TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO No 637

Sucre, 23 de septiembre de 2015

Expediente: 360/2011-S

Demandante: Ruth Nancy Villena

Demandado: Universidad Mayor de San Andrés

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 69 a 71 vta., interpuesto por Teresa María Rescala Nemtala, en su condición de Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en virtud de la Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 103/10 de 16 de abril de 2010, impugnando el Auto de Vista Nº 81/2011 de 12 de abril, cursante de fs. 65 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso laboral de reintegro de beneficios sociales seguido por Ruth Nancy Villena de Rodríguez contra la Universidad recurrente; la respuesta de fs. 74 y vta.; el Auto de fs. 75 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

  1. Antecedentes del Proceso

I.1 Sentencia

Tramitada la demanda, el Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 95/2010 de 19 de noviembre, cursante de fs. 45 a 46 de obrados, que declaró: i) probada en parte la demanda; y, ii) probada en parte la excepción de pago, sin costas, disponiendo que la entidad demandada pague a favor de la actora Ruth Nancy Villena de Rodríguez un total de Bs.130.997,15.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por Teresa Rescala Nemtala, Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 81/2011 de 12 de abril, que confirmó en parte la Sentencia apelada, disponiendo que la entidad demandada cancele por concepto de multa del 30% la suma de Bs.117.484,55.- sin costas.

I.3 Motivos del Recurso de Casación

El Auto de Vista, motivó que Teresa María Rescala Nemtala, en  su condición de Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, formule el recurso de casación en el fondo y en la forma  de fs. 69 a 71 vta., en el que expresa lo siguiente:

I.3.1 En el fondo

El Auto de Vista violó e interpretó erróneamente el art. 9 del DS No 28699, al ordenar a la Universidad el pago de la multa del 30%, entendiendo que la desvinculación laboral se suscitó, según el finiquito de fs. 3 y vta., el 1 de septiembre de 2009 y el pago de los derechos laborales se efectuó el 3 de noviembre del mismo año, fuera del plazo previsto por la norma citada, concluyendo que hubo una demora culpable en el no pago oportuno de los derechos laborales, atribuible a los funcionarios de la Universidad Mayor de San Andrés.

Aclaró que la aplicación del art. 9 del DS No 28699, no es para el caso del retiro voluntario (renuncia) con fines jubilatorios, situación distinta a un retiro intempestivo o despido sin justificación que es el motivo de la existencia de la citada disposición legal, correspondiendo en el caso la aplicación del art. 4 del DS No 23381 de 21 de febrero de 1989.

I.3.2 En la forma

En el recurso de apelación que interpuso la UMSA acusó como defecto principal del proceso el hecho de que el Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social concedió el recurso de apelación a ambas partes, cuando el recurso de la actora era insuficiente para merecer consideración, debiéndose resolver la causa exclusivamente respecto de los puntos cuestionado por la UMSA; sin embargo el Auto de Vista no se pronunció respecto a esta pretensión principal de la Universidad.

I.3.3  Petitorio

Por lo expuesto, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo solicitando a la entonces Corte Suprema de Justicia dé aplicación al art. 274 del CPC, casando el Auto de Vista impugnado, y fallando en el fondo aplique legalmente la norma conculcada, consecuentemente declare improbada la demanda en todos sus alcances, dejando sin efecto la multa indebidamente aplicada.

I.3.4 Respuesta al recurso de casación

Ruth Nancy Villena de Rodríguez, mediante memorial cursante de fs. 71 y vta. contestó el recuro de casación interpuesto de contrario haciendo una simple relación de los actuados, solicitando se declare infundado el recurso de casación y se conmine al pago de la suma de Bs.117.039,15.- conforme se tiene solicitado en la demanda, con costas y demás sanciones de ley.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos Jurídicos del Fallo

En el caso presente, la Universidad recurrente cuestiona el Auto de Vista emitido por el Tribunal ad quem, en la forma porque no se pronunció sobre el reclamo de que el Juez 4to del Trabajo y Seguridad Social concedió el recurso de apelación a ambas partes, cuando el recurso de la actora era insuficiente para merecer consideración, por lo que debió limitarse a resolver el recurso de la UMSA; en el fondo dada la errónea aplicación del art. 9 del DS No 28699 al caso, donde no existió un retiro forzoso sino voluntario.

II.1.1 Casación en la forma

En correspondencia a la acusada infracción de violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la recurrente señala que "el Auto de Vista no se ha circunscrito a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación, por una parte y por otra a los que se ha circunscrito tampoco les ha dado el tratamiento apropiado o correcto"(sic); a lo que, cabe resaltar que el principio de congruencia trasuntado en el referido artículo del ritual civil, demanda que el Auto de Vista se circunscriba, a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de la apelación y fundamentación efectuada en los agravios del recurrente, así delimitada la correspondencia de lo apelado y lo resuelto por el Auto de Vista, es preciso que el recurso de casación en la forma, precise qué puntos de los agravios de la apelación no habrían sido resueltos por el Tribunal de Alzada, extrañándose en el caso sub-lite esa precisión, insuficiencia legal que imposibilita a este Tribunal evidenciar la acusada violación.

El recurrente observa que el Tribunal ad quem no se hubiera pronunciado respecto del recurso de apelación interpuesto por la actora por ser insuficiente; a este fin, de lectura del Auto de Vista recurrido y de  la contestación al recurso de la actora, se advierte que la entidad demandante no realizó observación a la supuesta falta de consistencia del recurso de contrario y como consecuencia no fueron mencionados en la fundamentación del Tribunal de Alzada, es más la determinación de la suficiencia o no del recurso corresponderá al Tribunal de apelación y no a la parte contraria; siendo menester precisar que el recurso de casación en la forma debe efectuar una referencia puntual de aquellas cuestiones debatidas y falladas en el proceso, a contrario sensu, aquellas cuestiones no discutidas en la litis y que por lo mismo no han sido materia del fallo, no pueden ser consideradas para debate y pronunciamiento de este alto Tribunal, toda vez que el recurso de casación sea en el fondo o la forma es de derecho estricto y en consecuencia no tienen cabida en las peticiones al margen a su determinado objeto, evidenciándose como consecuencia la inexistencia de infracción de la normativa señalada por el recurrente.

Sin embargo; se hace preciso ilustrar que, para la procedencia de una nulidad de obrados en sede de casación, es menester la concurrencia de ciertos principios que todo juzgador debe observar, nos referimos a los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y protección. En virtud del principio de especificidad, previsto por el art. 251.I del CPC, aplicable por disposición del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

El principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.

El principio de convalidación en virtud del cual toda nulidad se convalida por el consentimiento si no se observa en tiempo oportuno, operándose la ejecutoriedad del acto, es decir, que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture. Lo que significa que si la parte afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea como sucedió en el caso presente, dejando vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal y los actos, aún nulos quedan convalidados. Finalmente el principio de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes, la nulidad no tiene porqué reclamarse y su declaración carece de sentido.

Por todo lo referido, y dada la escasez y precariedad del recurso planteado se concluye que el Auto de Vista ha efectuado una adecuada fundamentación circunscrito a los puntos resueltos en Sentencia; no pudiendo evidenciar este tribunal infracciones ante carencia de causales infraccionales y ausencia de fundamentación idónea, lo cual hace evidente que el tribunal de apelación ha realizado una adecuada interpretación y aplicación de normas legales en vigencia, subsumiéndolas adecuadamente a los hechos descritos en el Auto de Vista, sin incurrir en las acusaciones del recurso, correspondiendo aplicar los Arts. 271.2) y 273 del CPC aplicable por mandato de la norma remisiva contemplada en el Art. 252 del CPT.

II.1.2 Casación en el fondo

Respecto al reclamo de que el Tribunal de apelación habría incurrido en incorrecta interpretación del art. 9 del DS Nº 28699, al condenar a la Universidad demandada, al pago de la multa del 30%, siendo que dicha disposición legal, según la entidad recurrente, se aplica solamente cuando un trabajador es despedido intempestivamente o a la fuerza de su fuente de trabajo, hecho que no habría sucedido en el caso de autos, puesto que la demandante, no fue despedida intempestivamente; sino que, su retiro fue voluntario por motivo de jubilación.

A efectos de resolver la problemática traído en casación, debe tenerse en cuenta que, el art. 9.I del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, establece: “…En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito...”; añade: “…En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor…” (El remarcado nos corresponde).

Al respecto debe tenerse en cuenta que, el DS Nº 28699, tiene por objeto consolidar las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación laboral partiendo del mandato de los arts. 157 y 158 de la Constitución Política del Estado de 1967 (vigente al momento de la promulgación de aquel DS, que en sustancia guardan correlación con el actual Texto Constitucional) que determinan como obligación del Estado crear condiciones que garanticen para todos, posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa, asegurando sobre todo la continuidad de sus medios de subsistencia para mejorar las condiciones de vida de las familias, precautelando el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez producida la desvinculación laboral, a cuyo efecto sanciona el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días con la multa del 30% del total de beneficios y derechos laborales impagos.

Si bien la aplicación de esta disposición legal causó confusiones en los empleadores, quienes interpretaron que dicha prerrogativa solo era aplicable en caso de despido intempestivo sin causa justificada,  y no en el caso de retiro indirecto o voluntario, se resalta que esta apreciación es incorrecta. El art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación no hace distinción entre un  despido indirecto, directo o voluntario; pues lo contrario permitiría la dilación del pago de los conceptos demandados y constituiría un obstáculo a uno de los fines de la citada norma, que es el asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del trabajador.

En ese entendido y en aplicación de los principios protectivos del trabajador, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de las facultades conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, aclarando que la multa del 30%, procede también en los casos de retiro voluntario, disponiendo en su art. 1, lo siguiente: “(RETIRO VOLUNTARIO). I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, más la multa del treinta por ciento (30%) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”.

Bajo lo señalado, el pago oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, también corresponde en el caso de despido o retiro voluntario, toda vez que el fundamento de esta disposición resguarda el derecho a la continuidad de los medios de subsistencia traducido en el derecho del trabajador o trabajadora  de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo que garantice su subsistencia y la de su familia, de ahí que la multa del 30% que obliga a este pago oportuno sea aplicable también en caso de incumplimiento del plazo de los 15 días para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo.

Ante ello, el empleador debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados independientemente de cuál fue la causa o forma de conclusión de la relación obrero patronal; de tal forma, está facultado para realizar ese pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido.

En el caso, una vez acaecida la desvinculación laboral de la actora con la Universidad demandada, esta última, debió efectuar el pago de los beneficios en el plazo que señala el DS No 28699, obligación que no cumplió oportunamente, toda vez que producida la desvinculación laboral de la demandante el 1 de septiembre de 2009, conforme se establece de la documental de fs. 3 y vta., debió cumplir con el pago de sus beneficios sociales y derechos laborales dentro los 15 días posteriores; es decir, hasta el 15 del mismo mes y año; sin embargo, conforme a la misma documental dicha obligación se cumplió recién el 3 de noviembre de 2009; es decir,  fuera de los quince días de la conclusión obrero patronal siendo por lo mismo pasible al pago del 30% como multa, tal cual determinaron los de instancia.

Conforme lo dispone el art. 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), las disposiciones laborales son de cumplimiento obligatorio, debiendo ser interpretadas y aplicadas bajo los principios protectivos que rigen para toda trabajadora y trabajador como principal fuerza productiva de la sociedad, siendo por ello sus derechos irrenunciables, tal cual lo disponen los arts. 48.I.II y III de dicho texto constitucional.

Consecuentemente por todo lo señalado, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación planteado por la entidad recurrente, corresponde dar aplicación a los arts. 271.2) y 273 del CPC, por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 69 a 71 vta., interpuesto por Teresa María Rescala Nemtala, en su condición de Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley No 1178 y 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera