TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 578

Sucre, 19 de agosto de 2015

Expediente:123/2015-S

Demandante: Cipriano Carvajal Paz

Demandado:Marcelo TórrezMendizábal

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Marcelo TórrezMendizábal mediante memorial de fs. 330 a 333, contra el Auto de Vista Nº 003/2015 de 14 de enero de fs. 325 a 326 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro el proceso social seguido por Cipriano Carvajal Paz contra el recurrente; el Auto N° 056/2015 17 de marzo a fs. 337, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

I.1Antecedentes del Proceso

I.1.1Sentencia

Tramitado el proceso social, el Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió Sentencia Nº 70/2014 de 30 de abril de fs. 289 a 300, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 30 a 31, subsanada por memoriales de fs. 32 a 33, 41 y vta.; disponiendo que la parte demandada, pague al actor la suma Bs.39.817,41.- por los conceptos de: indemnización, aguinaldo duodécimas de la gestión 2012, vacaciones duodécimas de la gestión 2012 y multa del 30% conforme el art. 9 del DS Nº 28699; monto sujeto a actualización en ejecución de fallos, conforme a la citada norma; todo conforme al detalle inserto en la citada Sentencia.

Luego, por memorial de fs. 302 y vta., el demandado solicitó aclaración, explicación y complementación, motivando la emisión del Auto de 19 de mayo de 2014 a fs. 303, por el cual el Juez de grado declaró sin lugar a esa petición

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto los recursos de apelación por ambas partes por memoriales de fs. 306 a 309, en el caso del demandado, y de fs. 311 a 314, para el caso del actor, mediante Auto de Vista Nº 003/2015 de 14 de enero de fs. 325a326 vta., la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió confirmar en parte la Sentencia Nº 70/2014 de 30 de abril y el Auto de 19 de mayo de 2014, ordenando pagar a favor del actor la suma de Bs.85.948,77.- por los conceptos de indemnización, bono de antigüedad, aguinaldo, vacación y multa del 30%. Sin costas por ser apelación doble.

I.2 Motivos del recurso de casación

Dicha resolución motivó que Marcelo TórrezMendizábal formule recurso de casación, manifestando que el Auto de Vista impugnado transgredió los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 3 inc. j), 154 y 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y los arts. 90, 253.3, 373, 374 num. 1 y 2, así como el art. 397 todos del Código de Procedimiento Civil (CPC), por no haber considerado los documentos de fs. 19-26 y 51-59, conforme los argumentos siguientes:

a)Bajo el rótulo de “Diversas identidades del demandante” (sic), el recurrenteseñala que en el proceso se demostró que el demandante tiene diversas identidades, conforme se evidencia de la literal de fs. 140, (partida de nacimiento Nº 13132 de la República del Perú-Departamento de Puno-Municipalidad Provincial de Yunguyo- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), que certifica que la verdadera identidad del actor “Cipriano Carvajal Paz” es “Cipriano Apaza Carvajal” nacido en Yunguyo-Perú. No obstante en la demanda principal cursante a fs. 30 a 41 se establece que el mismo tiene el nombre de Cipriano Paz Carvajal. Añade que por la literal de fs. 104 (tarjeta prontuaria del SEGIP), se establece que el otro nombre del demandante es Apaza Carvajal Cipriano; tal dato se corroboraría por lo visto a fs. 105, que es el Acta de Reconocimiento de hijo natural otorgado por Cipriano Apaza Carvajal en favor de su hija Marina Apaza Argote.

Manifiesta que con esas pruebas a pesar de haber sido legalmente puestas en conocimiento del actor, nunca fueron desvirtuadas, como tampoco nunca se pronunció sobre las mismas, por consiguiente la postura del demandado se encuadra dentro de las previsiones prescritas en el art. 154 del CPT.

b)Señala que el Auto de Vista recurrido determinó la existencia de una relación laboral entre Marcelo TórrezMendizábal y el demandante, aspecto totalmente falso por cuanto se ha demostrado que el verdadero propietario de la talabartería “El Viajero” es José Edgar Botello, por consiguiente es quién debería cancelar los beneficios sociales.

Asimismo el demandante en ningún momento presentó prueba alguna que demuestre que el recurrente pagara un salario mensual de Bs.1.400.-, ni tampoco se demostró la relación laboral; más cuando, el lugar de trabajo es un taller artesanal, dónde el demandante nunca trabajó mes completo, no correspondiendo ninguna vacación.

Prosigue expresando que el empleador José Edgar Botello, jamás pagó al demandante un sueldo de Bs.1400.-, precisamente porque el actor realizaba trabajos esporádicos y eventuales, en razón de sus constantes viajes a Puno en la República del Perú para regularizar obligaciones y familiares; en consecuenciamal podría establecerse que el demandante ganaba esa suma, puesto que no aportó prueba alguna que justifique ese monto, tal cual establece el art. 150 del CPT.

Además, arguye que “en el hipotético caso [que el recurrente] hubiera sido en primera instancia el dueño y luego en segunda instancia el Sr. José Edgar Botelo debe aplicarse lo prescrito en el art. 11 de la Ley General del Trabajo” (sic) pues el dueño de la Talabartería El Viajero es otra persona que nunca fue citada ni notificada.

c)Denuncia violación de los arts. 13 y 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), ya que en el presente caso el demandante se retiró voluntariamente de su fuente laboral, sumado a esto que en el proceso no existe prueba de su despido. El Auto de Vista amparó la existencia del despido en la declaración cursante a fs. 134, que es insuficiente por no constarle a la testigo de este hecho, mencionando únicamente que: “me dijo que los había retirado” (sic); vulnerando con ello el art. 169 del CPT.

d) En cuanto al bono de antigüedad, manifiesta el recurrente que el actor nunca realizó reclamo, por lo que tal derecho prescribió, agregando que, en caso de aplicarse lo determinado por el art. 48.IV de la CPE, sobre la imprescriptibilidad de los derechos laborales, tal precepto se aplica desde la entrada en vigencia de la norma fundamental, es decir desde el 9 de febrero de 2009, por tanto se vulneró losarts. 115.II y 48 de la Norma Suprema.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo aplique lo que en derecho corresponde por manifiesta conculcación de las leyes citadas en el recurso.

CONSIDERANDO II:

II.1Fundamentos jurídicos del fallo

Así planteadoel recurso de casación en el fondo, de la revisión de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

II.1.1 Sobre lo alegado por el recurrente de la inexistencia de la relación laboral, el Tribunal de Alzada estableció que:

“según los datos compulsados en la Sentencia, que el Sr. Marcelo Tórrez Mendizábal es propietario de la empresa demandada, conforme sostiene el actor, cumpliendo con los presupuestos de empleador; por otra parte debe tenerse presente que Marcelo TórrezMendizábal, no ha desvirtuado con prueba plena y fehaciente los extremos demandados conforme era su obligación al tenor del principio de inversión de la prueba establecido en los Arts. 3 Inc. h. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, es más se advierte de obrados que este extremo ha sido objeto de compulsa y pronunciamiento definitivo por Auto Interlocutorio Nº 110/2013 de la Sala Social y Administrativa Tercera, el cual confirma la Resolución Nº 247/2013 de fs. 246-247 de obrados, el cual declara improbadas las excepciones previas de impersonería en el demandante, impersonería en el demandado e imprecisión y contradicción en la demanda…” (sic).

Acorde a la confirmación de lo valorado en Sentencia por el Tribunal de Alzada, se tiene que la demanda, las testificales de cargo y descargo, conforme a los arts. 69  y 178 del CPT, permitieron establecer la relación de trabajo existente entre Cipriano Carvajal y Marcelo Tórrez, señalando que las partes (Empleador y trabajador) se identificaron plenamente,constando ello en más de dos testigos que afirmaron que el actor prestóservicios por más de 20 años (desde el 10 de noviembre de 1992 hasta el 26 de noviembre de 2012), en condición de talabartero, reparando y realizando maletas de cueroy, por otro lado, a través de la certificación de fs. 82, emitida por la Gerente de Recaudación y Empadronamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, se concluyó que Marcelo TórrezMendizábal, es dueño de la Talabartería El Viajero de la que tiene inactivo su NIT desde el 1 de octubre de 2007, evidenciándose que la dirección de la fuente laboral del ex trabajador, se ubicó en ese entonces en la Av. Ildefonso de las Muñecas Nº 146, Piso PB, Zona Barrio San Sebastián, cuya venta de calzados y artículos de cuero, lo que dio indicios para confirmar la relación laboral por el Juez de instancia.

Tal situación es en simetría aplicable al reclamo sobre la existencia de una tercera persona (José Edgar Botello) que en posición del recurso es quién debería cancelar los derechos laborales, por cuanto se determinó tanto la relación laboral entre el demandante y el demandado, como las condiciones de aquélla; más aún cuando, fue el propio Tribunal de alzada que concluyó que tal aspecto ya había sido objeto de compulsa a momento de resolverse las excepciones de impersonería en el demandante y el demandado, e imprecisión y contradicción en la demanda (así el punto 2 del tercer considerando del Auto Interlocutorio N° 110/13 de 4 de octubre pronunciado por la Sala Social Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 259 a 260).

Asimismo, el alegato sobre la identidad del demandante, que incumbe un aspecto sobre impersonería en el demandante (ligada a la capacidad de asumir legitimidad activa procesal), ya fue materia de pronunciamiento por parte de las instancias procedentes, en el estadio procesal de resolución de excepciones, tal es así que el Auto Interlocutorio N° 110/13, manifestó que: “de la revisión del cuaderno de apelación se evidencia que la demanda es interpuesta por Cipriano Carvajal Paz, mismo que por las literales …fotocopia simple de cédula de identidad a fs. 65, fotocopia de tarjeta prontuaria a fs. 82, certificación emitida por el SEGIP a fs. 83 y literales de fs.66-69…demuestra su identidad como persona mayor de edad y hábil por derecho, por consiguiente capaz de obrar, de tal modo que cuenta con la capacidad suficiente para ser sujeto procesal; así como la legitimación activa para ser parte dentro del presente proceso habida cuenta su pretensión de cobro de derechos laborales…” (sic)

II.1.2En cuanto al haber mensual fijado de Bs.1400.- señalado por el actor y que el demandante cuestiona no fue demostrado por ningún medio probatorio; partiremos del carácter tutelar que tiene el Derecho Laboral, que surgió ante la necesidad de proteger en forma especial a los trabajadores, situados en desventaja frente a los empleadores, aspecto que no es menos real en materia procesal, por cuanto en la realidad del país, en un gran número de relaciones laborales el contrato de trabajo se celebra en forma verbal y los escasos documentos que podrían acreditar la existencia de esa relación, su duración, remuneración, desarrollo, conclusión y otros extremos, quedan en manos del empleador, sin que el trabajador pueda tener acceso a ellos; tal postura, justifica la existencia de una disposición que establezca la inversión de la prueba, pues los atropellos y el desconocimiento de los derechos laborales sería constante porque los trabajadores no tendrían posibilidad de acreditar sus reclamos para que se dé lugar a sus pretensiones en instancia judicial; en ese entendido los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, no son contrarios al principio de igualdad que proclama la Constitución, sino se entiende que es el empleador el que tiene la mayor parte de las pruebas en virtud del poder de dirección que le otorga la ley en el contrato de trabajo y por ser el propietario de los medios de producción, ello es más notorio con respecto a aquellos hechos que se establecen por medio de la documentación que él está obligado a llevar, registrar y conservar durante la ejecución del contrato de trabajo y que a la vez constituyen obligaciones a cargo del empleador de cara a las autoridades administrativas de trabajo en su función verificadora, para hacer que la norma de trabajo se observe adecuadamente, implicando de esta manera un desplazamiento del objeto de la prueba en materia laboral como una excepción a la regla general del derecho común.

Por ello para privar a los trabajadores de los derechos laborales que reconocen las leyes, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio para negar la existencia del vínculo laboral y en consecuencia la percepción de un salario mensual, consiguientemente el Tribunal de Alzada, confirmó acertadamente lo dispuesto en la Sentencia.

II.1.3De igual forma en cuanto a la causal de desvinculación el demandado no ofreció prueba suficiente que demuestre que el empleado se retiró voluntariamente conforme a los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT , razón por la cual en Alzada se dispone otorgar en virtud al art. 12 de la LGT el pago del desahucio, al no otorgar el preaviso dispuesto por ley; fundamentos que le permitieron al Tribunal de apelación otorgar este beneficio.

Si bien, el Tribunal de Alzada apoya su argumento en la testación de Carmen Guadalupe Lupaca Nina, ello no inhibe ni desluce, la aplicación del principio de inversión de la prueba a favor del trabajador, pues las condiciones previstas por norma en cuando a la desvinculación laboral, hacen presumir a los juzgadores que la misma se originó en un despido, salvo claro, prueba en contrario, situación que como se reitera, (y fue conclusión del Auto de Vista) no fue acreditada por la parte demandada, restando entonces refrendar la conclusión del Tribunal de alzada en cuanto al pago del desahucio.

II.1.4En cuanto al bono de antigüedad;el recurrente manifiesta que este derecho prescribió, debiendo tomarse en cuenta que la Constitución Política del Estado introdujo la figura de la imprescriptibilidad desde su puesta en vigencia, y que por tanto sólo debería aplicarse el pago del bono de antigüedad desde el 9 de febrero hacia adelante.

Al respecto, cabe  señalar que conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del art. 48 de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009 “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”; es decir, que por mandato de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; sin embargo, al existir contradicción en relación al instituto de la prescripción de los derechos laborales como señala el art. 120 de la LGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; siendo necesario aclarar que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE, en cuanto a la retroactividad de la ley.

Además con relación al instituto jurídico de prescripción en materia laboral, corresponde recordar que la doctrina define a la prescripción liberatoria como "la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inacción de su titular durante el lapso señalado por ley" (Carlos Alberto Etala, Contrato de Trabajo, Editorial Buenos Aires Astrea, Pág. 256). En ese sentido, son dos los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) El transcurso del término legal preestablecido y, b) La inacción o silencio voluntario del acreedor durante ese plazo. La legislación laboral del Estado Plurinacional Boliviano, regula el instituto de la prescripción extintiva del derecho del trabajador en el art. 120 de la LGT, determinando que: "las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas", por su parte el art. 163 del DR-LGT, establece que: "las acciones y derechos emergentes de la ley que se reglamente se extinguirán en el término de dos años a partir de la fecha en que nacieron", institutos a la fecha aún vigentes, para aquellos derechos cuyo nacimiento fue anterior al régimen constitucional vigente. En ese sentido, la abundante Jurisprudencia Nacional ha establecido también, que por el principio de protección e irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, la prescripción en materia social se interrumpe, por cualquier misiva, nota, dirigida al empleador u otro reclamo dirigido ante cualquier autoridad administrativa del trabajo o la presentación de la demanda judicial, no importando que ésta sea legalmente notificada al empleador.La prescripciónentonces, tiene interpretación restrictiva, ya que previene la conservación y la subsistencia del derecho del trabajador y en definitiva, el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas y no a su pérdida por la vía de la prescripción.

En base a lo señalado, se establece con absoluta claridad que en la especie, el primer acto procesal que dio inicio a la acción fue el memorial de demanda recepcionado el 27 de febrero de 2013 conforme consta a fs. 30 y 31, a través del cual el recurrente pretende el pago de los beneficios sociales;es decir, por el periodo de ejercicio de labores comprendido entre el 10 de noviembre de 1992 al 26 de noviembre de 2012, ante tal situación, la desvinculación laboral que se produjo fue en vigencia de la Constitución actual, situación en virtud de lo cual la figura de la prescripción no es aplicable, tal como se manifestó líneas arriba; consecuentemente la otorgación del bono de antigüedad es correcta.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de la parte demandada al carecer de sustento legal, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.I de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 330 a 333, interpuesto por Marcelo TórrezMendizábal,con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera