TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 599

Sucre, 08 de septiembre de 2015

Expediente :215/2015-A

Demandante:Florentino Concha Huasco

Demandado :Servicio Nacional del Sistema de Reparto 

Distrito :La Paz                                                                                             

Magistrado Relator:Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 82 a 85 interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, representandoal Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 194/2014 de 20 de octubre de fs. 79 a 80, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de reclamación de pensiones seguido por Florentino Concha Huasco ante el SENASIR; respuesta de fs. 90 a 91; el Auto 81/15 de 2 de marzo que concedió el recurso a fs. 92; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

       I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas     

La Resolución Nº 11723 de 9 de diciembre de 2013 de fs. 39, por la cual la Comisión de calificación de rentas del SENASIR, resolvió: otorgar en favor de Florentino Concha Huasco, el Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones número 30,376, considerando un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.355,49.- el mismo que será válido para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual.

I.1.2 Recurso de reclamación y Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR

Elasegurado Florentino Concha Huasco, mediante la Nota de 28 de febrero de 2014 cursante a fs. 43, interpuso recurso de reclamación, el que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante la Resolución Nº 193/14 de 21 de marzo (fs. 49 a 51), por la cual, previo informe Técnico (fs. 46 a 48) Confirmó la Resolución confutada emitida por la Comisión de Calificación de Rentas.

I.1.3 Recurso de apelación y Auto de Vista

Notificadoel asegurado con la Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR, éste interpuso recurso de apelación mediante memorial de fs. 67 a 68, recurso que fue absuelto por el Tribunal de apelación mediante el Auto de Vista impugnado, que revocó la Resolución recurrida y dispuso que la Comisión de Calificación de Rentas proceda a efectuar una nueva Certificación de Compensación de Cotizaciones a favor del interesado.

I.2 Motivos del recurso de casación

       De la revisión del recurso de casación en el fondo, se extrae lo siguiente:

       En el acápite denominado “NORMAS LEGALES INDEBIDAMENTE APLICADAS Y ERRÓNEAMENTE INTERPRETADAS”(sic), transcribiendo el contenido del segundo párrafo del segundo Considerando del Auto de Vista, afirma que dicha resolución no consideró íntegramente todos los antecedentes en el marco de la normativa vigente, menos consideró que el SENASIR basó sus actos enmarcado en los principios de especialidad y verdad material.

       Resalta que, la resolución confutada fundamentó su decisión en el reconocimiento que otorga el Estado a los asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto hasta el 30 de abril de 1997 y la aplicación del art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004; dice además que, el art. 1 del DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, sobre la densidad de aportes, y los arts. 14 y 18  del DS Nº 27543, sobre la utilización de documentos que cursan en el expediente, se aplican única y exclusivamente a trámites del Sistema de Reparto y no así en Trámites de Compensación de Cotizaciones, así como la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre.

Afirma que, el Tribunal de Alzada no valoró adecuadamente la documentación cursante en obrados,aplicando indebidamente el art. 14 del DS Nº 27543, que de manera inequívoca dispone que se valorará la documentación cursante en el expediente a la fecha de la publicación de la referida norma legal, que en el caso en particular no cumple el asegurado, por cuanto la documentación fue presentada recién el 28 de febrero de 2014 conjuntamente el recurso de apelación.

       Respecto a la relación de los periodos 05/92 a 04/97, correspondiente a la Estación de Servicio “Zapara”, hace referencia a la Certificación de Salarios y densidad de años de aportes CERT-11-2013-10735 de 4 de julio de 2013 e Informe Técnico Nº 89/14 de 12 de marzo.Citando lo dispuesto por el Punto 1 Numeral 1.8 de la Resolución Administrativa Nº 299.13 de 31 de julio, en relación a  la Certificación de aportes respecto a 15 o menos días trabajados, señala que, el Tribunal de Alzada no efectuó una adecuada valoración de los datos y documentos cursante en obrados, incurriendo en error de hecho y derecho “al considerar la pertinencia de la normativa legal citada en el cotejo con los documentos aparejados a fs. 54, el Certificado de fecha 24 de junio de 2014 y documento de fs. 55 de obrados, vulnerando y desconociendo en tal sentido las disposiciones legales…”(sic) norma que es de preferente aplicación en virtud al principio de especialidad, además de no haber considerado los Informes y certificados que hacen plena prueba conforme los arts. 1287, 1289, 1296.I y 1523 del Código Civil (CC), por ser el SENASIR una entidad de carácter público.

       Añade que,en la Resolución impugnada se consideró nominalmente el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), sin tener presente que el SENASIR como institución desconcentrada forma parte del Estado y se encuentra llamadaa defender los intereses de los Bolivianos, no pudiendo entonces acusarse al SENASIR de incumplimiento de dicha norma constitucional, más aún cuando el Tribunal de apelación no consideró en su integridad el art. 67 de la CPE,  que además de reconocer una renta vitalicia impone el cumplimiento de las normas que integran la seguridad social; asimismo dice que, los nuevos principios de la economía jurídica ligan al cumplimiento de la ley como son el principio de defensa del patrimonio del Estado, que está contemplado en la Ley Nº 004 que “se traduce en un nuevo articulado dentro del Código Penal art. 153…”(sic).

       Considera que, el Tribunal de Alzada al revocar la Resolución Nº 193/2014 y disponer se proceda a una nueva Certificación de Compensación de Cotizaciones, lo hizo apoyado en el art. 14 del DS Nº  27543 y los principios enunciados por los arts. 45 y 67 de la CPE, pero no consideró la aplicación de dichas normas en su verdadera dimensión, por lo que éstasnormas fueron erróneamente interpretadas por el Ad quem.

       Cita como normas transgredidas y mal aplicadas, los arts. 45, 67 y 180 de la CPE, 24 de la Ley Nº 065, 1 del DS Nº 0822, 14 y 18 del DS Nº 7543, las cláusulas 1 y 2 de la Resolución Ministerial Nº 550, y arts. 1287, 1289, 1296 y 1523 del CC, además del Punto 1 numeral 1.8 de la Resolución Administrativa Nº 299.13 y la Ley 004.

I.2.1Petitorio

       Pide que este Tribunal Supremo de Justicia, Case el Auto de Vista impugnado, y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación.

CONSIDERANDO II:

Fundamento jurídico del fallo

II.1 Sobre la nulidad prevista por los arts. 17 de la Ley del Órgano Judicial y 252 del CPC

       El art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé la nulidad de actos determinados por Tribunales, estableciendo que: "La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley"; esta norma debe ser entendida desde la nueva visión de impartir justicia que pregona la Constitución Política del Estado, por ello los Jueces y Tribunales, al hacer uso de la facultad de revisión de las actuaciones procesales de oficio, deben circunscribir su labor sólo a aquellos asuntos previstos por ley. Corresponde entonces precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, para ello el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios procesales de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación, y celeridad a efectos de no incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales de las partes.

       El art. 252 del CPC, establece que “el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público”; por esta facultad el Tribunal de casación está obligado a revisar si en el desarrollo del proceso judicial, no concurren actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa.

II.2 Sobre el deber de motivación, fundamentación y congruencia del Auto de Vista

       El art. 236 del CPC señala que: "...el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a la que se refiere el artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del artículo 343..."; de este dispositivo legal se colige que, el Tribunal de Alzada que se constituye en la instancia de segundo grado, al resolver el recurso de apelación debe cumplir con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, ciñéndose a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo en el Auto de Vista disponer cuestiones que no han sido pedidos, ni omitir el análisis y resolución de ningún agravio expuesto en el recurso, debiendo enmarcar su decisión a las formas previstas por el art. 237 del adjetivo citado.

       El Tribunal de Alzada al constituirse en un Juez de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tiene la potestad y obligación de analizar y resolver todos los agravios expuestos en los recursos de Alzada sin discriminación alguna, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayar esta responsabilidad en la resolución de la causa.

       Con relación a la motivación de las resoluciones judiciales, es necesario reiterar que, se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, por el que el Juez o Tribunal al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Sobre este deber el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SC Nº 0092/2012 de 19 de abril, estableció el siguiente entendimiento: "La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...".

       Respecto al deber de fundamentación de las resoluciones, es menester recordar que esta Sala en diferentes resoluciones, ha establecido que: “la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado”.

II.3 Análisis del caso

       En autos, cumpliendo el mandato de las normas citadas en el acápite que precede, de la revisión de antecedentes se advierte que el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista impugnado, eludió identificar con precisión el objeto de la controversia que se suscitó en sede Administrativa, y como lógica consecuencia omitió resolver adecuadamente el recurso de apelación, en el que además se advierte la falta de motivación y fundamentación.

       La Resolución Nº 11723 de 9 de diciembre de 2013 pronunciada por la Comisión de calificación de rentas del SENASIR, se basó en la Certificación de Salarios y Densidad de Años de Aporte (fs. 38) elaborada por la Unidad de Compensación de Cotizaciones, que no certificó los periodos 08/87 a 08/87 y 05/92 a 04/97 de la Institución Policial Boliviana  y Estación de Servicio “Zapata” porque el asegurado trabajó menos de 16 días durante todos estos periodos, en aplicación de la RA Nº 299.13 de 31 de julio que aprobó el Manual de Certificación en su capítulo I numeral 1.8. inc. a). Ante el recurso de reclamación del asegurado, la Comisión de Reclamación del SENASIR pronunció la Resolución Nº 193/14 de 21 de marzo, que en la parte final del tercer Considerando concluyó que del “Informe Técnico Nº 89/14, de fecha 12 de marzo de 2014, de fs. 46 a 48 de obrados, el cual señala que producto de la revisión de la documentación cursante en el Área de Certificación CC y Archivo Central, se evidencia que durante todos los periodos trabajados en la Estación de Servicios ZAPATA, trabajó menos de 16 días (fs. 30 a 33) no cotizable, en cumplimiento de la RA 299.13 de fecha 31/07/2013 el cual aprobó el Manual de Certificación en su Cap. I, Num. 1.8 inc. a),…”(sic); frente a esta Resolución el asegurado interpuso el recurso de apelación cuestionando el Informe Técnico Nº 89/14 de 12 de marzo,que como se advirtió fue la base de la Resolución de Reclamación, señalando que dicho Informe al establecer que habría trabajado menos de 16 días, faltó a la verdad y vulneró sus derechos y no efectuó una revisión minuciosa de la documentación.

       Ahora bien, de los antecedentes que preceden se concluye que, la controversia radica en establecer si el SENASIR aplicó correcta o incorrectamente la RA Nº 299.13 de 31 de julio, en el caso del asegurado a efectos de otorgarle la Certificación de Compensación de Cotizaciones por los periodos reclamados por éste  y si para ello se valoró correctamente la prueba que cursa en el expediente.

       En los fundamentos expuestos en el Auto de Vista hoy impugnado, no es posible advertir que el Tribunal de alzada hubiera identificado la controversia ni el   reclamo del asegurado, por ello ingresó a analizar y resolver una temática ajena a la litis, haciendo alusión a los  arts. 24 de la Ley Nº 065 y 14 del DS Nº 27543,  para concluir que “En el caso presente si bien cursan las planillas correspondientes a la entidad aseguradora, donde presumiblemente no se encuentra registrado el nombre del reclamante, sin embargo…”, y que “…la documentación mencionada se tiene que no ha sido considerada por la autoridad administrativa a tiempo de tomar sus determinaciones situación que debe ser enmendada en sede administrativa debiendo efectuarse una nueva y correcta revisión de las gestiones aportadas…”(sic); conclusiones que no tienen por finalidad resolver el problema central de la controversia y no son suficientes para sostener la decisión de revocar la Resolución Nº 193/2014y ordenar al SENASIR proceda a efectuar una nueva Certificación de Compensación de Cotizaciones, pues se omitió un análisis jurídico y fáctico, en este caso concreto, sobre la aplicación de la RA Nº 299.13 de 31 de julio en su punto 1.num. 1.8 inc. a), omisión que vulnera y restringe el derecho al debido proceso y a la defensa de ambas partes, al no poder ser cumplida por las falencias advertidas.

       En conclusión, se advierte que el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista, no cumplió con la previsión contenida en el art. 236 del CPC, norma procesal que es de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del adjetivo citado, cuya inobservancia importa la nulidad de oficio, impidiendo que la competencia de este Tribunal se abra, toda vez que no existe pronunciamiento claro concreto y preciso sobre la problemática planteada en este caso.

       Por lo anotado corresponde aplicar las disposiciones contenidas en los arts.252, 271.3) y 275 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts.  633 del reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS) y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de pago y Aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ,ANULAel Auto de Vista Nº 194/2014 de 20 de octubre de fs. 79 a 80 pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que sin espera de turno bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista resolviendo el recurso conforme los fundamentos del presente fallo y sea con la debida motivación y fundamentación, dando cumplimiento a la previsión contenida en el art. 236 del CPC.

No siendo excusable el error se impone la multa de Bs. 300, para cada uno de los Vocales que suscribieron el Auto de Vista anulado. En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERACIONES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de AASS anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera