TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 626

Sucre, 08 de septiembre de 2015

Expediente: 328/2011-S

Demandante: Deterlino Tejerina Alarcón

Demandado: Gobierno Municipal de Bermejo

Distrito        : Tarija  

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo (fs. 84 a 85) interpuesto por Marcelo Gareca Herbas en su condición de Alcalde Municipal Interino del Gobierno Municipal de Bermejo-Tarija, contra el Auto de Vista N° 66/2011 de 2 de junio (fs. 79 a 81), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso laboral que por pago de beneficios sociales, derechos adquiridos no percibidos y sueldos devengados, sigue Deterlino Tejerina Alarcón contra la entidad recurrente; el Auto de 27 de junio de 2011 (fs. 88) que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Por memorial corriente a fs. 25 a 28 de 26 de julio de 2010, Deterlino Tejerina Alarcón acude a esta jurisdicción, demandando contra el Gobierno Municipal de Bermejo el pago de beneficios sociales (desahucio, indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo, vacaciones, incentivo municipal, incrementos salariales, bono de antigüedad, bono de frontera, sueldos devengados y otros) aduciendo que él prestó labores de chofer de la volqueta dependiente de la Unidad Municipal de Aseo de aquella municipalidad, desde el 1 de abril de 2007 al 7 de julio de 2010, periodo en el que las labores se prestaron bajo distintas modalidades (contratación verbal, asignación de funciones mediante memorándum y contratos a plazo fijo) que -en perspectiva del actor- solamente trataron de encubrir una relación laboral.

I.1.2 Corrido el traslado, la municipalidad de Bermejo, contestó a la pretensión a través de escrito de fs. 31 a 33, negando los cargos y señalando que el actor reclama beneficios sociales de una relación laboral regida por la Ley de Municipalidades 2028 (LMabrg) y por la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP), por cuanto la dependencia donde el demandante dice prestó servicios se trata de una dependencia municipal que no posee características de empresa municipal al sentir del art. 59.3 de la LMabrg.

I.1.3 Tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo-Tarija, emitió Sentencia de 6 de noviembre de 2010 (fs. 57 a 59 y vta.), declarando probada en parte la demanda, debiendo cancelar la entidad demandada la suma de Bs. 37.727,39.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldos, vacaciones, bono municipal, incremento salarial, bono de antigüedad y subsidios de frontera; todo conforme al detalle que cursa en la Sentencia, más costas; asimismo declaró probada en parte la excepción de prescripción del demandado; declarado haber lugar a la multa del 30% a determinar en ejecución de Sentencia. En este Fallo los principales argumentos con los que el Juez de Grado basó su decisión se resumen en:

“…teniéndose en parte por ciertas las afirmaciones de la demanda, se comprobó que el actor…trabajó para el Gobierno Municipal de Bermejo…como chofer en la unidad de aseo urbano en forma continua…percibiendo los últimos meses un salario mensual de Bs.1600,oo sin ningún otro derecho ni beneficio, servicio que prestó en forma continua desde el 01 de abril del año 2007 hasta el 07 de julio del 2010, fecha en que se presume fue despedido sin preaviso ni causa injustificada…pese a que no consta en acta los testigos en este y otros procesos afirmaron en forma contundente que por varios años mensualmente les hacían figurar en forma rotativa como contratistas privados adjudicatarios de obras o servicios del municipio, siendo el de turno quien cobraba el precio de la supuesta obra y lo entregaba a un encargado del municipio procediendo a cancelarles previo control con planillas de trabajo y asistencia. Forma de fraude que el municipio arrastra desde siempre y últimamente opta por obligar a los trabajadores suscribir contratos administrativos individuales de venta o prestación de servicios para encubrir una verdadera relación amparada por la LGT…teniendo en cuenta el servicio prestado por el actor y el principio de primacía de la realidad, es establece que el actor no fue un servidor público como sostiene el demandado, sino un obrero más amparado por la LGT, cuyos sucesivos y aparentes contratos administrativos a plazo fijo de acuerdo a ley se convirtieron a plazo indefinido, como manda el art. 5 del DS 28699 de 01-05-06” (el remarcado es nuestro).

I.1.4 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por el demandado así como el demandante, conforme memoriales de fs. 62 y vta. y de fs. 68 a 69 respectivamente, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, mediante Auto de Vista N° 66/2011 de 2 de junio, confirmó parcialmente la Sentencia apelada, modificando el monto total de la liquidación a Bs.45.251,29.-, conforme al detalle que se tiene asentado en el Auto de vista. Sin costas, por la doble apelación y al ser de aplicación el art. 39 de la Ley 1178. El Tribunal de alzada sostuvo como motivos de su decisión:

“La prueba de cargo no ha sido objetada por el Gobierno Municipal de Bermejo, dando lugar a que se tenga la convicción y certeza de una relación laboral…y no de venta de servicios. La cláusula octava del contrato no hace otra cosa que cubrir con un velo aparente la naturaleza laboral del contrato como administrativo. La verdadera relación ha sido laboral, así se desprende de la aplicación del principio de primacía de la realidad…Para considerar al actor bajo égida de la Ley General del Trabajo, que, el trabajo desempeñado…según los distintos contratos…era desarrollado en la llamada Unidad de Aseo Urbano dependiente del Municipio de Bermejo, que tiene todas las características de empresa municipal. El hecho de que no se la haya constituido como manda la Ley 2028, no es atribuible al trabajador; en consecuencia el trabajo se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el art. 59-3 de la referida Ley de Municipalidades” (el remarcado es nuestro).

I.2.  Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia motivó que Marcelo Gareca Herbas en  calidad de Alcalde Municipal Interino del Gobierno Municipal de Bermejo-Tarija mediante memorial de fs. 84 a 85 y vta., interponga recurso de casación en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

Acusa que el Auto de Vista incurre en error de derecho en la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, toda vez que el actor hace un reconocimiento tácito de su condición de servidor público en todo el transcurso del proceso, acreditándose la forma de contratación y la determinación de su estado contractual como contrato administrativo en amparo estricto al Decreto Supremo (DS) N° 29190 y su reglamento así como a la Ley N° 1178 que determina responsabilidades por la función pública, razón por la cual su relación laboral estaría fuera de los alcances de la Ley General del Trabajo (LGT), extremos que no fueron tomados en cuenta por el Tribunal de apelación al momento de emitir el fallo.

Arguye que el Auto de Vista incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba documental cursante en obrados de acuerdo al inc. 3) del art. 253 del Código Procedimiento Civil (CPC), al no haber interpretado correctamente la naturaleza jurídica de trabajador puesto que la mala apreciación de la prueba cursante a fs. 11 de obrados, presentada por el propio actor se evidencia que el mismo prestaba servicios en una unidad del Gobierno Municipal de Bermejo y como tal se encontraría dentro del ámbito de aplicación del DS N°181 y de la Ley N° 2028, adquiriendo la calidad de servidor público a través de un contrato administrativo de prestación de servicios por ende tutelado por las normas de administración de bienes y servicios y no así por la ley general del trabajo como se pretende en el caso presente.

Cita los Autos Supremos Nº 1194 y Nº 1329 del 10 y 22 de noviembre de 2006, Nº 403 de fecha 27 de marzo de 2007, Nº 15 de 17 de enero de 2008, Nº 390 de fecha 6 de septiembre de 2008 y Nº 59 de fecha 18 de marzo de 2010, 284 de fecha 11 de junio de 2010 y N° 361 de fecha 4 de agosto de 2010.

I.2.1 Petitorio

Concluye el memorial, solicitando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy Tribunal Supremo, en aplicación del art. 271 inciso 4) del CPC pronuncie Auto Supremo, casando la Sentencia de fs. 57 a 59 y vta., declarando improbada la demanda social en todas sus partes y con imposición de costas procesales.

CONSIDERANDO II

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1 De la revisión del Auto de Vista impugnado, la Sala aprecia que esta Resolución incumplió el mandato de lo previsto en el art. 236 del CPC, por cuanto omitió brindar pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, que dicho sea acá contiene el principal soporte alegado por la defensa a lo largo del proceso; en el cual, expone la no existencia de una relación laboral, a partir de la naturaleza del pretendido patrono (Gobierno Municipal de Bermejo) por cuanto se dijo que se trata de una institución pública regida por otro tipo de normas alejadas de la Ley General del Trabajo.

El Tribunal de alzada, basa su decisorio unilateralmente en sólo fracciones de las alegaciones de las partes, extrayendo conclusiones sin respaldo alguno, como lo es el afirmar que en efecto se tratase de una empresa de aseo y no de una unidad como reclamó la parte demandada, sin señalar el origen de esa conclusión.

Por otro lado, el Tribunal de Alzada incumplió con su deber de congruencia en la emisión del Auto de Vista impugnado, por cuanto, no es posible que un acto jurídico de esta naturaleza sea válido, si es que en su formación no se consideró los propios reclamos que abrieron su competencia; asimismo, el Tribunal de Alzada limita su pronunciamiento a manifestar que la parte demandante no había sido objetada por la parte demandada, cuando en todo caso, la compulsa del cuerpo probatorio debía ser puesta al tamiz de la norma jurídica que le corresponda en aplicación, otorgando no sólo la posición de por qué se considera a la Ley General del Trabajo aplicable, sino, en este caso, cuáles las razones por las que la Ley 2028 y demás disposiciones que la parte demandante planteó aplicables, no se ajustan a los datos del proceso; extremos ambos que, por la naturaleza de definir un régimen jurídico específico o diferenciado al caso de autos, son en suma de mayor trascendencia, más cuando la relación (bien contractual, bien laboral) no estuvo en controversia, sino el debate se basó en la pertinencia de la ley sustantiva aplicable.

En tal actuar, el tribunal de apelación consolidó también la similar conclusión subjetiva del juez a quo sobre la relación laboral en base a declaraciones que “no consta en acta” o que hubiesen sido depuestas en “otro proceso”.

La situación arriba descrita en consideración de la Sala es con certeza contraria al deber de motivación y fundamentación en las decisiones judiciales, pues este tópico adquiere vital trascendencia por ser la materialización de un mandato otorgado por el pueblo como potestad de impartir justicia a la jurisdicción ordinaria, cual se lee del art. 178.I de la CPE y el art. 11 de la LOJ; y del que, se vislumbra un doble plano, el primero visto desde del Estado, dónde las decisiones judiciales son el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las valoraciones sociales reconocidas en la ley; y, el segundo desde el punto de vista de los justiciables vinculado con la función garantista del proceso, es decir, el interés de las partes en un juicio justo realizado por un tribunal independiente e imparcial. Por ello, las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser desembocaduras de un razonamiento explicitado y verificable, a ello aluden justamente los arts. 158 y 202 del CPT, que obligan a que la parte motivada de la sentencia el Juez indique los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. Aspectos que como se concluyen no fueron consignados ni fundamentados en el Auto de Vista impugnado, lo que conlleva vicio de nulidad.

II.1.2 Si bien, en esencia la nulidad de un acto jurídico constituye una excepción al principio de congruencia entendido sobre la relación de lo pedido con lo resuelto; no es menos evidente que esa figura se presta, en casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico, tal situación hace patente lo inmerso en el art. 3.1 del CPC, norma que impone a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe sin duda, no solo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva; a partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación. Sobre el particular a decir de Castellanos “…se prioriza el orden público y la relación con facultades indelegables que se vinculan con la recta administración de justicia; por tanto, la advertencia de actos irregulares que manifiestan inobservancia de disposiciones de carácter obligatorio, como la constitución de los presupuestos fundamentales para la Litis o el desarrollo efectivo del proceso, autorizarían a declarar de oficio, las nulidades encontradas, siempre que se cause indefensión a las partes, con el fin de eliminar los riesgos de un proceso inválido” (Castellanos trigo, Gonzalo, código de procedimiento civil, tomo i, pág. 487)

Ahora bien, la doctrina procesal reconoce, ciertas condiciones que hacen viable y justifican la decisión de nulidad de oficio por parte de los jueces y tribunales, de entre ellas la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto, es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no se halle discrecionalmente dispuesta al arbitrio de la autoridad que juzga.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde disponer la nulidad de obrados de acuerdo a los arts. 271.3, 275 del CPC y 17 parágrafo I de la LOJ con la facultad conferida por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la CPE y los arts., 42.I.1 y 17.I de la LOJ de 24 de junio de 2010, ANULA el Auto de Vista N° 66/2011 de 2 de junio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija; disponiendo que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo emita un nuevo Fallo, absolviendo todos los agravios planteados por las partes en apelación.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17. IV  de la Ley del Órgano Judicial póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA, HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera