TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 579

Sucre, 19 de agosto de 2015

Expediente: 278/2011-S

Demandante: Cornelio Vidaurre Hoja

Demandada: Honorable Alcaldía Municipal de Tarija

Distrito        : Tarija  

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo (fs. 136 a 137) interpuesto por Cornelio Vidaurre Hoja contra el Auto de Vista N° 54/2011 de 14 de mayo (fs. 131 a 132 vta.) pronunciado por la Sala Social Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por el recurrente contra el Gobierno Municipal de Tarija; el Auto de 6 de junio de 2011 que concede el recurso (fs. 143); los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso laboral, la Jueza de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió Sentencia de 29 de septiembre de (fs. 110 y vta.), declarando improbada la demanda de fs. 5 a 6, sin costas; bajo el argumento que en el curso del proceso no se demostró que el actor haya sostenido una relación laboral con la parte demandada desde la gestión 1998, presumiéndose que fue contratado el 26 de mayo de 2006, no estando sujeto en esa consecuencia al régimen de la Ley General del Trabajo.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Cornelio Vidaurre Hoja la Sala Social Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija mediante Auto de Vista N° 54/2011 de 14 de mayo de (fs. 131 a 132 vta.), confirma totalmente la Sentencia. Sin costas.

I.2Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia motivó que Cornelio Vidaurre Hoja mediante memorial de fs. 136 a 137, interponga recurso de casación en el fondo bajo los siguientes fundamentos:

a)Arguye la existencia de error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba documental de descargo debido que la Sentencia y el Auto de Vista efectuaron una incorrecta valoración de las pruebas de descargo de fs. 1 a 3 la misma que consiste en contratos de trabajo que acreditan que su persona trabajo bajo dependencia de la Alcaldía Municipal de Tarija en condición de obrero cumpliendo diariamente un trabajo forzado y que no puede enmarcarse en calidad de funcionario público, como determinaron la Jueza de instancia y el Tribunal de Apelación, incurriendo en la violación a lo determinado por el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC) y los arts. 4 y 182 de la Ley General del Trabajo (LGT).

b)Refiere la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, puesto que el Auto de Vista en el Considerando II inc. a), señala que al haberse admitido la demanda, la competencia laboral fue abierta, sin embargo en los incs. a) y b) de manera contradictoria llega a la conclusión que el Juez de instancia efectuó una correcta valoración de la prueba y aplicó debidamente las Leyes 2027 y 2028, lo que constituiría una aberración jurídica en el sentido que se estaría aplicando una norma que es contradictoria a los principios laborales establecidos en la constitución Política del Estado (CPE).

I.2.1 Petitorio

Finaliza su recurso manifestando que el Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del art. 271 inc. 3) del CPC, case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes.

I.2.2 Contestación al recurso

Claudia Gina Gonzales Martínez en representación legal del Gobierno Municipal de Tarija, en la contestación al recurso de casación manifiesta que no cumple con el art. 258.2 del CPC; el recurrente nono menciona en forma clara, concreta y precisa no especifica en que consiste la supuesta violación, falsedad o error del art. 4 de la LGT; que el art. 182 de la LGT no tiene la mínima posibilidad de ser erróneamente aplicado o violadopor que esta disposición legal no existe en esa Ley ya que solo alcanza a 122 arts.; que no se puede considerar que el Auto de Vista ha violado o aplicado erróneamente el art. 253.1 del CPC cuando esta disposición constituye uno de los casos de procedencia del recurso; la supuesta contradicción entre el inc. a) Considerando II con los inc. a) y b) no señala en que consiste esa consideración, por lo que se declare improcedente el recurso o en su caso infundado por no ser evidentes las infracciones que se acusan. 

CONSIDERANDO II:

Fundamento jurídico del fallo

Mérito a los antecedentes, y una vez revisado minuciosamente el recurso casación en elfondo, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, a través del Auto Supremo Nº 139 de 13 de mayo de 2011, tiene establecido que: "La Ley Nº 2028 (Ley de Municipalidades), la misma que entró en vigencia el 28 de octubre de 1999 y en referencia a los servidores públicos y otros empleados Municipales a través de su art. 59, reconoció tres categorías: 1. Los servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la Carrera Administrativa Municipal....; 2. Los funcionarios designados y de libre nombramiento que comprenden al personal compuesto por los oficiales mayores y los oficiales asesores del Gobierno Municipal. Dichas personas no se consideran funcionarios de carrera y no se encuentran sujetos a la LGT ni al Estatuto del Funcionario Público...; 3. Las personas contratadas en las Empresas Municipales, públicas o mixtas, establecidas para la presentación directa de servicios públicos, éstas se encuentran sujetas a la LGT. A su turno el art. 4 del Reglamento al Estatuto del Funcionario Público, Decreto Supremo Nº 25749, publicado el 24 de abril de 2000, expresamente dispuso: "En virtud del art. 200 de La CPE(1967), que regula la autonomía Municipal, la Carrera Administrativa de los Gobiernos Municipales se rige por su Ley especial, contenida en la Ley de Municipalidades Nº 2028 de fecha 28 de octubre de 1999".

En ese sentido se tiene que el actor ingresó a trabajar en el Gobierno Municipalde Tarija, el 26 de mayo de 2006 mediante contratos de prestación de servicios, así lo demuestran las pruebas documentales, (véase fs. 1 a 3), entendiéndose  que el mismo no se encontraba sujeto a la LGT, sino más bien a la Ley del Funcionario Público 2027 promulgado el 4 de mayo del año 2000, se debe de tomar en cuentaademás que su ingreso a la institución demandada, fue en plena vigencia de la Ley N° 2028;a todo ello señalar que el actor en el transcurso del proceso no demostró haber sido funcionario de alguna Empresa Municipal, lo que implica que no esté comprendido dentro de los alcances del art. 59.3 de la Ley de Municipalidades, la situación específica que argumenta en lo referente al pago de desahucio e indemnización no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, ni de su Decreto Reglamentario de 23 de agosto de 1943, es decir que el actor no se encuentrabajo el ámbito de aplicación de la referida norma laboral, ello implica que el Auto de Vista impugnado no incurrió en la violación del art. 4 de la LGT.

En cuanto a una presunta contradicción en el Auto de Vista, entre la apertura de la competencia de la judicatura laboral y asumir que la Juez de grado aplicó correctamente las Leyes 2027 y 2028, cabe traer a colación lo expresado por el Fallo impugnado:

la competencia del fuero laboral ha sido abierta al admitir la demanda; siguiendo adelante el desarrollo del proceso, cuando en los de la materia la juzgadora tenía la opción de aplicar el art. 47 del CPT, es decir declarar su incompetencia. Al no haber actuado conforme a preceptos legales vigentes declarándose incompetente, resolvió impropiamente a momento de declarar improbada la demanda, cuando debía aplicar la norma ya señalada; aun así, es de rigor utilizar las leyes N° 2027 y N° 2028, en lo pertinente…” (sic).

De la glosa que precede, la contradicción confutada por el recurrente resulta no ser evidente, por cuanto es claro que el Tribunal de alzada, si bien emitió un criterio sobre la revisión de oficio de la competencia de la juzgadora de grado, no es menos cierto que reconoce la aplicación de las Leyes 2028 y 2027, esta última invocada en la Sentencia, no desluciendo de modo alguno el fallo de grado como tampoco actuando de manera contradictoria, pues el Tribunal de alzada vierte opinión sobre un posible actuación de la juez de grado en relación a su competencia que en su criterio debió adscribirse a lo previsto en el art. 47 del CPT, aspecto que no involucra de manera alguna las conclusiones de fondo de los fallos de instancia.

En el marco legal descrito, el Auto de Vista recurrido, no incurrió en violación y errónea aplicación de las normas legales que rigen la materia, ni ha interpretado y aplicado indebidamente las leyes acusadas en el recurso de fs. 136 a 137,corresponde resolver el recurso conforme a la previsión de los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Cornelio Vidaurre Hoja, sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera