TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 589

Sucre, 08 de septiembre de 2015

Expediente:318/2011-S

Demandante:Juan Vicente Loza

Demandado:Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Distrito        :La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la formade fs. 140a143, interpuesto por Edwin Castro Escobar en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista N° 161/10de 8 de septiembre(fs. 138), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Terceradelaentonces Corte Superior de Justicia de La Paz; dentro del proceso socialde Reintegro de Beneficios Sociales, que sigueJuan Vicente Lozacontra la entidad en cuya representación se recurre;el AutoN° 122/11 de 4 de marzo, defs. 145 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1.Antecedentes del Proceso

I.1.1.Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, laJuez Sextode Trabajo ySeguridad Social de La Paz, emitió Sentencia N° 106/2009 de 17 de septiembre (fs. 116 a 119), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 20 a 21 de obrados, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su representante legal, cancele al actor el monto de Bs.24.417,53.- (veinticuatro mil cuatrocientos diecisiete 53/100 Bolivianos), por concepto de la multa del 30% establecida por el Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006. Se declaró también improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta por memorial de fs. 34 a 37 de obrados, conforme al Auto complementario de fs. 122 vta.

I.1.2. Auto de Vista

Dicha resolución fue recurrida en apelación porla parte demandada(fs. 124 a 125), mereciendo el Auto de Vista N° 161/10 de 8 de septiembre (fs. 138),por el cual, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, resolvió confirmar la Sentencia N° 106 de 17 de septiembre, cursante de fs. 116 a 119 y el Auto complementario de 13 de enero de 2010, cursante de fs. 122 vta., sin costas por ser excusable.

I.2.Motivos del recurso de casación

El mencionado Auto de Vista originó que la parte demandadaformule elrecurso de casaciónen el fondo y en la forma, cursante de fs.140 a 143, que en lo esencial de su contenido señaló:

I.2.1. En el fondo

Señaló que existe contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia, toda vez que no se aplicó ni cumpliócon los arts. 202. b) y c) del Código Procesal del Trabajo (CPT), 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil (CPC), derivando que dicho fallo sea equivocado o erróneo, y dando como resultado final la aplicación errónea del DS N° 28699.

Indicó que, de acuerdo a los finiquitos de fs. 5, 33, 57 y 107, el actor ingresó a trabajar el 4 de julio de 1980, fecha en la cual no existía el DS N° 28699, por lo que el actor se encontraba sujeto a la norma vigente de dicha fecha de ingreso, siendo la misma el DS N° 23381 de 29 de diciembre de 1992, que en sus arts. 1 y 2 dispone el plazo para el pago de los beneficios sociales y las sanciones por el incumplimiento a dicho plazo, empero los de instancia aplicaron erróneamente el art. 9.II del DS N° 28699, estando todavía vigente el DS N° 23381 para las relaciones laborales indicadas bajo ese alcance normativo jurídico legal.

Refirió también que el art. 12.I del DS N° 28699, establece que dicha norma es aplicable a las relaciones laborales que se iniciaren con posterioridad a la vigencia de la misma, por lo que no puede aplicarse de manera retroactiva, en consecuencia no puede aplicarse a la presente relación laboral.

I.2.2 En la forma

Señaló que, el Auto de Vista impugnado no se circunscribe a lo dispuesto por el art. 236 del CPC, incurriendo en la sanción dispuesta por el art. 254.4) del mismo cuerpo legal citado, puesto que no resolvió todos los términos de la apelación cursante de fs. 124 a 125, específicamente con relación a la prescripción en el conocimiento de la demanda y a los arts. 120 de la LGT y 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), por lo que se debe recomponer este derecho.

Acusó que no existe pronunciamiento sobre la prescripción, toda vez que con los finiquitos de fs. 5, 33, 57, 107, y con el Memorando D.G.RR.HH. 04788/2006 de 29 de diciembre, se demostró que la conclusión de la relación laboral fue el 29 de diciembre de 2006, fecha desde la cual corre la prescripción que sólo puede ser interrumpida con el conocimiento del reclamo en sede judicial, observándose con el aviso judicial de fs. 23, que recién en fecha 9 de febrero de 2009 se puso en conocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el inicio de la presente acción judicial, evidenciándose que de la fecha de retiro del trabajador a la fecha que se dejó el mencionado aviso judicial, transcurrieron más de dos años, por lo que debe aplicarse lo dispuesto por el art. 120 de la LGT.

También indicó que la prescripción se interrumpe en sede judicial, cuando se deja el aviso judicial y la demanda es de conocimiento, no como mal interpretaron los de instancia, al indicar que dicha interrupción es a partir de la presentación de la demanda en la judicatura, siendo que el conocimiento de la parte demandada no opera sin la citación establecida en los arts. 119 y siguientes del CPC, concordante con el art. 72 del CPT.

I.2.3.Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, delibere en el fondo declarando improbada la demanda, o alternativamente anule obrados para que el Tribunal Ad quem emita un nuevo Auto de Vista pronunciándose fundadamente sobre todos los extremos de la apelación que no fueron respondidos.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos Jurídicos del fallo

       Que, formulado de esa manera el recurso de casación en ambas formas (forma y fondo), se ingresa a resolver los reclamos, considerando en primer término las denuncias expuestas en el recurso de casación en la forma, dado que, de encontrar evidentes las acusaciones al respecto, por la existencia de posibles vicios procesales, haría inviable ingresar a resolver los reclamos expuestos en el recurso de casación en el fondo:

       II.1.1. Resolviendo el recurso de casación en la forma

       Que, así precisados los reclamos, éste Tribunal de casación tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si evidentemente concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, conforme establece el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, el derecho a la defensa o el derecho a la seguridad jurídica, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, siendo la nulidad de obrados el único remedio procesal necesario para la reparación del vicio procesal.

Ahora bien, en el caso de análisis se advierte que el único reclamo se concentra en la omisión por parte del Tribunal ad quemde considerar, responder y pronunciarse respecto alagravio de la prescripción, el cual fue llevado en apelación por la parte demandada, ahora recurrente; entonces, señalado el reclamo y revisado el Auto de Vista impugnado, se tiene ciertamente que el Tribunal de segunda instancia no se pronunció sobre dicho agravio expuesto en el recurso de apelación que formuló la parte demandada, mismo que cursante de fs. 124 a 125.

Se deberecordar que los Tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

Así, en el caso se advierte que la parte demandada, ahora recurrente, como consecuencia de la Sentencia que declaró probada en parte la demanda en su contra, llevó como agravios ante el Tribunal ad quem, dos ítems:

i)Que no corresponde la multa del 30% establecida por el DS N° 28699, toda vez que la misma se aplica “ante el no pacto del pago”, y no ante la predisposición al pago del empleador, siendo que en el presente caso existió “el pago del pacto” 13 días después del retiro del trabajador como se demostró a fs. 5, debiendo tomar en cuenta que el pago de beneficios sociales es el conjunto de trámites administrativos que dan señal del cumplimiento de la obligación.

ii)Quedesde el retiro del actor, 2 de enero de 2007 (fs. 4), hasta la notificación con la demanda al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en fecha 10 de marzo de 2009 (fs.26), transcurrieron más de 2 años, por lo que debe aplicarse el Instituto de la prescripción conforme señala el art. 120 de la LGT.

Sin embargo, de estos agravios, solo uno fue absuelto por el Tribunal de Alzada, el cual no se pronunció específicamente sobre el punto ii), (prescripción), aspecto que fue recurrido hasta casación, denotando ello que, el Tribunal de segunda instancia dejó de resolver dicha cuestión que fue oportunamente reclamada en apelación, pese a la obligación que éste tenía de hacerlo, conforme la previsión del art. 236 del CPC.

En ese sentido, se colige que el Tribunal ad quem no resolvió todos los agravios acusados en el memorial de apelación (fs. 124 a 125), más cuanto tenía la obligación de pronunciarse sobre todas las pretensiones reclamadas oportunamente, de modo que no se dejen vacíos respecto a lo reclamado por la parte apelante, lo que evidentemente no sucedió. 

En tal razón, corresponde a dicho Tribunal, pronunciarse al respecto, otorgando a la parte recurrente una respuesta razonada, motivada y fundamentada respecto a todos los agravios llevados en apelación por la parte recurrente, en cumplimiento a lo establecido en el art. 236 del CPC y al no haberlo hecho así, vulneró una norma de orden público y cumplimiento obligatorio, como es adjetivo mencionado, así como el contenido en el art. 202 de CPT, entre otras; omisión que acarrea la nulidad de obrados, debido a que vulnera el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica del apelante ahora recurrente.

Que, se debe precisar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos supone no sólo exponer los hechos, sino realizar la fundamentación legal que sea aplicable al caso, esto implica la obligación de que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conocer con precisión las razones de la decisión del juzgador, y eventualmente, impugnar la decisión en los puntos que considere haya existido un apartamiento de las normas sustantivas o adjetivas, pues privarle de una respuesta fundamentada, vulnera el derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119. I de la Constitución Política del Estado (CPE) así como la garantía del debido proceso.

En conclusión, se advierte que el Tribunal de Apelación no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192. 3), 236 del CPC y 202 del CPT, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC, cuya inobservancia importa la nulidad del fallo impugnado, por cuanto evidentemente las omisiones anotadas, vulneran derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, conforme se preció anteriormente.

       Se aclara también que, por la nulidad que se dispone, éste Tribunal no ingresa a resolver y analizar las cuestiones de fondo que la parte recurrente trae también en casación.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde resolver el presente recurso, aplicando las disposiciones contenidas en los arts. 271.3) y 275 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO:La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 137 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal de apelación, sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad administrativa, emita nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, con la pertinencia de los arts. 192.3) y 236 del CPC y art. 202 del CPT.

No siendo excusable la omisión, se impone multa de Bs.200,00.- a cada uno de los vocales que suscribieron el fallo recurrido.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y las recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos (AASS) anulatorios como el presente, no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera