TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 602

Sucre, 08 de septiembre de 2015

Expediente: 306/2011-S

Demandante: Jorge Luis Estrada Rodríguez

Demandado: Gobierno Municipal de Bermejo

Distrito        : Tarija

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 85 a 87, interpuesto por Marcelo Gareca Herbas en representación del Gobierno Municipal de Bermejo, contra el Auto de Vista Nº 61/2011 de 26 de mayo, de fs. 80 a 81 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso Social seguido por Jorge Luis Estrada Rodríguez contra la entidad ahora recurrente, sin respuesta al mencionado recurso; el Auto de 20 de junio de 2011 a fs. 90, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso por pago de beneficios sociales y sueldo devengado, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo Tarija, emitió Sentencia Nº 40/10 de 10 de noviembre de fs. 55 a 57 vta., declarando probada en parte la demanda y probada en parte la excepción de prescripción, ordenando a la entidad demandada, para que a través de su representante legal, cancele al actor, por los conceptos de indemnización, aguinaldo, vacaciones, incentivo o bono municipal, incremento salarial, bono de antigüedad, subsidio de frontera, trabajo en domingos y sueldos devengados, la suma de Bs.34.065,67.- (treinta y cuatro mil sesenta y cinco 67/100 bolivianos), más costas.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la entidad demandada a fs. 60 y vta., mediante Auto de Vista Nº 61/2011 de 26 de mayo de fs. 80 a 81 vta., la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Tarija, confirmó parcialmente la Sentencia apelada, ordenando a la parte demandada, cancelar al actor la suma de Bs.54.693,19.- (cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres 19/100 bolivianos), monto que en ejecución de Sentencia deberá incluir la multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Conforme al detalle especificado en la misma Resolución.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 85 a 87, interpuesto por la entidad demandada, que en lo esencial de su contenido, señaló:

Que, el documento que cursa a fs. 5 evidencia un contrato de servicios de consultoría individual de línea conforme al DS Nº 29190 y su reglamento, en sujeción a la Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG), por lo que el demandante ingresó a la entidad mediante contrato de prestación de servicios según atribución del art. 44 de la Ley de Municipalidades, es decir que de acuerdo al art. 59 de dicha norma se encuentra bajo el imperio de la Ley de Municipalidades vigente desde el año 1999, subsumiéndose el demandante a la figura que comprende a los empleados municipales, determinando así la exclusión del amparo de la Ley General del Trabajo, sólo aplicable a los trabajadores de las empresas municipales o mixtas.

Acusó también, que existe error de derecho en la apreciación de la prueba, ya que la literal a fs. 5 y el certificado de prestación de servicios demuestran que el actor prestaba sus servicios en una unidad del Gobierno Municipal de Bermejo en calidad de consultor en línea, demostrando así la naturaleza de la relación laboral, dentro del ámbito de aplicación del DS Nº 181 y de la Ley de Municipalidades, por lo que al tener la calidad de empleado público debió acudir a la instancia que por ley le correspondería.

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando a la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, case “la Sentencia” referida, declarando improbada la demanda social en todas sus partes y sea con imposición de costas procesales.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación y revisando minuciosamente el expediente, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Se acusa que, el Tribunal de apelación incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de la prueba producida por las partes, más específicamente de la literal a fs. 5 y el certificado de prestación de servicios, al no haber considerado que el actor prestaba servicios en calidad de consultor de línea, conforme a la norma básica que regula dicho ámbito, como es el DS Nº 29190 y DS Nº 181, por lo que los efectos jurídicos estarían regulados por dicha normativa y no así por la Ley General del Trabajo, siendo inexistentes por lo tanto los derechos demandados.

Por disposición constitucional y laboral, los derechos de las y los trabajadores gozan del carácter de irrenunciables, imprescriptibles e inembargables, siendo nulas las convenciones o acuerdos en contrario, y que todos los procedimientos y trámites deben estar basados en los principios de libre apreciación de la prueba, mediante los cuales el juez valora la misma con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios que rigen la materia.

Asimismo, rige en materia laboral el principio de la “primacía de la realidad”, vinculado con los art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que incorporan el principio de la verdad material, entendido como la prevalencia de la verdad material sobre la verdad formal, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. Tampoco debe perderse de vista que la aplicación del derecho protectivo del trabajador debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador a través de una errónea e inadecuada valoración de las pruebas aportadas, es decir, debe ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio.

Bajo ese preámbulo, resulta de suma importancia considerar por los antecedentes, que el actor presentó su demanda afirmando que ingresó a prestar sus servicios en la entidad demandada desde el 01 de febrero de 2005 hasta el 12 de abril de 2010, inicialmente bajo un contrato verbal y posteriormente, en un afán de aludir las cargas sociales, se habrían suscrito contratos administrativos.

En el caso de autos, el Juez a quo concluyó en sentido de que se habría comprobado que el actor trabajó para el Gobierno Municipal de Bermejo desde el 1 de febrero de 2005 hasta el 10 de abril de 2010, amparado por la Ley General del Trabajo al haberse suscrito de forma sucesiva y aparente, contratos administrativos a plazo fijo, encubriendo con ello una relación laboral; decisión que fue confirmada por el Tribunal de alzada, que señaló además que no se advertiría que el actor hubiere reconocido su condición de servidor público, por el contrario, fundaría su relación laboral amparada por la Ley General del Trabajo y disposiciones complementarias y conexas, concluyendo que los contratos, son sólo aparentes, pretendiéndose ocultar la verdadera relación laboral existente, al advertirse la subordinación, el cumplimiento de un horario, el poder de dirección del empleador y la percepción de una contraprestación monetaria, otorgándole por ello los beneficios sociales y derechos laborales.

Así fundamentada la decisión, éste Tribunal discrepa parcialmente de la decisión asumida por los de instancia, toda vez que, de los datos del proceso, queda claro que el actor ingresó a trabajar como dependiente de la Unidad de Aseo Urbano del Gobierno Municipal de Bermejo, el 1 de febrero de 2005, labor que según afirma el demandante, habría desempeñado hasta el 10 de abril de 2010, es decir, en plena vigencia de la Ley de Municipalidades, que ya no preveía el régimen de la Ley General del Trabajo para todo empleado municipal o servidores públicos que ingresaran a prestar servicios en sus dependencias, como en contrario se tenía previsto en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, claro está, con la salvedad que se trataran de empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, caso que no es el correspondiente a la entidad demandada.

Recordemos así, que al respecto el art. 59 de la Ley de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, establece que a partir de su promulgación: “el personal que se incorpore a los Gobiernos Municipales, serán considerados en las siguientes categorías: 1) Servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la Carrera Administrativa Municipal. 2) Funcionarios designados y de libre nombramiento; y 3) Personas contratadas en las empresas municipales mixtas, establecidas para la prestación de servicios públicos”; sujetándose los primeros a las disposiciones que rigen para los funcionarios públicos, los segundos, por la naturaleza de su nombramiento y las prestaciones que realizan, no se encuentran sujetos a las normas que regulan a los servidores públicos ni a la normativa de la Ley General del Trabajo, mientras que los últimos, se encuentran sujetos a la normativa de la Ley General del Trabajo.

En el caso de examen, queda claro que la entidad demandada no se constituye en una empresa municipal de prestación de servicios públicos, y por lo tanto, los servicios prestados por el actor a la mencionada entidad, no se encuentran sujetos sino al marco previsto para los funcionarios públicos, como es el caso del Estatuto del Funcionario Público, de modo que no corresponde el pago de la indemnización por tiempo de servicios, como erróneamente procedieron los de instancia, lo que corresponde corregir.

También queda claro que, tampoco se llegó a demostrar con suficiencia por la entidad demandada, que el demandante se encuentre sujeto al ámbito de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, para así entender que se trataría de un consultor individual de línea, como se afirma en el memorial de casación, al acusar error en la valoración de la prueba de fs. 5 de obrados, cuando tal contrato (en apariencia administrativa), sólo refiere al periodo del 08 de enero de 2009 al 08 de julio de 2009 (6 meses), y no así a todo el periodo demandado por el actor, de modo que no resulta suficiente argumentar que por dicha literal se establecería que la relación sostenida por el actor con la entidad demandada haya sido de carácter administrativo, cuando los derechos y beneficios que se demandan es por un tiempo mucho mayor; en todo caso, dicha literal refleja tan sólo una apariencia, que a los efectos de la decisión jurisdiccional, razonablemente no formó convicción en el juzgador.

Entonces, se concluye que la relación que mantenía el actor con el referido Gobierno Municipal, se encontraba sujeta a las previsiones contenidas en la Ley de Municipalidades y el Estatuto del Funcionario público, y que el trabajador ostentaba la calidad empleado municipal provisorio, por cuanto su ingreso a la entidad pública tampoco fue resultado de un proceso de reclutamiento y selección de personal llevado adelante en el marco del Sistema de Administración de Personal, como norma que operativiza la carrera administrativa prevista en el Estatuto del Funcionario Público, ejercitando funciones temporales o provisionales.

No obstante, y siendo que el actor prestó servicios a la entidad demandada bajo el marco del Estatuto del Funcionario Público, de esta relación emergieron derechos consolidados que los jueces de instancia consideraron acertadamente, toda vez que no se puede soslayar el hecho de que el trabajo es un derecho tutelado por la Constitución Política del Estado, por constituir la base del orden social y económico del país y que merecen una protección especial por parte del Estado, que ante su prestación, emergen derechos laborales a favor de todo trabajador; por lo que, los derechos consolidados como el pago de aguinaldos, bono municipal, vacaciones, incremento salarial, bono de antigüedad, bono de frontera y sueldos devengados, desde el inicio de la relación laboral febrero de la gestión 2005 hasta la conclusión en abril de la gestión 2010, se encuentran correctamente reconocidos al actor en virtud de lo dispuesto en los arts. 46 y 48 de la CPE.

Bajo estos parámetros se concluye ser parcialmente evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 85 a 87, por lo que corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 61/2011 de 26 de mayo, cursante de fs. 80 a 81 vta., dejando sin efecto sólo en cuanto a lo condenado por el concepto de indemnización por tiempo de servicios y la multa del 30 % previsto por el DS Nº 28699, manteniendo en lo demás, firme y subsistente el fallo recurrido.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera