TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 586

Sucre, 02 de septiembre de 2015

Expediente:288/2015

Demandante:Servicio Nacional de Sistema de Reparto

Demandado:Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de La Paz

Distrito        :La Paz

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VISTOS: El recurso de compulsa formalizado por Daniel Abraham Flores Baptista, en representación delServicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) (fs. 40 y vta.), dentro del proceso laboral seguido por Ángel Poma, los antecedentes adjuntos, y:

CONSIDERANDO I:

Mediante memorial de fs. 40 a vta., Daniel Abraham Flores Baptista, en representación del Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR), formaliza recurso de compulsa contra los Vocales de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por negativa indebida de su recurso de casación mediante Auto Nº 208/2015 de 04 de agosto de 2015, alegando que su recurso fue presentado dentro del plazo para interponerlo de acuerdo al art. 90 par I y II del Código Procesal Civil, siendo que tal aspecto que no fue considerado.

Agrega que no se tomó en cuenta la Disposición Transitoria Segunda del Código Procesal Civil, que dispones la vigencia de los artículos referidos al cómputo de plazos, con lo que las autoridades compulsadas, al rechazar su recurso de casación incurrieron en violación al debido proceso, a la defensa y su derecho a recurrir.

Finalmente, solicitó se declare legal la Compulsa y se disponga la concesión del recurso de casación.

CONSIDERANDO II:

El recurso de compulsa previsto por el art. 283 del Código de Procedimiento Civil (CPC) procede en los siguientes casos: 1) Por negativa indebida del recurso de apelación; 2) Por haberse concedido la apelación sólo en el efecto devolutivo, debiendo ser en el suspensivo y; 3) Por negativa indebida del recurso de casación.

La uniforme línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional -ahora- Plurinacional respecto a la garantía del principio de impugnación, que sostiene que antes de las formas procesales para interponer un determinado recurso, debe tenerse presente los principios constitucionales de seguridad jurídica, acceso a la justicia y legalidad, así como a la garantía constitucional del debido proceso, expresamente establecidos en los arts. 115, 116, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que sobre el derecho a recurrir señala; “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, éste derecho también se encuentra consagrado en los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Sobre ese principio rige también el principio pro actione, que tiene como finalidad garantizar el acceso a los recursos legales desechando todo rigor o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento judicial de fondo sobre las pretensiones o agravios invocados; principio que tiene directa vinculación con el derecho de acceso a la justicia, cuyo contenido mínimo esencial se traduce en el derecho de toda persona de ser oída y juzgada en un debido proceso, a un pronunciamiento judicial  oportuno que ponga fin a un conflicto, al  uso efectivo de

los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico y al cumplimiento y ejecución de lo resuelto en juicio; de donde se deduce que, la exigencia de formalismos o ritualismos extremos, puede degenerar en vulneración de derechos o garantías constitucionales y se opera, cuando el juzgador al dar a las formalidades procesales prevalencia sobre derechos fundamentales, superpone el derecho formal sobre el derecho sustancial, por lo tanto, en atención al principio pro actione; los formalismos procesales pueden ser flexibilizados por el juzgador a partir de la ponderación entre el cumplimiento de la formalidad y el derecho de acceso a la justicia,  en lugar de declarar la improcedencia de un recurso, que podría quebrantar el acceso a la tutela judicial efectiva, entendimiento que emerge de la interpretación sistémica y axiológica del art. 115.I de la CPE, que señala en su parte in fine; que “es labor del juzgador garantizar el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de las personas”, concordante con el art. 13.I de la propia Constitución, que concluye indicando que; “el administrador de justicia como parte del aparato estatal, tiene el deber de proteger los derechos y garantías constitucionales, priorizándolos frente a la observancia de requisitos de orden formal”.

CONSIDERANDO III:

De la revisión de los antecedentes adjuntos al recurso de compulsa, se evidencia lo siguiente:

Dentro del proceso laboral seguido por Ángel Poma contra Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 054/2015 de 14 de mayo, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el ahora compulsante Revocando la Resolución Nº 651/2014 de 26 de septiembre de 2014.

Asimismo, la diligencia de notificación que corre a fs. 9, demuestra que la parte demandada, ahora compulsante, fue notificado a horas 09:00 del 06 de julio de 2015, y el recurso de casación que corre de fs. 12, fue presentado a horas 10:00 del 14 de julio de 2015.

A fs. 19 cursa el Auto de 04 de agosto de 2015, por el que se establece la extemporaneidad del recurso y la ejecutoria del Auto de Vista.

En el presente caso, haciendo un cómputo llano efectivamente la parte compulsante presentó su recurso de casación dentro del plazo que establece el art.257 del Código de Procedimiento Civil, computable conforme el art. 90.II del mismo código; por ello resulta necesario contextualizarlos.

De los antecedentes se evidencia quela parte demandada fue notificada con el Auto de Vista 054/2015 en fecha 06 de julio a horas 9:00, presentado memorial de recurso de casación en fecha 14 de julio de 2015 a horas 10:00; teniendo en cuenta que el plazo para presentar elrecurso es de 8 días, y haciendo un cómputo de acuerdo al art. 90.I y II del Código Procesal Civil, el plazo para recurrir en casación se le vencía el 16 de julio de 2015, tomando en cuenta sólo días hábiles tal cual establece la norma citada; por lo que se entiende que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo estipulado por la norma procesal.

En base a los hechos que se suscitaron, es pertinente citar lo establecido en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social “Los aspectos no previstos en la presente ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley del Órgano Judicial y de Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación a los principios generales del Derecho Procesal Laboral”, art. 15 del Manual de Prestaciones y R.S. 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 y por otra parte el art. 90 del Código Procesal Civil: “Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria, se exceptúan los plazos cuya duración no exceda de quince días, los cuales sólo se computaran los días hábiles”

Por todo lo expuesto, se concluye que la negativa de concesión del recurso de casación en el fondo, es indebida.

POR TANTO: Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, la negativa de concesión del recurso de casación ha sido indebida y así se declara, LEGAL el recurso de compulsa de fs. 31 a 32 y en su mérito dispone que por Secretaría de la Sala se libre provisión compulsoria prevista por el art. 291 del CPC.

En cumplimiento de la previsión contenida en el parágrafo I del art. 296 de la norma procesal civil, se impone una multa de tres días de haber a cada Vocal signatario del Auto de negativa; Al efecto, remítase copia de la presente resolución a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera