantizado por la normativa en actual vigencia.

I.2.2.1. Petitorio

Solicitó que el Tribunal Supremo de Justicia case parcialmente el Auto de Vista Nº 183/2014 de 29 de septiembre, de fs. 554 a 555 y en consecuencia disponga se practique una nueva liquidación de beneficios sociales donde se incluya el pago de la multa del 30% establecido por el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulados ambos recursos de casación, se ingresa a analizar los mismos, bajo los razonamientos y fundamentos siguientes:

II.1.1. Resolviendo el recurso de casación de la parte demandada

Se advierte que el punto principal está fincado en la relación laboral determinada por los fallos de instancia, ya que la entidad recurrente sostiene que no existe la misma, debido a que no se dio la característica de subordinación y dependencia laboral y que el contrato suscrito es de carácter civil (consultoría).

Al respecto, de la revisión de antecedentes, se observa que la Juez a quo, determinó declarar probada en parte la demanda de fs. 5 a 6, basando su decisión en la conclusión que la relación sostenida entre el actor y la entidad demandada fue de carácter laboral, puesto que entendió que se dieron los presupuestos procesales de la misma, como ser relación de dependencia y subordinación, continuidad en la prestación de servicio y un salario real que era cancelado de forma mensual, es decir en las condiciones previstas por el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, como es el hecho de la suscripción de 5 contratos sucesivos que adquirieron el carácter de contratos a plazo indefinido; aspecto confirmado por el Tribunal de Alzada.

Ahora bien, cabe indicar que tal apreciación resulta correcta, porque en el caso, el demandante fue contratado en calidad de Administrador del Programa Regional de Apoyo a los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Amazonas, empero, se colige que la prestación de servicios se materializó bajo una relación obrero patronal, al haber concurrido las características esenciales que hacen a una relación laboral, previstas en el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, ello es así porque, de antecedentes se evidencia que el demandante prestó sus servicios bajo dependencia y subordinación de la parte demandada, al recibir directrices para elaborar su trabajo, prestando sus servicios por cuenta ajena, cancelándosele una remuneración mensual en contraprestación al trabajo realizado y cumpliendo el horario de trabajo que se le impuso.

Cabe indicar que, los contratos de consultoría evidentemente no dan lugar a la posibilidad de beneficios sociales, por la inexistencia de una relación obrero patronal, ya que, bajo un contrato de consultoría no existe la obligación de que el trabajo deba prestarse de manera persona, siendo perfectamente posible su sustitución por un tercero no sólo subordinado al consultor sino bajo su cargo y riesgo, caracterizándose además por la autonomía y libertad en el servicio, que permite al que presta el servicio de consultoría, no sólo autonomía técnica y administrativa, sino la posibilidad de realizar trabajos simultáneos para varias personas o empresas, lo que excluye el "horario determinado", lo que no sucede en una relación laboral, que se caracteriza por la exclusividad en el trabajo prestado,  el carácter personal de la prestación de servicios, la imposición de un horario determinado como exigencia de la parte empleadora, con un pago como forma de remuneración en contraprestación a los servicios prestados; características últimas que evidentemente ocurrieron en el caso de examen,  toda vez que se establece que el actor estaba sujeto al cumplimiento de horarios que la entidad demandada le imponía, el pago de una remuneración mensual y al trabajo por cuenta de la contratante, de modo que, resulta plenamente aplicable al caso, la presunción prevista en el art. 182. a) del CPT, que señala: “Acreditada la prestación del servicio o la ejecución de la obra, se presume la relación de trabajo salvo prueba en contrario.”, presunción que como un juicio lógico, se considera como cierta o probable el hecho, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que indican cuál es el modo normal como se suceden las cosas y los hechos.

Bajo ese razonamiento, no resulta suficiente argüir que lo señalado en la cláusula décimo primera o undécima del contrato de fs. 135 a 138, respecto a la supervisión, demostraría la carencia del elemento de subordinación y dependencia laboral, cuando el hecho allí establecido “sobre la permisión de acceder de manera libre a la información respecto al trabajo que realiza”, no resulta más que una obligación genérica, que en el ámbito laboral, es dable inclusive con mayor razón, debido a que el servicio que presta el trabajador, es para el empleador, y no así para sí mismo, dado el carácter de ajenidad del resultado.

A lo anotado, debe agregarse que el art. 12 de la LGT, establece que el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio; en igual término, el Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, sobre los contratos a plazos fijos e indefinidos ha establecido que: “ARTÍCULO 1.- El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita, por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido salvo prueba en contrario”; así también la Resolución Ministerial (RM) Nº 283/62 de 13 de junio, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza.

También conviene recordar que, conforme dispone el art. 6 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, el contrato individual de trabajo constituye ley entre partes, siempre que sus cláusulas no impliquen una renuncia del trabajador a cualquiera de los derechos que le son reconocidos, advirtiéndose que el contrato de prestación de servicios en cuestión, atentó los derechos laborales del trabajador que conforme prevé el art. 4 de la LGT y que conforme a la nueva visión de la justicia boliviana implementada por el Estado Plurinacional de Bolivia se emitieron varias normas protectivas a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sin discriminación alguna, por constituir estos la base del orden social y económico de Estado, entre ellas el ya citado DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo art. 5 prevé: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”.

Al respecto debe recordarse, que conforme a la naturaleza propia del proceso laboral y su distinción con otras ramas del Derecho, así como su concepción desde la Constitución Política del Estado, debe existir una inexcusable valoración conjunta del elenco probatorio a la que se sujeta el juzgador, la libre valoración de la prueba de acuerdo a los principios que informan la sana crítica, la lógica y la experiencia, sin encontrarse sujeto a su tarifa legal, atendiendo las circunstancias relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes, conforme a lo prescrito por los arts. 3.j) y 158 del Código Adjetivo Laboral; y por otra parte, debe darse cumplimiento irrestricto de los principios protectivos resguardados constitucionalmente a favor de toda trabajadora o trabajador, conforme lo dispone el art. 48.II de la CPE; elementos que el juzgador debe subsumir en el principio de la verdad material, por el cual debe prevalecer dicha verdad sobre la verdad formal.

A lo anotado, debe agregarse que la jurisprudencia señalada en el recurso de casación, que a criterio de la parte demandada hubiese sido vulnerada por el Tribunal ad quem, no se ajusta a las particularidades del presente caso al contener elementos fácticos diferentes, resultando en tal razón impertinente su cita en el recurso.

Ahora bien respecto a la desvinculación laboral del actor debemos empezar señalando que, el derecho al trabajo se encuentra reconocido constitucionalmente en los arts. 46 y 48.II y III, estableciendo que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, a un salario o remuneración justa, equitativa y satisfactoria; a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias; asimismo, reconoce que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y trabajadores y que los beneficios sociales reconocidos a favor de los mismos no pueden renunciarse.

Por otra parte, y en cuanto se refiere a la causal de desvinculación laboral, de la revisión de antecedentes se advierte que la entidad demandada no acreditó con prueba fehaciente que el motivo de la desvinculación laboral fuera por haber incurrido en alguna de las causales del art. 16 de la LGT y art. 9 del DR-LGT, sin percibir que la obligación de desvirtuar los términos de la demanda era de su incumbencia, debiendo haber adjuntando prueba que sustente su afirmación, como acertadamente determinaron los de instancia; en ese sentido, al no haber obrado de ese modo en la oportunidad procesal correspondiente, no acarrea sino una menor posibilidad de convencimiento al juzgador, respecto a su pretensión o afirmación.

Si bien la entidad recurrente, acusa un error de derecho en la valoración de la prueba que cursa a fs. 110, consistente en la escritura pública de reconocimiento de deuda suscrito entre el actor y la entidad demandada en fecha 18 de diciembre de 2007, documento con el cual se demostraría que el trabajador habría incurrido en la causal del inc. g) del art. 16 de la LGT y su correspondiente del art. 9. g) del DR-LGT; empero el documento que cursa de fs. 110 a 116, es posterior a la fecha de conclusión de la relación laboral, como es el 30 de septiembre de 2007, de modo que no se encuentra una relación de causalidad entre los hechos afirmados en la literal mencionada y la causal de desvinculación laboral ocurrida meses antes, por lo que sería irresponsable privar al trabajador de sus beneficios sociales, salvo quinquenios consolidados, bajo la una posible presunción de que los hechos afirmados en la escritura pública mencionada, sean los motivos por los cuales la relación laboral concluyó entre ambos, por lo que, al no tener la certeza de causa efecto, no es posible casar el fallo recurrido con los consiguientes efectos en cuanto a los beneficios sociales, debiendo mantenerse los mismos, conforme se dispuso por el fallo recurrido.

Elementos éstos que en el caso de examen, fueron adecuadamente valorados por el Tribunal de Alzada, conforme a la fundamentación contenida en su resolución cursante en el cuaderno procesal, evidenciándose en contrario, la efectiva aplicación por los jueces de instancia, del principio de la inversión de la prueba en favor del trabajador contenidos en los arts. 3.h), 66 y 150, del adjetivo laboral, valorando los de instancia adecuadamente la prueba conforme a la fundamentación señaladas en sus resoluciones.

Advirtiéndose además que si bien el Auto de Vista recurrido no contiene una ampulosa argumentación empero resolvió todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación y fundamentación, advirtiéndose con claridad que el proceso se ha desarrollado sin vicios de nulidad, en el marco del debido proceso y que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados, por cuanto, al momento de la dictación tanto de la Sentencia de primera instancia como del Auto de Vista, se otorgaron a las mismas, la tutela judicial efectiva, cumpliéndose con los requisitos previstos en el art. 190 del CPC y con la pertinencia prevista en el art. 236 del citado Código Adjetivo Civil.

Por lo anotado precedentemente, se infiere que las determinaciones en que se funda la Sentencia de primera instancia emitida por la Juez a quo y confirmados por el Tribunal ad quem, fueron correctamente aplicadas, en base a los arts. 3.j) y 158 del CPT.

Bajo estos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 557 a 559 vta., corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

II.1.2. Resolviendo el recurso de casación de la parte actora

Corresponde manifestar que, en cuanto a la multa del 30% establecida en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, el art. 9 establece: I. "En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.”  Mientras que el parágrafo II prevé: "En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor".

Que, evidentemente el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos, mas no en razón de las causas de la desvinculación laboral.

Bajo lo señalado, no deben efectuarse interpretaciones sesgadas de tal normativa, puesto que el resguardo del pago oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores no solo se sujeta al despido o retiro voluntario del trabajador, toda vez que ampliando su entendimiento, se aplica al resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo que garantice su subsistencia y la de su familia, una vez producida la desvinculación laboral, concluyéndose que en la actualidad la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad.

En consecuencia se evidencia, que la multa del 30% es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días calendario establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales que se reconozcan a favor de una trabajadora o un trabajador, no siendo correcto el razonamiento expuesto por el fallo recurrido, dado que en primer lugar cuando sucedió la desvinculación laboral el DS se encontraba en plena vigencia, dado que ingresó a regir el 1 de mayo de 2006 y no así el 1 de mayo de 2009 como erróneamente sostuvo el fallo recurrido, y por otra parte, no se tienen situaciones de hecho que puedan dar lugar a su aplicación, dado que hasta la fecha de emisión del fallo recurrido, no se canceló a favor del actor, los conceptos demandados y condenados por los fallos de instancia, de modo que sólo queda la aplicación del DS mencionado; por lo que al evidenciarse que al actor le correspondía los conceptos concedidos en la Sentencia y confirmados en el Auto de Vista, que no le fueron cancelados oportunamente, corresponde corregir tal decisión del Tribunal de Alzada, otorgando el mismo.

Consecuentemente, conforme lo expuesto, corresponde dar aplicación a los arts. 271. 4) y 274 del CPC, aplicables por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 557 a 559 vta., interpuesto por Emilio José Uquillas Freire en representación legal de la Corporación Andina de Fomento; y, en cuanto al recurso de casación de fs. 563 a 564 vta., interpuesto por Carlos Roberto Solares Abastoflor CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 183/2014 de 29 de septiembre, de fs. 554 a 555, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sólo en cuanto se refiere a la multa del 30% sobre el monto total establecido en los fallos de instancia, y cuyo cálculo deberá ser efectuado en ejecución de fallos, conforme la previsión del art. 9 de DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Sin costas por ser doble recurso; así como sin responsabilidad de multa por ser excusable el error cometido.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera