TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 553

Sucre,04de agosto de 2015

Expediente:286/2011-S

Demandante:Juan Pucho Mamani

Demandado: Honorable Alcaldía Municipal de La Paz

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator:Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 311 a 313 vta., interpuesto por Edwin Castro Escobar, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,contra el Auto de Vista N° 031/2011de 29 de marzo, de fs. 305 a 306, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de laentonces Corte Superior de Justicia deLa Paz, dentro del procesosocial que,porreintegro de beneficios sociales y derechos laborales, sigueJuan Pucho Mamani contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 316, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso de referencia, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social deLa Paz, pronunció Sentencia Nº 136/2009 de 21 de diciembre, defs. 241 a 248, declarando probada en parte la demanda de fs. 2 y ampliada a fs. 7 de obrados; asimismo, declaró probada en parte la excepción perentoria de pago e improbada la excepción de prescripción planteada por el demandado de fs. 17 a 19 de actuados; ordenando a la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, cancelar a favor del actor, la suma total de Bs.9.444,96.-(Nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 96/100 bolivianos); monto a ser actualizado en ejecución de Sentencia conforme al DS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992; cuantía total que por Auto de enmienda y complementación de fs. 249, fue corregido a Bs.1.489,68.- (Un mil cuatrocientos ochenta y nueve 68/100 bolivianos). Todo conforme al detalle que la Sentencia misma y el Auto referido, contienen.

I.1.2 Auto de Vista.

En grado de apelación, deducido por ambas partes del proceso laboral (fs. 260 a 262 vta. y fs. 266 y vta.), respectivamente, la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 031/2011 de 29 de marzo (fs. 305 a 306), revocó en parte la Sentencia y Auto Complementario de fs. 241 a 248 y fs. 249, declarando la improcedencia del pago de horas extras, estableciendo como nuevo monto total a pagar por reintegro de indemnización y desahucio, la suma de Bs.2.080,00.- (Dos mil ochenta 00/100 bolivianos).

I.2Motivos del Recurso de Casación

Contra dicha resolución, la entidad demandada formuló recurso de casación en el fondo, conforme al memorial de fs. 311 a 313 vta., que en lo esencial de su contenido y para efectos de la resolución a expedirse, acusó:

Falsa interpretación y aplicación errónea de horas extras ya pagadas, en franca violación de lo dispuesto por el art. 11 delDSNº1592 de 19 de noviembre de 1949, art. 55 de la LGT y 8 y 9 del Decreto Reglamentario; por cuanto según la entidad recurrente, el Tribunal de Alzada no debió haber fijado un salario promedio indemnizable en la suma de Bs.5.619.-, cuando en realidad las horas extras ya fueron canceladas conforme al finiquito a fs. 1 y 14 de obrados, aspecto que incidiría en el monto del salario promedio indemnizable y en el concepto de la indemnización, máxime si el propio Tribunal ad quem, revocó en parte la Sentencia de primera instancia, disponiendo la improcedencia del pago de horas extras y contrariamente se calificó el monto o salario promedio indemnizable en la suma de Bs.5.619, cuando en realidad debió fijarse en el monto de Bs.5.489.- conforme a la prueba del finiquito de fs. 1 a 14 de obrados, prueba literal que sería contundente al haber demostrado el salario promedio indemnizable.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista impugnado, en aplicación del art. 271.4 del CPC, y deliberando en el fondo resuelva por la improcedencia de la demanda de reintegro de fs. 2 y vta.

       CONSIDERANDO II:

II.1Fundamentos Jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación en el fondo, se ingresa a resolver el mismo, bajo los razonamientos siguientes:

La controversia se circunscribe al sueldo promedio indemnizable,establecido por el Tribunal de Alzada en la suma de Bs.5.619,00.-, el mismo que luego sirvió para establecer el recálculo de la indemnización por tiempo de servicios y el desahucio; al respecto, el recurrente encuentra errada aquella decisión del Tribunal Ad quem, puesto que al haberse concluido por dicho Tribunal, que la entidad pagó las horas extras conforme la prueba presentada en apelación y cursante de fs. 274 a 296, y conforme se demostraría por las literales de fs. 1 y 14, el sueldo promedio indemnizable no tendría que ser modificado, debido a que el considerado conforme a los finiquitos que cursan en obrados, responde al término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses, conforme lo dispuesto en el art. 19 de la LGT, es decir, incluyendo las horas extras por los meses de junio y julio y que el mes de agosto no percibió horas extras de acuerdo a planillas.

La controversia sobre las horas extras fue resuelta por el fallo ahora recurrido, que bajo sus propios razonamientos arribó a la conclusión de que, por las literales de fs. 274 a 296, consistente en planillas de noviembre de 1998 a julio de 1999, se habría demostrado que el actor percibió por horas extras; lo que motivó que dicho Tribunal revoque en parte la Sentencia y declare la improcedencia del pago de horas extras, empero, manteniendo el sueldo promedio indemnizable a los fines del desahucio y la indemnización, al no encontrarse en controversia; de modo que, lo demandado en cuanto a horas extras por el periodo precedente a julio de 1999, no fue condenado a la demandada, de modo que hace inexistente una condena al respecto, y consiguientemente, para la demandada, inexistente un motivo de casación al respecto. 

No ocurre lo mismo, claro, en cuanto al sueldo promedio indemnizable se refiere, puesto que allí sí se tiene una probable consecuencia negativa para la entidad demandada, puesto que, el Tribunal de Alzada dispuso se mantenga el mismo en la suma de Bs.5.619,00.-, al no encontrar que esté en controversia.

Al respecto, si bien la entidad recurrente de casación, reclama que, bajo aquella conclusión del Tribunal de Alzadano podría modificarse el sueldo promedio indemnizable ya que por las pruebas de fs. 1 y 14, se demostraría inclusive que se incluyó en el sueldo promedio indemnizable las “horas extras percibidas por el actor en los meses de junio y julio y que el mes de agosto de 2000 no habría percibido horas extras” (sic.); sin embargo, lo señalado al respecto no pasa de ser una mera afirmación, dado que: 1) Los finiquitos a los que refiere como prueba, la parte recurrente, son precisamente objeto de la demanda de reliquidación de beneficios sociales, en el entendido del actor, que ellos no reflejan lo que por Ley le correspondería, por lo que no pueden ser tomados como prueba a efectos del derecho que se demanda, y; 2) Los documentos mencionados, no son idóneos para demostrar que el actor, no hubiere desarrollado actividad en horario extraordinario en el mes de agosto, siendo el documento idóneo, el libro a que se refiere el art. 41 del DR-LGT.

A lo anotado debe agregarse que si bien el Tribunal de Apelación decidió revocar en parte la Sentencia de primera instancia, disponiendo así que no hay lugar al pago de las horas extraordinarias demandadas por el actor, ello fue en base a la prueba de reciente obtención que la entidad demandada presentó en segunda instancia y cursante de fs. 274 a 276, cumpliendo la formalidad prevista en el art. 331 del CPC, pruebas que consisten en fotocopias legalizadas de planillas detalladas de empleadosque evidenciaban que el actor percibió por horas extras los meses de noviembre de 1998 hasta julio de 1999; empero las mismas sólo desvirtuaron en cuanto a las horas extras por el periodo respectivo, es decir entre noviembre de 1998 y julio de 1999, cuando para establecer también de manera acertada el promedio indemnizable, tenía la obligación de presentar las planillas o el libro correspondiente al que se refiere el art. 41 del DR-LGT, de los últimos tres meses, es decir, junio, julio y agosto de 2000, pero sobre todo del último mes referido, ello para establecer si evidentemente en el mes de agosto el trabajador no desarrolló actividad en horario extraordinario, dado que en la demanda y su modificación (fs. 2 y 7), se afirmó de manera clara que el actor habría desempeñado todos los días trabajo en horas extraordinarias, dos horas por días, de lunes a sábado; afirmación que la entidad demandada estaba en la obligación de desvirtuar, en aplicación del principio de la inversión de la prueba que rige esta materia social, conforme la previsión de los art. 3.h), 66 y 150 del CPT y art. 48 de la CPE; sin embargo no lo hizo, máxime si consta que por decreto de fs. 36, se conminó a la entidad demandada la presentación, entre otros, del libro de horas extraordinarias de las gestiones 1998, 1999 y 2000, conminatoria que tampoco se cumplió, haciendo de tal manera plenamente aplicable la presunción normada en los arts. 182.i) del CPT.

Por lo relacionado, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el recurso conforme prevén los arts. 271.2) y 273 del  Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables al caso de Autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 311 a 313 vta., interpuesto por Edwin Castro Escobar, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista N° 031/2011 de 29 de marzo, de fs. 305 a 306, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera