TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº569

Sucre, 18 de agosto de 2015

Expediente: 284/2011-S

Demandante: Evelin Murillo Quiroga

Demandado: Caja Petrolera de Salud

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator:Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 327 a 330 vta., interpuesto por Carlos Alfredo de Villegas,en representación de la Caja Petrolera de Salud (CPS) Departamental de La Paz, contra el Auto de Vista Nº 032/2011 de 5 de abril de fs. 297 a 298, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito Justicia de La Paz; dentro del proceso que por reincorporaciónsigue Evelin Murillo Quiroga,contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 336 que concedió el recurso;los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1.Antecedentes del proceso

I.1.1.        Sentencia

Tramitado el proceso, el Juez Quinto del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 75/2010 de 11 de septiembre cursante de fs. 226 a 231, por la que declaró improbada la demanda cursante de fs. 3 y vta., de obrados.

I.1.2.        Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la demandante tal cual es visto en el memorial de fs. 234 a 236, mediante Auto de Vista Nº 32/2011 de 5 de abril,la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, anuló la Sentencia Nº 75/2010 de 11 de septiembre, disponiendo que la Juez a quo dicte nuevo fallo en observancia de lo dispuesto en dicha Resolución.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha resolución motivó, que la entidad demandada recurra en casación, señalando al efecto:

  1. El Auto de Vista realizó consideraciones de fondo al fundamentar su revisión de oficio, existiendo en tal sentido prejuzgamiento, aspecto que fuera evidente en la afirmación sobre las maneras de acceder (concurso de méritos) a un cargo en la rama salud; más cuando tal aspecto no fue objeto de controversia ni fue marcado como punto a probar en el Auto de relación procesal de fs. 76.
  2. Errónea interpretación del art. 15 y 247 de la Ley de Organización Judicial(LOJabrg) y los arts. 91 y 251 del Código de Procedimiento Civil (CPC), puesto que la nulidad requiere de varios requisitos, y debe estar prevista por Ley, consecuentemente la existencia de doble providencia de “autos” para sentencia no es causal de nulidad; más cuando el juez debe interpretar la Ley procesal teniendo en cuenta que el objeto del proceso es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustantiva.
  3. Se vulnera, los arts. 64, 80, 157 y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), ya que en ninguno de aquellos artículos se castiga con nulidad a la duplicidad de providencias no está prevista en norma, por lo que al haberse dictado en la misma fecha dos autos para sentencia, no ocasionó indefensión a la actora, emitiéndose la Sentencia dentro de plazo.

Añade que si bien existe duplicidad de decreto de autos, se debe a la sucesión de memoriales presentados por las partes, debiendo tenerse presente el decreto de fs. 225, el que finalmente se tomó en cuenta a fines de cómputo de plazos.

  1. Asimismo señala que: “La Juez a-quo en su sentencia de forma correcta se alejó de lo obrado fuera de procedimiento en el Ministerio de Trabajo, aspecto observado por el a-quem…se concluye que conforme a procedimiento se ha llegado a emitir SENTENCIA VÁLIDA Y EFICAZ, y que a pesar de existir posibles observaciones del a-quem, las mismas no fueron observadas por la actora en su oportunidad habiendo precluido su derecho, estas observaciones de ser posibles no causan indefensión, no altera procedimiento, no genera ningún perjuicio, por el contrario se ha cumplido la finalidad del procedimiento hasta dictarse sentencia…” (sic).

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que se dicte Auto Supremo, casando el Auto de Vista recurrido y se confirme la Sentencia Nº 75/2010 de 11 de septiembre.

CONSIDERANDO II:

II.1.Fundamentos jurídicos del fallo

La problemática central, radica en determinar, si el Tribunal de Alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido, en la que anuló la Sentencia de primer grado, habría aplicado errónea e indebidamente los arts. 15 de la LOJabrg, 251 del CPC, y 80, 157 y 158 del CPT, bajo el fundamento de que el Tribunal de Alzada incumplió los referidos artículos, al tomar la decisión de anular la Sentenciaúnicamente por existir doble providencia de “autos para sentencia”, además de observaciones que la actora en ningún momento reclamó, dejando precluir su derecho.

II.1.1.Consideraciones previas

II.1.1.1.Con carácter previo al análisis y consideración del recurso de casación y en observancia a las normas legales, es pertinente establecer que por mandato del art. 15 de la LOJabrgy el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la nulidad de actos procesales sólo puede ser declarada si está expresamente determinada por Ley, norma que debe ser entendida desde la nueva visión de impartir justicia que pregona la Constitución Política del Estado (CPE), por ello los Jueces y Tribunales, al hacer uso de la facultad de revisión de las actuaciones procesales de oficio, deben circunscribir su labor sólo a aquellos asuntos previstos por Ley. Corresponde entonces, precisar que la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia del acto tachado de nulo en el proceso y su decisión final, para ello el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios procesales de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación, y celeridad a efectos de no incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales de las partes.

El art. 252 del CPC, establece que “el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público”; por esta facultad el Tribunal de casación está facultado para revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, con el objeto de advertir si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, imponiendo si el caso amerita, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de obrados, según prevé la normativa antes señalada, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo.

De forma excepcional el Tribunal de Alzada anulará obrados, ante la existencia de irregularidades que se presentasen en el trámite, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador les ha atribuido la consecuencia de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.

En ese entendido, para la declaratoria de nulidad de los actos procesales deben observarse varios principios, entre los cuales y para efectos de la presente resolución, se señalan: i)El principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la Ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella (la nulidad) debe ser expresa o específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la Ley, en otros términos “No hay nulidad, sin Ley específica que la establezca” (art. 251 del Código de Procedimiento Civil (CPC) concordante con el art. 105.I del Código Procesal Civil) y; ii)Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable.

II.1.1.2. Sobre la nulidad de oficio, la doctrina enseña que se presta para casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando la entidad de un acto de tal naturaleza amenace las bases elementales del sistema jurídico, de modo tal que resulte insoslayable la invocación del art. 3.1 del CPC, norma que impone a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe sin duda, no solo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva.

Sobre el particular a decir de Castellanos …se prioriza el orden público y la relación con facultades indelegables que se vinculan con la recta administración de justicia; por tanto, la advertencia de actos irregulares que manifiestan inobservancia de disposiciones de carácter obligatorio, como la constitución de los presupuestos fundamentales para la Litis o el desarrollo efectivo del proceso, autorizarían a declarar de oficio, las nulidades encontradas, siempre que se cause indefensión a las partes, con el fin de eliminar los riesgos de un proceso inválido” (Castellanos Trigo, Gonzalo, Código de Procedimiento Civil, tomo i, pág. 487).

II.1.2. Análisis del caso concreto

II.1.2.1.De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se encuentra el fundamento del Tribunal de Alzada por la que determinó la nulidad de oficio de la Sentencia Nº 75/2010 que textualmente señala “… sin ingresar a considerar el fondo del recurso con la facultad conferida por el art. 15 de la LOJ…” advierte que:a)Existe duplicidad de providencias con el Decreto de Autos, pero que ambas datan de 03 de septiembre; b)Existe un memorial del demandado donde se “pronuncia y objeta literales de la actora”, es decir que después de decretar autos para sentencia, la Juez siguió decretando memoriales; y, c) La Juez inferior en la Sentencia no resolvió la objeción planteada.

Líneas después, de forma imprecisa y contradictoria señala la revisión de oficio de aspectos de fondo, señalando que de la lectura atenta de la Sentencia, se advirtiese imprecisiones e incongruencias, tales como: “en el punto e) del último considerando con la relación a la causal de desvinculación de la relación laboral, ha señalado que, conforme al DL 16187 de 16 de febrero de 1979, no están permitidos más de dos contratos sucesivos a plazo fijo…” (sic), para culminar expresando que se consuma la incongruencia en la Sentencia.

De lo recapitulado del Auto de Vista, se tiene que vulnerando el principio de congruencia el Tribunal de apelacióningresa a considerar el fondo del recurso, pues realiza la ponderación de dos cuestiones, una que es la conversión a un contrato indefinido regulado por el Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979; y una segunda, que es el señalamiento que tal aspecto se confronta a la exigencia de necesidad de despido para la reincorporación en el entendimiento del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; es decir, a más de detectar una posible falencia en el contenido de la Sentencia de grado, realiza apreciaciones que conducen a un probable resultado; es decir, el razonamiento del Tribunal de Alzada señala el camino de la solución de un aspecto de fondo del proceso que en todo caso era marco del recurso de apelación y por ende foco del pronunciamiento del Auto de Vista; empero, su decisorio contradictoriamente opta por la nulidad de la Sentencia; este hecho marca una incongruencia interna dentro de la resolución en análisis. 

Ahora bien, la doctrina procesal reconoce, ciertas condiciones que hacen viable y justifican la decisión de oficio por parte de los jueces y tribunales, de entre ellas la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto, es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no se halle discrecionalmente dispuesta al arbitrio de la autoridad que juzga.

En ese sentido el Auto Supremo Nº 332 de 28 de julio de 2010, para evitar nulidades intrascendentes, fundamenta la nulidad como última ratio: “en materia de nulidades procesales… la nulidad por nulidad misma no tiene más efecto que la innecesaria obstrucción en la pronta solución de las controversias, de ahí que la norma adjetiva civil, limita las nulidades sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afecta el orden público, sin embargo siempre como una decisión de última ratio…En efecto, la jurisprudencia en materia de nulidades procesales, señala que se debe observar ciertos principios, tales como: el principio de convalidación, de especificidad y trascendencia entre otros, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva en el caso del demandante o el derecho a la defensa en el caso del demandado o para evitar la intromisión en determinada causa de terceros ajenos a la litis, y en definitiva garantice la justicia del fallo”. (a mayor abundamiento los Autos Supremos Nros. 141/2013 de 11 de abril, 665/2013 de 05 de noviembre, 45/2015 de 19 de febrero).

II.1.2.2.Por otro lado el Tribunal de Alzada advierte la existencia de dos providencias que disponen: pasen obrados para Sentencia, la primera cursante a fs. 222 y la segunda cursante a fs. 225, mismas que datan del 3 de septiembre de 2010, asimismo entre ambas se encuentra un memorial decretado por la Juez, disponiendoque se considerara en su oportunidad y se esté a lo dispuesto en fs. 222; situación que en ningún momento ocasionó perjuicio a las partes, el hecho de haberse emitido dos decretos con el mismo sentido, de pasar a despacho para la emisión de la sentencia, más si tienen la misma fecha; puesto que el fin de este decreto conforme al art. 80 de la CPT, es para el efectivo cómputo del plazo para emitir Sentencia conforme el art. 79 del adjetivo laboral.Es por ello que la nulidad dictaminada por el Tribunal de Alzada es excesiva, por no tener trascendencia la emisión de una nueva Sentencia sólo por la razón de existir duplicidad de providencia de la misma fecha.

De lo expuesto se advierte que la Sala Social y Administrativa segunda del Tribunal Departamental de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 032/2011 de 5 de abril, anuló la Sentencia 75/2010, soslayando la excepcionalidad de la nulidad de obrados y dejando de pronunciarse sobre el fondo de la problemática, deber al que se halla compelido como juzgador ex novo, en resguardo de los derechos a la defensa y el debido proceso, desconociendo su rol de contralor de garantías constitucionales conforme lo establece los arts. 115 y 410 de la CPE, concordante con el art. 15.I de la LOJ, correspondiéndole emitir nueva resolución ingresando al fondo de la problemática planteada por la parte apelante otorgando a la recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC; por cuanto al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que conlleva la nulidad de oficio.

En ese contexto, corresponde resolver conforme los arts. 252, 271.3 y 275 del CPC y 17 de la LOJ, con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO:La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ,ANULAel Auto de Vista Nº 32/2011 de 5 de abril, disponiendo que el Tribunal de Alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en el recurso de apelación, de manera congruente y fundamentada, dando cumplimiento a las previsiones legales contenidas en los arts. 190, 192.3 y 236 del CPC.

Conforme al art. 275 del CPC, no siendo excusable el defecto advertido, se impone multa a los Vocales que conocieron la causa en Bs.200.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera