TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO N° 620

Sucre, 08 de septiembre de 2015

Expediente: 114/2015-S

Demandante: María Estivaliz Valda Veizaga

Demandado: Hospital Municipal Boliviano Holandés

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 220 a 222 vta., interpuesto por Hugo Borda Cuba en su calidad de Director Ejecutivo del Hospital Municipal Boliviano Holandés, contra el Auto de Vista N° 41/2014 de 14 de abril (fs. 213 a 214 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de reincorporación laboral que sigue María Estivaliz Valda Veizaga contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 225 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de El Alto, emitió Sentencia N° 72/2012 de 31 de mayo (fs. 177 a 190), por la que declaró probada la demanda de reincorporación de fs. 49 a 50, disponiendo que el Hospital Municipal Boliviano Holandés a través de su representante legal, proceda a la reincorporación de la demandante al mismo cargo y en las mismas condiciones de trabajo que se encontraba desempeñando al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y el reconocimiento de los derechos sociales que le correspondan a la fecha de su reincorporación, siempre y cuando la actora no haya prestado sus servicios durante el tiempo que estuvo cesante en otras entidades estatales a fin de evitar doble remuneración; ordenando procederse en ejecución de fallos, a la actualización conforme el art. 10.III del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, así como también practicar los correspondientes descuentos determinados por ley con relación a los salarios devengados.

I.1.2. Auto de Vista   

Dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada (fs. 197 a 200), mediante el Auto de Vista N° 41/2014 de 14 de abril de fs. 213 a 214 vta., por el cual, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió confirmar en su integridad la Sentencia N° 72/2012 de 31 de mayo, cursante de fs. 177 a 190, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamental N° 1178.

I.2. Motivos del recurso de casación

El mencionado Auto de Vista originó que la parte demandada formule el recurso de casación en el fondo (fs. 220 a 222 vta.), que en lo esencial de su contenido señaló:

i) Falta de comunicación al empleador del estado de embarazo, en contravención de la Sentencia Constitucional (SC) 2567/2010-R y la Ley N° 975

Que, la actora informó de forma extemporánea su estado de gestación, puesto que su desvinculación se dio el 31 de marzo de 2007, y ella recién presentó la nota a fs. 121 de 2 de abril de 2007, haciendo conocer su embarazo de 15 semanas, siendo que al no comunicar de manera oportuna su estado de gravidez, no puede acogerse y ampararse al derecho de inamovilidad consagrado por la Ley N° 975 de 2 de mayo de 1988, ley que fue interpretada mediante la SC 2567/2010-R, que estableció que la mujer gestante y su niño menor de 1 año para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado y la citada ley, debe hacer conocer su situación de manera inmediata al empleador, solicitando el respeto y la vigencia de sus derechos a través de la reincorporación, por lo que el Tribunal ad quem no valoró correctamente las pruebas adjuntas, entrando en contradicción e interpretación errónea de la Ley N° 975.

Mencionó que la actora comunicó a su actual empleador (Centro de Referencia Ambulatorio Red los Andes), su estado de embarazo, por lo cual el ente gestor, SEDES, cumplió con la otorgación de los derechos que le correspondían como mujer embarazada y funcionaria de dicha entidad con el ítem N° 80146.

ii) Que la demandante percibió doble remuneración en 2 Entidades Públicas

Acusó que, la actora fue beneficiada de doble percepción de sueldos desde el 1 de diciembre de 2006, hasta el 31 de marzo de 2007, siendo un lapso de 4 meses en los cuales ejercía funciones a tiempo completo en 2 instituciones estatales, siendo las mismas, el Hospital Municipal Boliviano Holandés y el Centro de Referencia Ambulatorio Red los Andes, trabajando en este último con el ítem N° 80146, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 26 de enero de 2015, aspecto demostrado con el certificado de trabajo adjunto al presente recurso de casación, por lo que los beneficios de su embarazo habrían sido cubiertos por el SEDES y no corresponde un nuevo pago de los mismos ni de otros derechos adquiridos en su calidad de trabajadora, más aún cuando la demandante incurrió en faltas graves e inclusive configuró conductas delictivas de daño económico al Estado, conducta tipificada y sancionada en el Código Penal.

Citó también los arts. 9 y 17 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, 6.I del DS N° 1134 de 8 de febrero de 2012, 10.I del DS N° 772 de 19 de enero de 2011 y 77.d) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, referidos a la remuneración doble, indicando que ante la ambicionada doble remuneración de la demandante a través de su apoderado, se procederá a la instauración de procesos de responsabilidad civil, auditoria a pedido de la Contraloría General del Estado y daño económico a la institución.

iii) Insuficiencia del Poder Especial N° 277/2007 otorgado por la demandante

       Señaló que, las reglas para la otorgación de un mandato judicial, se encuentran previstas en el art. 834 del Código Civil (CC), y que el art. 62 del CPC indica las prerrogativas a las que está atado el apoderado, por lo que en el presente caso, la demandante otorgó poder especial amplio y suficiente a favor de su abogado, en fecha 03/04/2007, a objeto de procurar la reincorporación al Hospital Boliviano Holandés, pero sin embargo dicha representación adolece de falta de facultades especiales para que el representante realice actividades ante instancias y las diligencias necesarias, por lo que el mismo hizo uso y abuso de las facultades del citado poder N° 277/2007.

       Refirió también que, el poder era para realizar reclamos administrativos ante el Hospital Boliviano Holandés, que no es el mismo que el Hospital Municipal Boliviano Holandés, así también dicho poder no señala que tipo de demanda laboral podrá interponer el apoderado, ni en que asiento, tampoco señala que pueda reformular demandas como lo hizo de fs. 49 a 50, ni que pueda aceptar notificaciones a nombre de la mandante, menos pedir ejecutorias, así como sólo podía ofrecer prueba y no producirla, por lo que se evidencia abiertamente la impersonería del apoderado, puesto que de acuerdo al Auto Supremo (AS) N° 151/2010 de 21 de mayo, el sub lite debió evitar la prosecución del proceso por impersonería del apoderado; entonces ante esta evidente falta de facultades especiales, en cumplimiento del art. 133 del Código Procesal del Trabajo (CPT), el A quo debió observar y subsanar dicho defecto antes de dictar Sentencia, por lo que debe anularse todo lo actuado hasta el vicio más antiguo.        

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando lo siguiente: “…admitir el recurso y concederme ante el superior en grado quien saliendo por los fueros de la ley y la justicia CASANDO EL A.V. N° 41/2014 y/o anulara obrados hasta el vicio más antiguo, sea con los recaudos de rigor. (sic).

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos Jurídicos del Fallo

       Que, así formulado el recurso de casación, del análisis de cada uno de los puntos recurridos y las normas legales aplicables al respecto, se tiene:        

       Partimos señalando que, la entidad recurrente planteó el recurso de casación anotando como recurso en el fondo, sin embargo se advierte que el mismo contiene un reclamo de forma como es la cuestión referida a la insuficiencia del mandato otorgado a favor del demandante, por lo que este Tribunal ingresa a resolver en primer término la forma, dado que, de encontrar evidente la denuncia al respecto, por la existencia de posibles vicios procesales, haría inviable ingresar a resolver los reclamos expuestos en el fondo; por lo que, se esgrimen los siguientes razonamientos al respecto:

       Que, la parte recurrente acusa falta de personería del apoderado legal de la demandante, en tal virtud solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo. Al respecto, revisados los antecedentes del proceso se advierte que, la parte demandada ahora recurrente, en ningún momento del proceso cuestionó la personería del apoderado de la demandante para tramitar el proceso laboral de reincorporación, así, se observa que fue citada con la demanda y no interpuso la excepción de falta o insuficiencia de personería, conforme la previsión de los arts. 127 y 129 del CPT, al contrario, se advierte que asumió defensa respecto al fondo de la controversia planteada, oponiendo la excepción de imprecisión y contradicción en la demanda de fs. 58 a 59, llegando por lo tanto a convalidar una posible observación de forma al respecto; es más, dicha observación sobre la impersonería del demandante tampoco fue planteada como agravio en apelación, siendo de tal manera inviable el reclamo planteado al respecto ante este Tribunal, por aplicación del principio de preclusión establecido en el art. 3.e) y 57 del CPT, toda vez que, la parte recurrente reclama este aspecto sólo en casación; de modo que, bajo tales fundamentos no corresponde disponer la nulidad de obrados impetrada por la parte recurrente en esta parte de su recurso.

       Por otro lado, para resolver los demás puntos reclamados en el fondo, consideramos necesario referir que, el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que las normas laborales deben aplicarse bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores, el principio de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación, inversión de la prueba a favor del trabajador; de igual manera el art. 3 del CPT, y el art. 4 del DS N° 28699, establecen también los principios de gratuidad, inmediación, publicidad, preclusión, lealtad procesal, proteccionismo, etc.; siendo la finalidad de todos ellos, buscar la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores, de modo que se logre su real materialización.

       En ese sentido, el principio de inversión de la prueba contenido en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, establece concretamente que la carga de la prueba corresponde al empleador, el cual está obligado a desvirtuar lo afirmado por el trabajador demandante en su memorial de demanda, y probar con más precisión y suficiencia los puntos de hecho señalados en el Auto de relación procesal, siendo que para esto el mismo adjetivo procesal, en su art. 151, prevé diversos medios de prueba, como ser: instrumentales, la confesión, el testimonio de terceros, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos, etc., los cuales pueden ser utilizados por ambas partes del proceso social, con el fin de demostrar la verdad de sus afirmaciones, pero con mayor obligación por el empleador, sea para desvirtuar los hechos afirmados por la parte trabajadora en su demanda, o para desvirtuar los derechos que de ellos derivan.

Por otra parte, en cuanto a la facultad valorativa de la prueba, debe dejarse establecido que el juzgador laboral, de acuerdo con lo previsto por los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, tiene la libertad para formar su convencimiento, es decir, no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, pues para ello deberá basarse en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, de modo que logre establecerse en lo posible, la realidad de los hechos, conforme guía el principio de la verdad material contenido en el nuevo texto constitucional; conclusión de los hechos que en todo caso, será en base a un análisis integral de la prueba aportada por las partes del proceso, para luego proceder a la aplicación de la norma sustantiva correspondiente.

       Bajo ese contexto, referente al reclamo i), en que se acusa por la parte recurrente, que la actora informó su estado de gestación extemporáneamente, por lo cual no podría acogerse a la inamovilidad que consagra la Ley N° 975; es menester indicar que de la revisión y análisis de los antecedentes del proceso, se advierte que los de instancia determinaron la reincorporación de la actora a su fuente de trabajo, por haber sido despedida de manera injustificada, por decisión unilateral y atribuible a la parte demandada y sin previo proceso administrativo, puesto que la parte demandada, no demostró en el curso del proceso que la actora haya incurrido en alguna de las causales legales de despido establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), y en el art. 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT).

En ese sentido, se tiene que si bien la parte recurrente reclama que la actora no comunicó oportunamente al empleador su estado de gravidez, este aspecto no fue el único punto determinante para que los Tribunales de instancia dispongan la reincorporación de la actora, no obstante, es menester señalar que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, conforme la SC 1750/2011-R de 7 de noviembre, no es condicionante para otorgar el subsidio prenatal, natalidad y lactancia, que el trabajador otorgue el aviso correspondiente al empleador sobre el estado de gestación o sobre el estado de progenitor de la trabajadora o el trabajador; esto en razón a que están involucrados sobre todo, los derechos primarios del ser en gestación o ya nacido, como el derecho a la vida, la salud y la seguridad social, los mismos que se encuentran garantizados constitucionalmente; en el mismo razonamiento, tampoco está obligada la trabajadora o el trabajador progenitor, a comunicar con anticipación su estado de embarazo o padre progenitor para que opere la protección constitucional, de modo que la falta de comunicación al empleador o la falta de presentación de los requisitos formales antes al despido, no enervan la obligación legal y el derecho del trabajador a percibir las asignaciones familiares.

Asimismo, una vez indicado que el motivo principal para la reincorporación de la actora fue el despido injustificado, y que se procedió de acuerdo al art. 10.I del DS N° 28699, que dispone: “Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”, se debe aclarar que el estado de embarazo de la actora, era otro aspecto por el que también la parte demandada no podía despedirla, toda vez que el art. 1 de la Ley N° 975 dispone: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas”, entendiéndose que la actora gozaba de inamovilidad desde el momento de su embarazo, y que si bien comunicó a la parte demandada su situación dos días después de haber sido despedida, esto no significa que la misma pierda el derecho que tiene a la inamovilidad laboral, razonamiento concordante con la SC 1750/2011-R de 7 de noviembre; por lo que no es evidente el reclamo planteado por la parte recurrente al respecto.

       Finalmente, respecto al reclamo ii), donde se indicó que la actora percibió doble remuneración durante 4 meses, aspecto demostrado con la certificación adjunta al presente recurso de casación, se tiene que; el art. 258.3) del CPC, establece: “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos…”, por lo que este Tribunal no puede considerar el certificado de trabajo a fs. 218, adjunto al presente recurso; así también referente a la doble remuneración que la actora percibió, se tiene que este Tribunal no tiene competencia para tramitar y resolver dicha situación, por lo que la parte recurrente deberá acudir a las instancias competentes para el tratamiento de dicha problemática.

       Corresponde concluir indicando que los de instancia, al emitir la Sentencia y el Auto de Vista, aplicaron correctamente las normas señaladas ut supra anotadas, así como dieron el valor que correspondía a todas las pruebas aportadas al presente proceso, toda vez que, de acuerdo al principio protector, el ejercicio del trabajo debe ser protegido en todas sus formas (art. 46.II de la CPE). Pues el hecho de percibir doble remuneración no es una cuestión que atinja al presente juicio instaurado por parte de la trabajadora, sino una cuestión que hace más a la responsabilidad funcionaria, cuyo tratamiento corresponde a la instancia administrativa mediante los mecanismos previsto por la Ley Nº 1178 y sus disposiciones reglamentarias, empero ello no puede constituir un óbice para no aplicar la protección tutela establecida en la Ley No 975 y la propia Constitución Política del Estado como norma fundamental, máxime si, el memorando de despido no refiere en absoluto a la situación de hecho mencionada, como causal de despido, y aun siendo así, se debe hacer uso de los mecanismos correspondientes y seguir los procedimientos administrativos previstos por Ley para una decisión de desvinculación laboral, por cuanto se trata de una entidad pública sujeta al Régimen de la Responsabilidad por la Función Pública.

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 220 a 222 vta., conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley de Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 220 a 222 vta., interpuesto por Hugo Borda Cuba en su calidad de Director Ejecutivo del Hospital Municipal Boliviano Holandés, contra el Auto de Vista N° 41/2014 de 14 de abril fs. 213 a 214 vta.

En ejecución de autos, previo al pago de los derechos reconocidos en Sentencia, la demandante debe prestar juramento de no haber percibido remuneración alguna durante el tiempo transcurrido desde su retiro hasta la fecha de su reincorporación.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera