TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 619

Sucre, 08 de septiembre de 2015

Expediente: 561/2013-S

Demandante: Lidia Terrazas Robles de Rolhaiser

Demandado: Banco Central de Bolivia

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: Los recursos de casación interpuesto por Lidia Terrazas Robles de Rolhaiser (fs. 340 a 344) subsanado a fs. 346, y Banco Central de Bolivia (BCB) representado por Francisco Rubén Morales Quisbert (fs. 357 a 361), Yara Harb Lara y Roberto Villarroel Barrero, contra el Auto de Vista Nº 86/2013 de 10 de septiembre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social por reincorporación laboral, seguido por Lidia Terrazas Robles de Rolhaiser, contra del BCB, la respuesta al recurso (357 a 361), el Auto de fs. 365 que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

               I.1.1. Sentencia

Concluido el proceso social, se pronunció la Sentencia Nº 39/2011 de 30 de mayo cursante de fs. 265 a 268, mediante la cual la Jueza de partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, declaró probada  la demanda de fs. 22 a 25 e improbada la excepción de falta de acción y derecho, debiendo en consecuencia el BCB proceder a la reincorporación de la actora al cargo que cumplía a momento de su retiro, con el reconocimiento de los sueldos y salarios, hasta la conclusión de su mandato como Dirigente Sindical y los derechos dejados de percibir, mismos que serán calculados en ejecución de fallos.

I.1.2. Recursos de apelación y Auto de Vista

Notificadas las partes con la Sentencia, el BCB y la demandante interpusieron recursos de apelación mediante los memoriales de fs. 277 a 282 vta., y 289 a 290 respectivamente contra la citada Resolución, recursos que fueron resueltos mediante el Auto de Vista Nº 86/2013 de 10 de septiembre (335 a 338 vta.), por el cual la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó en parte la Sentencia Nº 39/2011 de 30 de mayo de fs. 265 a 268, disponiendo, sin lugar  a la reincorporación y disponiendo únicamente el pago de salarios devengados por el periodo correspondiente desde el 8 de marzo de 2006  hasta la fecha de conclusión de su mandato como dirigente Sindical (10 de marzo de 2007), más tres meses que perduró el fuero sindical, es decir hasta el 10 de junio de 2007, cuya liquidación de efectuará  en ejecución de fallos en base a las planillas y otros datos necesarios a ser acumulados, salvándose los derechos inherentes a la actora concerniente a beneficios sociales, asimismo declara improbada la excepción de falta de acción y derecho.

I.2. Motivos de los recursos de casación 

I.2.1. recurso de casación interpuesto por Lidia Terrazas de Rolhaiser

  1. Denuncia que, el Auto de vista Impugnado, resolvió de forma contraria al derecho laboral vigente, más propiamente en los puntos 3.3 y 3.7 del Considerando III, pues se determina que la Resolución Ministerial Nº 208/2006 rigió únicamente desde el 10 de marzo de 2005 hasta el 10 de marzo de 2007, es decir por dos años, culminando  mucho antes de la presentación de esta demanda, argumento que es contrario a lo dispuesto por el art. 6.e) del Decreto Supremo (DS) Nº 1592 de 19 de marzo de 1949, reglamentario de la Ley de 21 de diciembre de 1948, traduciéndose en una vulneración del art. 48.I de la Constitución Política del Estado (CPE), porque las interrupciones al trabajo originadas, son por causas ajenas a la voluntad del trabajador, como ocurrió en el caso presente, pues la desvinculación que fue objeto fue por voluntad del empleador y no de la trabajadora, desconociendo en todo caso su calidad de dirigente sindical que se encuentra protegido por el  art. 1 del Decreto Ley (DL) Nº 38 de 7 de febrero de 1944 elevado a rango de Ley por Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006.
  2. Refiere la transgresión del art. 10.I y III del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, porque en su calidad de trabajadora y bajo la protección de dicha norma le corresponde la reincorporación a su fuente laboral así como el pago de salarios devengados hasta la fecha de reincorporación, continua señalando que la norma citada es aplicable al caso porque fue promulgada el 1 de mayo de 2006 y su mandado como dirigente sindical comprende desde el 10 de marzo de 2005 hasta el 10 de marzo de 2007, es decir el DS Nº 28699 ingreso en vigencia cuando la demandante fungía como dirigente, asimismo la desvinculación se produjo el 8 de marzo de 2006, en consecuencia el DS Nº 28699 es completamente aplicable, y al no hacerlo también se vulneró lo dispuesto por el art. 48.I de la CPE. Por otro lado cita la SC Nº 1314/2004-R de 17 de agosto referente a la reincorporación laboral y pago de salarios devengados.
  3. Asimismo refiere que, la Resolución impugnada vulnero los arts. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 126 de Código Procesal del Trabajo (CPT), porque consideró que el tiempo transcurrido entre la desvinculación laboral y presentación de la demanda de reincorporación fue en demasía, argumento que no tiene ningún sustento legal citando asimismo refiere que, la Resolución cito y transcribió  fragmentos del Auto Supremo Nº 90/2013; sin embargo dicho Auto Supremo no contempla hechos similares al presente caso, por otro lado refiere que, en cuanto fue cesada en sus funciones de forma inmediata formulo su reclamo ante la autoridad administrativa del Trabajo lo que interrumpió la supuesta prescripción a la que hace referencia la Resolución impugnada, asimismo que si no interpuso su demanda en la vía jurisdiccional, fue porque el demandado interpuso una serie de recursos ante la autoridad administrativa laboral, en consecuencia concluye manifestado que no se operó la prescripción, habiéndose fallado de forma contraria al principio protector del trabajador inserto en los arts. 48.II de la CPE, 3,g) del CPT y 4 del DS Nº 28699, pues se determinó la improcedencia de la reincorporación laboral.
  4. Manifiesta que el Auto de Vista recurrido si bien determinó el pago de sueldos devengados, sin embargo olvido pronunciarse sobre los otros derechos colaterales adquiridos como ser  incrementos salariales de las gestiones, bono de antigüedad hasta la fecha de reincorporación, las primas, el pago de aguinaldo doble por incumplimiento, lo que denota flagrante incumplimiento a lo previsto por el art. 10.III del DS Nº 28699.
  5. Finalmente aduce causal de nulidad en el Auto de Vista recurrido conforme previene el art. 254.4 del CPC y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ),  por haber considerado algo que no fue reclamado por la entidad demandada, como ser el argumento del tiempo transcurrido entre la desvinculación y a presentación de demanda de reincorporación, indicando como vulnerada la SC Nº 39/2011, a momento de  fundamentar la injustificada improcedencia de la reincorporación, lo que advierte un fallo extra petita.

I.2.2. El recurso de casación interpuesto por el BCB

       En la forma

  1. La entidad demandada ahora recurrente refiere que, el Auto de Vista impugnado, incurrió en las previsiones del art. 254.4 del CPC si bien revoca en parte la Sentencia Apelada y resuelve respecto  a la falta de acción derecho pero sin embargo, no  se pronuncia ni resuelve respecto a la excepción de pago opuesta, consecuentemente no toma en cuenta lo previsto por los arts. 133 y 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT),  192 y 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), pues las resoluciones tienen que resolver sobre todos los puntos en controversia y las excepciones opuestas juntamente con la causa principal, asimismo cita y transfiere la SC Nº 325/2013 de 18 de marzo referente al principio de congruencia.
  2. Por otro lado el recurrente refiere que, la Resolución impugnada, no contiene sustento legal porque no cita las normas legales en las cuales sustenta su decisión, lo que ocasiona una vulneración a  los arts. 192.2 del CPC y 202 del CPT, cita y transcribe parte de la SC Nº 325/2013 de 18 de marzo, respecto a la debida motivación y fundamentación de las resoluciones y judiciales y el deber de citar las normas en las que se sustenta, con lo que se afectó el debido proceso.

       En el fondo

  1. Finalmente señala que el Tribunal de Alzada incurrió en la previsiones contenidas en el art. 253.1 y 3 del CPC,  porque le concedió a la actora el pago de salarios devengados desde el 8 de marzo hasta la fecha de conclusión de mandado como dirigente sindical que es el 10 de marzo de 2007, más tres meses que perdura el fuero sindical es decir hasta el 10 de junio de 2007; sin embargo con esta determinación se transgrede y vulnera los arts.  52 de la LGT y 39 de su Decreto Reglamentario (DR), porque resulta evidente que la demandante no realizó ningún trabajo dentro del BCB,  y al no realizar trabajo alguno, no le corresponde se le otorgue tampoco ningún salario,  pues no es lógico y coherente percibir un sueldo sin trabajar, así lo entienden diferente autores doctrinarios,  como Capitán y Manuel Ossorio (refiriendo los conceptos de salario en relación al trabajo), para finalizar hace cita de los Autos Supremos Nros. 216/83, 64/81 y 177/79 referente a la relación entre salario y trabajo.

I.2.3. Petitorio

La demandante, solicita se CASE el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo se disponga declarar probada la demanda en todas su partes disponiendo la reincorporación  a su puesto de trabajo con el reconocimiento de todos sus derechos adquiridos y colaterales hasta el momento de su reincorporación en atención al fuero sindical

Por su parte la entidad demandada, pide que este Tribunal Supremo ANULE hasta emitir un nuevo Auto de Vista o en su defecto CASE dicha resolución y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, el Tribunal de casación tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, conforme establece el art. 17 de la LOJ, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del CPC.

En el marco del propósito anterior, es necesario contextualizar que la entidad demanda ahora recurrente denuncia que, dicha resolución no contiene las disposiciones legales en la cuales sustenta su decisión, incumpliendo en todo caso lo dispuesto por el art. 202.a) del CPT, 192.2 del CPC en relación a la SCP Nº 325/2013 respecto a la motivación y fundamentación que hacen al debido proceso.

Sobre la nulidad en casos como el presente, la doctrina enseña que, en esencia constituye una excepción al principio de congruencia en términos de simetría respecto de lo pedido con lo resuelto, figura que se presta para casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando la entidad de un acto de tal naturaleza amenace las bases elementales del sistema jurídico, de modo tal que resulte insoslayable la invocación del art. 3.1 del CPC, norma que impone a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe sin duda, no solo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva. A partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación.

Sobre el particular a decir de Castellanos …se prioriza el orden público y la relación con facultades indelegables que se vinculan con la recta administración de justicia; por tanto, la advertencia de actos irregulares que manifiestan inobservancia de disposiciones de carácter obligatorio, como la constitución de los presupuestos fundamentales para la Litis o el desarrollo efectivo del proceso, autorizarían a declarar de oficio, las nulidades encontradas, siempre que se cause indefensión a las partes, con el fin de eliminar los riesgos de un proceso inválido” (Castellanos Trigo, Gonzalo, CPC, tomo i, pág. 487).

En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada resolvió no conceder la reincorporación a la demandante y el pago de salarios devengados, sin embargo únicamente, efectúa una presunción de legalidad respecto a la RM Nº 208/2006 de 12 de mayo, sin hacer mención o cita sobre norma por la cual adopta la decisión final, más cuando la fundamentación contenida en el Auto de Vista en torno a la aplicación o no de las normas que regulan la reincorporación en la legislación nacional.

Sobre el particular se debe tener en cuenta que el art. 202.a) del CPT  parte in fine refiere “En seguida  se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citaran las normas legales y las razones doctrinales que se consideren aplicables al caso”, por su parte el art. 192.2 señala “La parte considerativa  con exposición  sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba y cita de las leyes en que se funda”, de lo que se infiere la importancia que tiene el sustento legal en las decisiones judiciales lo que en el caso presente no ocurrió pues al circunscribir un análisis únicamente en la presunción de una resolución ha dejado a los litigantes en incertidumbre e inseguridad olvidando en todo caso otorgar una respuesta efectiva y con fundamento legal, porque la actuación de la autoridad jurisdiccional debe contener la suficiente justificación tanto interna como externa y por ende, debe efectuar una rigurosa argumentación jurídica, y ser el depositario de un poder que se ejerce con mayor libertad que debe acreditar la racionalidad de sus decisiones, siendo esa su principal fuente de legitimidad; en síntesis, debe acreditar que el ejercicio de ese poder no es un ejercicio arbitrario.

Consiguientemente, a mérito del descuido del Tribunal de apelación, no es difícil advertir que la ausencia de cita de normas que sustentan la decisión asumida constituye una vulneración al deber de motivar y fundamentar las resoluciones judiciales en consecuencia transgresión al debido proceso.

Tal situación en consideración de la Sala es con certeza contraria al deber de motivación y fundamentación en las decisiones judiciales, pues este tópico adquiere vital trascendencia por ser la materialización de un mandato otorgado por el pueblo como potestad de impartir justicia a la jurisdicción ordinaria, cual se lee del art. 178.I de la CPE y el art. 11 de la LOJ; y del que, se vislumbra un doble plano, el primero visto desde del Estado, dónde las decisiones judiciales son el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las valoraciones sociales reconocidas en la Ley; y, el segundo desde el punto de vista de los justiciables vinculado con la función garantista del proceso, es decir, el interés de las partes en un juicio justo realizado por un tribunal independiente e imparcial. Por ello, las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser desembocaduras de un razonamiento explicitado y verificable. Aspectos que como se concluyen no fueron consignados ni fundamentados en la resolución de vista.

En definitiva, el Tribunal de apelación tenía la obligación de fundamentar debidamente los motivos por los cuales consideró anulable la determinación del tributo o, en su defecto, justificar debidamente la suficiencia de su fundamento sobre la calificación de la conducta con relación a la determinación del tributo.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde aplicar las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271.3, 275 del CPC y 17 de la LOJ, aplicables por mandato de los art. 214 y 297 parte final de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y el art. 74.2 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sello de sorteo de fs. 333 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa y previo sorteo, pronuncie nuevo Auto de Vista, con la debida motivación, dando cumplimiento a la previsión contenida en el art. 236 del CPC.

No siendo excusable se impone la multa de Bs.100.- para cada uno de los Vocales que suscribieron el Auto de Vista Nº 86/2013 de 10 de septiembre (fs. 335 a 338 vta.)

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera