TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 576

Sucre, 19 de agosto de 2015

Expediente: 274/2011-S

Demandante:Rosa Raily Melgar de Antelo

Demandado: Ignacio Julio JustinianoEguez, y otros.

Distrito        : Santa Cruz        

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 335 a 337 vta., interpuesto por Ignacio Julio Justiniano Egüez, Rodolfo Rivero Vaca y Julio Aldo Cabrera Valverde, contra el Auto de Vista Nº 160 de 21 de julio de 2010, cursante de fs. 331 a 332, emitido por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superiordel Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales, sigue Rosa Raily Melgar de Antelo, contra el Centro de Acopio de Leche de San Juan de Palometilla, representado en esta acción por los ahora recurrentes; la respuesta al mencionado recurso (fs. 340 y vta.), el Auto Nº 218 de 26 de noviembre de 2010 cursante a fs. 341 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitada la causa, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Montero, pronunció Sentencia N° 01 de 12 de enero de 2010, cursante de fs. 302 a 304 vta., declarando probada la demanda de fs. 6 a 7, disponiendo el pago a la actora de Bs.7.846,86.-, por concepto de desahucio, indemnización por tiempo de servicios (4 años 4 meses y 8 días), aguinaldo última gestión 4 meses y 8 días, vacación de la última gestión, y por 384 horas extras; ordenando que tal suma debe ser cancelada por la parte demandada “en el plazo fijado” (sic), más multa del 30% dispuesto por el Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, todo conforme al detalle inscrito en la mentada Sentencia.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por la parte demandada, conforme al memorial de fs. 318 a 320 vta., la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista N° 160 de 21 de julio de 2010 de fs. 331 a 332, confirmó la Sentencia apelada, con costas.

I.2Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia, motivó que los demandados, mediante memorial de fs. 335 a 337 vta., interponganrecurso de casación, en el que previa reseña de antecedentes procesales, y manifestando que al confirmar la Sentencia el Auto de Vista incurre en los mismos errores contenidos en el primer Fallo, planteando  a tal efecto los siguientes motivos:

a)Que el Auto de Vista recurrido confirma todos los errores y vicios procesales, que vienen arrastrándose desde el inicio del proceso, mismos que no fueron reparados a pesar del oportuno reclamo en las instancias correspondientes, conllevando a un error de hecho y de derecho, toda vez que la demanda fue interpuesta contra una persona jurídica como es el Centro de Acopio de San Juan de Palometilla, y no así contra personas naturales, existiendo una total discordancia en la apreciación y valoración de la prueba, originando un fallo equívoco; puesto que los testigos de la actora afirman que serían dueños del Centro de Acopio de Leche de San Juan de Palometilla, hecho desvirtuado por la propia demandante al presentar recibos de recepción de leche expedidos por la PIL, ya que en este supuesto caso de ser estos los propietarios serian ellos los emisores de los recibos señalados y no la Planta PIL; ante la concurrencia de estas pruebas contradictorias es deber del juzgador evaluar la eficacia y relevancia de cada una de ellas, hecho que en el caso presente no ocurre ya que existiría contradicción entre la prueba y la indicación de la persona demandada, condenando a personas que nada tienen que ver con el demandado, ya que éstos no serían ni propietarios ni representantes de dicha institución y aunque así fuera la Sentencia debió recaer sobre la persona jurídica demandada.

b)En cuanto a los vicios procesales denunciados, el Tribunal de Alzada omitió hacer un pronunciamiento positivo o negativo a uno de los puntos apelados, referente a la nulidad de los actos por falta de jurisdicción, puesto que la Juez de grado ordenócitación mediante comisión instruida con la demanda y Sentencia, ya que las mismas debían realizarse en jurisdicción distinta al asiento judicial, lo cual es correcto de acuerdo a Ley; lo incongruente del caso es que la inspección judicial realizada el 28 de julio de 2009 (fs. 91 a 93), en la localidad de  San Juan de Palometilla jurisdicción de la provincia Sara, fue realizada por la señora Juez de la causa en jurisdicción que no corresponde a su competencia, viciando de nulidad el acto al transgredir el art. 35 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), que determina la competencia, recayendo dicho acto en la sanción establecida por el art. 30 de la norma citada supra, referente a la nulidad de los actos por falta de jurisdicción al tratarse de  un vicio de nulidad absoluto dispuesto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Señala como normas violentadas el art. 202.a) y b) del Código Procesal del Trabajo (CPT) con relación al art. 190 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

I.2.1 Petitorio

Solicitan que laCorte Suprema de Justicia, luego de compulsarlos antecedentes, repare los agravios sufridos, disponiendo la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda.

I.2.2 Contestación al recurso

Rosa Raily Melgar de Antelo en la contestación al recurso manifiesta que en el presente caso no existióindefensión a los demandados, que plantean recurso de casación, el mismo que no corresponde puesto que la casación tiene otro objetivo y la nulidad otro objetivo,que los recurrentes noespecificande qué manera se violaron los arts. 202. a) y b) del CPT y 90 del CPC, no demostraron la existencia de vicios procesales que les hubiera causado indefensión, que existió relación laboral y que el Tribunal valoro correctamente las pruebas aplicadas en el juicio por lo que se deberá rechazar y declarar ejecutoriado el Auto de Vista.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

De principio corresponde precisar que pese a que el memorial del recurso de fs. 335 a 337 vta., no discrimina si recurre en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, empero, del análisis del recurso puede colegirse que dentro de la fundamentación de agravios se concretaron dos reclamos,el primero respecto a una discordancia con la apreciación y valoración de la prueba hecha en instancias precedentes; y la segunda respecto a una presunta omisión incurrida por el Tribunal de Alzada respecto a la nulidad de actos por falta de jurisdicción; aspectos referidos a cuestiones que hacen al fondo y a la forma y que finalizan con la solicitud de anulación de obrados hasta la admisión de la demanda:

II.1.1Referente al primer motivo denunciado, señalar que en materia laboral corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, tal como lo disponen los arts. 66 y 150 del CPT, en el caso de autos se puede evidenciar que los demandados dentro del presente proceso no demostraron ni acreditaron no ser los propietarios del Centro de Acopio de San Juan de Palometilla; asimismo, respecto a los recibos expedidos por la Empresa PIL,fueron emitidos en razón de constancia de recepción de leche que realizan los socios del Centro de Acopio de Leche de San Juan de Palometilla, aspecto que no tendría relación con la propiedad de dicho centro.

La carga procesal sobre la personería o representación legal de la parte demandada dentro de un proceso laboral en efecto no le corresponde al trabajador, sino que tal aspecto se presenta como una carga procesal de la primera acreditar, quién deberá acreditar tanto su impersonería, o rebatir efectivamente las alegaciones sobre representación que le son atribuidas; en ese mismo sentido, el art. 120 del CPT dispone que: “La demanda se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante. Queda entendido que cuando la demanda se dirija contra la empresa o establecimiento, toda gestión que en el proceso realice el gerente, administrador o el representante del empleador, será válida. No obstante, el empleador o su representante legal podrán, en cualquier momento, apersonarse en el proceso y continuar la gestión”, es decir, los actos por los que una acción laboral puedan proponerse, son flexibles hacia el trabajador, comprendiendo que la materia obedece precisamente al principio protector y entendiendo también que la pretensión sobre un derecho laboral o beneficio social, no necesariamente es exigible a una persona natural en específico, sino a un empleador que puede estar constituido dentro de la diversidad de figuras que prevé el Derecho Comercial; adquiere lógica entonces lo contenido en el art. 111 también del CPT que indica que, “el demandante no está obligado a presentar prueba sobre la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida, ni la que en el juicio se debata como cuestión principal de este punto”.

II.1.2 Enel segundo motivo del recurso se alega falta de pronunciamiento del Tribunal de apelacióncon relación a uno de los puntos apelados referido a la nulidad de los actos por falta de jurisdicción en primera instancia.

Habida cuenta que este motivo pretende se declare una nulidad, la Sala, sobre el particular considera partir de lo dicho por el profesor peruano Juan Monroy Gálvez: “La nulidad es dialécticamente la situación opuesta al proceso. Si éste implica un avance hacia un fin determinado, la nulidad es un retroceso y el alejamiento de ese fin”; en tal caso, es necesario que en la práctica su aplicación no se rija a la literalidad de la pretensión que la invoque,más bien su función, en efecto obedezca a originar uncanal de reparación de agravios sobre aspectos sustanciales del proceso, como así, vía eficaz para la defensa en su caso restitución- del derecho de las partes.

Al ser la nulidad, por así decirlo una anomalía contraria a la sistemática secuencia procesal diseñada en la Ley, corresponde realizar un examen en torno a su viabilidad, validez y necesidad; examen al que la jurisprudencia de este Tribunal con arreglo a criterios doctrinales del derecho procesal, afirma deben regirse ciertas pautas orientadoras, deentre las cuales, se señalan: 1)El principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la Ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto la nulidad debe ser expresa o específica; 2)Principio de trascendencia, por el que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma; quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante esa vía; 3)Principio de Finalidad Incumplida, por el que se estima que los actos procesales no realizan fines por sí mismos sino que se dirigen a otro fin, y que, por tanto, las nulidades no pueden establecerse en beneficio de la Ley sino que su declaración debe derivar de un perjuicio; y, 4) Principio de Convalidación, por el que la parte que a pesar de ser causante del vicio procesal, opta por consentirlo, quedando claro, que para tal consentimiento debió haber tenido expedito el derecho para reclamar su nulidad.

El recurso de casación propone la nulidad de obrados, partiendo del reclamo que la audiencia de Inspección Judicial corriente en Acta de fs. 91 a 93, fue llevada a cabo en la localidad de San Juan de Palometilla que fuera jurisdicción de la provincia Sara, cuando “para este acto la…juez no ordenó se efectúe la diligencia por comisión instruida o por exhorto…sino que ella misma ha efectuado la diligencia en jurisdicción que no le corresponde a su competencia” (sic).

Ahora bien, cumpliendo lo dispuesto en decreto de 8 de julio de 2009 (fs. 75), el 28 del mismo mes y año, la Juez de grado llevó a cabo la audiencia de inspección judicial en la localidad de San Juan de Palometilla, Provincia Sara, a objeto de la verificación de existencia del inmueble en el que funcionaba el Centro de Acopio San Juan de Palometilla; ya en el curso del proceso este acto fue tomado en cuenta de modo referencial en la Sentencia, a efecto de la corroboración de las testaciones de cargo y los hechos alegados en la demanda; empero, aclarar que esa conclusión no se ve apoyada únicamente en esa documental, pues en ese cometido se realizó una valoración integral del cuerpo probatorio.

Por otra parte, en cuanto la segunda parte del art. 152 del CPT, dispone que si el Juez no pudiere practicar personalmente las pruebas, por razón del territorio, comisionará a otro para que en la misma forma las practique; norma que posee un carácter regulatorio no impositivo, pues faculta al Juez la realización de una diligencia a otra autoridad, en razón de imposibilidad de practicarla el mismo; sin que ello signifique, como induce el recurrente, que la realización de una diligencia específica, en un lugar distinto al juzgado de origen, signifique usurpación de funciones o ejercicio de jurisdicción no emanada de la Ley, más cuando aquella diligencia es realizada dentro de un proceso aperturado y en el que las partes se sometieron a la jurisdicción y competencia, como sucedió en Autos.

Por lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna y al contrario se realizó una correcta valoración y apreciación de la prueba adjunta al proceso, como la interpretación y aplicación de las normas legales citadas, sin haber incurrido en las violaciones acusadas en el recurso, por consiguiente corresponde resolver conforme previenen los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicable en la materia con la facultad conferida por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ignacio Julio Justiniano Eguez, Rodolfo Rivero Vaca y Julio Aldo Cabrera Valverde (fs. 335 a 337 vta.). Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado del demandante en la suma de Bs. 500.- (Quinientos 00/100 bolivianos), que mandará a ser efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera